Víctor Ernesto Frías Aguilera

Expediente 50/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
50/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
10/05/2021

Partes del expediente

  • Víctor Ernesto Frías Aguilera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el plazo de tres días concedido a las partes, en proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veinte, se sobreseyó en el presente asunto y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, en contra del acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Tramitación Común I, con residencia en Celaya. Ahora bien, la protección constitucional se concedió para el efecto de que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Tramitación Común I, con residencia en Celaya: Efectuara los pronunciamientos que conforme a derecho correspondieran en torno de la solicitud presentada el treinta de octubre de dos mil diecinueve, por la defensora de ********************, en la carpeta de investigación ********************, de su estadística. Al emitir el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto, además de fundar y motivar debidamente, debería ser coherente con los aspectos sometidos a su potestad. Notificara esa decisión a ******************** o a su defensora, en el domicilio que al efecto hubieren señalado en el escrito en mención, en los términos precisados en el considerando quinto de la sentencia de amparo. Remitiera a este órgano jurisdiccional copia certificada del documento que al efecto redactara, así como de la notificación, para su calificación. Asimismo, dentro del cuerpo de la sentencia de mérito, se estableció que, una vez que la autoridad responsable recibiera el oficio en el que se le requiera el cumplimiento del fallo, dispondría del plazo de tres días para emitir la determinación que correspondiera y, fenecido dicho plazo, dentro de las veinticuatro horas siguientes: Debería notificarla personalmente, en el domicilio que el aquí quejoso haya señalado para recibir notificaciones, derivadas de la instancia. Al constituirse en el domicilio, el notificador debería cerciorarse de constituirse en el domicilio del interesado, solicitará su presencia o la de su representante (en este caso, de su defensora) y una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregaría copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabaría su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique (en este caso, de la resolución con el que se dé respuesta a las peticiones contenidas en el escrito de treinta de octubre de dos mil diecinueve) Se asentaría en el acta los datos del servidor público que haya practicado la notificación. En el supuesto de que el quejoso o su defensora no fueren localizados, el notificador dejaría citatorio con cualquier persona que se encontrara en el domicilio, estableciendo una hora fija del día hábil siguiente, para que lo espere. Si la persona a quien deba notificarse hiciere caso omiso del citatorio, la notificación se entendería con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia. En este caso, si esa persona se niega a recibirla o el domicilio se encuentre cerrado, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio. En cumplimiento a lo anterior, el Delegado del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Trámite Común I, con residencia en esta ciudad, diversas constancias con las cuales adujo cumplir con la sentencia protectora. Mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, este Juzgado determinó que el fallo protector no se encontraba cumplido en su totalidad, por lo que se requirió al Delegado del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Trámite Común I, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días legalmente computado, diera cabal cumplimiento a la ejecutoria de mérito. En cumplimiento a lo anterior, el Delegado del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Trámite Común I, con residencia en esta ciudad, remitió el oficio 1157/2021, al que adjuntó copia certificada de la determinación de no ejercicio de la acción penal, de su respectiva notificación, así como de los oficios girados al Juez Único de Partido de Moroleón y al Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad; constancias con las cuales adujo cumplir con la sentencia protectora. Ahora, del examen de las constancias remitidas por el Delegado del Ministerio Público I de la Unidad de Investigación de Tramitación Común, con residencia en esta ciudad, que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno, se desprende que: El quince de octubre de dos mil veinte, emitió el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación ********************; El veintiuno de abril del año en curso, notificó personalmente al quejoso y a su defensora, la determinación de no ejercicio de la acción penal; y Como lo solicitó la parte quejosa, giró los oficios correspondientes a los Juzgados Único de Partido de Moroleón y al Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, para que levantaran la suspensión del procedimiento, en los juicios especial hipotecario ******************** y ejecutivo mercantil ********************, respectivamente. En esa tesitura, es inconcuso que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional y no se tramitó incidente de suspensión, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el plazo de tres días concedido a las partes, en proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veinte, se sobreseyó en el presente asunto y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, en contra del acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Tramitación Común I, con residencia en Celaya. Ahora bien, la protección constitucional se concedió para el efecto de que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Tramitación Común I, con residencia en Celaya: Efectuara los pronunciamientos que conforme a derecho correspondieran en torno de la solicitud presentada el treinta de octubre de dos mil diecinueve, por la defensora de ********************, en la carpeta de investigación ********************, de su estadística. Al emitir el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto, además de fundar y motivar debidamente, debería ser coherente con los aspectos sometidos a su potestad. Notificara esa decisión a ******************** o a su defensora, en el domicilio que al efecto hubieren señalado en el escrito en mención, en los términos precisados en el considerando quinto de la sentencia de amparo. Remitiera a este órgano jurisdiccional copia certificada del documento que al efecto redactara, así como de la notificación, para su calificación. Asimismo, dentro del cuerpo de la sentencia de mérito, se estableció que, una vez que la autoridad responsable recibiera el oficio en el que se le requiera el cumplimiento del fallo, dispondría del plazo de tres días para emitir la determinación que correspondiera y, fenecido dicho plazo, dentro de las veinticuatro horas siguientes: Debería notificarla personalmente, en el domicilio que el aquí quejoso haya señalado para recibir notificaciones, derivadas de la instancia. Al constituirse en el domicilio, el notificador debería cerciorarse de constituirse en el domicilio del interesado, solicitará su presencia o la de su representante (en este caso, de su defensora) y una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregaría copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabaría su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique (en este caso, de la resolución con el que se dé respuesta a las peticiones contenidas en el escrito de treinta de octubre de dos mil diecinueve) Se asentaría en el acta los datos del servidor público que haya practicado la notificación. En el supuesto de que el quejoso o su defensora no fueren localizados, el notificador dejaría citatorio con cualquier persona que se encontrara en el domicilio, estableciendo una hora fija del día hábil siguiente, para que lo espere. Si la persona a quien deba notificarse hiciere caso omiso del citatorio, la notificación se entendería con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia. En este caso, si esa persona se niega a recibirla o el domicilio se encuentre cerrado, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio. En cumplimiento a lo anterior, el Delegado del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Trámite Común I, con residencia en esta ciudad, diversas constancias con las cuales adujo cumplir con la sentencia protectora. Mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, este Juzgado determinó que el fallo protector no se encontraba cumplido en su totalidad, por lo que se requirió al Delegado del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Trámite Común I, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días legalmente computado, diera cabal cumplimiento a la ejecutoria de mérito. En cumplimiento a lo anterior, el Delegado del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Trámite Común I, con residencia en esta ciudad, remitió el oficio 1157/2021, al que adjuntó copia certificada de la determinación de no ejercicio de la acción penal, de su respectiva notificación, así como de los oficios girados al Juez Único de Partido de Moroleón y al Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad; constancias con las cuales adujo cumplir con la sentencia protectora. Ahora, del examen de las constancias remitidas por el Delegado del Ministerio Público I de la Unidad de Investigación de Tramitación Común, con residencia en esta ciudad, que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno, se desprende que: El quince de octubre de dos mil veinte, emitió el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación ********************; El veintiuno de abril del año en curso, notificó personalmente al quejoso y a su defensora, la determinación de no ejercicio de la acción penal; y Como lo solicitó la parte quejosa, giró los oficios correspondientes a los Juzgados Único de Partido de Moroleón y al Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, para que levantaran la suspensión del procedimiento, en los juicios especial hipotecario ******************** y ejecutivo mercantil ********************, respectivamente. En esa tesitura, es inconcuso que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional y no se tramitó incidente de suspensión, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    Agréguense a sus autos los oficios que suscribe el Delegado del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Trámite Común I, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en el presente juicio; con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidas que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio que vía electrónica remite el Delegado del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Trámite Común I, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Asimismo, téngasele proporcionando el correo electrónico y el número de teléfono que refiere, para entablar contacto en relación al presente asunto. Ahora bien, tomando en consideración que el Agente responsable menciona que a la fecha en que remitió el oficio que se acuerda, se encontraba en espera de que el aquí quejoso se presentara ante él, a fin de realizar la notificación correspondiente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Tramitación Común I, con residencia en Celaya, para que dentro del término de tres días legalmente computado, dé total cumplimiento a la ejecutoria de mérito y remita copia certificada legible de las constancias que así lo acrediten, esto es, que haya emitido respuesta o haya hecho referencia a la solicitud presentada el treinta de octubre de dos mil diecinueve, por la defensora de *****************, en la carpeta de investigación *************, de su estadística (cuya omisión de dar respuesta, constituye el acto reclamado) y, además, haya seguido los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, a fin de realizar la notificación correspondiente al aquí quejoso, tal y como se le explicó en proveído de veintiséis de noviembre pasado, o en su caso, manifieste el impedimento legal que tuviere para ello. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, tal como lo prevén los artículos 238 y 258, ambos en relación con el propio 192, todos de la Ley de Amparo, y que asimismo, se remitirá el presente expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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