Víctor Elmer Hernández Maldonado

Expediente 825/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
825/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
25/07/2017

Partes del expediente

  • Víctor Elmer Hernández Maldonado

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de julio de dos mil diecisiete. REGISTRO Vista; la demanda de amparo promovida por ******, por su propio derecho. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 825/2017-IV, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor y a la siguiente tesis de jurisprudencia, de texto y rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso." De lo anterior se explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa combate: La resolución veintinueve de junio de dos mil diecisiete, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de cinco de junio de dos mil diecisiete, emitida por la autoridad responsable en la que nombró perito valuador tercero en discordia en el expediente civil 704/2011, así como admitió a trámite el diverso recurso de revocación interpuesto contra el proveído de dieciséis de mayo de la misma anualidad. Fijación del acto reclamado, que se realiza sin atender a los calificativos que, en su enunciación, realiza la impetrante sobre su inconstitucionalidad, armonizando los datos que emanan del escrito inicial de demanda, y que materialmente puede ser materia del juicio constitucional en función de los supuestos de su procedencia. Tiene aplicación a lo anterior la tesis que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Como antecedentes y bajo protesta de decir verdad, adujo en esencia, que en el juicio ejecutivo mercantil 704/2011, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, se encuentra substanciando la fase de ejecución de sentencia, en la que se condenó al pago por la suerte principal de doscientos cincuenta mil pesos moneda nacional, Expuesto lo anterior, este juzgador estima que el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, último párrafo, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo vigente. Los anteriores preceptos legales, revelan por una parte, que el juicio de amparo es improcedente cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, y por otra que el juicio de biinstancial que se tramita ante el Juez de Distrito, sólo procederá contra los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y en tratándose de los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Lo anterior implica que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, pues por la naturaleza propia del procedimiento, conlleva una serie de actos concatenados entre sí, que culminará con una resolución, esto es, dada la vinculación de causa a efecto entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que existió la infracción legal y que se dejó sin defensa al quejoso, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de garantías, que no permite ser utilizado como instrumento que retrase la administración de justicia. Sin embargo, tratándose de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia excepcionalmente pueden reclamarse sin necesidad de esperarse hasta la última resolución, aquellos que afectan de manera directa bienes sustantivos, aplicando por analogía la fracción V del referido artículo 107 de la Ley de Amparo. Empero, para que prospere el amparo tratándose de actos en ejecución de sentencia de imposible reparación, es necesario también que dichos actos sean ajenos a la cosa juzgada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia que dice: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. El criterio anterior, es de carácter obligatorio en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, y sigue teniendo vigencia dado el contenido del transitorio Sexto del ordenamiento legal citado, al no oponerse el texto vigente, pues los apartados que se interpretan en la referida jurisprudencia, se encuentran contenidos en las fracciones IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, de ahí que persiste la aplicación del precitado criterio jurídico. Expuesto lo anterior, este juzgador estima que el presente asunto, en lo que hace al acto reclamado consistente en la resolución veintinueve de junio de dos mil diecisiete, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de cinco de junio de dos mil diecisiete, emitida por la autoridad responsable en la que nombró perito valuador tercero en discordia en el expediente civil 704/2011, así como admitió a trámite el diverso recurso de revocación interpuesto contra el proveído de dieciséis de mayo de la misma anualidad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, último párrafo, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo vigente, pues dicha resolución deriva directamente de una actuación que no constituye la última en el procedimiento de remate respectivo, pues como quedó asentado en líneas anteriores, se entenderá como tal aquella que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Estimar lo contrario, haría que el juicio de amparo se utilizara para retardar y obstaculizar el cumplimiento de una resolución con el carácter de cosa juzgada. Por su contenido jurídico es aplicable la jurisprudencia que a la letra dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Así como el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que se lee: "ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO LO ES EL FALLO QUE APRUEBA O REPRUEBA EL REMATE. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, tratándose de actos de ejecución de sentencia el amparo procede en dos supuestos: el primero, previsto en el párrafo segundo, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, y el segundo, contenido en el párrafo tercero, tratándose de remates contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Sin embargo, no debe confundirse la "última resolución" con la "resolución definitiva" a las que se refiere el precepto citado, ya que si bien ambas son pronunciadas en el periodo de ejecución de sentencia, la mencionada "última resolución" es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total del fallo definitivo, o se declara la imposibilidad para darle cumplimiento, como lo estableció el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 26 publicada en la página 20 del Tomo VI del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO."; en cambio, la "resolución definitiva" en la que se hubiere aprobado o no el remate decide un procedimiento específico de significativa importancia dentro del propio periodo de ejecución, con lo que, según sea el caso, se pudiera dar cumplimiento a la totalidad de lo condenado o sólo a parte de ello, ya que puede acontecer que además de la condena a pagar cierta cantidad de dinero, el reo se encuentre obligado a hacer determinados actos, por ejemplo, en un juicio de rescisión o terminación de arrendamiento, además de pagar las pensiones rentísticas, también tendrá que entregar la finca materia de tal contrato; al cumplimentarse el fallo dictado en un juicio hipotecario se procederá a escriturar a favor del adjudicatario el inmueble rematado, así como a la entrega voluntaria o forzosa de la posesión; también pudiera suceder que dentro del procedimiento de ejecución existieran varios remates, si el primero de ellos no fuera suficiente para cubrir la condena, de donde deriva que según lo sentenciado será el trámite a efectuar en el procedimiento de ejecución que se lleve a cabo para cumplimentar la resolución definitiva, en el que pudiera existir o no la subasta de bienes." Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un recurso de revocación promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio. Por tanto, el acto reclamado tan solo es un acto intermedio, dictado después de concluido el juicio, por ello no es combatible a través del juicio de amparo, máxime que con él tan solo se prepara el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio de origen, y por el contrario debe evitarse obstaculizar su cumplimiento. Aunado a lo anterior, al derivar directamente de un auto que no es de los establecidos en el artículo 107, fracción IV, último párrafo de la Ley de Amparo, el acto reclamado de modo alguno vulnera derechos sustantivos establecidos por la Constitución Federal a favor de la parte quejosa. Es dable señalar, que en el diverso juicio de amparo 679/2017, del índice de este órgano jurisdiccional, el impetrante de amparo reclamó el auto de cinco de junio de dos mil diecisiete, del que deriva directamente el acto que en esta instancia se impugna, mismo que fue desechado en proveído de veintiuno de junio de la presente anualidad, al actualizarse la causa de improcedencia analizada con antelación, mismo que quedó firme el seis de julio siguiente. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, al surgir a la vida jurídica de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor; con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA EN ESTUDIO. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: Vista; la demanda de amparo promovida por ******, por su propio derecho. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 825/2017-IV, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor y a la siguiente tesis de jurisprudencia, de texto y rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso." De lo anterior se explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa combate: La resolución veintinueve de junio de dos mil diecisiete, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de cinco de junio de dos mil diecisiete, emitida por la autoridad responsable en la que nombró perito valuador tercero en discordia en el expediente civil 704/2011, así como admitió a trámite el diverso recurso de revocación interpuesto contra el proveído de dieciséis de mayo de la misma anualidad. Fijación del acto reclamado, que se realiza sin atender a los calificativos que, en su enunciación, realiza la impetrante sobre su inconstitucionalidad, armonizando los datos que emanan del escrito inicial de demanda, y que materialmente puede ser materia del juicio constitucional en función de los supuestos de su procedencia. Tiene aplicación a lo anterior la tesis que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Como antecedentes y bajo protesta de decir verdad, adujo en esencia, que en el juicio ejecutivo mercantil 704/2011, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, se encuentra substanciando la fase de ejecución de sentencia, en la que se condenó al pago por la suerte principal de doscientos cincuenta mil pesos moneda nacional, Expuesto lo anterior, este juzgador estima que el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, último párrafo, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo vigente. Los anteriores preceptos legales, revelan por una parte, que el juicio de amparo es improcedente cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, y por otra que el juicio de biinstancial que se tramita ante el Juez de Distrito, sólo procederá contra los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y en tratándose de los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Lo anterior implica que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, pues por la naturaleza propia del procedimiento, conlleva una serie de actos concatenados entre sí, que culminará con una resolución, esto es, dada la vinculación de causa a efecto entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que existió la infracción legal y que se dejó sin defensa al quejoso, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de garantías, que no permite ser utilizado como instrumento que retrase la administración de justicia. Sin embargo, tratándose de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia excepcionalmente pueden reclamarse sin necesidad de esperarse hasta la última resolución, aquellos que afectan de manera directa bienes sustantivos, aplicando por analogía la fracción V del referido artículo 107 de la Ley de Amparo. Empero, para que prospere el amparo tratándose de actos en ejecución de sentencia de imposible reparación, es necesario también que dichos actos sean ajenos a la cosa juzgada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia que dice: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. El criterio anterior, es de carácter obligatorio en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, y sigue teniendo vigencia dado el contenido del transitorio Sexto del ordenamiento legal citado, al no oponerse el texto vigente, pues los apartados que se interpretan en la referida jurisprudencia, se encuentran contenidos en las fracciones IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, de ahí que persiste la aplicación del precitado criterio jurídico. Expuesto lo anterior, este juzgador estima que el presente asunto, en lo que hace al acto reclamado consistente en la resolución veintinueve de junio de dos mil diecisiete, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de cinco de junio de dos mil diecisiete, emitida por la autoridad responsable en la que nombró perito valuador tercero en discordia en el expediente civil 704/2011, así como admitió a trámite el diverso recurso de revocación interpuesto contra el proveído de dieciséis de mayo de la misma anualidad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, último párrafo, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo vigente, pues dicha resolución deriva directamente de una actuación que no constituye la última en el procedimiento de remate respectivo, pues como quedó asentado en líneas anteriores, se entenderá como tal aquella que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Estimar lo contrario, haría que el juicio de amparo se utilizara para retardar y obstaculizar el cumplimiento de una resolución con el carácter de cosa juzgada. Por su contenido jurídico es aplicable la jurisprudencia que a la letra dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Así como el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que se lee: "ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO LO ES EL FALLO QUE APRUEBA O REPRUEBA EL REMATE. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, tratándose de actos de ejecución de sentencia el amparo procede en dos supuestos: el primero, previsto en el párrafo segundo, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, y el segundo, contenido en el párrafo tercero, tratándose de remates contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Sin embargo, no debe confundirse la "última resolución" con la "resolución definitiva" a las que se refiere el precepto citado, ya que si bien ambas son pronunciadas en el periodo de ejecución de sentencia, la mencionada "última resolución" es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total del fallo definitivo, o se declara la imposibilidad para darle cumplimiento, como lo estableció el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 26 publicada en la página 20 del Tomo VI del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO."; en cambio, la "resolución definitiva" en la que se hubiere aprobado o no el remate decide un procedimiento específico de significativa importancia dentro del propio periodo de ejecución, con lo que, según sea el caso, se pudiera dar cumplimiento a la totalidad de lo condenado o sólo a parte de ello, ya que puede acontecer que además de la condena a pagar cierta cantidad de dinero, el reo se encuentre obligado a hacer determinados actos, por ejemplo, en un juicio de rescisión o terminación de arrendamiento, además de pagar las pensiones rentísticas, también tendrá que entregar la finca materia de tal contrato; al cumplimentarse el fallo dictado en un juicio hipotecario se procederá a escriturar a favor del adjudicatario el inmueble rematado, así como a la entrega voluntaria o forzosa de la posesión; también pudiera suceder que dentro del procedimiento de ejecución existieran varios remates, si el primero de ellos no fuera suficiente para cubrir la condena, de donde deriva que según lo sentenciado será el trámite a efectuar en el procedimiento de ejecución que se lleve a cabo para cumplimentar la resolución definitiva, en el que pudiera existir o no la subasta de bienes." Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un recurso de revocación promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio. Por tanto, el acto reclamado tan solo es un acto intermedio, dictado después de concluido el juicio, por ello no es combatible a través del juicio de amparo, máxime que con él tan solo se prepara el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio de origen, y por el contrario debe evitarse obstaculizar su cumplimiento. Aunado a lo anterior, al derivar directamente de un auto que no es de los establecidos en el artículo 107, fracción IV, último párrafo de la Ley de Amparo, el acto reclamado de modo alguno vulnera derechos sustantivos establecidos por la Constitución Federal a favor de la parte quejosa. Es dable señalar, que en el diverso juicio de amparo 679/2017, del índice de este órgano jurisdiccional, el impetrante de amparo reclamó el auto de cinco de junio de dos mil diecisiete, del que deriva directamente el acto que en esta instancia se impugna, mismo que fue desechado en proveído de veintiuno de junio de la presente anualidad, al actualizarse la causa de improcedencia analizada con antelación, mismo que quedó firme el seis de julio siguiente. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, al surgir a la vida jurídica de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor; con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA EN ESTUDIO. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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