Víctor Francisco Rivera Matínez

Expediente 373/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
373/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
31/10/2018

Partes del expediente

  • Víctor Francisco Rivera Matínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado en este juicio de amparo, el cuatro de octubre de dos mil dieciocho (fojas 33 a 38), en el que se decretó sobreseer fuera de la audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. En consecuencia de lo anterior y toda vez que aún no obra el despacho 156/2018 (609/2018) de diez de septiembre de dos mil dieciocho, dirigido al Juez Primero de lo Civil, con sede en Matías Romero, Oaxaca; en consecuencia, requiérasele para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación remita la encomienda en el estado que actualmente se encuentre, hecho lo anterior, acuérdese lo procedente. NOTIFÍQUESE. II-A-Penal

  2. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA, CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guardan estos autos, de los que se advierte que en proveído que antecede se tuvo al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Matías Romero Avendaño Oaxaca, rindiendo su informe justificado en el que aceptó el acto reclamado consistente en el proveído de uno de marzo de dos mil dieciocho dictado en expediente civil 166/2016 en el que se determinó que no había lugar a proveer de conformidad con lo solicitado por el quejoso, en virtud de que no se había definido la situación procesal del demandado Enrique Martínez Jiménez, ya que las disposiciones que rigen los juicios mercantiles se rigen bajo el principio de estricto derecho y que por tanto no podía suplirse la causa de pedir. Aunado a ello informó que por auto de diez de abril del año en curso se le tuvo al actor interponiendo recurso de revocación contra el citado auto de uno de marzo de dos mil dieciocho, por lo que mediante resolución de cinco de julio del citado año, la responsable determinó confirmar el auto reclamado, quedando firme para todo los efectos legales (fojas 22 a 31) Anexando dicha autoridad responsable como justificación a su informe copia certificada de las constancias relativas, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora bien, del estado que guardan los autos y la información remitida por la responsable se advierte que respecto al acto reclamado consiste en el proveído de uno de marzo de dos mil dieciocho dictado en el juicio civil 166/2016 del índice del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Matías Romero Avendaño Oaxaca (foja 2), se actualiza una causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, los cuales textualmente establecen: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "ARTICULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "ARTICULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación sintáctica y semántica de los numerales trascritos, se colige que, el juicio de amparo debe promoverse dentro de los quince días siguientes en que el quejoso tenga conocimiento del acto reclamado, bajo los siguientes supuestos: a) Que dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo regula. b) El cómputo de referencia también se contará a partir de que el solicitante de amparo haya tenido conocimiento del acto combatido o de su ejecución. c) El plazo en comento transcurre desde el momento en que el peticionario de garantías se ostenta sabedor del mandamiento combatido o de su ejecución. De los supuestos antes mencionados se obtiene que el período de quince días para la promoción del juicio de amparo tiene sus variantes de acuerdo con la calidad con que se ostente el quejoso, pues cuando se trata de un tercero extraño al procedimiento del cual emana el mandamiento combatido, se ubicará en cualquiera de los dos últimos supuestos; sin embargo, en el caso de que sea parte de dicho procedimiento (como ocurre en la especie), el término para la promoción del amparo corre a partir de que conoce el acto reclamado, de acuerdo con cualquiera de los dos primeros supuestos de la regla general, siempre que así se desprenda de las constancias del proceso en el que se emitió aquél. Como ya se estableció el quejoso reclama por esta vía de forma destacada, el proveído de uno de marzo de dos mil dieciocho dictado en el juicio civil 166/2016 del índice del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Matías Romero Avendaño Oaxaca. En ese sentido, de las constancias del citado expediente judicial, que fueron remitidas en copia certificada por el juez responsable al rendir su informe justificado, a las que se les otorgó valor probatorio pleno en líneas precedentes, se advierte la existencia del citado acto; sin embargo, también en las propias constancias se advierte la práctica de una diligencia de notificación entendida de manera personal con el quejoso Víctor Francisco Rivera Martínez, en su calidad de actor dentro del procedimiento judicial de donde emanan el acto reclamado, la que fue desahogada por el actuario adscrito al juzgado de origen el dieciséis de marzo dos mil dieciocho (foja 25 vuelta). De lo expuesto se puede constatar que cuando menos desde la fecha señalada en el párrafo que antecede, en que fue entendida la diligencia de manera personal con el quejoso, tuvo conocimiento del auto impugnado, por tanto, es inconcuso que el siete de septiembre de dos mil dieciocho (fecha en que presentó la demanda de amparo indirecto), había transcurrido en exceso el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, en consecuencia, el juicio de garantías promovido por el referido quejoso resulta extemporáneo. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, el criterio sustentado por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, consultable en la página 658, del Tomo XLI, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, registro 360827 que literalmente establece: "DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORÁNEA. Si la demanda se presenta después de quince días de que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio". Asimismo, es aplicable por las razones que informa la tesis 20 K, consultable en la página 477, del Tomo III, Abril de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 202792, cuya epígrafe reza: "SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORÁNEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIESE ADMITIDO.- El hecho de que sea hasta la sentencia que se sobresea en el juicio de amparo, con fundamento en lo que establece la fracción XII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, es decir, cuando el Juez al momento de dictar resolución, advierta que la demanda fue presentada extemporáneamente, no resulta incongruente con el hecho de haber sido admitida a trámite, pues en el auto admisorio sólo se establece el cumplimiento de determinados requisitos y si en aquél, el a quo no se percató o no señaló la extemporaneidad de la demanda, ello obedece a que las partes tienen hasta la audiencia constitucional la oportunidad de aportar las pruebas necesarias y de formular los alegatos convenientes a su favor, pues la manifestación del quejoso de haber conocido el acto reclamado en determinada fecha, pudo variar al exhibir las constancias de notificación relativas, de tal suerte que si el Juez al momento de dictar sentencia, se percató de que la demanda se presentó en forma extemporánea, de acuerdo al citado artículo, la resolución que sobreseyó fue correcta." Sin que sea óbice para arribar a la anterior determinación la circunstancia de que el peticionario de amparo haya manifestado en su demanda de amparo en el capítulo de antecedentes que: (.) Ahora bien, el Recurso de Revocación Aludido en líneas que antecedente, el Juez Primero de lo Civil, con residencia en la Ciudad de Matías Romero Avendaño, Oaxaca. Resolvió que eran inoperantes los agravios hechos valer por el suscrito, declarando de improcedente el recurso de revocación presentado, y en consecuencia deja subsistente el acuerdo de fecha uno de marzo del 2018, AUTO QUE SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Resolución Notificada el suscrito con fecha 16 de Agosto del 2018. De ahí que la presentación del Presente Juicio de amparo se realiza en Tiempo y Forma" (sic), pues no debe perderse de vista que la fecha de conocimiento por la parte quejosa del acto reclamado -proveído de uno de marzo de dos mil dieciocho- con base en las constancias que obran en el juicio fue desde el dieciséis del citado marzo, y no como lo refiere el dieciséis de agosto del año en curso, ya que en esta última fecha se le notificó la resolución que recayó al recurso de revocación que interpusiera dicho quejoso en el juicio natural contra el citado auto de uno de marzo en el juicio natural. Lo anterior, no obstante la autoridad responsable dejara subsistente el multicitado auto de uno de marzo, puesto que dicho proveído fue sustituido procesalmente por la resolución que recayó al recurso de revocación, siendo ésta última, la que en el caso sin conceder, debió impugnar, pues aun cuando hubiese sido interpuesta en tiempo la demanda de garantía respecto del acto aquí reclamado ésta sería improcedente, ya que la resolución que se dictó en el citado recurso dejó sin efectos el acto reclamadoproveído de uno de marzo de dos mil dieciocho-; es decir, el segundo acto en realidad sustituye al primero y rige en lo sucesivo la situación procesal decidida. En concordancia con lo expuesto, se cita la tesis aislada I.3o.C.92 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la foja 1491 del Tomo XXX, Diciembre de 2009, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 165870, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente". También lo es la tesis I.3o.C.769 C del mencionado órgano colegiado, con número de registro 165869, se localiza en la página 1492 del tomo XXX, diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época que se cita enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." Adicionalmente, es oportuno acotar que cuando se impugnan vía amparo indirecto actos emitidos dentro de un juicio civil o mercantil como en el caso, el órgano de control constitucional no pueden ir más allá de lo pedido por las partes, y por tanto, al estudiar la oportunidad en la presentación de la demanda, no está facultado para analizar oficiosamente o fuera del procedimiento establecido para ello, la legalidad de las notificaciones realizadas de manera personal a las partes; lo anterior es así, toda vez que el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que las notificaciones se rigen por la ley del acto reclamado; motivo por el cual debe agotarse el medio de defensa (incidente de nulidad de notificaciones) con el que cuentan las partes, en el procedimiento de origen, para impugnar las irregularidades cometidas, ya que no se puede soslayar que la notificación es un acto procesal a cargo del tribunal que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades, y por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario. Al respecto cobra aplicación, por analogía, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 461, registro 2005791 de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO MERCANTIL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR, OFICIOSAMENTE, LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- La notificación es un acto procesal a cargo del tribunal que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario. En ese sentido, cuando en un procedimiento mercantil, las partes consideran que la notificación de una resolución, no se realizó conforme a las reglas establecidas, están facultadas para interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, de conformidad con su artículo 1054. Ahora bien, cuando se impugne vía amparo directo la resolución de un juicio mercantil, resulta inconcuso que los tribunales colegiados de circuito no pueden ir más allá de lo pedido por las partes y, por tanto, al estudiar la oportunidad en la presentación de la demanda, no pueden analizar oficiosamente o fuera del procedimiento establecido para ello, la legalidad de la notificación de dicha resolución; lo anterior es así, toda vez que los artículos 21 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 18 de la vigente a partir del día siguiente, establecen que las notificaciones se rigen por la ley del acto reclamado; motivo por el cual debe agotarse el medio de defensa (incidente de nulidad de notificaciones) con el que cuentan las partes, en el procedimiento de origen, para impugnar las irregularidades cometidas; sin que dicha conclusión impida que las partes de manera excepcional puedan hacer valer un diverso medio de defensa, ante la imposibilidad material de agotar el referido incidente". Por lo anteriormente expuesto es evidente se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 404, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 425, del Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Segunda Sección-Improcedencia y Sobreseimiento, Apéndice de 2011, Novena Época, con número de registro 1002470, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas, para la celebración de la audiencia constitucional. Por último, es conveniente mencionar que la totalidad de los criterios jurisprudenciales que se han invocado a lo largo de este fallo, no se oponen a la ley reglamentaria vigente, por lo que se aplicaron con sustento en el artículo sexto transitorio de dicha legislación actual. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA, CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guardan estos autos, de los que se advierte que en proveído que antecede se tuvo al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Matías Romero Avendaño Oaxaca, rindiendo su informe justificado en el que aceptó el acto reclamado consistente en el proveído de uno de marzo de dos mil dieciocho dictado en expediente civil 166/2016 en el que se determinó que no había lugar a proveer de conformidad con lo solicitado por el quejoso, en virtud de que no se había definido la situación procesal del demandado Enrique Martínez Jiménez, ya que las disposiciones que rigen los juicios mercantiles se rigen bajo el principio de estricto derecho y que por tanto no podía suplirse la causa de pedir. Aunado a ello informó que por auto de diez de abril del año en curso se le tuvo al actor interponiendo recurso de revocación contra el citado auto de uno de marzo de dos mil dieciocho, por lo que mediante resolución de cinco de julio del citado año, la responsable determinó confirmar el auto reclamado, quedando firme para todo los efectos legales (fojas 22 a 31) Anexando dicha autoridad responsable como justificación a su informe copia certificada de las constancias relativas, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora bien, del estado que guardan los autos y la información remitida por la responsable se advierte que respecto al acto reclamado consiste en el proveído de uno de marzo de dos mil dieciocho dictado en el juicio civil 166/2016 del índice del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Matías Romero Avendaño Oaxaca (foja 2), se actualiza una causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, los cuales textualmente establecen: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "ARTICULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "ARTICULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación sintáctica y semántica de los numerales trascritos, se colige que, el juicio de amparo debe promoverse dentro de los quince días siguientes en que el quejoso tenga conocimiento del acto reclamado, bajo los siguientes supuestos: a) Que dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo regula. b) El cómputo de referencia también se contará a partir de que el solicitante de amparo haya tenido conocimiento del acto combatido o de su ejecución. c) El plazo en comento transcurre desde el momento en que el peticionario de garantías se ostenta sabedor del mandamiento combatido o de su ejecución. De los supuestos antes mencionados se obtiene que el período de quince días para la promoción del juicio de amparo tiene sus variantes de acuerdo con la calidad con que se ostente el quejoso, pues cuando se trata de un tercero extraño al procedimiento del cual emana el mandamiento combatido, se ubicará en cualquiera de los dos últimos supuestos; sin embargo, en el caso de que sea parte de dicho procedimiento (como ocurre en la especie), el término para la promoción del amparo corre a partir de que conoce el acto reclamado, de acuerdo con cualquiera de los dos primeros supuestos de la regla general, siempre que así se desprenda de las constancias del proceso en el que se emitió aquél. Como ya se estableció el quejoso reclama por esta vía de forma destacada, el proveído de uno de marzo de dos mil dieciocho dictado en el juicio civil 166/2016 del índice del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Matías Romero Avendaño Oaxaca. En ese sentido, de las constancias del citado expediente judicial, que fueron remitidas en copia certificada por el juez responsable al rendir su informe justificado, a las que se les otorgó valor probatorio pleno en líneas precedentes, se advierte la existencia del citado acto; sin embargo, también en las propias constancias se advierte la práctica de una diligencia de notificación entendida de manera personal con el quejoso Víctor Francisco Rivera Martínez, en su calidad de actor dentro del procedimiento judicial de donde emanan el acto reclamado, la que fue desahogada por el actuario adscrito al juzgado de origen el dieciséis de marzo dos mil dieciocho (foja 25 vuelta). De lo expuesto se puede constatar que cuando menos desde la fecha señalada en el párrafo que antecede, en que fue entendida la diligencia de manera personal con el quejoso, tuvo conocimiento del auto impugnado, por tanto, es inconcuso que el siete de septiembre de dos mil dieciocho (fecha en que presentó la demanda de amparo indirecto), había transcurrido en exceso el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, en consecuencia, el juicio de garantías promovido por el referido quejoso resulta extemporáneo. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, el criterio sustentado por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, consultable en la página 658, del Tomo XLI, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, registro 360827 que literalmente establece: "DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORÁNEA. Si la demanda se presenta después de quince días de que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio". Asimismo, es aplicable por las razones que informa la tesis 20 K, consultable en la página 477, del Tomo III, Abril de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 202792, cuya epígrafe reza: "SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORÁNEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIESE ADMITIDO.- El hecho de que sea hasta la sentencia que se sobresea en el juicio de amparo, con fundamento en lo que establece la fracción XII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, es decir, cuando el Juez al momento de dictar resolución, advierta que la demanda fue presentada extemporáneamente, no resulta incongruente con el hecho de haber sido admitida a trámite, pues en el auto admisorio sólo se establece el cumplimiento de determinados requisitos y si en aquél, el a quo no se percató o no señaló la extemporaneidad de la demanda, ello obedece a que las partes tienen hasta la audiencia constitucional la oportunidad de aportar las pruebas necesarias y de formular los alegatos convenientes a su favor, pues la manifestación del quejoso de haber conocido el acto reclamado en determinada fecha, pudo variar al exhibir las constancias de notificación relativas, de tal suerte que si el Juez al momento de dictar sentencia, se percató de que la demanda se presentó en forma extemporánea, de acuerdo al citado artículo, la resolución que sobreseyó fue correcta." Sin que sea óbice para arribar a la anterior determinación la circunstancia de que el peticionario de amparo haya manifestado en su demanda de amparo en el capítulo de antecedentes que: (.) Ahora bien, el Recurso de Revocación Aludido en líneas que antecedente, el Juez Primero de lo Civil, con residencia en la Ciudad de Matías Romero Avendaño, Oaxaca. Resolvió que eran inoperantes los agravios hechos valer por el suscrito, declarando de improcedente el recurso de revocación presentado, y en consecuencia deja subsistente el acuerdo de fecha uno de marzo del 2018, AUTO QUE SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Resolución Notificada el suscrito con fecha 16 de Agosto del 2018. De ahí que la presentación del Presente Juicio de amparo se realiza en Tiempo y Forma" (sic), pues no debe perderse de vista que la fecha de conocimiento por la parte quejosa del acto reclamado -proveído de uno de marzo de dos mil dieciocho- con base en las constancias que obran en el juicio fue desde el dieciséis del citado marzo, y no como lo refiere el dieciséis de agosto del año en curso, ya que en esta última fecha se le notificó la resolución que recayó al recurso de revocación que interpusiera dicho quejoso en el juicio natural contra el citado auto de uno de marzo en el juicio natural. Lo anterior, no obstante la autoridad responsable dejara subsistente el multicitado auto de uno de marzo, puesto que dicho proveído fue sustituido procesalmente por la resolución que recayó al recurso de revocación, siendo ésta última, la que en el caso sin conceder, debió impugnar, pues aun cuando hubiese sido interpuesta en tiempo la demanda de garantía respecto del acto aquí reclamado ésta sería improcedente, ya que la resolución que se dictó en el citado recurso dejó sin efectos el acto reclamadoproveído de uno de marzo de dos mil dieciocho-; es decir, el segundo acto en realidad sustituye al primero y rige en lo sucesivo la situación procesal decidida. En concordancia con lo expuesto, se cita la tesis aislada I.3o.C.92 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la foja 1491 del Tomo XXX, Diciembre de 2009, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 165870, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente". También lo es la tesis I.3o.C.769 C del mencionado órgano colegiado, con número de registro 165869, se localiza en la página 1492 del tomo XXX, diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época que se cita enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." Adicionalmente, es oportuno acotar que cuando se impugnan vía amparo indirecto actos emitidos dentro de un juicio civil o mercantil como en el caso, el órgano de control constitucional no pueden ir más allá de lo pedido por las partes, y por tanto, al estudiar la oportunidad en la presentación de la demanda, no está facultado para analizar oficiosamente o fuera del procedimiento establecido para ello, la legalidad de las notificaciones realizadas de manera personal a las partes; lo anterior es así, toda vez que el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que las notificaciones se rigen por la ley del acto reclamado; motivo por el cual debe agotarse el medio de defensa (incidente de nulidad de notificaciones) con el que cuentan las partes, en el procedimiento de origen, para impugnar las irregularidades cometidas, ya que no se puede soslayar que la notificación es un acto procesal a cargo del tribunal que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades, y por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario. Al respecto cobra aplicación, por analogía, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 461, registro 2005791 de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO MERCANTIL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR, OFICIOSAMENTE, LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- La notificación es un acto procesal a cargo del tribunal que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario. En ese sentido, cuando en un procedimiento mercantil, las partes consideran que la notificación de una resolución, no se realizó conforme a las reglas establecidas, están facultadas para interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, de conformidad con su artículo 1054. Ahora bien, cuando se impugne vía amparo directo la resolución de un juicio mercantil, resulta inconcuso que los tribunales colegiados de circuito no pueden ir más allá de lo pedido por las partes y, por tanto, al estudiar la oportunidad en la presentación de la demanda, no pueden analizar oficiosamente o fuera del procedimiento establecido para ello, la legalidad de la notificación de dicha resolución; lo anterior es así, toda vez que los artículos 21 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 18 de la vigente a partir del día siguiente, establecen que las notificaciones se rigen por la ley del acto reclamado; motivo por el cual debe agotarse el medio de defensa (incidente de nulidad de notificaciones) con el que cuentan las partes, en el procedimiento de origen, para impugnar las irregularidades cometidas; sin que dicha conclusión impida que las partes de manera excepcional puedan hacer valer un diverso medio de defensa, ante la imposibilidad material de agotar el referido incidente". Por lo anteriormente expuesto es evidente se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 404, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 425, del Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Segunda Sección-Improcedencia y Sobreseimiento, Apéndice de 2011, Novena Época, con número de registro 1002470, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas, para la celebración de la audiencia constitucional. Por último, es conveniente mencionar que la totalidad de los criterios jurisprudenciales que se han invocado a lo largo de este fallo, no se oponen a la ley reglamentaria vigente, por lo que se aplicaron con sustento en el artículo sexto transitorio de dicha legislación actual. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA, DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el informe justificado rendido por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, por el que anexa copia certificadas, con los cuales dése vista a las partes para que se impongan de sus contenidos y hagan uso de sus derechos, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia respectiva. Notifíquese. II-A-Penal

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