Víctor Emmanuel Suárez Espinosa
Expediente 151/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 151/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/02/2016
Partes del expediente
- Víctor Emmanuel Suárez Espinosa
- Procurador General de Justicia del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
Agréguese a los autos los oficios de cuenta, signados por el Director y el Jefe de Vigilancia, ambos del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" Almoloya de Juárez, Estado de México, a través de los cuales rinden su informe previo; por tanto, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia incidental.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se colige que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que alguna de las partes hubiese recurrido la resolución de tres de marzo del presente año, por la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 288, 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, glósense los cuadernos incidentales y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora, en conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social ni económica; por lo que en su oportunidad es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, considerando vigésimo primero, fracción II, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído.
- Principal
se resuelve: se sobreesee...
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar la razón actuarial por la cual la funcionaria judicial adscrita hace constar que no pudo entregar el oficio 3080, dirigido al Director de la Policía Ministerial en Toluca, México, toda vez que al constituirse en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, fue atendida por una persona que dijo estar adscrito a la Subdirección de Amparos, la cual informó que dicha autoridad no existe como tal dentro del organigrama de la citada institución. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en diverso proveído de seis de febrero del año en curso y, se deja de tener como responsable a la mencionada autoridad, para los efectos del presente juicio; por tanto, suspéndase toda comunicación con la misma. En apoyo de la determinación aquí asumida, se cita la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. [Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 9ª Época; Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve]. Así como la tesis aislada, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIÉNES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo. (9ª Época, S. J. F., Tomo XII, Materia Común, Septiembre de 1993)
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