Víctor Emilio Prado Agurto

Expediente 489/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
489/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
11/04/2023

Partes del expediente

  • Víctor Emilio Prado Agurto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de abril de dos mil veintitrés. Apertura del incidente. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo 1662/2022-VI, con dos copias de la demanda de amparo, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión promovido por Oswaldo Jaime Lozano Bagatella, contra actos de las autoridades que señala como responsables. Informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138, fracción III, y 140, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables, su correspondiente informe previo, el que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, y en el que expresarán si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, de igual forma, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables, a fin de que proporcionen los datos que tengan a su alcance y que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes; para lo cual se les envía al efecto copia simple de la demanda. Se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el acto que de ellas se reclame, cuando así corresponda, se le(s) impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. También se informa a las autoridades responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le(s) impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, y de conformidad con lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. Audiencia incidental. Se señalan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del dieciocho de abril de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. Requisitos de la suspensión. Los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el peticionario de garantías debe reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado. En ese orden de ideas, conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario que: a.- La solicite el quejoso; b.- No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva. Asimismo, el juzgador de amparo deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social; entendiendo lo primero, como el conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social, cabe señalar que la apreciación de su existencia depende del caso concreto, el cual debe ser analizado por el juzgador al otorgar o no la suspensión de los actos reclamados. Al respecto, el Juzgado de Distrito está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, esto conforme a la jurisprudencia 4/2019 de la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes uno de febrero de dos mil diecinueve a las diez horas con tres minutos del día, de rubro y texto siguientes: Presunción de certeza de los actos reclamados. Para resolver sobre la suspensión provisional, el Juez de Distrito debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada, este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones de la parte quejosa formuladas en la demanda, bajo protesta de decir verdad, pues son los únicos elementos con que se cuenta para resolver sobre la medida cautelar. Manifestaciones, que constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quien la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Interés suspensional. En la especie, la parte quejosa acredita su interés por ser parte en el procedimiento de origen. Concesión de la medida cautelar. Previamente se precisa que este Juzgado de Distrito no soslaya que la parte quejosa Oswaldo Jaime Lozano Bagatella promovió el juicio de amparo del que deriva este incidente POR PROPIO DERECHO Y NO EN PRESENTACION DE HIJOS ADOLESCENTES E.L.G. y L.L.G. , no obstante, dado que el acto reclamado conlleva efectos sobre los citados en último término, la presente medida suspensional determinar lo relativo al respecto. En tal virtud, al tenor de lo establecido en el numeral 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño señala que: 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretó que la expresión "interés superior del niño", consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Constitución Política de los Derechos Humanos. En el derecho interno, el artículo 4, párrafos noveno, décimo y décimo primero, de la Constitución Política establecen que: a.- En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. b.- Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. c.- Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. d.- Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. e.- El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acudiendo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que el interés superior del niño debe ser considerado como criterio rector para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. En ese sentido, se ha dicho que los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño en todas las medidas judiciales que tomen en los procesos respectivos. Aunado a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. La Primera Sala de la Corte señaló además que cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión. En esa medida, con fundamento en los artículos 125,128, 131, 139 y 151 de la Ley de Amparo, atendiendo además al interés superior del niño se concede la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se lleve a cabo la prueba pericial en psicología a cargo del justiciable Oswaldo Jaime Lozano Bagatella y de los adolescentes E.L.G. y L.L.G. , para que no se ejecute la presentación de estos últimos ante el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla para dicho efecto, para que no que sean entrevistados dentro del controvertido familiar en dicho centro, además para que no se realice la valoración física de los adolescentes en comento, ni se lleve a cabo el estudio socioeconómico del quejoso Oswaldo Jaime Lozano Bagatella, ordenada en el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dentro del juicio guarda y custodia número 82/2021 del índice del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Lo anterior a fin de asegurar una tutela cautelar efectiva para preservar la materia del juicio constitucional, conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo. Medida que se adopta atento a que la diligencia se desarrollará con adolescentes, y debido a la naturaleza se colige que probablemente éstos deberán ser sometidos en su desarrollo una entrevista y la prueba en psicología, lo que de suyo implica la formulación de cuestionamiento dirigidos a los adolescentes, aunado a que se realizará su valoración emocional lo que podría estar relacionado a la salud mental, el cual es un derecho fundamental protegido por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual debe ser interpretado de acuerdo al interés superior del niño que supone medidas de protección reforzadas a cargo del Estado. Lo anterior supone que cualquier acto dentro de juicio que pudiera afectar su salud mental debe considerarse como de imposible reparación, por lo que no es necesario que se acredite que las pruebas psicológicas ocasionarán una afectación a la salud mental de los menores para que se considere un acto de imposible reparación, sino que la sola posibilidad de causar un daño de esa naturaleza genera la adopción de las medidas como la indicada. Por cuanto al estudio socioeconómico a practicarse respecto del quejoso, es procedente la concesión de la suspensión solicitada para los efectos establecidos porque dicha orden es susceptible de transgredir el derecho humano a la intimidad, como parte del derecho sustantivo a la vida privada, e incluso, en caso de que se ordene la visita domiciliaria, es susceptible de transgredir el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Esto porque el estudio socioeconómico es un instrumento que tiene como finalidad ubicar en un nivel socioeconómico a una persona y contribuir al conocimiento de su entorno familiar, económico y social. Se realiza mediante el sistema de entrevista y preferentemente mediante la visita domiciliaria. A fin de llevar a cabo el estudio socioeconómico, el o la trabajadora social realizará al menos una entrevista de la que podrá obtener información sobre el ambiente socioafectivo y económico, y su interrelación con el medio externo de la persona destinataria del estudio, lo que constituyen los extremos más personales de la vida y, por tanto, de la intimidad de las personas. Además, en el caso de que el estudio socioeconómico se ordene desarrollar en el domicilio de la persona entrevistada, ese acto es susceptible de transgredir el derecho humano a la inviolabilidad del domicilio, como parte de la intimidad personal, pues implica conceder acceso a un espacio reservado en el cual los individuos ejercen su libertad más íntima, toda vez que el o la entrevistadora constatará de primera mano las interacciones sociales de la dinámica familiar. La suspensión provisional surte efectos desde luego y hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva. Octavo. Requisito de efectividad. Cabe precisar que en el presente asunto, no obstante que existe tercero perjudicado, no se fija garantía en virtud de que los derechos controvertidos no son cuantificables en dinero. Pruebas. Téngase a la quejosa exhibiendo como pruebas de su parte las documentales que anexó a su demanda de amparo y que obran en copia en este incidente. Medios de convicción que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 143 y 144 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia incidental. Tercero interesado. Se reserva toda vez que en la pieza principal del presente juicio de garantías se reservó su emplazamiento hasta en tanto la(s) autoridad(s) responsable(s) rinda(n) su informe justificado, a fin de conocer a quién le corresponde. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa y como autorizado(s) en amplios términos del artículo 12 ibídem a la(s) persona(s) que señala y que tenga(n) debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a la(s) persona(s) autorizada(s) en términos restringidos. Datos de contacto Por otro lado, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico que señala el ocursante, a través del(los) cual(es) se podrá(n) entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Exhorto a las partes En términos del artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Asimismo, con fundamento en el artículo 257 del referido Acuerdo, se les solicita que señalen números telefónicos, servicios de mensajería instantánea y correos electrónicos, tanto suyos como de las diversas partes en el procedimiento, a fin de entablar comunicaciones no procesales entre las partes. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, la actuaria y actuarios judiciales de la adscripción, deberán de asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Instrucción a la Actuaria y Actuarios Judiciales Se instruye a la actuaria y actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional para que tan luego practiquen las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo y en los subsecuentes, integren al expediente electrónico la razón circunstanciada de envío, recepción y confirmación de tales notificaciones y acompañamiento de los anexos ordenados o, en su caso, realice lo mismo con la propia razón de imposibilidad. Lo anterior, en razón de que conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, el expediente electrónico debe coincidir en su totalidad con el expediente físico. Transparencia y acceso a la información De conformidad con los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, y 68, éste último en relación con los diversos 108, 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, por lo que al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Documentación confidencial Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) responsable(s) que, en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá(n) enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida(s) que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Expedición de copias Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, previa razón que, por su entrega, se asiente en autos de la persona autorizada para recibirlas, la cual deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigentey copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. No obstante lo anterior hágase del conocimiento de las partes que, en términos de los artículos 22 y 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; modificado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como ejes rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, las cuales, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Notifíquese.

  2. Principal

    Oficio. El Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Fundamentación. Artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, sin que al caso haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que mediante auto diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el mismo y se proveyó lo conducente.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Escrito. El quejoso Rubén Tapia Flores en relación a la vista ordenada en auto de seis de marzo del año en curso, realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado por las autoridades responsables. Fundamentación. Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo. Agréguese a los autos el escrito de cuenta para que obre como corresponda, sin que sea el caso de realizar mayor acuerdo, toda vez que al transcurrir el término concedido a la parte quejosa a fin de que realizara las manifestaciones que estimara convenientes respecto al cumplimiento dado por las autoridades responsables, el quince de marzo del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia dictada el presente asunto. Sin que pase inadvertido que realiza manifestaciones respecto a lo acordado por las autoridades responsables, lo que en el caso, no sería materia de la concesión otorgada al quejoso, por lo que queda expedito su derecho de promover en su contra lo que estime pertinente. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Estado procesal Visto el estado de autos, se advierte que se ha logrado la correcta integración del presente expediente; por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto en autos, contra la sentencia autorizada en el presente asunto, tal y como se ordenó en proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés. Cúmplase.

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