Victor Esteban Oxte Gonzalez

Expediente 1260/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1260/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
22/11/2018

Partes del expediente

  • Victor Esteban Oxte Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de cinco de noviembre del presente año, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    VII. Vista la demanda de amparo promovida por Víctor Esteban Oxte González, contra el acto del Delegado del Registro Agrario Nacional del Estado de Yucatán, y de otras autoridades; se procede a proveer en relación con su admisión, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora, el referido artículo 113 de la Ley de Amparo, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de amparo, deben ser evidentes por sí mismos, o sea que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente; "indubitable", significa cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis jurisprudencial I.6º.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730, Tomo X, correspondiente al mes de septiembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora bien, este órgano jurisdiccional, de oficio, advierte que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, con relación al 6° ambos de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. El precepto 61, fracción XXIII, con relación al 6º de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto reclamado. En relación a lo anterior, debe decirse que uno de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo es el de agravio personal y directo, contemplado esencialmente en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, cuyos contenidos literalmente disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "ARTICULO 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los textos legales previamente reseñados, se advierte que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, lo que se entiende para efectos del juicio de amparo, la preexistencia de un derecho legalmente tutelado por la norma jurídica, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación; de lo cual, se reitera, ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el agravio personal y directo, fundamental para la procedencia del juicio de protección de derechos humanos. En ese sentido, el principio de instancia de parte agraviada consagrado en el artículo 5, fracción I, citado en párrafos precedentes, prevé la disposición imperativa de que sólo puede acudir al juicio de protección de derechos fundamentales quien resienta un menoscabo en sus derechos subjetivos de manera directa y personal, acción que podrá ejercer acorde al mencionado artículo 6 de la legislación en comento, por propia persona, por conducto de su representante legal o apoderado, defensor o persona extraña cuando la ley expresamente lo permita. Cobra cita al respecto, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que estimó que el perjuicio es la base para promover el juicio de amparo, misma que corresponde a la Séptima Época, tomo 205-216, tercera parte, y que es de rubro y texto siguientes: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. No debe confundirse el que el acto reclamado no viole garantías individuales cuando esté ajustado a la ley y que, por lo mismo, deba negarse el amparo, con la falta de perjuicio jurídico, porque dicho perjuicio puede causarse en obedecimiento a la aplicación de algún precepto legal que restrinja los derechos que crea tener el interesado, y, consiguientemente, si es cierto el acto reclamado y queda demostrado que se afectan los intereses del que ocurre al juicio de garantías, no debe sobreseerse en él por improcedencia". Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y definitivo, a la persona física o moral que se estime directamente afectada, y de no ser así, se actualizaría la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Para robustecer lo anterior, en la especie resulta conveniente citar el concepto de legitimación procesal activa, definido por la Segunda Sala, la cual es concebida como "la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia". Así, la legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercida en el juicio por aquél que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestiona, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. Aunado a ello, referida la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que la legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la legitimación ad causam lo es para que se pronuncie sentencia favorable. Razonamientos jurídicos que se encuentran inmersos en el criterio jurisprudencial registrado bajo la nomenclatura 2a./J. 75/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, enero de 1998, página 351, correspondiente a la Novena Época, cuyo contenido literalmente dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como acto reclamado la omisión de las autoridades responsables de dar contestación al escrito presentado ante la Delegación el día nueve de noviembre de dos mil diecisiete, creándose la solicitud 31170011859, en la cual se requirió la adopción de dominio pleno de la parcela 479 del ejido de Kikteil, así como la expedición y entrega del título de origen parcelario correspondiente. Bajo esa tesitura y tomando en consideración las precisiones expuestas en líneas anteriores, de las documentales anexas a la demanda de amparo, se advierte que la expedición del título de propiedad solicitado recae a favor de MARIO GARCÍA CÁRDENAS, y que el ahora quejoso acude ante la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional como gestor de los derechos de MARIO GARCÍA CÁRDENAS, se concluye que éste carece de legitimación procesal para instar el presente juicio de control constitucional, al no ubicarse en ninguno de los supuestos establecidos por la Ley de Amparo para que un tercero acuda en nombre del directamente afectado. Resultando aplicable la tesis XVII.2o.9 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 412 del Tomo III, Abril de 1996 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "LEGITIMACIÓN ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4° de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquel a quien la ley le otorga ese derecho." Sin que se soslaye que el promovente del presente juicio manifieste que es su voluntad encargarse del asunto como gestor de negocios conforme a los intereses del titular del derecho, a saber, MARIO GARCÍA CÁRDENAS, de conformidad a lo establecido en los artículos 1896, 1897 y 1898 del Código Civil Federal, que en relación a la figura que pretende ejercer, establecen lo siguiente: "ARTICULO 1,896.- El que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto de otro, debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio.". "ARTICULO 1,897.- El gestor debe desempeñar su encargo con toda la diligencia que emplea en sus negocios propios, e indemnizará los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia se irroguen al dueño de los bienes o negocios que gestione.". "ARTICULO 1,898.- Si la gestión tiene por objeto evitar un daño inminente al dueño, el gestor no responde más que de su dolo o de su falta grave.". Como se desprende de los preceptos legales en cita, al igual que del resto de los que conforman el capítulo correspondiente a la gestión de negocios (1896 a 1909 del Código Civil Federal), ésta se constituye como la acción de intervenir en asuntos que no son propios, sin estar autorizado por el interesado o dueño ni tener obligación legal de hacerlo; lo que requiere, además, como justificación legal e incluso de hecho, que la gestión verse sobre asuntos e intereses determinados que estén momentáneamente abandonados por su titular, porque se encuentre ausente o impedido para atenderlos personalmente, o porque no tenga para su cuidado ningún representante o administrador. En materia procesal, la gestión de negocios adquiere matices propios, en la medida que implica el ejercicio de actos jurídicos referidos a un proceso que conllevan la ejecución de un derecho que en principio únicamente corresponde a la parte interesada o a su representante; consistiendo entonces, para el gestor, en la capacidad de ser parte y la aptitud jurídica de ser titular de derechos y obligaciones de carácter procesal que a las partes se refiere, cuya actualización en un proceso, depende de que las leyes aplicables lo permitan expresamente. Bajo ese orden de ideas, debe decirse que tratándose del juicio de amparo, sí existen ciertos casos de gestión judicial, empero, éstos deben entenderse limitados a los que expresamente regula la ley de la materia, la cual establece de forma clara y suficiente los supuestos en los que puede comparecer una persona ajena al titular del derecho afectado a promover el juicio de control constitucional, por lo que resulta inconducente acudir a las reglas generales que regulan dicha institución jurídica. En efecto, como se apuntó previamente, acorde a lo dispuesto en los precitados artículos 5º y 6º de la Ley de Amparo, sólo puede acudir a la presente vía quien resienta un menoscabo en sus derechos subjetivos de manera directa y personal, lo que puede hacer por propia persona, por conducto de su representante legal o apoderado, defensor o persona extraña cuando la ley expresamente lo permita, a saber, los casos expresamente previstos en los numerales 8º y 15 de la legislación en consulta, que en lo conducente señalan (énfasis añadido): "Artículo 8o. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa. [.]". "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. [.]". Así pues, de lo antes expuesto se advierten cuáles son los únicos casos en los que una persona ajena al titular del derecho puede comparecer, sin representación alguna, a instar el juicio de amparo; siendo que, en la especie, el promovente no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de referencia, pues en momento alguno se hace mención a que el directamente agraviado sea un menor de edad, una persona con discapacidad o sujeta a interdicción, sino que, por el contrario, el motivo a que se alude para la promoción del presente asunto acorde a la figura jurídica de la gestión de negocios, es que se desconoce el paradero de quien es titular del derecho que se pretende defender. Además, el acto que por esta vía se combate no deriva de un procedimiento de carácter penal sino de un trámite de naturaleza agrario, tal y como lo precisa el mismo promovente; ni tampoco constituya una actuación que importe peligro de privación de la vida, ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De ahí que, se insiste, el presente juicio de amparo deviene improcedente al no promoverse por el directamente agraviado o por conducto de quien ostente legalmente su representación, aunado a que no se ubica en alguno de los supuestos en los que puede acudir cualquier persona en su nombre. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la tesis I.15o.A.15 K emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de 2006, página 1216, con número de registro 174714, cuyos rubro y texto son: "GESTIÓN DE NEGOCIOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SU APLICACIÓN SE ENCUENTRA LIMITADA A LOS CASOS EXPRESAMENTE PREVISTOS EN LA LEY RELATIVA Y NO ADMITE LA SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. De lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley de Amparo se desprende que el juicio de garantías puede promoverse por el agraviado o afectado en sus derechos públicos subjetivos por un acto autoritario, pudiendo hacerlo por sí o por conducto de su representante legal, apoderado o defensor. Sin embargo, del examen de las demás disposiciones de esa ley y, en particular, de la interpretación de sus artículos 6o., 15, 17 y 213, fracción II, se arriba a la conclusión de que, por excepción, la promoción y seguimiento del amparo se puede realizar a través de terceras personas en los supuestos específicos que lo autorizan; de modo que la facultad de dar impulso al procedimiento es limitativa, con las excepciones que la propia ley de la materia establece y que dada la singularidad de sus hipótesis, se trata de casos típicos de gestión judicial, por cuanto permiten que promuevan el juicio de garantías o intervengan en él personas que no son los agraviados directos, sus representantes legales, apoderados o sus defensores. En ese sentido, si la regla general está dispuesta en el artículo 4o., y sólo por excepción se admite la gestión judicial en los supuestos y con las condiciones expresamente establecidas en el ordenamiento de la materia (artículos 6o., 15, 17 y 213, fracción II), es evidente que tanto la institución de la legitimación como la gestión judicial en el amparo, están suficientemente reguladas y no requieren de acudir a los elementos generales de la gestión de negocios prevista en forma diversa en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, porque de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1896 a 1909 del Código Civil Federal, la gestión de negocios sólo es una fuente de obligaciones, en la que no existe propiamente una representación aun convencional o que dimane de la ley, porque únicamente constituye una declaración unilateral de la voluntad por parte del gestor cuya eficacia está condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos que no solamente dependen de la ley, sino también de la voluntad del titular del derecho relativo; de ahí que esa institución no puede operar válidamente en casos distintos a los expresamente permitidos en la Ley de Amparo. Consecuentemente, debe negarse intervención a aquella persona que pretenda promover en el juicio de amparo como gestor de negocios, si no se actualiza alguno de los supuestos de gestión oficiosa permitidos en la legislación especial de la materia.". En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con en el dispositivo 6°, ambos de la Ley de Amparo, y por tanto, con apoyo en el precitado numeral 113 de la propia legislación, se desecha la demanda. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en su demanda de amparo; y como autorizados a Juan Carlos Briceño González, Gloria María Magaña Castillo y Luis Martín Segovia Puc, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y por lo que respecta a Laura Scarlett Espinoza Rivera, Omar Iossef Magaña Castillo, María Natividad Mex González, Xiomara Achach Vázquez y Víctor Esteban Oxte González, con las limitaciones que establece la parte final del último párrafo del citado numeral, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por licencia académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número SECJ/STB/1223/2018, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, asistido de Pablo Pérez Pacheco, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VII. Vista la demanda de amparo promovida por Víctor Esteban Oxte González, contra el acto del Delegado del Registro Agrario Nacional del Estado de Yucatán, y de otras autoridades; se procede a proveer en relación con su admisión, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora, el referido artículo 113 de la Ley de Amparo, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de amparo, deben ser evidentes por sí mismos, o sea que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente; "indubitable", significa cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis jurisprudencial I.6º.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730, Tomo X, correspondiente al mes de septiembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora bien, este órgano jurisdiccional, de oficio, advierte que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, con relación al 6° ambos de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. El precepto 61, fracción XXIII, con relación al 6º de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto reclamado. En relación a lo anterior, debe decirse que uno de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo es el de agravio personal y directo, contemplado esencialmente en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, cuyos contenidos literalmente disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "ARTICULO 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los textos legales previamente reseñados, se advierte que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, lo que se entiende para efectos del juicio de amparo, la preexistencia de un derecho legalmente tutelado por la norma jurídica, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación; de lo cual, se reitera, ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el agravio personal y directo, fundamental para la procedencia del juicio de protección de derechos humanos. En ese sentido, el principio de instancia de parte agraviada consagrado en el artículo 5, fracción I, citado en párrafos precedentes, prevé la disposición imperativa de que sólo puede acudir al juicio de protección de derechos fundamentales quien resienta un menoscabo en sus derechos subjetivos de manera directa y personal, acción que podrá ejercer acorde al mencionado artículo 6 de la legislación en comento, por propia persona, por conducto de su representante legal o apoderado, defensor o persona extraña cuando la ley expresamente lo permita. Cobra cita al respecto, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que estimó que el perjuicio es la base para promover el juicio de amparo, misma que corresponde a la Séptima Época, tomo 205-216, tercera parte, y que es de rubro y texto siguientes: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. No debe confundirse el que el acto reclamado no viole garantías individuales cuando esté ajustado a la ley y que, por lo mismo, deba negarse el amparo, con la falta de perjuicio jurídico, porque dicho perjuicio puede causarse en obedecimiento a la aplicación de algún precepto legal que restrinja los derechos que crea tener el interesado, y, consiguientemente, si es cierto el acto reclamado y queda demostrado que se afectan los intereses del que ocurre al juicio de garantías, no debe sobreseerse en él por improcedencia". Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y definitivo, a la persona física o moral que se estime directamente afectada, y de no ser así, se actualizaría la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Para robustecer lo anterior, en la especie resulta conveniente citar el concepto de legitimación procesal activa, definido por la Segunda Sala, la cual es concebida como "la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia". Así, la legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercida en el juicio por aquél que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestiona, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. Aunado a ello, referida la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que la legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la legitimación ad causam lo es para que se pronuncie sentencia favorable. Razonamientos jurídicos que se encuentran inmersos en el criterio jurisprudencial registrado bajo la nomenclatura 2a./J. 75/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, enero de 1998, página 351, correspondiente a la Novena Época, cuyo contenido literalmente dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como acto reclamado la omisión de las autoridades responsables de dar contestación al escrito presentado ante la Delegación el día nueve de noviembre de dos mil diecisiete, creándose la solicitud 31170011859, en la cual se requirió la adopción de dominio pleno de la parcela 479 del ejido de Kikteil, así como la expedición y entrega del título de origen parcelario correspondiente. Bajo esa tesitura y tomando en consideración las precisiones expuestas en líneas anteriores, de las documentales anexas a la demanda de amparo, se advierte que la expedición del título de propiedad solicitado recae a favor de MARIO GARCÍA CÁRDENAS, y que el ahora quejoso acude ante la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional como gestor de los derechos de MARIO GARCÍA CÁRDENAS, se concluye que éste carece de legitimación procesal para instar el presente juicio de control constitucional, al no ubicarse en ninguno de los supuestos establecidos por la Ley de Amparo para que un tercero acuda en nombre del directamente afectado. Resultando aplicable la tesis XVII.2o.9 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 412 del Tomo III, Abril de 1996 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "LEGITIMACIÓN ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4° de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquel a quien la ley le otorga ese derecho." Sin que se soslaye que el promovente del presente juicio manifieste que es su voluntad encargarse del asunto como gestor de negocios conforme a los intereses del titular del derecho, a saber, MARIO GARCÍA CÁRDENAS, de conformidad a lo establecido en los artículos 1896, 1897 y 1898 del Código Civil Federal, que en relación a la figura que pretende ejercer, establecen lo siguiente: "ARTICULO 1,896.- El que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto de otro, debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio.". "ARTICULO 1,897.- El gestor debe desempeñar su encargo con toda la diligencia que emplea en sus negocios propios, e indemnizará los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia se irroguen al dueño de los bienes o negocios que gestione.". "ARTICULO 1,898.- Si la gestión tiene por objeto evitar un daño inminente al dueño, el gestor no responde más que de su dolo o de su falta grave.". Como se desprende de los preceptos legales en cita, al igual que del resto de los que conforman el capítulo correspondiente a la gestión de negocios (1896 a 1909 del Código Civil Federal), ésta se constituye como la acción de intervenir en asuntos que no son propios, sin estar autorizado por el interesado o dueño ni tener obligación legal de hacerlo; lo que requiere, además, como justificación legal e incluso de hecho, que la gestión verse sobre asuntos e intereses determinados que estén momentáneamente abandonados por su titular, porque se encuentre ausente o impedido para atenderlos personalmente, o porque no tenga para su cuidado ningún representante o administrador. En materia procesal, la gestión de negocios adquiere matices propios, en la medida que implica el ejercicio de actos jurídicos referidos a un proceso que conllevan la ejecución de un derecho que en principio únicamente corresponde a la parte interesada o a su representante; consistiendo entonces, para el gestor, en la capacidad de ser parte y la aptitud jurídica de ser titular de derechos y obligaciones de carácter procesal que a las partes se refiere, cuya actualización en un proceso, depende de que las leyes aplicables lo permitan expresamente. Bajo ese orden de ideas, debe decirse que tratándose del juicio de amparo, sí existen ciertos casos de gestión judicial, empero, éstos deben entenderse limitados a los que expresamente regula la ley de la materia, la cual establece de forma clara y suficiente los supuestos en los que puede comparecer una persona ajena al titular del derecho afectado a promover el juicio de control constitucional, por lo que resulta inconducente acudir a las reglas generales que regulan dicha institución jurídica. En efecto, como se apuntó previamente, acorde a lo dispuesto en los precitados artículos 5º y 6º de la Ley de Amparo, sólo puede acudir a la presente vía quien resienta un menoscabo en sus derechos subjetivos de manera directa y personal, lo que puede hacer por propia persona, por conducto de su representante legal o apoderado, defensor o persona extraña cuando la ley expresamente lo permita, a saber, los casos expresamente previstos en los numerales 8º y 15 de la legislación en consulta, que en lo conducente señalan (énfasis añadido): "Artículo 8o. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa. [.]". "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. [.]". Así pues, de lo antes expuesto se advierten cuáles son los únicos casos en los que una persona ajena al titular del derecho puede comparecer, sin representación alguna, a instar el juicio de amparo; siendo que, en la especie, el promovente no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de referencia, pues en momento alguno se hace mención a que el directamente agraviado sea un menor de edad, una persona con discapacidad o sujeta a interdicción, sino que, por el contrario, el motivo a que se alude para la promoción del presente asunto acorde a la figura jurídica de la gestión de negocios, es que se desconoce el paradero de quien es titular del derecho que se pretende defender. Además, el acto que por esta vía se combate no deriva de un procedimiento de carácter penal sino de un trámite de naturaleza agrario, tal y como lo precisa el mismo promovente; ni tampoco constituya una actuación que importe peligro de privación de la vida, ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De ahí que, se insiste, el presente juicio de amparo deviene improcedente al no promoverse por el directamente agraviado o por conducto de quien ostente legalmente su representación, aunado a que no se ubica en alguno de los supuestos en los que puede acudir cualquier persona en su nombre. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la tesis I.15o.A.15 K emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de 2006, página 1216, con número de registro 174714, cuyos rubro y texto son: "GESTIÓN DE NEGOCIOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SU APLICACIÓN SE ENCUENTRA LIMITADA A LOS CASOS EXPRESAMENTE PREVISTOS EN LA LEY RELATIVA Y NO ADMITE LA SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. De lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley de Amparo se desprende que el juicio de garantías puede promoverse por el agraviado o afectado en sus derechos públicos subjetivos por un acto autoritario, pudiendo hacerlo por sí o por conducto de su representante legal, apoderado o defensor. Sin embargo, del examen de las demás disposiciones de esa ley y, en particular, de la interpretación de sus artículos 6o., 15, 17 y 213, fracción II, se arriba a la conclusión de que, por excepción, la promoción y seguimiento del amparo se puede realizar a través de terceras personas en los supuestos específicos que lo autorizan; de modo que la facultad de dar impulso al procedimiento es limitativa, con las excepciones que la propia ley de la materia establece y que dada la singularidad de sus hipótesis, se trata de casos típicos de gestión judicial, por cuanto permiten que promuevan el juicio de garantías o intervengan en él personas que no son los agraviados directos, sus representantes legales, apoderados o sus defensores. En ese sentido, si la regla general está dispuesta en el artículo 4o., y sólo por excepción se admite la gestión judicial en los supuestos y con las condiciones expresamente establecidas en el ordenamiento de la materia (artículos 6o., 15, 17 y 213, fracción II), es evidente que tanto la institución de la legitimación como la gestión judicial en el amparo, están suficientemente reguladas y no requieren de acudir a los elementos generales de la gestión de negocios prevista en forma diversa en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, porque de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1896 a 1909 del Código Civil Federal, la gestión de negocios sólo es una fuente de obligaciones, en la que no existe propiamente una representación aun convencional o que dimane de la ley, porque únicamente constituye una declaración unilateral de la voluntad por parte del gestor cuya eficacia está condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos que no solamente dependen de la ley, sino también de la voluntad del titular del derecho relativo; de ahí que esa institución no puede operar válidamente en casos distintos a los expresamente permitidos en la Ley de Amparo. Consecuentemente, debe negarse intervención a aquella persona que pretenda promover en el juicio de amparo como gestor de negocios, si no se actualiza alguno de los supuestos de gestión oficiosa permitidos en la legislación especial de la materia.". En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con en el dispositivo 6°, ambos de la Ley de Amparo, y por tanto, con apoyo en el precitado numeral 113 de la propia legislación, se desecha la demanda. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en su demanda de amparo; y como autorizados a Juan Carlos Briceño González, Gloria María Magaña Castillo y Luis Martín Segovia Puc, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y por lo que respecta a Laura Scarlett Espinoza Rivera, Omar Iossef Magaña Castillo, María Natividad Mex González, Xiomara Achach Vázquez y Víctor Esteban Oxte González, con las limitaciones que establece la parte final del último párrafo del citado numeral, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por licencia académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número SECJ/STB/1223/2018, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, asistido de Pablo Pérez Pacheco, que autoriza y da fe.

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