Víctor Eloy Hernández Solares
Expediente 709/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 709/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Víctor Eloy Hernández Solares
Actuaciones
- Principal
ESTADO DESECHAMIENTO. Del estado de autos y certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de diez de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible...M-I
- Principal
RADICACIÓN. Con la demanda promovida por Víctor Eloy Hernández Solares contra un acto de la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia, y Juez Tercero Familiar del Distrito judicial de Pachuca de Soto, ambos del Estado de Hidalgo, fórmese el cuaderno y regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 709/2021-I. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Cabe hacer mención que la razón del numeral citado en segundo término radica en evitar que los juzgadores de amparo continúen con un juicio que no va a rendir frutos cuando se actualicen causales cuyas características puedan advertirse desde la presentación de la demanda y no requieran de mayor prueba para su demostración. Al examinar la demanda se estima actualizada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo; esto es, la relativa al consentimiento tácito del acto reclamado: Los preceptos legales citados establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (...) Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los dispositivos legales transcritos se advierte que, por regla general, para la promoción de la demanda de amparo, el término será de quince días, cuyo cómputo deberá realizarse de acuerdo con lo siguiente: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el entendido de que, de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se reputará consentido el acto de que se trate. Sin embargo, existen diversas hipótesis de excepción, las cuales se encuentran contenidas en las cuatro fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en esos casos el término será de treinta días, ocho años o siete años, incluso en cualquier tiempo. De manera que, cuando el acto reclamado consista en una norma general autoaplicativa o en un proceso de extradición, la parte quejosa cuenta con treinta días para acudir a la tutela constitucional. En cambio, en materia penal, las únicas excepciones al plazo de quince días se actualizan cuando se trate de una sentencia definitiva condenatoria, en cuyo caso el amparo podrá promoverse dentro del plazo de ocho años; y, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, supuestos en los que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo. Por último, en los supuestos específicos de la materia agraria, el plazo será de siete años. En el caso a estudio el acto reclamado consiste en la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el toca 2/2021-III, del registro de la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, que modificó la resolución interlocutoria de dieciocho de marzo de dos mil veinte, dictada en el incidente de liquidación de pensiones, derivado del expediente 550/2014 del índice del Juzgado Tercero Familiar del Distrito judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dicho acto debe ceñirse a la regla genérica de promoción del juicio de amparo, es decir, al plazo de quince días. Entonces, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la presentación de la demanda debe computarse desde el día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. El Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, dispone: Artículo 94. Los términos y plazos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente hábil a aquél en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación. Ahora bien, de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, narra el accionante se advierte que quedó notificado del acto reclamado el siete de abril de dos mil veintiuno. Por ende, si conforme a lo dispuesto en el artículo 94 del código anteriormente citado, los plazos empiezan a correr desde el día siguiente hábil al de la fecha de la notificación, sin computar los días inhábiles; entonces, es evidente que la demanda no fue promovida dentro del plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. En efecto, el término para recurrir el acto reclamado transcurrió del ocho al veintiocho de abril de dos mil veintiuno; mientras que la demanda fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, hasta el ocho de junio de dos mil veintiuno. Lo anterior, conduce a afirmar que el acto reclamado fue consentido tácitamente al no haberse promovido dentro del término de quince días; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Es aplicable, por ser compatible con las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, Junio de 1993, página 235, de rubro y texto siguientes: ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita. En esas condiciones, resulta manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia contemplada en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Víctor Eloy Hernández Solares. DOMICILIO Y AUTORIZADO DEL QUEJOSO. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle Moctezuma número 208, colonia Venta Prieta, en esta ciudad. Se tienen como autorizados únicamente para recibir notificaciones a José Luis Omar Ortiz Robles, Félix Pérez Herrera, Raúl López Aguirre, Aidé Leticia Garduño Sánchez y Margarito Alejandro Ortiz Robles, toda vez que no se encontraron registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. REQUERIMIENTO DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO A LAS PARTES. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del acuerdo referido, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (debido a estar autorizadas). HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario...M-I
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