Víctor Fortino Ventura Hernández
Expediente 1586/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1586/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/02/2022
Partes del expediente
- Víctor Fortino Ventura Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, ténganse por recibidos los oficios de cuenta de la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por el que solicita se vincule el expediente electrónico del presente asunto; así como, el incidente de suspensión relativo al expediente en que se actúa, con el diverso ********************de su estadística. En vista de lo anterior, como lo solicita la autoridad oficiante, de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se comisiona al analista jurídico SISE realizar las gestiones necesarias a efecto de que se vincule el expediente electrónico del presente juicio de amparo; así como, del incidente de suspensión relativo al expediente en que se actúa, para que el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla esté en posibilidad de relacionarlo y así realice la consulta respectiva. Hágase del conocimiento lo anterior, a la autoridad oficiante para su conocimiento vía electrónica, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, que hace referencia el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, que se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no recurrió el proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, intégrense los cuadernos incidentales respectivos y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta suscrito por la Delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del cual, en cumplimiento al proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, remite copia certificada del expediente de pensión de cesantía en edad avanzada a nombre del aquí quejoso Víctor Fortino Ventura Hernández. Atento a lo anterior, este órgano judicial tiene a la autoridad oficiante dando cumplimiento al auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno y por recibidas las constancias de mérito, las cuales tienen valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos se advierte que en la demanda de amparo la parte quejosa señaló como ato reclamado de las autoridades responsables Titular de la Delegación Puebla, Titular de la Sub-Delegación Metropolitana Puebla Sur, Titular de la Jefatura de Prestaciones Económicas y Sociales de la Delegación y Jefe de Departamento de Pensiones Sub-Delegación Sur Puebla, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social: la suspensión de pago de pensión por cesantía en edad avanzada, de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos de dos mil veinte, y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de dos mil veintiuno, otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante resolución con número de folio 6283611203701. No obstante, tomando en consideración las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se desprende que la suspensión de pago de pensión por cesantía en edad avanzada emana del oficio 220105673310/L/766/2020, de veintitrés de abril de dos mil veinte signado por la Jefa de Departamento de Pensiones Subdelegación Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que se comunicó al aquí quejoso Víctor Fortino Ventura Hernández la suspensión de pago de la pensión de cesantía en edad avanzada, otorgada a su favor por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de lo que se advierte que el referido oficio resulta ser el acto reclamado en concreto en el presente asunto. Por tanto, una vez asentado lo anterior cabe traer como hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, las actuaciones que derivan del diverso juicio de amparo 1101/2020, del índice de este Juzgado Federal, de las que se advierte lo siguiente: 1.- Por escrito depositado en el Buzón Judicial el cuatro de noviembre de dos mil veinte, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en esa propia fecha, mismo que se recibió por la Oficialía de Partes de este juzgado el trece de noviembre de dos mil veinte, Víctor Fortino Ventura Hernández promovió demanda de amparo respecto de las autoridades y actos que a continuación se precisan: Autoridades responsables: Titular de la Subdelegación Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social y Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social. Acto reclamado: El oficio 220105673310/L/766/202, de veintitrés de abril de dos mil veinte signado por la Jefa de Departamento de Pensiones Subdelegación Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que se comunicó a Víctor Fortino Ventura Hernández la suspensión de pago de la pensión de cesantía en edad avanzada, otorgada a su favor por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 2.- Por lo que por auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, este órgano judicial admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó los informes correspondientes, señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. 3 .- Seguidos los trámites correspondientes, el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito dictó sentencia, en la cual resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por Víctor Fortino Ventura Hernández, respecto del acto reclamado del Titular de la Subdelegación Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla precisado en el considerando segundo del presente fallo, por las razones expuestas en el considerando tercero del mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Víctor Fortino Ventura Hernández, en contra del acto que reclama de la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, precisado en el resultando segundo de esta resolución y por los motivos expuestos en el último considerando de la misma." 4.- Inconforme con dicha resolución, la autoridad responsable Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Puebla Sur del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social Puebla, promovió recurso de revisión, el cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto de Circuito, quien mediante ejecutoria de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dictada en el toca RT-69/2021, de su índice, resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. En la materia de la revisión se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Víctor Fortino Ventura Hernández, contra el acto reclamado a la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Puebla Sur del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla, consistente en el oficio 220105673310/L/766/202 por el que se le comunicó la suspensión de pago de la pensión de vejez, otorgada a su favor por el Instituto Mexicano del Seguro Social." Tales consideraciones fueron establecidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto de Circuito, en el siguiente sentido: "QUINTO. Consideraciones que deben quedar firmes. Debe quedar subsistente el sobreseimiento en el juicio de amparo de origen decretado por la a quo respecto del acto reclamado al Titular de la Subdelegación Puebla Sur del Instituto Mexicano Seguro Social en Puebla, consistente en el oficio número 220105673310/1/766/2020 por el cual se determinó la suspensión de la pensión otorgada a favor del quejoso Víctor Fortino Ventura Hernández por el Instituto Mexicano del Seguro Social; de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, virtud que la parte quejosa, a quien pudiera perjudicar tal decisión no acudió a inconformarse contra la misma a través de la interposición del recurso de revisión. SEXTO. Determinación de este Tribunal Colegiado de Circuito respecto al acto reclamado a la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social. En su escrito de agravios la parte recurrente afirma que fue ilegal que la A quo haya dejado de observar que en relación al acto reclamado que le fue reclamado, consistente en el oficio número 220105673310/1/766/2020 por el cual se determinó la suspensión de la pensión otorgada a favor del quejoso Víctor Fortino Ventura Hernández por el Instituto Mexicano del Seguro Social, no fue dictado en ejercicio de una potestad pública, pues se trata de un acto emanado de la relación entre trabajador y órgano asegurador, es decir, no se trata de un acto de autoridad para efectos de procedencia del juicio de amparo; por tanto, no tiene el carácter autoridad responsable en el juicio de amparo de origen, en términos del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo. Es fundado lo expresado por la parte recurrente ya que en efecto se actualiza una causa de improcedencia que conduce a declarar el sobreseimiento en el juicio de garantías de origen en términos del artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. Es fundado lo expresado por la parte recurrente ya que en efecto se actualiza una causa de improcedencia que conduce a declarar el sobreseimiento en el juicio de garantías de origen en términos del artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. En efecto, en la especie se advierte que se materializa la causa de improcedencia prevista por el 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De los últimos dos preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. En este sentido, destaca que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 76/99-SS, se sostuvo que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Tal criterio se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 76/99-SS; cuyo rubro es "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Tal necesidad de ampliar el concepto de autoridad, a fin de que el juicio de amparo cumpla con su función de tutela efectiva de los derechos humanos, fue atendida por el legislador al emitir la actual Ley de Amparo, no sólo con la adopción de las notas distintivas ya esbozadas en la jurisprudencia, sino también con la inclusión de la posibilidad de que los particulares sean llamados como autoridad al juicio de amparo, porque llevan a cabo actos equivalentes a los de autoridad. Ahora, en cuanto a los actos provenientes del Instituto Mexicano del Seguro Social debe señalarse que si bien la relación jurídica que existe entre el instituto/y los asegurados no constituye, en todos los casos una consecuencia directa de la existencia de un vínculo laboral, debe tomarse en cuenta que las prestaciones de seguridad social que derivan de ésa relación se prevén en el artículo 123, apartado A, fracciones XX y XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. "El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales se regirán: "A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo: (...) "XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del gobierno; "XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderán seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares." Del precepto constitucional preinserto se coligen dos funciones esenciales del Instituto Mexicano del Seguro Social, con finalidades diversas, pero ligadas. Una, encaminada hacia los patrones y demás sujetos obligados como una institución fiscal autónoma, que cuenta con el poder de hacer efectivas las obligaciones consignadas en la Ley del Seguro Social. Otra, enfocada hacia los asegurados y sus beneficiarios como institución pública descentralizada, con el fin de brindar una prestación de seguridad social. Sobre los actos provenientes del citado Instituto en este último carácter de ente asegurador, la Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 341/2015, esencialmente sostuvo: - Que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de organizar y administrar el seguro social, como lo dispone el artículo 5 de la Ley del Seguro Social; y que tiene su origen constitucional está previsto en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esta manera, el Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado, pues forma parte de la administración pública estatal, de conformidad con el artículo 1º., párrafo último, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. - Que el Instituto Mexicano del Seguro Social organiza y administra el Seguro Social; que éste comprende el régimen obligatorio y el régimen voluntario; y que el régimen obligatorio incorpora los seguros de riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y guarderías y prestaciones sociales, de conformidad con el artículo 11 de la Ley del Seguro Social; por lo que en cumplimiento de lo que dispone la propia ley, debe emitir actos a través de los cuales resuelve si los asegurados o beneficiarios reúnen los requisitos legales para disfrutar de una pensión. - Por tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con la legislación que lo rige, está facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. - Que cuando se atribuye al citado instituto la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, resulta procedente el juicio de amparo indirecto, debido a que, en este caso, es necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del instituto emita una respuesta a la petición. - Que respecto de la respuesta que, en su caso, formule e instituto, no procederá ampliación de la demanda\ eje amparo indirecto, sino que el beneficiario, una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, debe acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, de conformidad con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899 A de la Ley Federal del Trabajo. La ejecutoria de referencia dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), registro digital 2011948, cuya fuente se ubica en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 898, que dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo". Con lo reseñado hasta aquí, es posible advertir que la Segunda Sala sostiene que el Instituto Mexicano del Seguro Social en su carácter de ente asegurador tiene la facultad para emitir actos que inciden en la situación jurídica del asegurado o beneficiario, en relación con el quejoso. Por consiguiente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos negativos u omisiones que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, en la inteligencia de que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, por tratarse de las prestaciones de seguridad social. Esto es, que como en el caso ocurre, cuando el Instituto de mérito realiza actos positivos, negativos u omisivos que tengan su origen en una relación jurídica con sus asegurados, está desprovisto de su carácter de autoridad, ya que se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano y cuyas controversias deben dilucidarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, Apartado A, constitucional y en el numeral 604 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el 295 de la Ley del Seguro Social. Además, como en este último precepto legal se establece que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto, sobre las prestaciones que la referida ley les otorga, deben tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, es evidente que se le da el carácter de particular al mencionado instituto, ya que puede ser demandado como tal ante la autoridad del trabajo y, por ello, es obvio que no podría sujetársele al juicio de amparo, al reclamarle actos que podrían ser enjuiciados ante otra instancia. Resulta aplicable al caso concreto la tesis emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1580, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCIII, Quinta Época, del rubro y tenor literal siguiente: "SEGURO SOCIAL, INSTITUTO MEXICANO DEL, CUANDO ACTÚA COMO AUTORIDAD Y CUANDO NO TIENE ESE CARÁCTER. Con anterioridad a la reforma del artículo 135 de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social carecería del carácter de autoridad, en todos los casos; pero a partir de dicha reforma, asumió el carácter de organismo fiscal autónomo, y por ende, de autoridad, cuando actúa dentro de los términos de la citada reforma, o sea, cuando hace la determinación de créditos a su favor, por concepto de cuotas, o bien, cuando da las bases para su liquidación y los fija en cantidad líquida; mas cuando el aludido Instituto realiza cualquier otro acto no comprendido en las prevenciones del nuevo texto reformado, carece de carácter de autoridad y actúa como particular, es decir, como cualquier organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, tal como ocurre cuando el acto que se reclama de dicho organismo, en el amparo, consiste en la resolución que confirma la dictada por el Departamento Jurídico del propio Instituto, que niega la aclaración pedida por los interesados, y además se declara que al dejar de ser exigibles una o varias de las pensiones reconocidas a los deudos de un trabajador asegurado, que falleció a consecuencia de un accidente profesional, no se cambiaría el monto de las demás prestaciones; pues el acto reclamado no queda comprendido dentro de la prevenciones del artículo 135, reformado, de la Ley del Seguro Social, por no reclamarse del mencionado organismo, ni de ninguno de sus integrantes, alguna determinación de crédito en favor del propio Instituto, sino la negativa para hacer una aclaración relacionada con un crédito a favor de terceros y a cargo del susodicho Instituto, sin que el precepto invocado, pueda interpretarse en el sentido de que se refiere también a los créditos en favor de terceros. Por tanto, si en el caso, el Instituto del Seguro Social y el presidente de su Consejo Técnico obraron como particulares y no como autoridades, ya que actúan en sustitución del patrón, en los términos del artículo 46 de la misma Ley del Seguro Social, es de concluirse que el juicio de garantías es improcedente en los términos de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los 74, fracción III, y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, y con la fracción I, del artículo 103, de la Constitución Federal." Sentado lo anterior, resulta oportuno precisar que atentos a los datos que emanan del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos y las demás constancias que obran en el sumario, se advierte que el quejoso solicitó la protección de la Justicia Federal en contra el acto reclamado a la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Puebla Sur del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla consistente en el oficio 220105673310/766/2020, por el que se le comunicó la suspensión de pago de la pensión de cesantía en edad alanzada, otorgada a su favor por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos siguientes: (.) Respecto al acto atribuido a la citada autoridad responsable, destaca que a través de éste se hizo del conocimiento al quejoso la suspensión de la pensión de cesantía en edad avanzada que con anterioridad le fue concedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, virtud que el citado instituto a través de su Oficina de Juicios Civiles, Asuntos Especiales y Penales inició un proceso judicial con motivo de inconsistencias detectadas respecto a la edad asentada en el acta de nacimiento que el asegurado presentó para su dictamen de pensión. Sobre los antecedentes del mencionado acto, de la copia certificada del expediente del quejoso Víctor Fortino Ventura Hernández exhibido por la responsable, se desprende que el veintidós de junio de dos mil dieciocho se le otorgó una pensión de cesantía en edad avanzada bajo el régimen 73, con efectos a partir del veintiocho de julio de dos mil dieciséis: (.) Del citado expediente se observa que se encuentran agregados diversos documentos como la totalización de pagos de casos a investigación por modificación de edad; la constancia de situación fiscal del quejoso con registro federal de contribuyente VEHV610728K36; la carátula de activación del contrato de servicios bancarios de la institución bancaria BANORTE; la impresión de la certificación automatizada a SINDO donde se identifica al asegurado con el número de seguridad social (NSS) 62836112037; la clave única de registro de población (CURP) VEHV560728HPLNRC00, su credencial de elector con clave VNHRVC56072821H800; y, el acta de nacimiento de: (.) Con lo hasta aquí descrito, se advierte que al quejoso le fue otorgada una pensión de cesantía en edad avanzada, cuyo pago de derechos económicos fue suspendido por el ente asegurador, pues existe controversia judicial respecto a las inconsistencia observadas en el acta de nacimiento exhibida ante el Instituto para la concesión de la citada pensión, respecto a la edad del asegurado pues en el acta están asentados dos diversos años de nacimiento (veinticinco de julio de 1962 y veintiocho de julio de 1956), lo que pudiera ser motivo de su reanudación o baja definitiva. Luego, virtud que el acto surgió en una relación de coordinación entablada entre el ente asegurador y el asegurado en la que ya existía la concesión de una pensión de cesantía en edad avanzada a favor del segundo, la cual fue suspendida con motivo del inicio de una controversia respecto a la edad del asegurado asentada en el acta de nacimiento que se presentó para el dictamen de su otorgamiento, hace evidente que en tal acto ambas partes actúan en un mismo plano. Por tanto, la controversia suscitada respecto a la suspensión del pago de la pensión de cesantía en edad avanzada a favor quejoso y que implica la valoración del acta de nacimiento de referencia, debe dilucidarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, Apartado A, constitucional y en el numeral 604 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el 295 de la Ley del Seguro Social. En mérito de lo anterior, es posible afirmar que el acto reclamado no es de autoridad para efectos de procedencia del juicio de amparo, pues además de que se suscitó en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, debe tenerse en consideración que el quejoso tuvo conocimiento de la razón por la cual la autoridad señalada como responsable suspendió el pago de su pensión, por lo que la controversia que surge por esa causa debe ser sujeta a la jurisdicción de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje conforme a los preceptos constitucionales y legales citados con antelación. En consecuencia, el juicio de amparo respecto al acto reclamado a la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación la Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, es improcedente, en términos del articuló 6fl, fracción XXIII, en relación con los ordinales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Conforme a lo apuntado, en la materia de la revisión procede revocar el fallo recurrido y decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo 1101/2020, promovido por Víctor Fortino Ventura Hernández contra el acto reclamado a la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Puebla Sur del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla, consistente en el oficio 220105673310/L/766/2020 por el que se le comunicó la suspensión de pago de la pensión de vejez, otorgada a su favor por el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que este deriva de una controversia sobre las fechas asentadas como de nacimiento del asegurado asentadas en el acta de nacimiento que exhibió para la concesión de la citada pensión; por tanto no es autoridad para efectos de procedencia del juicio de amparo." 5.- Por tanto, mediante proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional tuvo por recibida la ejecutoria de mérito, hizo suyas las consideraciones emitidas por el Tribunal Colegiado en mención y ordenó archivar el asunto como total y definitivamente concluido. En ese contexto, respecto del acto reclamado en el presente juicio de amparo 1586/2021, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, la cual estipula: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" Conforme al precepto transcrito el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. De tal forma que el precepto citado prevé la figura de la cosa juzgada, la que se actualiza cuando concurren los supuestos siguientes: 1) El acto reclamado en determinado juicio de amparo verse o involucre un acto o una ley que hubiera sido materia de una ejecutoria emitida en otro. 2) Los juicios respectivos hubieran sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Se cita en apoyo a lo anterior por las razones que informa la jurisprudencia, con los siguientes datos: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2001879 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 112/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, página 1545 Tipo: Jurisprudencia "COSA JUZGADA REFLEJA. NO ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. En términos del precepto invocado, la cosa juzgada que actualiza la improcedencia del juicio de amparo exige de manera estricta la concurrencia de los supuestos consistentes en que: 1) El acto reclamado en determinado juicio de amparo verse o involucre un acto o una ley que hubiera sido materia de una ejecutoria emitida en otro; y, 2) Los juicios respectivos hubieran sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De ese modo, si la llamada cosa juzgada refleja no comparte esos supuestos, porque en su configuración no existe la concatenación de tales elementos personales y objetivos, es inconcuso que su prevalencia no actualiza la improcedencia del juicio de amparo." Entonces, para que la referida causa de improcedencia se actualice es necesario que en el juicio de amparo que ya está resuelto y se haya efectuado un pronunciamiento respecto al fondo de la litis constitucional, o bien, haya determinado la inatacabilidad del acto reclamado a través del juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo. Como se ve, la improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo actualiza la figura jurídica de cosa juzgada, que salvaguarda la seguridad jurídica en tanto que una situación de derecho ya resuelta no puede ser motivo de nuevo pronunciamiento jurisdiccional, lo cual atiende a (1) evitar la emisión de sentencias contradictorias y (2) obtener el respeto de la autoridad de cosa juzgada, pues no es jurídicamente factible analizar la constitucionalidad de una misma controversia, respecto de idéntico quejoso en diversos juicios constitucionales. En el caso, como ya se dijo, la parte quejosa en sí reclama el oficio 220105673310/L/766/2020, de veintitrés de abril de dos mil veinte signado por la Jefa de Departamento de Pensiones Subdelegación Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que se le comunicó la suspensión de pago de la pensión de cesantía en edad avanzada, otorgada en su favor por el Instituto Mexicano del Seguro Social, ello en virtud que la omisión de los pagos de la pensión de mérito desde mayo de dos mil veinte a octubre del año en curso, son en razón de la suspensión decretada en dicho oficio. En ese contexto, el presente juicio deviene improcedente toda vez que el acto reclamado en cuestión, no puede ser objeto de estudio por este juzgado, precisamente porque tal acto reclamado ya fue materia de análisis en el amparo en revisión RT-69/2021 resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto de Circuito mediante la ejecutoria de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, ya que de lo contrario se quebrantaría la institución de la cosa juzgada y, por ende, la estabilidad jurídica que debe imperar en todos los procesos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio I.7o.A.132 K, de la Novena Época, sostenido por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, visible en la página 2217, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO." En las apuntadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, del numeral 61 de la Ley de Amparo y, en consecuencia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por Víctor Fortino Ventura Hernández. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que en la ejecutoria del amparo en revisión RT-69/2021, se haya decretado el sobreseimiento por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto de Circuito, dado que aun cuando por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de derechos fundamentales en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción, como lo es cuando tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia, por identidad de razón, que a continuación se cita: "Registro digital: 237445 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Tercera Parte, página 91 Tipo: Jurisprudencia COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías.". (El énfasis es propio) En ese sentido, -se insiste- el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, dentro del recurso de revisión RT-69/2021, actualizó la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, no es autoridad para efectos del juicio de amparo. En consecuencia, los actos que aquí reclama el quejoso, Víctor Fortino Ventura Hernández, son inatacables a través del juicio de amparo, en atención a las razones y circunstancias estudiadas en la ejecutoria dictada en el recurso de revisión RT-69/2021, antes mencionado, toda vez que la superioridad determinó que el acto reclamado a la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, no era combatible vía juicio de amparo por no resultar ser de una autoridad para efectos del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la ley de la materia; por ende, resulta inejercitable la acción de amparo de modo absoluto. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causal de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. ...
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San Andrés Cholula, Puebla, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta suscrito por la Delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del cual, en cumplimiento al proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, remite copia certificada del expediente de pensión de cesantía en edad avanzada a nombre del aquí quejoso Víctor Fortino Ventura Hernández. Atento a lo anterior, este órgano judicial tiene a la autoridad oficiante dando cumplimiento al auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno y por recibidas las constancias de mérito, las cuales tienen valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos se advierte que en la demanda de amparo la parte quejosa señaló como ato reclamado de las autoridades responsables Titular de la Delegación Puebla, Titular de la Sub-Delegación Metropolitana Puebla Sur, Titular de la Jefatura de Prestaciones Económicas y Sociales de la Delegación y Jefe de Departamento de Pensiones Sub-Delegación Sur Puebla, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social: la suspensión de pago de pensión por cesantía en edad avanzada, de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos de dos mil veinte, y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de dos mil veintiuno, otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante resolución con número de folio 6283611203701. No obstante, tomando en consideración las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se desprende que la suspensión de pago de pensión por cesantía en edad avanzada emana del oficio 220105673310/L/766/2020, de veintitrés de abril de dos mil veinte signado por la Jefa de Departamento de Pensiones Subdelegación Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que se comunicó al aquí quejoso Víctor Fortino Ventura Hernández la suspensión de pago de la pensión de cesantía en edad avanzada, otorgada a su favor por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de lo que se advierte que el referido oficio resulta ser el acto reclamado en concreto en el presente asunto. Por tanto, una vez asentado lo anterior cabe traer como hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, las actuaciones que derivan del diverso juicio de amparo 1101/2020, del índice de este Juzgado Federal, de las que se advierte lo siguiente: 1.- Por escrito depositado en el Buzón Judicial el cuatro de noviembre de dos mil veinte, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en esa propia fecha, mismo que se recibió por la Oficialía de Partes de este juzgado el trece de noviembre de dos mil veinte, Víctor Fortino Ventura Hernández promovió demanda de amparo respecto de las autoridades y actos que a continuación se precisan: Autoridades responsables: Titular de la Subdelegación Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social y Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social. Acto reclamado: El oficio 220105673310/L/766/202, de veintitrés de abril de dos mil veinte signado por la Jefa de Departamento de Pensiones Subdelegación Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que se comunicó a Víctor Fortino Ventura Hernández la suspensión de pago de la pensión de cesantía en edad avanzada, otorgada a su favor por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 2.- Por lo que por auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, este órgano judicial admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó los informes correspondientes, señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. 3 .- Seguidos los trámites correspondientes, el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito dictó sentencia, en la cual resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por Víctor Fortino Ventura Hernández, respecto del acto reclamado del Titular de la Subdelegación Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla precisado en el considerando segundo del presente fallo, por las razones expuestas en el considerando tercero del mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Víctor Fortino Ventura Hernández, en contra del acto que reclama de la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, precisado en el resultando segundo de esta resolución y por los motivos expuestos en el último considerando de la misma." 4.- Inconforme con dicha resolución, la autoridad responsable Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Puebla Sur del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social Puebla, promovió recurso de revisión, el cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto de Circuito, quien mediante ejecutoria de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dictada en el toca RT-69/2021, de su índice, resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. En la materia de la revisión se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Víctor Fortino Ventura Hernández, contra el acto reclamado a la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Puebla Sur del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla, consistente en el oficio 220105673310/L/766/202 por el que se le comunicó la suspensión de pago de la pensión de vejez, otorgada a su favor por el Instituto Mexicano del Seguro Social." Tales consideraciones fueron establecidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto de Circuito, en el siguiente sentido: "QUINTO. Consideraciones que deben quedar firmes. Debe quedar subsistente el sobreseimiento en el juicio de amparo de origen decretado por la a quo respecto del acto reclamado al Titular de la Subdelegación Puebla Sur del Instituto Mexicano Seguro Social en Puebla, consistente en el oficio número 220105673310/1/766/2020 por el cual se determinó la suspensión de la pensión otorgada a favor del quejoso Víctor Fortino Ventura Hernández por el Instituto Mexicano del Seguro Social; de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, virtud que la parte quejosa, a quien pudiera perjudicar tal decisión no acudió a inconformarse contra la misma a través de la interposición del recurso de revisión. SEXTO. Determinación de este Tribunal Colegiado de Circuito respecto al acto reclamado a la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social. En su escrito de agravios la parte recurrente afirma que fue ilegal que la A quo haya dejado de observar que en relación al acto reclamado que le fue reclamado, consistente en el oficio número 220105673310/1/766/2020 por el cual se determinó la suspensión de la pensión otorgada a favor del quejoso Víctor Fortino Ventura Hernández por el Instituto Mexicano del Seguro Social, no fue dictado en ejercicio de una potestad pública, pues se trata de un acto emanado de la relación entre trabajador y órgano asegurador, es decir, no se trata de un acto de autoridad para efectos de procedencia del juicio de amparo; por tanto, no tiene el carácter autoridad responsable en el juicio de amparo de origen, en términos del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo. Es fundado lo expresado por la parte recurrente ya que en efecto se actualiza una causa de improcedencia que conduce a declarar el sobreseimiento en el juicio de garantías de origen en términos del artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. Es fundado lo expresado por la parte recurrente ya que en efecto se actualiza una causa de improcedencia que conduce a declarar el sobreseimiento en el juicio de garantías de origen en términos del artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. En efecto, en la especie se advierte que se materializa la causa de improcedencia prevista por el 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De los últimos dos preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. En este sentido, destaca que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 76/99-SS, se sostuvo que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Tal criterio se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 76/99-SS; cuyo rubro es "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Tal necesidad de ampliar el concepto de autoridad, a fin de que el juicio de amparo cumpla con su función de tutela efectiva de los derechos humanos, fue atendida por el legislador al emitir la actual Ley de Amparo, no sólo con la adopción de las notas distintivas ya esbozadas en la jurisprudencia, sino también con la inclusión de la posibilidad de que los particulares sean llamados como autoridad al juicio de amparo, porque llevan a cabo actos equivalentes a los de autoridad. Ahora, en cuanto a los actos provenientes del Instituto Mexicano del Seguro Social debe señalarse que si bien la relación jurídica que existe entre el instituto/y los asegurados no constituye, en todos los casos una consecuencia directa de la existencia de un vínculo laboral, debe tomarse en cuenta que las prestaciones de seguridad social que derivan de ésa relación se prevén en el artículo 123, apartado A, fracciones XX y XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. "El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales se regirán: "A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo: (...) "XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del gobierno; "XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderán seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares." Del precepto constitucional preinserto se coligen dos funciones esenciales del Instituto Mexicano del Seguro Social, con finalidades diversas, pero ligadas. Una, encaminada hacia los patrones y demás sujetos obligados como una institución fiscal autónoma, que cuenta con el poder de hacer efectivas las obligaciones consignadas en la Ley del Seguro Social. Otra, enfocada hacia los asegurados y sus beneficiarios como institución pública descentralizada, con el fin de brindar una prestación de seguridad social. Sobre los actos provenientes del citado Instituto en este último carácter de ente asegurador, la Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 341/2015, esencialmente sostuvo: - Que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de organizar y administrar el seguro social, como lo dispone el artículo 5 de la Ley del Seguro Social; y que tiene su origen constitucional está previsto en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esta manera, el Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado, pues forma parte de la administración pública estatal, de conformidad con el artículo 1º., párrafo último, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. - Que el Instituto Mexicano del Seguro Social organiza y administra el Seguro Social; que éste comprende el régimen obligatorio y el régimen voluntario; y que el régimen obligatorio incorpora los seguros de riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y guarderías y prestaciones sociales, de conformidad con el artículo 11 de la Ley del Seguro Social; por lo que en cumplimiento de lo que dispone la propia ley, debe emitir actos a través de los cuales resuelve si los asegurados o beneficiarios reúnen los requisitos legales para disfrutar de una pensión. - Por tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con la legislación que lo rige, está facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. - Que cuando se atribuye al citado instituto la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, resulta procedente el juicio de amparo indirecto, debido a que, en este caso, es necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del instituto emita una respuesta a la petición. - Que respecto de la respuesta que, en su caso, formule e instituto, no procederá ampliación de la demanda\ eje amparo indirecto, sino que el beneficiario, una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, debe acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, de conformidad con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899 A de la Ley Federal del Trabajo. La ejecutoria de referencia dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), registro digital 2011948, cuya fuente se ubica en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 898, que dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo". Con lo reseñado hasta aquí, es posible advertir que la Segunda Sala sostiene que el Instituto Mexicano del Seguro Social en su carácter de ente asegurador tiene la facultad para emitir actos que inciden en la situación jurídica del asegurado o beneficiario, en relación con el quejoso. Por consiguiente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos negativos u omisiones que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, en la inteligencia de que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, por tratarse de las prestaciones de seguridad social. Esto es, que como en el caso ocurre, cuando el Instituto de mérito realiza actos positivos, negativos u omisivos que tengan su origen en una relación jurídica con sus asegurados, está desprovisto de su carácter de autoridad, ya que se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano y cuyas controversias deben dilucidarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, Apartado A, constitucional y en el numeral 604 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el 295 de la Ley del Seguro Social. Además, como en este último precepto legal se establece que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto, sobre las prestaciones que la referida ley les otorga, deben tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, es evidente que se le da el carácter de particular al mencionado instituto, ya que puede ser demandado como tal ante la autoridad del trabajo y, por ello, es obvio que no podría sujetársele al juicio de amparo, al reclamarle actos que podrían ser enjuiciados ante otra instancia. Resulta aplicable al caso concreto la tesis emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1580, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCIII, Quinta Época, del rubro y tenor literal siguiente: "SEGURO SOCIAL, INSTITUTO MEXICANO DEL, CUANDO ACTÚA COMO AUTORIDAD Y CUANDO NO TIENE ESE CARÁCTER. Con anterioridad a la reforma del artículo 135 de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social carecería del carácter de autoridad, en todos los casos; pero a partir de dicha reforma, asumió el carácter de organismo fiscal autónomo, y por ende, de autoridad, cuando actúa dentro de los términos de la citada reforma, o sea, cuando hace la determinación de créditos a su favor, por concepto de cuotas, o bien, cuando da las bases para su liquidación y los fija en cantidad líquida; mas cuando el aludido Instituto realiza cualquier otro acto no comprendido en las prevenciones del nuevo texto reformado, carece de carácter de autoridad y actúa como particular, es decir, como cualquier organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, tal como ocurre cuando el acto que se reclama de dicho organismo, en el amparo, consiste en la resolución que confirma la dictada por el Departamento Jurídico del propio Instituto, que niega la aclaración pedida por los interesados, y además se declara que al dejar de ser exigibles una o varias de las pensiones reconocidas a los deudos de un trabajador asegurado, que falleció a consecuencia de un accidente profesional, no se cambiaría el monto de las demás prestaciones; pues el acto reclamado no queda comprendido dentro de la prevenciones del artículo 135, reformado, de la Ley del Seguro Social, por no reclamarse del mencionado organismo, ni de ninguno de sus integrantes, alguna determinación de crédito en favor del propio Instituto, sino la negativa para hacer una aclaración relacionada con un crédito a favor de terceros y a cargo del susodicho Instituto, sin que el precepto invocado, pueda interpretarse en el sentido de que se refiere también a los créditos en favor de terceros. Por tanto, si en el caso, el Instituto del Seguro Social y el presidente de su Consejo Técnico obraron como particulares y no como autoridades, ya que actúan en sustitución del patrón, en los términos del artículo 46 de la misma Ley del Seguro Social, es de concluirse que el juicio de garantías es improcedente en los términos de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los 74, fracción III, y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, y con la fracción I, del artículo 103, de la Constitución Federal." Sentado lo anterior, resulta oportuno precisar que atentos a los datos que emanan del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos y las demás constancias que obran en el sumario, se advierte que el quejoso solicitó la protección de la Justicia Federal en contra el acto reclamado a la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Puebla Sur del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla consistente en el oficio 220105673310/766/2020, por el que se le comunicó la suspensión de pago de la pensión de cesantía en edad alanzada, otorgada a su favor por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos siguientes: (.) Respecto al acto atribuido a la citada autoridad responsable, destaca que a través de éste se hizo del conocimiento al quejoso la suspensión de la pensión de cesantía en edad avanzada que con anterioridad le fue concedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, virtud que el citado instituto a través de su Oficina de Juicios Civiles, Asuntos Especiales y Penales inició un proceso judicial con motivo de inconsistencias detectadas respecto a la edad asentada en el acta de nacimiento que el asegurado presentó para su dictamen de pensión. Sobre los antecedentes del mencionado acto, de la copia certificada del expediente del quejoso Víctor Fortino Ventura Hernández exhibido por la responsable, se desprende que el veintidós de junio de dos mil dieciocho se le otorgó una pensión de cesantía en edad avanzada bajo el régimen 73, con efectos a partir del veintiocho de julio de dos mil dieciséis: (.) Del citado expediente se observa que se encuentran agregados diversos documentos como la totalización de pagos de casos a investigación por modificación de edad; la constancia de situación fiscal del quejoso con registro federal de contribuyente VEHV610728K36; la carátula de activación del contrato de servicios bancarios de la institución bancaria BANORTE; la impresión de la certificación automatizada a SINDO donde se identifica al asegurado con el número de seguridad social (NSS) 62836112037; la clave única de registro de población (CURP) VEHV560728HPLNRC00, su credencial de elector con clave VNHRVC56072821H800; y, el acta de nacimiento de: (.) Con lo hasta aquí descrito, se advierte que al quejoso le fue otorgada una pensión de cesantía en edad avanzada, cuyo pago de derechos económicos fue suspendido por el ente asegurador, pues existe controversia judicial respecto a las inconsistencia observadas en el acta de nacimiento exhibida ante el Instituto para la concesión de la citada pensión, respecto a la edad del asegurado pues en el acta están asentados dos diversos años de nacimiento (veinticinco de julio de 1962 y veintiocho de julio de 1956), lo que pudiera ser motivo de su reanudación o baja definitiva. Luego, virtud que el acto surgió en una relación de coordinación entablada entre el ente asegurador y el asegurado en la que ya existía la concesión de una pensión de cesantía en edad avanzada a favor del segundo, la cual fue suspendida con motivo del inicio de una controversia respecto a la edad del asegurado asentada en el acta de nacimiento que se presentó para el dictamen de su otorgamiento, hace evidente que en tal acto ambas partes actúan en un mismo plano. Por tanto, la controversia suscitada respecto a la suspensión del pago de la pensión de cesantía en edad avanzada a favor quejoso y que implica la valoración del acta de nacimiento de referencia, debe dilucidarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, Apartado A, constitucional y en el numeral 604 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el 295 de la Ley del Seguro Social. En mérito de lo anterior, es posible afirmar que el acto reclamado no es de autoridad para efectos de procedencia del juicio de amparo, pues además de que se suscitó en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, debe tenerse en consideración que el quejoso tuvo conocimiento de la razón por la cual la autoridad señalada como responsable suspendió el pago de su pensión, por lo que la controversia que surge por esa causa debe ser sujeta a la jurisdicción de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje conforme a los preceptos constitucionales y legales citados con antelación. En consecuencia, el juicio de amparo respecto al acto reclamado a la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación la Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, es improcedente, en términos del articuló 6fl, fracción XXIII, en relación con los ordinales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Conforme a lo apuntado, en la materia de la revisión procede revocar el fallo recurrido y decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo 1101/2020, promovido por Víctor Fortino Ventura Hernández contra el acto reclamado a la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Puebla Sur del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla, consistente en el oficio 220105673310/L/766/2020 por el que se le comunicó la suspensión de pago de la pensión de vejez, otorgada a su favor por el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que este deriva de una controversia sobre las fechas asentadas como de nacimiento del asegurado asentadas en el acta de nacimiento que exhibió para la concesión de la citada pensión; por tanto no es autoridad para efectos de procedencia del juicio de amparo." 5.- Por tanto, mediante proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional tuvo por recibida la ejecutoria de mérito, hizo suyas las consideraciones emitidas por el Tribunal Colegiado en mención y ordenó archivar el asunto como total y definitivamente concluido. En ese contexto, respecto del acto reclamado en el presente juicio de amparo 1586/2021, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, la cual estipula: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" Conforme al precepto transcrito el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. De tal forma que el precepto citado prevé la figura de la cosa juzgada, la que se actualiza cuando concurren los supuestos siguientes: 1) El acto reclamado en determinado juicio de amparo verse o involucre un acto o una ley que hubiera sido materia de una ejecutoria emitida en otro. 2) Los juicios respectivos hubieran sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Se cita en apoyo a lo anterior por las razones que informa la jurisprudencia, con los siguientes datos: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2001879 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 112/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, página 1545 Tipo: Jurisprudencia "COSA JUZGADA REFLEJA. NO ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. En términos del precepto invocado, la cosa juzgada que actualiza la improcedencia del juicio de amparo exige de manera estricta la concurrencia de los supuestos consistentes en que: 1) El acto reclamado en determinado juicio de amparo verse o involucre un acto o una ley que hubiera sido materia de una ejecutoria emitida en otro; y, 2) Los juicios respectivos hubieran sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De ese modo, si la llamada cosa juzgada refleja no comparte esos supuestos, porque en su configuración no existe la concatenación de tales elementos personales y objetivos, es inconcuso que su prevalencia no actualiza la improcedencia del juicio de amparo." Entonces, para que la referida causa de improcedencia se actualice es necesario que en el juicio de amparo que ya está resuelto y se haya efectuado un pronunciamiento respecto al fondo de la litis constitucional, o bien, haya determinado la inatacabilidad del acto reclamado a través del juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo. Como se ve, la improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo actualiza la figura jurídica de cosa juzgada, que salvaguarda la seguridad jurídica en tanto que una situación de derecho ya resuelta no puede ser motivo de nuevo pronunciamiento jurisdiccional, lo cual atiende a (1) evitar la emisión de sentencias contradictorias y (2) obtener el respeto de la autoridad de cosa juzgada, pues no es jurídicamente factible analizar la constitucionalidad de una misma controversia, respecto de idéntico quejoso en diversos juicios constitucionales. En el caso, como ya se dijo, la parte quejosa en sí reclama el oficio 220105673310/L/766/2020, de veintitrés de abril de dos mil veinte signado por la Jefa de Departamento de Pensiones Subdelegación Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que se le comunicó la suspensión de pago de la pensión de cesantía en edad avanzada, otorgada en su favor por el Instituto Mexicano del Seguro Social, ello en virtud que la omisión de los pagos de la pensión de mérito desde mayo de dos mil veinte a octubre del año en curso, son en razón de la suspensión decretada en dicho oficio. En ese contexto, el presente juicio deviene improcedente toda vez que el acto reclamado en cuestión, no puede ser objeto de estudio por este juzgado, precisamente porque tal acto reclamado ya fue materia de análisis en el amparo en revisión RT-69/2021 resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto de Circuito mediante la ejecutoria de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, ya que de lo contrario se quebrantaría la institución de la cosa juzgada y, por ende, la estabilidad jurídica que debe imperar en todos los procesos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio I.7o.A.132 K, de la Novena Época, sostenido por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, visible en la página 2217, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO." En las apuntadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, del numeral 61 de la Ley de Amparo y, en consecuencia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por Víctor Fortino Ventura Hernández. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que en la ejecutoria del amparo en revisión RT-69/2021, se haya decretado el sobreseimiento por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto de Circuito, dado que aun cuando por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de derechos fundamentales en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción, como lo es cuando tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia, por identidad de razón, que a continuación se cita: "Registro digital: 237445 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Tercera Parte, página 91 Tipo: Jurisprudencia COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías.". (El énfasis es propio) En ese sentido, -se insiste- el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, dentro del recurso de revisión RT-69/2021, actualizó la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, no es autoridad para efectos del juicio de amparo. En consecuencia, los actos que aquí reclama el quejoso, Víctor Fortino Ventura Hernández, son inatacables a través del juicio de amparo, en atención a las razones y circunstancias estudiadas en la ejecutoria dictada en el recurso de revisión RT-69/2021, antes mencionado, toda vez que la superioridad determinó que el acto reclamado a la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, no era combatible vía juicio de amparo por no resultar ser de una autoridad para efectos del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la ley de la materia; por ende, resulta inejercitable la acción de amparo de modo absoluto. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causal de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. ...
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