Victor Flores García

Expediente 344/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
344/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
25/05/2022

Partes del expediente

  • Victor Flores García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con los acuses de recibo dirigidos al Ayuntamiento, Tesorería, Dirección de administración o de recursos humanos, Cabildo, Presidente Municipal, Síndico municipal, Regidor de Organismos Descentralizados, Planificación y desarrollo; protección del patrimonio cultural, Regidor de Asuntos de la Juventud, Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico, Regidor de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Colonias y poblados; Ciencia, Tecnología e Innovación, Regidor de Asuntos Migratorios, Turismo, Derechos Humanos, Gobernación y Reglamentos, Regidor de Educación, Cultura y Recreación, Relaciones Públicas y Comunicación Social, Igualdad y Equidad de Género, Secretaria Municipal, Comisión de Prestaciones Sociales o Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones, todos de Puente de Ixtla, Morelos, mediante el cual se les comunicó la sentencia dictada en los presentes autos, toda vez que dicha situación no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a las autoridades responsables copia de la sentencia dictada en autos, para que estén en posibilidades de dar cumplimiento a la misma. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original, y con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que, se concedió la suspensión provisional y definitiva. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de diciembre de dos mil veintiuno Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Morelos, mediante el cual informa el acuerdo dictado por la titular de ese órgano jurisdiccional en los autos del juicio de amparo 268/2021, por el que solicita se le permita acceso al expediente electrónico derivado de este juicio. Al respecto, instrúyase al personal a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este órgano jurisdiccional para que permita el acceso al expediente electrónico al juzgado oficiante. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Morelos, mediante el cual informa el acuerdo dictado por la titular de ese órgano jurisdiccional en los autos del juicio de amparo 268/2021, por el que solicita se le permita acceso al expediente electrónico derivado de este juicio. Al respecto, instrúyase al personal encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrito a este órgano jurisdiccional para que permita el acceso al expediente electrónico al juzgado oficiante. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el nueve de abril de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Víctor Flores García, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes. Autoridades responsables. Ayuntamiento Constitucional; Presidente Municipal; Tesorera Municipal; Dirección de Administración; Cabildo del Ayuntamiento Municipal; Síndico Municipal, Regidor de Organismos Descentralizados, Planificación y Desarrollo, Protección del Patrimonio Cultural; Regidor de asuntos de la Juventud, Protección Ambiental, y Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico; Regidor del Bienestar Social, asuntos Indígenas, colonias y Poblados, Ciencia, Tecnología e Innovación; Regidor de asuntos Migratorios, turismo, Derechos Humanos, gobernación y Reglamentos; Regidor de Educación, cultura y Recreación, Relaciones Públicas y Comunicación Social, Igualdad y Equidad de Género; Secretaría Municipal; Comisión de Prestaciones sociales y/o Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones, todos de Puente de Ixtla, Morelos; Secretario de Gobierno; Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y Gobernador Constitucional del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".El acta de sesión extraordinaria de cabildo de fecha 11 de diciembre del año 2020 publicado el 17 de marzo del 2021 en el Periódico Tierra y Libertad número 5926, 6ª Época. La promulgación, firma y publicación del acta de sesión extraordinaria de cabildo de fecha 11 de diciembre del año 2020. Los efectos y consecuencias legales que deriven en cumplimiento del acta de sesión extraordinaria. Responsables señaladas bajo los incisos A), B) y C), se reclama la omisión y abstención de las responsables del pago de la pensión por jubilación que le fue otorgada en el acuerdo de pensión número CPSHAPI/60/2018. De las responsables. se reclama el acta de sesión extraordinaria de cabildo y/o proyecto de revocación que se haya instaurado en contra del suscrito con el fin de revocar el acuerdo de pensión.". SEGUNDO. El catorce de abril de dos mil veintiuno, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 344/2021, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La sesión extraordinaria de cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, 5926 6ª Época, su promulgación, firma y publicación; la diversa sesión extraordinaria de cabildo y/o proyecto de revocación que se haya instaurado contra el quejoso. La omisión y abstención de las responsables indicadas del pago de pensión por jubilación otorgada en acuerdo pensionario CPSHAPI/60/2018. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye al Ayuntamiento Constitucional; Presidente Municipal; Tesorera Municipal; Dirección de Administración; Cabildo del Ayuntamiento Municipal; Síndico Municipal, Regidor de Organismos Descentralizados, Planificación y Desarrollo, Protección del Patrimonio Cultural; Regidor de asuntos de la Juventud, Protección Ambiental, y Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico; Regidor del Bienestar Social, asuntos Indígenas, colonias y Poblados, Ciencia, Tecnología e Innovación; Regidor de asuntos Migratorios, turismo, Derechos Humanos, gobernación y Reglamentos; Regidor de Educación, cultura y Recreación, Relaciones Públicas y Comunicación Social, Igualdad y Equidad de Género; Secretaría Municipal; Comisión de Prestaciones sociales y/o Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones, todos de Puente de Ixtla, Morelos; Secretario de Gobierno; Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, cada cual en el ámbito de su respectiva competencia. Y las autoridades municipales remitieron constancias relacionadas con el acto reclamado, documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de Improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. No obstante, los conceptos de violación no serán objeto de análisis, pues este juzgador advierte que se actualizan diversas causas de improcedencia primeramente la prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; en concordancia con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que hace al primer acto precisado, que textualmente disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...)" "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" De la lectura de dichos preceptos se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley reclamados, y, cuando se trata de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; lo cual significa que la existencia del interés jurídico es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional. El interés jurídico consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar algún acto violatorio de derechos fundamentales; es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular. Dicho en otras palabras, es necesario que la acción de amparo tenga por objeto la tutela de derechos pertenecientes a quien demanda su protección, puesto que a ningún fin práctico conduciría el análisis de actos de autoridad frente a derechos cuya titularidad no corresponden a la parte quejosa. Así las cosas, el Más Alto Tribunal Constitucional del país ha considerado que el interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es otra cosa sino el derecho subjetivo, es decir, una facultad o potestad de exigencia cuya institución consigna la norma objetiva. De ahí que, no existe derecho subjetivo, por ende, ni interés jurídico, cuando la persona carece de la capacidad otorgada por el orden legal para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya poder de exigencia imperativa; por lo tanto, el derecho subjetivo consiste en la facultad de exigir a otro una determinada conducta, la cual puede consistir en un dar, hacer o un no hacer. Por otra parte, el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya trasgresión por una autoridad o por la propia ley, concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión; en otras palabras, el perjuicio se entiende como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de garantías que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos. Resulta aplicable la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Consultable en la página 80, volumen 193-108, cuarta parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro electrónico 240121, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable, para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma." En relación a este último punto, el artículo 14 constitucional, dispone que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades y derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a lo dispuesto por este precepto constitucional, procede el juicio de amparo para proteger cualquier derecho que resulte afectado sin los derechos de audiencia y defensa que en él se consagran, sin embargo, para que prospere la acción de amparo, esa afectación debe demostrarse fehacientemente, sin que pueda inferirse tan sólo por presunciones. Por tanto, el interés jurídico debe ser plenamente demostrado en el transcurso del juicio de amparo, con el fin de que la autoridad esté en aptitud de entrar al estudio de lo planteado por la parte quejosa, pues de lo contrario y en atención a la misma causa de improcedencia que establece la fracción XII en comento, el juicio resultaría improcedente. Así, el interés jurídico podrá ser demostrado en el desarrollo del proceso, a través de los medios de convicción idóneos que lo acrediten de forma tal que no exista duda de que la persona y/o personas que comparecen sean los titulares del derecho que se dice afectado, criterio que ha sido ampliamente reiterado por los tribunales federales de nuestro país. Sirve de apoyo a lo antes dicho, la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 82, Octubre de 1994, página 17, del rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Ahora bien, el acto reclamado consiste en la sesión extraordinaria de cabildo de once de diciembre de dos mil veinte, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, 5926 6ª Época, su promulgación, firma y publicación, o diversa sesión extraordinaria de cabildo y/o proyecto de revocación que se haya instaurado contra el quejoso, que pueda dejar sin efectos la pensión por jubilación concedida. En tal sentido, este juzgador estima que tal acto no causa ninguna afectación al interés jurídico de la parte quejosa, en razón que de las constancias remitidas por las responsables se advierte que los actos que reclama no están dirigido a su persona, así, el controvertido natural no lesiona los intereses jurídicos del accionante del amparo, en tanto no está dirigido en su contra. En efecto, en la sesión extraordinaria de once de diciembre de dos mil veinte, publicado en el Periódico Oficial 5926, 6ª Época, el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, por el que revocan acuerdos pensionarios contenidos en el acta de sesión de cabildo de la responsable de treinta de mayo de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 5633 6ª Época, el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, aprobaron por unanimidad revocar los dictámenes pensionarios de dieciocho trabajadores, sin que de los ahí revocados este considerado el proyecto de pensión por jubilación concedido al ahora quejoso, así, la sesión extraordinaria reprochada no está emitida en su contra, para tener derecho a impugnarla por esta vía constitucional. Luego, se concluye que al no estar dirigida en su contra dicha sesión extraordinaria de cabildo que revoca varios dictámenes pensionarios sin afectar el propio, del que reclama le afecta en su esfera jurídica de derechos, la parte quejosa no acredita la afectación a su interés jurídico. Se invoca como apoyo, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), Registro digital: 2019456, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. De lo anterior, se corrobora el hecho de que la sesión extraordinaria de once de diciembre de dos mil veinte, publicada en el periódico oficial "Tierra y Libertad", 5926 6ª Época, el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, que revoca diversos dictámenes pensionarios, no está dirigida a él, por lo que no se ejecuta ni se ejecutara en su contra. En esa tesitura, como se precisó, la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan; y un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesionan directamente sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, pues es entonces cuando nace la posibilidad de intentar la acción constitucional. De lo dicho, puede concluirse que el promovente del juicio de amparo debe necesariamente ser el titular del derecho que alega le fue violado y que derivado de esa violación resultó afectado en sus intereses jurídicos, ya sea en su patrimonio o en su persona. Como se destacó, en el juicio de amparo la parte quejosa se duele de la sesión extraordinaria de cabildo de once de diciembre de dos mil veinte emitida por el Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, que revoca diversos dictámenes pensionarios, otorgados en diversa sesión extraordinaria de treinta de mayo de dos mil dieciocho, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5633 6ª Época, sesión extraordinaria de cabildo que no está dirigido en su contra. Es así, ya que del informe justificado de la responsable, se advierte que la sesión extraordinaria reclamada, no está dirigida contra el ahora quejoso; de donde deviene incuestionable que dicha determinación, por sí sola, no le irroga perjuicio alguno al solicitante del amparo y, por ende, no lesiona su interés jurídico, al no estar dirigido contra él, es decir, el acto no fue emitido en su contra y por ello, no afecta el acuerdo pensionario a su favor número CPSHAPI/60/2018. Evidentemente, la parte agraviada debe acreditar indubitablemente su interés jurídico para hacer procedente el juicio de amparo, lo que no aconteció en el juicio. Sin que obste que a su demanda de amparo anexo copia de los Periódicos Oficiales "Tierra y Libertad", 5633 6ª Época, de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, donde se publica el acuerdo por el que concede pensión por jubilación a razón del 50% de su último salario, 5926 6ª Época; de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, que revoca los dictámenes contenidos en el acta de sesión de cabildo de treinta de mayo de dos mil dieciocho, de dieciocho trabajadores; acta de cabildo sesión extraordinaria de once de diciembre de dos mil veinte, sin embargo, respecto al primero corresponde al acuerdo que concede pensión por jubilación al quejoso, acto que no está controvertido en este asunto, en cuanto a los restantes, como se ha analizado en párrafos que anteceden lo ahí resuelto no está dirigido al quejoso. Por tanto, se reitera, para la procedencia del juicio constitucional no sólo es necesario demostrar la existencia del acto reclamado, sino que además debe acreditarse que dicho acto afecte algún derecho tutelado por la ley a favor del peticionario del amparo, esto es, que el acto de autoridad afecte su esfera jurídica, lo que en la especie no ocurre, dado que la sesión extraordinaria de once de diciembre de dos mil veinte, no fue dictado en su contra, ni de sus bienes, sino en contra de diversos trabajadores pensionados, por lo que al no estar dictado dicho acto en contra del promovente, ni sobre sus bienes, es inconcuso que no podría afectar los derechos que aduce tener, así como tampoco de las constancias remitidas se desprende exista algún acto dirigido al ahora impetrante de amparo. De lo expuesto hasta aquí, es claro que la parte quejosa no demostró ser titular de un derecho legítimamente tutelado, que haya sido transgredido por la substanciación del procedimiento de origen que amerite ser analizado mediante el juicio constitucional, pues no es a base de presunciones como debe acreditarse el interés jurídico, sino mediante medios de convicción idóneos; lo que por sí sólo actualiza la causal de improcedencia invocada, por lo que con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se debe sobreseer en este procedimiento constitucional. Apoya lo anterior, por identidades jurídicas la jurisprudencia IV.3o. J/26, visible a página 41 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Numero. 66, Junio de 1993, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, que establece: "INTERÉS JURÍDICO. LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL.- Si la sentencia reclamada no afecta los intereses jurídicos del quejoso, y si de todo lo actuado en el juicio civil de donde emana el acto de molestia no se advierte pronunciamiento alguno que pudiese afectar la esfera jurídica de los intereses del solicitante del garantías, entonces, éste carece de la debida legitimación para ejercitar la acción constitucional que por sus propios derechos pretende, en virtud de que el artículo 4º de la Ley de Amparo, ello sólo es dable a quien perjudique el acto reclamado" Corolario de lo anterior, al estar acreditada la causa de improcedencia invocada, lo que se impone es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. En otra línea de pensamiento, también se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61, de la Ley de Amparo, respecto al segundo acto precisado, la cual establece: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;" El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el precepto transcrito en el sentido de que la causa de improcedencia a que se ha hecho alusión, se actualiza cuando el recurso tiene como finalidad revocar, modificar o en su caso confirmar el acto reclamado, el cual debe existir prueba fehaciente de que se admitió, se está tramitando y que es el recurso idóneo, de acuerdo con la ley, requisitos que deben colmarse para que se dé el supuesto de improcedencia referido. Cobra aplicación, la jurisprudencia P./J. 144/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 190665, visible a foja 15, Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." En la especie, como se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del numeral 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, en contra la omisión de pago de la pensión por jubilación otorgada al quejoso en cesión extraordinaria de cabildo el treinta de mayo de dos mil dieciocho, publicada en el periódico oficial "Tierra y Libertad" 5633 6ª Época, acuerdo de pensión CPSHAPI/60/2018, hizo valer juicio de nulidad bajo el expediente administrativo TJA/1AS/02/2020, el cual con la tramitación del juicio en cuestión se puede obtener una sentencia que puede conducir a la modificación, nulidad o revocación de lo reclamado, como se desprende de una lectura concatenada de los artículos 1, 2, 3 y 4, de la Ley de Justicia Administrativa de esta entidad; dichos numerales establecen: "1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley.--- Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reconoce también el interés legítimo para controvertir la existencia (sic) conflicto de intereses considerando la (sic) situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familiar o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios o funciones a desempeñar (sic) el servicio público frente a otro empleo.--- En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". "2. Las autoridades de la Administración Pública estatal o municipal o de sus organismos descentralizados, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular o los poderes del Estado o los municipios, cuando estimen que es contraria a la ley.". "3. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, esta Ley y la normativa aplicable; forma parte activa del Sistema Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones.". "4. Serán causas de nulidad de los actos impugnados:--- Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: --- I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado (sic) el procedimiento del que deriva dicha resolución;--- II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso; --- III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada; --- IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto, y --- V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades.". Los numerales transcritos ponen de relieve que en el Estado de Morelos es factible impugnar los actos y resoluciones de carácter administrativos producidos por las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, para lo cual, es competente el Tribunal de Justicia Administrativa. Sobre esa base, al tratarse lo reclamado de un acto omisivo por el Ayuntamiento Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, relacionado con la falta de realizar el pago de la pensión por jubilación bajo el expediente CPSHAPI/60/2018, que el quejoso bajo protesta de decir verdad refiere promovió juicio administrativo bajo el consecutivo TJA/1AS/02/2020, del índice de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, como actor, las autoridades que señala como responsables del inciso A a la L,, -autoridades municipales de Puente de Ixtla, Morelos- son demandadas, juicio que es adecuado y eficaz para proteger la situación jurídica que estima infringida y con él se puede modificar, revocar o nulificar lo combatido. Asimismo, refiere la parte quejosa que dicho juicio contencioso está pendiente de resolverse. Por tanto, es incuestionable que no pueden coexistir el juicio de amparo indirecto y el juicio de nulidad TJA/1AS/02/2020, que se encuentra en trámite pendiente de resolverse, en virtud de que éste constituye un mecanismo de defensa que, de resultar fundado, podrá generar la insubsistencia legal del acto reclamado y como consecuencia su pago, lo que provoca la improcedencia del juicio. En esa virtud, es inconcuso que está plenamente demostrado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX, del numeral 61 de la Ley de Amparo, lo que obliga a sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, de la propia ley. Por identidad de razón sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 3/2010 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 164702, visible a página 292 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, Materia Civil, Novena Época que dice: "RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. BASTA CON QUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA SE HAYA PRONUNCIADO SOBRE SU ADMISIÓN PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO. Para que se actualice el supuesto a que se refiere el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, resulta necesario que se esté tramitando un medio ordinario de defensa interpuesto por el quejoso y que pueda tener por objeto revocar, modificar o anular el acto reclamado. Ahora bien, la legislación mercantil prevé la interposición del recurso de apelación, que será resuelto por el tribunal superior, quien confirmará, reformará o revocará las resoluciones dictadas por el juez de primera instancia. Por tanto, basta con que éste se haya pronunciado sobre la admisión de dicho recurso para determinar que está en trámite un medio ordinario de defensa y, por ende, que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el indicado precepto, independientemente de que el tribunal de alzada deba pronunciarse en definitiva sobre su procedencia y, en su caso, respecto de las cuestiones de fondo planteadas, pues de lo contrario, los juicios de garantías quedarían paralizados mientras no existiera pronunciamiento del tribunal de alzada y su resolución estaría condicionada a lo que se determinara en éste." Así también, la Jurisprudencia 22/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Décima Época, Registro 2005917, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." También, la diversa Jurisprudencia 10/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 487, Libro 3, Febrero de Décima Época, Registro 2005717, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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