Víctor Emmanuel Mercado Jaimes y Otros.
Expediente 289/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 26 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 289/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 14/10/2022
Partes del expediente
- Víctor Emmanuel Mercado Jaimes y Otros.
- Víctor Emmanuel Mercado Jaimes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Ciudad de México, catorce de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el escrito del autorizado de la parte quejosa, por medio del cual solicita que ya no se realicen las notificaciones a través del usuario señalado y que fue generado por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; asimismo, refiere que se rehúsa al cargo que tiene como mandatario en el presente juicio. En su atención, se ordena dar vista al quejoso con el escrito de cuenta, por el término de tres días hábiles, a efecto de que lo ratifique y, en su caso, manifesté lo que a su derecho convenga. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que no realizar manifestación alguna se tendrá por no presentado el escrito aludido; lo anterior, en virtud de que es una facultad exclusiva del directo quejoso autorizar o revocar a las personas que así haya designado en el presente sumario, en términos de los artículos 12 y 24 de la Ley de la Materia. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación y cuenta que anteceden, se advierte que el plazo de veinte días, otorgado a la parte quejosa ******, por auto de ocho de agosto de dos mil veintidós (notificado vía electrónica el diecisiete de agosto siguiente), para acreditar el pago realizado para la publicación de los edictos respectivos para lograr el emplazamiento al presente juicio del tercero interesado **********, transcurrió del dieciocho de agosto al diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, sin contar los días veinte, veintiuno, veintisiete, veintiocho de agosto, así como los días tres, cuatro, diez, once y catorce a dieciocho de septiembre, todos de la presente anualidad, por ser inhábiles y no correr los términos de ley, sin que recogiera los mismos la parte quejosa; en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el articulo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 27, fracción III, inciso b) y 5o., fracción III, de la ley de la materia, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: [.] b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa de la parte quejosa en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo.". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter. (.).". Es preciso referir que por acuerdo de doce de abril de dos mil veintidós, se tuvo como tercero interesado a ***********; al no haberse podido emplazar a juicio, se solicitó por auto veintinueve de abril último, al Ministerio Público tercero interesado un domicilio a efecto de emplazarlo; después, por auto de siete de junio último, se ordenó la búsqueda a través de diversas autoridades, misma que resultó infructuosa. Posteriormente, en proveído de por auto de ocho de agosto de dos mil veintidós (notificado vía electrónica el diecisiete de agosto siguiente), se ordenó su emplazamiento por edictos, los cuales no fueron recogidos y, por obvio, tampoco se acreditó el haber realizado el pago correspondiente para su publicación, o bien, se manifestara el impedimento que en su caso se tuvo para hacerlo. Por tanto, como se adelantó, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, y 5o., fracción III, todos de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, ya que la parte quejosa incumplió con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que este juzgador no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en este asunto. Sustenta lo expuesto las jurisprudencias siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A IMPONER MEDIDAS DE APREMIO AL QUEJOSO POR INCUMPLIR LA CARGA PROCESAL DE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Si se parte de que las cargas procesales son de naturaleza distinta a los deberes procesales, debe admitirse que los efectos de la insatisfacción de las primeras produce una consecuencia desfavorable que perjudica el interés del propio quejoso, sin que pueda obligársele a cumplir la carga procesal; entre tanto, ante el incumplimiento de un deber procesal, el juzgador puede hacer cumplir su determinación mediante coacción, o sea, imponiendo medidas de apremio. En esa tesitura, la determinación relativa a que el quejoso realice las gestiones necesarias para el emplazamiento por edictos al tercero perjudicado constituye una carga procesal, en el entendido de que, en caso de darle satisfacción, provocaría una situación jurídica favorable para su interés dentro del proceso constitucional, pues impulsará la continuación del juicio de amparo; mientras que la omisión de cumplir esa carga, únicamente lo colocaría en una situación de desventaja por la posibilidad de que, eventualmente, se sobresea en el juicio de amparo por actualizarse una causa de improcedencia. Por tanto, sin menoscabo de reconocer que, en relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado, lo cierto es que, de subsistir la indicada carga procesal y frente al incumplimiento de la determinación ordenada en autos relativa a que el propio quejoso realice las gestiones necesarias para emplazar al tercero perjudicado a través de los edictos, aquél no está en posibilidad y, por mayoría de razón, no está obligado a imponer al quejoso medida de apremio alguna; por lo que en tal escenario, sólo cabe que dicho juzgador lo aperciba para que, en caso de no cumplir sin causa justificada la indicada carga procesal, se sobresea en el juicio respectivo, con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 5o., fracción III y 30, fracción II, todos de la Ley de Amparo abrogada, así como 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO. GENERA PARA EL QUEJOSO LAS OBLIGACIONES DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA. De la jurisprudencia 64/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", se desprende que a la orden de emplazar por edictos a los terceros perjudicados le siguen tres distintos momentos, y otras tantas obligaciones a cargo de la parte quejosa, a saber, recoger los edictos, pagar su publicación y exhibir ésta, de tal suerte que la parte demandante de garantías debe satisfacer todos y cada uno de esos deberes, pero es evidente que no podrá hacerlo en una sola oportunidad, sino que debe seguir una secuencia lógica que, de suyo, entraña diversos tiempos, ya que, primero, recoge los edictos; a continuación, los paga; y, por último, espera las publicaciones para poder exhibirlas, para lo cual es menester dejar transcurrir el término legalmente previsto en cuanto al espaciamiento de cada publicación, según se desprende de la lectura correlacionada de los artículos 30, fracción II, de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por ende, no puede exigirse a los quejosos que, en un solo término procesal, den cumplimiento a las tres obligaciones a su cargo, pues podrán recoger y pagar los edictos en un breve plazo, pero las publicaciones sólo podrán exhibirlas hasta que se hayan realizado con la periodicidad legalmente prevista en el precepto invocado en segundo término.". Audiencia constitucional Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con ocho minutos del día de la fecha. Notifíquese; y, personalmente.
- Principal
Ciudad de México, a uno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito del autorizado de la parte quejosa, por medio del cual, en esencia, se solicita que se exente al quejoso del pago de los edictos y, además, que se realicen diversas diligencias a efectos de demostrar su insolvencia económica. Al respecto, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de once de agosto de dos mil veintidós, en el que, como ya se mencionó, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado por medio de edictos, en virtud de que la búsqueda complementaria para localizarlo resultó infructuosa. En efecto, no es dable obsequiar lo peticionado por el autorizado del justiciable, en virtud de lo siguiente: El artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, reza: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) c) Cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación sin costo para el quejoso. (.).". Como se ve, la única excepción para que al quejoso se le exima de la carga procesal de sufragar el pago de edictos, ante la no localización del tercero interesado es que, a criterio del juzgador, aquel sea una persona de escasos recursos, lo que puede acontecer también, cuando se trate de una persona que esté en un caso de vulnerabilidad. En la especie, de a demanda de amparo se advierte que el quejoso tiene el carácter de víctima en la indagatoria *******************, en la que se investiga el hecho que la ley señala como delito de lesiones culposas que ponen en peligro la vida. Por otra parte, atento al contenido del mencionado escrito inicial, se observa que realizó diversas manifestaciones relacionadas con el acto reclamado, hecho fáctico del cual no se desprende que se encuentra en algún caso de vulnerabilidad o que sea una persona de escasos recursos. Sin embargo, en el escrito que se atiende, únicamente expresó bajo protesta de decir verdad su insolvencia y solicitó se giraran diversos oficios y un perito en trabajo social, sin adjuntar prueba alguna para acreditar tal hecho. En esas condiciones, no basta la simple manifestación por parte del quejoso para acreditar su falta de capacidad económica, pues para estar en aptitud de acceder a lo que pide, es menester tener por acreditado o, por lo menos, contar con elemento o indicio suficiente de situación de precariedad relevante que evidencie condiciones o parámetros que refieran pobreza, para estar en posibilidad, en su caso, de ponderar si es dable que el pago correspondiente de los edictos corra a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Es importante mencionar que, tampoco existe indicio de que se esté en presencia de una persona que pertenezca a un grupo vulnerable que lo exima del pago correspondiente, dado que no se advierte que el amparista se ubique en alguna condición multifactorial que lo coloque en situaciones de riesgo o discriminación que le impida alcanzar mejores niveles de vida y lograr su bienestar y, en esa medida, no sea sujeto con la capacidad económica suficiente para sufragar la publicación de edictos correspondiente. En consecuencia, ya que no se encuentra comprobado el impedimento económico o financiero aducido, no es dable que se le exima de la carga procesal de sufragar el pago de edictos, ante la no localización del tercero interesado. A similar conclusión llegó el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos, el recurso de queja 58/2022, en sesión ordinaria virtual de veintiocho de abril último, en el que consideró, esencialmente, lo siguiente: "(.) se precisa que la materia de la presente queja se delimita a la porción del auto impugnado relativa al emplazamiento por edictos del tercero, que correría a costa de la propia quejosa. Actuar del Juez de Distrito que se estima correcto. Ello, en razón a que en el juicio de amparo, debe emplazarse al tercero interesado no como un formalismo, sino para cumplir con los derechos que tienen todas las partes de un proceso. El principal es el de ser llamado al juicio para ejercer su derecho de defensa. De este modo, el emplazamiento del tercero interesado no agota y materializa su derecho de defensa previa, aun cuando ese llamamiento tiene una envergadura procesal de alta importancia, porque constituye el inicio del respeto al debido proceso, pues únicamente es el punto de partida de éste, porque el tercero tendrá derecho a defenderse en el proceso y no solo a enterarse de él, por lo que para hacer válido su derecho de defensa, podrá interponer los incidentes y medios de impugnación que estime necesarios. Así, las prerrogativas del tercero interesado no pueden estar sometidas y supeditadas a la conducta procesal de las demás partes, porque de otro modo, no podrá materializar su propio derecho de defensa, que es parte indispensable y necesaria del núcleo duro del derecho al debido proceso y, por ende, no se le puede negar a nadie. Además que conforme al artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, al citado tercero interesado, deberá de ser en forma personal; por consiguiente, cuando no conste en autos el domicilio para emplazarlo, el juzgador deberá dictar las medidas pertinentes para investigarlo, -como en el caso sucedió, pues giró oficio a diversas autoridades, para su investigación-; y cuando éstas se hayan agotado y la notificación no pudiere efectuarse, se hará por edictos a costa del quejoso, con el fin de evitar la paralización del juicio, ya que las formalidades de ese procedimiento de notificación, le dan mayores posibilidades de enterarse del juicio en el que le resulte el carácter de parte, lo que excluye que se realice por medio de lista, al no preverlo expresamente la ley. Criterio que se corrobora con lo expuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J 38/2017 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 42, mayo de 2017, Tomo I, pagina 714, con número de registro digital: 2014220, de rubro: 'TERCERO INTERESADO. SU EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE AMPARO DEBE REALIZARSE POR EDICTOS CUANDO SE DESCONOZCA SU DOMICILIO.' En esa tesitura, no asiste a la razón a la parte recurrente cuando en su agravio identificado en el inciso 1), manifiesta que la economía y situación financiera de su representada, se mantiene gravemente afectada, derivado de la crisis sanitaria por el SARSCOV-II (COVID 19), además que la misma se constituyó bajo el régimen jurídico de 'asociación civil' sin fines de lucro, por lo que persiste el impedimento económico y financiero para pagar los gastos y costas resultantes del pago por la publicación de edictos a efecto de emplazar al tercero interesado. Se estima así, pues no basta con la simple manifestación por parte del quejoso (interesado en demostrar su insolvencia económica), pues para ello debe allegar al juicio, elementos o indicios suficientes de su situación de precariedad relevante e ndagar sobre los índices, cánones o parámetros que refieran pobreza; lo que permitiría que el juzgador pondere, en su oportunidad, las circunstancias del caso y decida si el pago correspondiente corre a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, ya que de conformidad con el artículo 27 , fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se prevé como única excepción para que al quejoso se le exima de la carga procesal de sufragar el pago de edictos, ante la no localización del tercero interesado que a criterio del juzgador, aquel sea una persona de escasos recursos, o bien, en su caso, se trate de una persona que esté en un caso de vulnerabilidad. Por ello, es de similar trascendencia destacar que tampoco se está en presencia de una persona que pertenezca a un grupo vulnerable, dado que no se advierte que la parte quejosa se ubique en una condición multifactorial en situación de riesgo o discriminación que le impidan alcanzar mejores niveles de vida y lograr su bienestar; contrario a ello la solicitante del amparo es una persona moral -no identificada dentro del referido grupo-, que debe ser entendida como una empresa con la unidad económica de producción social y de decisión que cuenta con recursos no solo monetarios, si no también materiales financieros y humanos, coordinados entre sí para su funcionamiento; por ello, no se estima que tenga impedimento económico y financiero para pagar los gastos y costas resultantes del pago por la publicación de edictos a efecto de emplazar al tercero interesado. A virtud de ello, es que no abona a las prestaciones del recurrente que, en el caso, se trate de una asociación civil sin fines de lucro, dado que la economía y situación financiera 'gravemente afectada' que alega de su representada, no constituye un factor que ubique a la parte quejosa dentro de un grupo vulnerable, pues la pertenencia a éste, de ningún modo deriva del fin que pudiere perseguir una persona moral, si no de la condición multifactorial en situaciones de riesgo o discriminación en que se encuentre quien lo alega y, en la especie, su propia naturaleza jurídica impide ubicarse en ese supuesto. Sustenta lo anterior el criterio de tesis aislada l.13o.T.10 K (10a.), emitido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 6, mayo de 2014, tomo III, pagina 1993, con número de registro digital 2006407, de rubro y texto: 'EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO. PARA DETERMINAR SU GRATUIDAD, ES INSUFICIENTE QUE EL QUEJOSO, EN SU CARÁCTER DE PERSONA MORAL, MANIFIESTE SU INCAPACIDAD ECONÓMICA ANTE EL JUEZ DE DISTRITO, POR ESTAR FUNCIONANDO CON DÉFICIT Y 'NÚMEROS ROJOS'. El artículo 27, fracción III, incisos b) y c), de la Ley de Amparo establece que en tratándose de la primera notificación al tercero interesado, cuando en autos no conste su domicilio o el proporcionado resulte inexacto, el órgano jurisdiccional lo investigará; si a pesar de ello no pudiere efectuarse el emplazamiento, se hará por edictos a costa del quejoso, so pena que de no acreditar haberlos entregado para su publicación, se sobreseerá el amparo; no obstante, cuando se trate de personas de escasos recursos, a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación sin costo alguno. Ahora bien, una empresa debe ser entendida como la unidad económica de producción social y de decisión que cuenta con recursos no sólo monetarios, sino también materiales, financieros y humanos, coordinados entre sí para su funcionamiento; de tal manera que si un impetrante de esta naturaleza manifiesta ante el Juez de Distrito su incapacidad económica para sufragar la publicación de los edictos, por estar funcionando con déficit y "números rojos", resulta insuficiente para determinar su gratuidad, pues ello, en todo caso, pondría de manifiesto su insolvencia económica, pero no necesariamente, desde el punto de vista objetivo, evidenciaría una escasez de recursos, ya que una sociedad no sólo depende de su liquidez y del resultado de las operaciones que en ese momento hubiere efectuado, sino que puede hacer frente a sus necesidades pecuniarias con cualquiera de sus activos, tales como derechos de cobro, mercaderías o los bienes materiales que tenga en su estructura patrimonial (muebles e inmuebles) que le permitan satisfacer una necesidad, en este caso, pagar la publicación de los edictos para emplazar al tercero interesado.' (.) Además, no debe soslayarse que el promovente de la acción en el caso, la parte quejosa, es la principal interesada en la persecución del juicio a efecto de que en su oportunidad se analice la constitucionalidad del acto que reclamó a las autoridades responsables y de ese modo se emita una sentencia que resuelva el fondo del asunto -susceptible de que pueda resultar benéfica para sus intereses legales-, lo que justifica que el quejoso deba asumir las cargas procesales que se susciten durante la tramitación del juicio, como lo son el pago de las costas procesales que se lleguen a originar. (.).". Por las razones antes apuntadas, se reitera, no ha lugar a acordar de conformidad la solicitud del justiciable en el sentido de que se publiquen los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal Por otro lado, vista la certificación y cuenta que anteceden, se advierte que para esta fecha está señalada la audiencia constitucional en el presente juicio; sin embargo, del estado que guardan los autos se aprecia que mediante proveído de once de agosto de dos mil veintidós, se advierte que se puso a la disposición los edictos a la parte quejosa, por lo que se advierte que se encuentra trascurriendo el termino de veinte días a efecto de que los recoja. En tal virtud, para dar margen a que transcurra dicho plazo, se difiere la aludida audiencia constitucional y, para su verificativo, se señalan las once horas con ocho minutos dl veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. De una interpretación sistemática de los artículos 26, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual hace referencia a las notificaciones vía oficio, así como los diversos 28, 29 y 30, del mismo ordenamiento, que prevén las notificaciones para acuerdos de trámite de menor trascendencia, procede notificar por lista a las autoridades responsables a efecto de que queden enterados del contenido del presente auto. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a once de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que este órgano de control constitucional agotó todos los medios a su alcance al fin de lograr el emplazamiento a juicio del tercero interesado *** y tomando en consideración que el emplazamiento desde el punto de vista procesal, es un acto jurídico de suma importancia en el curso del juicio, porque es precisamente a través de éste como se da a conocer a las partes interesadas la existencia e inicio de un procedimiento judicial, cuyas consecuencias pueden traducirse en privación de derechos, debiendo observar en éste las formalidades esenciales del procedimiento. Por tanto, el principio del cumplimiento del debido proceso legal comienza con un emplazamiento correcto, todo lo cual en observancia a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal. Por ello, con fundamento en el artículo 27, fracción III inciso b) párrafo segundo, de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o., se ordena emplazar a al tercero interesado ***, por medio de edictos, los cuales se publicarán a costa de la parte quejosa, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, por tres veces de siete en siete días, haciéndole saber al tercero interesado que debe presentarse en el local que ocupa este órgano jurisdiccional, dentro del término de treinta días, contados a partir del siguiente de su última publicación, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le hará por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado. Por tanto, desde este momento se ponen a disposición de la parte quejosa los edictos para su publicación. Requiérase a la parte quejosa, para que en el término de VEINTE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, acredite haber entregado para su publicación los edictos; apercibida que de no recoger y acreditar la publicación de dichos edictos transcurrido dicho término, se acordará conforme a derecho proceda, en razón de que se incumpliría con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento, y que no permite que este Juzgado Federal pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado; contraviniendo con ello, lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que entorpece la administración de justicia, lo cual en el caso no depende de este órgano federal, sino de la propia parte quejosa, cuyo interés particular no debe estar por encima del interés público, tutelado por el citado precepto constitucional. En su oportunidad, fíjese un tanto de los edictos en el tablero de avisos de este juzgado, por todo el tiempo que dure el emplazamiento. Por otro lado, vista la certificación de cuenta se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional, en el presente juicio; sin embargo, a efecto de que se logre el emplazamiento del citado tercero interesado, se difiere la audiencia constitucional y para su verificativo se señalan once horas con dos minutos del uno de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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