Víctor Edwin Martínez Ortega
Expediente 92/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 1 actuación registrada, la última del 12 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 92/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 12/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Víctor Edwin Martínez Ortega
Actuaciones
- Principal
Visto; el escrito de demanda presentado por Víctor Edwin Martínez Ortega, por propio derecho, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza y otras autoridades, por considerarlos violatorios de diversos preceptos Constitucionales, se acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 92/2019-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, de la demanda de garantías se desprende que la parte promovente señala como autoridades responsables al Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza y otras autoridades y como actos reclamados la aprobación, reformas, adiciones, derogaciones, expedición y publicación del Decreto Legislativo número 94, mediante el cual se expidió la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, así como el acto de aplicación, consistente en el cobro del impuesto sobre Fomento a la Educación y Seguridad Pública y Derechos de Control Vehicular, determinados en los folios de pago 716723464 y 716723507 anexos al escrito de demanda; por lo que, antes de verificar sobre la procedencia o improcedencia de la demanda de garantías, es conveniente determinar sobre la competencia de la demanda en estudio, así tenemos que el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". (SIC) De la demanda de amparo en estudio, se advierte que este Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, carece de competencia legal para conocer de dicho libelo constitucional, toda vez que el quejoso Víctor Edwin Martínez Ortega, expresamente en la demanda de amparo manifiesta que las autoridades que ejecutaron el acto reclamado, residen en Torreón, Coahuila, sin que se haya señalado como responsable a alguna autoridad dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, por lo que esta autoridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, declina competencia legal en favor del Juez de Distrito en turno, en cuya jurisdicción residen las autoridades a las que se les atribuye la ejecución de los actos reclamados; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, se declara legalmente incompetente para conocer de la citada demanda. Sirve de sustento a lo antes señalado en lo conducente la Tesis I.1o.A.44, legible en la página 1299, A XIV, Agosto de 2001, Materias Administrativa, Común, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al efecto dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Asimismo, es aplicable en lo conducente, la tesis publicada en la página 134, V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE CONSISTA EN UN DECRETO, SI SE ADVIERTE QUE SE RECLAMAN SUS EFECTOS E INMINENTES CONSECUENCIAS. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por lo tanto, si de la demanda de amparo se desprende que se reclama un decreto y sus efectos e inminentes consecuencias, resulta que debe conocer del juicio el Juez dentro de cuya jurisdicción tendrá que ejecutarse dicho decreto, pues de lo contrario, ningún sentido tendría que en el artículo 36 se atienda a la jurisdicción del Juez de Distrito en que el acto reclamado deba tener ejecución." En mérito de lo expuesto, sin proveer sobre la admisión de la demanda con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de mérito al Juzgado de Distrito en turno, el Estado de Coahuila, con residencia en la Laguna, Torreón, a quien se estima competente para conocer de ella, en razón que es dentro de su jurisdicción donde radica la autoridad a quien se atribuye el acto reclamado. Se tiene por autorizado únicamente para imponerse de autos y oír notificaciones en términos de la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Fernández Hernández, en virtud que no se proporcionan los datos del documento que lo faculta a ejercer la profesión de licenciado en Derecho o Abogado, tal como exige el mencionado precepto legal; y, como domicilio para ello, el ubicado en Calle San Isidro, número doscientos tres (203), Fraccionamiento San Fernando, en esta ciudad de Zacatecas.
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