Víctor Fernando Aguiñaga Méndez

Expediente 1310/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1310/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Víctor Fernando Aguiñaga Méndez

Actuaciones

  1. Principal

    SE ADMITE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 112, 115 y relativos de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite la demanda promovida por *****, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y otra autoridad. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Acorde con lo establecido por los artículos 5, fracción IV, 24 y 110 de la ley de la materia, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde, y para tal efecto, se ordena notificar a la servidora pública la radicación de este juicio mediante el usuario electrónico "PAMELASANCHEZ" proporcionado por ella y en atención a la solicitud contenida en su oficio FGR/010/2023 de doce de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, infórmesele que queda a su disposición en este juzgado una copia de la demanda de amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En términos de lo establecido por el artículo 115 del cuerpo de leyes en cita, con copia simple de la demanda, fórmese por cuerda separada el cuaderno original del incidente de suspensión respectivo. TERCERO INTERESADO. En atención a lo manifestado en la demanda, se reserva su emplazamiento hasta en tanto se reciban los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables. INFORME CON JUSTIFICACIÓN. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo rindan su informe con justificación bajo los siguientes términos y condiciones: a) dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; b) es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) oportunidad en la que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a las autoridades responsables con la aplicación de multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Nacional de Estadística y Geografía cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. i) En caso de ser omisas en proporcionar el domicilio del tercero interesado; ii) En el supuesto de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y iii) Se abstengan o sean omisas en rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa, legible y debidamente foliada, rubricada y entresellada, de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. La sanción se aplicará al resolver el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de sus informes se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad o, en su caso, remitieren constancias equivocadas, podrán ser sancionadas en los términos que señala el indicado artículo. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirija, por lo que en caso de negarse a recibirlos sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir sus respectivos informes; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. APERCIBIMIENTO A LAS PARTES. Hágase del conocimiento de las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. AUTORIDADES INEXISTENTES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la peticionaria que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indican en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas; en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables. Lo anterior en mérito a que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, lo que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS DEL ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga lugar la audiencia constitucional en el local de este juzgado, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la ley de la materia. COMUNICACIÓN DE EVENTUALES DIFERIMIENTOS. Se les hace saber a las autoridades que los posibles diferimientos de la audiencia les serán notificados por lista, ello en razón de que dicha actuación no se considera trascendental para ser escuchadas en el procedimiento, aunado a que la nueva fecha podrá ser consultada el día hábil posterior a la señalada, directamente en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/consultas.htm en la pestaña "Lista de Acuerdos y de Sesión", así como vía consulta del expediente electrónico que se habilite. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de título y subtítulo: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", sobre todo, en la parte que indica que el capítulo de notificaciones previsto en la Ley de Amparo, prevé un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que, por exclusión, deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado; por tanto, para determinar la forma en que ordenará esa notificación, esta juzgadora está en aptitud de atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.

  2. Incidental

    TRÁMITE DEL INCIDENTE. En cumplimiento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con las copias de la demanda de amparo que anteceden, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese el incidente de suspensión de los actos reclamados del juicio de amparo 1310/2023, promovido por ****, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y otra autoridad. INFORME PREVIO. En acatamiento a lo establecido por los diversos 138, fracción III y 140 de la ley de la materia, remítase copia de la demanda a las autoridades señaladas como responsables y requiéraseles su informe previo que deberán rendir en el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, en el que señalará: 1. Si son ciertos o no los actos reclamados que se les atribuyen. 2. Podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión; y 3. Deberán proporcionar los datos que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a las autoridades responsables, con la aplicación de multa por el equivalente de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. i) En caso de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio de garantías; o ii) Se abstengan o sean omisas en rendir el informe previo o lo hagan sin remitir, en su caso, los datos solicitados en supralíneas. Esta última sanción se aplicará al celebrar la audiencia incidental con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de su informe se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad; o, en su caso remitieren constancias equivocadas, podrán ser sancionadas en los términos que señala el indicado arábigo. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirija, por lo que en caso de negarse a recibirlos sin una excusa de imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir sus respectivos informes; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. AUTORIDADES INEXISTENTES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley en cita); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA INCIDENTAL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para que tenga lugar la audiencia incidental en el local de este juzgado. COMUNICACIÓN DE EVENTUALES DIFERIMIENTOS. Se les hace saber a las autoridades que los posibles diferimientos de la audiencia les serán notificados por lista, ello en razón de que dicha actuación no se considera trascendental para ser escuchadas en el procedimiento, aunado a que la nueva fecha podrá ser consultada el día hábil posterior a la señalada, directamente en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/consultas.htm en la pestaña "Lista de Acuerdos y de Sesión", así como vía consulta del expediente electrónico que se habilite. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de título y subtítulo: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", sobre todo, en la parte que indica que el capítulo de notificaciones previsto en la Ley de Amparo, prevé un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que, por exclusión, deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado; por tanto, para determinar la forma en que ordenará esa notificación, esta juzgadora está en aptitud de atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. ACTOS RECLAMADOS. La parte quejosa señala como tales: La sentencia emitida el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, por la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato. En dicha resolución confirmó lo determinado en audiencia oral verificada el diecinueve de septiembre del año actual, por la cual le fue revocado al quejoso el sustitutivo de jornadas en favor de la comunidad en la carpeta de ejecución ***, del índice del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas del Distrito Judicial de León, Guanajuato, formada con motivo de las vigilancia de las sanciones impuestas en la causa penal ****. Su ejecución, que se traduce en la posible orden de reaprehensión, con motivo de que se revocó el sustitutivo de jornadas en favor de la comunidad. PRETENSIÓN DE LA SUSPENSIÓN. La parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para: ".se ordene la suspensión de la orden de reaprehensión hasta en tanto no se resuelva la presente solicitud de Amparo y Protección de la Justicia de la Unión.". SE CONCEDE SUSPENSIÓN. En términos de lo dispuesto por los artículos 136, 139, 162 y 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para los siguientes efectos: Si la orden de reaprehensión se emitió por un delito que implique prisión preventiva oficiosa, la suspensión decretada solo surtirá el efecto de que **** una vez reaprehendido, quede a disposición de este juzgado de Distrito por lo que hace a su libertad personal, pero bajo la responsabilidad de la autoridad responsable en el lugar en que quede recluido y para los efectos de continuar el procedimiento de ejecución, es decir, sin perjuicio de la práctica de diligencias, lo que es de orden público y por tanto, insuspendible. b) En caso de que el acto reclamado consistiera en una orden de reaprehensión respecto de un delito que no amerite prisión preventiva oficiosa, se concede para el efecto de que las autoridades responsables no priven de su libertad personal a ***** hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva; lo anterior, bajo la garantías y las medidas de aseguramiento que este órgano jurisdiccional fijará más adelante en este acuerdo. El efecto otorgado a la suspensión provisional obedece a lo siguiente: Si bien, la parte quejosa fue favorecida con el sustitutivo de beneficio de jornadas en favor de la comunidad, lo que presume que fue condenada en un proceso penal por autoridad competente, lo cierto es que la materia de este juicio versa sobre la legalidad de la resolución que revocó tal sustitutivo concedido al quejoso y el mandato de recaptura, no de la sentencia condenatoria, por lo que no tienen que ver una con otra, independencia que permite examinar de forma autónoma la resolución controvertida y la orden de reaprehensión. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 34/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor: "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA, AUN CUANDO ÉSTA HUBIESE CAUSADO EJECUTORIA. Procede conceder la suspensión cuando el acto reclamado lo constituye la orden de reaprehensión dictada en cumplimiento de una sentencia condenatoria en contra del reo, aun cuando ésta hubiese causado ejecutoria. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que entre los requisitos previstos en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, se encuentra el relativo a que con la medida cautelar no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, también lo es que la orden de reaprehensión es un acto independiente de la sentencia ejecutoriada, cuya legalidad y constitucionalidad no han sido determinadas, y puede contravenir las leyes que la rigen. Por tanto, procede conceder la suspensión contra dicho acto, con el objeto de que el responsable quede a disposición del Juez de Distrito únicamente por cuanto a su libertad personal, y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, lo cual no contraviene el interés social ni las disposiciones de orden público, pues con tal medida cautelar solamente se posterga la compurgación de la pena impuesta en la sentencia firme, ya que la sociedad está interesada en que quienes resulten penalmente responsables de la comisión del delito en una sentencia ejecutoria purguen la pena correspondiente. Esto es, al concederse la suspensión contra la orden de reaprehensión, no se determina que el sentenciado no compurgue dicha condena, sino que únicamente se postergue hasta en tanto exista certeza legal de que, con independencia de la sentencia firme, tal acto se haya llevado a cabo de acuerdo con la legislación que lo rige, y no se violen preceptos de la Constitución Federal; de no ser así, se afectarían disposiciones de orden público, aunado a que, en la observancia de la legislación relativa y de los principios contenidos en la Ley Fundamental, la sociedad en general tiene un interés superlativo, pues está interesada en que cualquier acto que afecte la libertad de una persona se lleve a cabo conforme a las disposiciones vigentes." Asimismo, resulta aplicable por las razones que expone la tesis II.3o.P.27 P (11a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que es del siguiente tenor: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE SU CONCESIÓN CUANDO SE PROMUEVE CONTRA UNA ORDEN DE REAPREHENSIÓN GIRADA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE PENAS BAJO EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL, EL JUZGADOR ÚNICAMENTE DEBE ATENDER AL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO, EL CUAL NO PREVÉ MÁS CIRCUNSTANCIA QUE LA DIFERENCIACIÓN DE DELITOS QUE IMPLIQUEN O NO PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. Hechos: El Juez de Distrito consideró que la orden de reaprehensión reclamada (girada contra el sentenciado en la etapa de ejecución de penas bajo el sistema penal tradicional) fue emitida respecto de un delito que conforme a la ley no permite la libertad provisional bajo caución, por tal motivo, concedió la suspensión definitiva para el efecto de que el quejoso quede a disposición de dicho órgano de amparo por lo que refiere a su libertad, en el lugar en que deba ser recluido, y a la del Juez de la causa o al que corresponda conocer del procedimiento penal, según sea el caso, en lo que atañe a la continuación del procedimiento. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que a fin de proveer sobre los efectos para los cuales debe concederse la medida suspensional respecto a una orden de reaprehensión emitida bajo el sistema penal tradicional en la etapa de ejecución de penas, únicamente se debe atender a las disposiciones que contempla para tal efecto la Ley de Amparo, esto es, el artículo 166, mismo que no prevé más circunstancia que la diferenciación de delitos que impliquen o no prisión preventiva oficiosa. Justificación: El artículo 166 de la Ley de Amparo no establece reglas específicas para la procedencia de la suspensión en las diversas etapas del procedimiento, ya que únicamente prevé las hipótesis de la manera en que será procedente la suspensión respecto a actos privativos de libertad que impliquen o no prisión preventiva oficiosa, sin que se mencione si se debe adquirir distinta postura si se está en presencia de una etapa como la de ejecución de penas; entonces, para pronunciarse sobre los efectos de la suspensión en el juicio de amparo, la ley de la materia únicamente dispone que se dilucide la naturaleza del delito, esto es, si se trata de un hecho con apariencia de delito que implique prisión oficiosa o no; por ello, las consideraciones e hipótesis que prevé el citado precepto resultan aplicables en todos los casos en que se reclame un acto como los que ahí se detallan, con independencia de que se trate de un asunto tramitado conforme al sistema tradicional donde ya existe una pena firme contra el promovente. Por lo que, para fijar los efectos de la medida, si el hecho no se encuentra bajo la imposición de prisión preventiva oficiosa, es adecuado conceder la suspensión para los efectos que prevé la fracción II del artículo 166 mencionado, en la medida en que dicha normativa no prevé distinción alguna para la procedencia de la suspensión o condición respecto a la etapa en que se encuentre el procedimiento que se siga contra el quejoso." REQUISITOS DE EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN BAJO EL SUPUESTO ENUNCIADO EN EL INCISO B. Para estar en condiciones de fijar los requisitos de eficacia a fin de que la presente medida cautelar surta efectos, es conveniente establecer que el imperativo 168 del cuerpo legal en consulta, establece textualmente lo siguiente: "Artículo 168. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el órgano jurisdiccional de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes." Para fijar el monto de la garantía se tomará en cuenta: La naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute; Las características personales y situación económica de la parte quejosa, y La posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia. Como se advierte, son tres los requisitos que debe tomar en cuenta el órgano de control constitucional para la fijación de la garantía que deberá satisfacer la parte quejosa. En relación al primero "La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute a la parte quejosa", no se desprende de la demanda de amparo. En cuanto al segundo de los elementos referente a las "características personales y situación económica de la parte quejosa", tampoco se advierte de la demanda dato alguno, no obstante que le correspondía hacerlo. Tiene aplicación a lo anterior, por su contenido el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuyo contenido es el siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. ESTA A CARGO DEL QUEJOSO MANIFESTAR EN LA DEMANDA DE AMPARO LO REFERENTE A SU SITUACIÓN ECONÓMICA PARA SER TOMADA EN CUENTA AL MOMENTO EN QUE SE FIJE LA GARANTÍA RESPECTIVA." Respecto al tercero de los elementos consistente en valorar la "posibilidad de que la parte quejosa se sustraiga a la acción de la justicia", no existe ningún dato revelador de dicha circunstancia. GARANTÍA. Al tenor de las anteriores consideraciones, se estima suficiente fijar para garantizar la suspensión provisional la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), la cual deberá exhibir en cualquiera de las formas permitidas por la ley, pudiendo hacerlo en su caso en billete de depósito expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, y en la inteligencia que si opta por garantizar en póliza de fianza, el documento respectivo contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este juzgado; la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio, con la aclaración de que si fenece antes, la suspensión provisional dejará de surtir efectos sin necesidad de previo acuerdo; lo anterior, sin perjuicio de que pueda ser modificada cuando se tengan elementos de convicción sobre lo dispuesto en las tres fracciones del invocado artículo 168 de la citada ley. En el entendido que de no exhibirla en el plazo de CINCO DÍAS, se comunicará a las autoridades responsables que queda expedita su jurisdicción para ejecutar el acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones jurídicas que informa, la jurisprudencia 1a./J. 68/2008 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO). La facultad de fijar el monto de la garantía es de carácter discrecional, siempre que ello no implique exceder los extremos señalados por el legislador en las condiciones de aplicación de la citada norma. Así, el juez de distrito debe llevar a cabo un análisis integral en el que conjugue adecuadamente las siguientes tres condiciones legales. En primer lugar, debe tomar en cuenta el tipo de delito de que se trata, su naturaleza dolosa o culposa, el bien jurídico tutelado, etcétera, y aunque en este primer momento puede hacerse presente el monto estimado de la reparación del daño, eso no significa que la garantía fijada por el juez de amparo tenga que coincidir con dicho monto, pues aquélla no puede equipararse a la caución que se fija para decretar la libertad provisional, ya que la garantía tiene la finalidad de asegurar que el quejoso acuda al proceso, la dicta un juez de amparo y responde a los objetivos del control constitucional; mientras que la fianza o caución obedece a la necesidad de garantizar la reparación del daño, la fija un juez penal y es acorde con los fines del proceso penal. En segundo lugar, el juzgador debe indagar respecto a la situación económica del quejoso. Y finalmente, en tercer lugar, el juez debe vigilar que el monto de la garantía no permita al quejoso sustraerse a la acción de la justicia, es decir, habrá de fijar una cantidad que no invite al quejoso a realizar un cálculo utilitario que le orille a evadir la acción de la justicia. Por tanto, una primera cantidad obtenida a partir de la obligación derivada de la fracción I del artículo 124 bis de la Ley de Amparo debe modularse, por un lado, mediante la capacidad económica del quejoso (fracción II), para establecer el límite inferior de la garantía y, por el otro, a través de la precaución de no disminuirla a tal grado que se promueva una posible conducta evasiva por parte del quejoso (fracción III)." Al respecto es pertinente señalar que si la garantía fijada se exhibe en billete de depósito, este debe ser constituido ante el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, de conformidad con el artículo 877 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado el dos de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. LA GARANTÍA RESPECTIVA, YA SEA EN BILLETE DE DEPÓSITO O PÓLIZA DE FIANZA, DEBERÁ CONTENER EL TEXTO SIGUIENTE EN EL APARTADO "CONCEPTO": "PARA GARANTIZAR LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA A **** EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1310/2023". En el entendido que, no se aceptará el billete si tiene inscripción diversa; asimismo, en el momento procesal en que se considere procedente la devolución de la citada garantía, el billete será endosado a nombre de la persona que aparezca como depositante; pero solo se entregará a la parte quejosa, o bien, a su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. II. MEDIDA DE ASEGURAMIENTO: OBLIGACIÓN DE LA PARTE QUEJOSA DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA QUE ACEPTE LA EXISTENCIA DEL ACTO. Adicionalmente, y solo para el caso de la suspensión concedida conforme al supuesto de lo inciso b), se impone a la parte quejosa la obligación de presentarse ante la autoridad que acepte la existencia del acto reclamado, en un plazo de TRES DÍAS, contado a partir de que tenga conocimiento de la certeza del acto, para la práctica de las diligencias correspondientes; lo anterior, sin que deban privarla de la libertad, ello en atención a lo establecido por el artículo 162, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia 1a./J. 149/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se citan: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso." Se apercibe a la parte quejosa que aun cuando haya exhibido la caución que se le exige, deberá acreditar que compareció dentro del plazo referido, ante la autoridad emisora del acto, para tal efecto, deberá exhibir constancia donde obre sello, firma, día y hora de la audiencia judicial mencionada, con el apercibimiento que de no hacerlo la medida suspensional otorgada dejará de surtir sus efectos y la caución exhibida se hará efectiva a favor de la Federación. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 1a./J. 94/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA. Del criterio sustentado por esta Primera Sala en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 226, así como de la exposición de motivos de la iniciativa que adicionó un segundo párrafo al artículo 138 de la Ley de Amparo, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y de los preceptos de dicha ley que rigen la suspensión del acto reclamado, se desprende que el Juez de amparo cuenta con las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes cuando conceda la suspensión tratándose de una orden de aprehensión emitida en contra del quejoso, entre ellas, la prevista en el citado párrafo, consistente en su comparecencia ante el Juez de la causa, como requisito para que surta efectos la suspensión concedida; medida que tiene como finalidad que el quejoso sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que le sea negado el amparo, que no se sustraiga a la acción de la justicia, y que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del propio artículo 138, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular del agraviado que solicita amparo en contra de un acto que afecta su libertad personal y el interés de la sociedad en general. De manera que aun cuando el segundo párrafo del citado precepto, no establece expresamente que la comparecencia del quejoso ante el juzgado de la causa tenga por objeto que rinda su declaración preparatoria, del análisis de los elementos antes citados se advierte que esa es precisamente su finalidad, toda vez que al ser dicha declaración parte de la instrucción, resulta necesaria para la continuación del proceso seguido en contra del quejoso, quien no puede quedar eximido de rendirla por gozar de la suspensión. Lo anterior, sin menoscabo del beneficio que en favor del gobernado prevé la fracción II del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que no podrá ser obligado a declarar, prerrogativa que puede hacer valer en el momento en que comparezca ante el Juez de la causa, al desahogo de dicha diligencia." Por último, se precisa que en el caso es dable prescindir de la fijación de una garantía y de medidas de aseguramiento en el supuesto de la suspensión concedida bajo el supuesto enunciado en el inciso a (orden privativa por delito que amerita prisión preventiva oficiosa) debido a que en ese caso, la medida cautelar se constriñe tan solo a que la parte quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en lo que se refiera a su libertad, pero a disposición de la autoridad responsable para los efectos de la continuación del procedimiento; de ahí que, al no recobrar su libertad por efectos de esta incidencia, tales medidas se consideran innecesarias. SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LA EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Por último, se precisa que la medida decretada no surtirá efecto en los siguientes casos: Si la orden combatida tiene como propósito que la parte quejosa cumpla con alguna sentencia ejecutoriada dictada en su contra. Si la orden fue materia de un diverso juicio de amparo en que se haya negado la protección constitucional solicitada. Si la parte quejosa fue sorprendida en flagrante delito o urgencia a la que alude el artículo 16, párrafo quinto constitucional; y, Si la orden reclamada fue dictada con posterioridad a la promoción de este amparo. Esta medida cautelar deberá ser acatada por las autoridades responsables, apercibidas que, en caso de desobediencia, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 206 de la Ley de Amparo.

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