Víctor Eduardo Corona Rosas

Expediente 1390/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1390/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
13/04/2021

Partes del expediente

  • Víctor Eduardo Corona Rosas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ha causado estado el presente asunto, por ende, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido.

  2. Principal

    "Ciudad Judicial Federal, Zapopan, Jalisco, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Apertura del incidente de suspensión. Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo indirecto 909/2020-III, promovido por Pedro Eduardo Sánchez Ledesma Gutiérrez, contra actos Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, consistentes en: La expedición y firma del decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de dos mil veinte. Con copia simple de la demanda tramítese por duplicado el presente incidente de suspensión. 1 BIS. De la actividad jurisdiccional. Se hace saber a las partes que la actividad jurisdiccional en relación con este asunto se sujetará a las reglas establecidas en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte, así como a los diversos 25/2020 y 37/2020 del citado Pleno, que en su parte conducente, reformaron el artículo 1 del acuerdo citado en primer término (durante su vigencia). Fecha de audiencia incidental. Para la audiencia incidental quedan señaladas las diez horas con cincuenta y un minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Requerimiento de informe(s) previo(s). Con apoyo en los preceptos 138 y 140 de la Ley de Amparo, requiérase a la(s) autoridad(es) responsable(s) rinda(n) su informe previo en un plazo contemplado en la fracción III, del artículo 138 de la legislación antes referida, el cual podrán remitir: Vía fax a los números 01(33) 3777-82-00, extensión 1258. Vía correo electrónico institucional julio.cortes.tapia@correo.cjf.gob.mx. Sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Se apercibe a la(s) mencionada(s) autoridad(es) responsable(s) que de no rendir el (los) informe (s) requerido (s) dentro del plazo concedido, se impondrá a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos del dispositivo 260, fracción I de la Ley de Amparo. Requisitos para conceder la suspensión. Ahora bien, de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión en el juicio de amparo se requiere que: Expresamente la solicite el quejoso; Interés suspensional; Certeza de los actos reclamados; Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; Análisis simultáneo de peligro en la demora, apariencia del buen derecho, orden público e interés social. Así, sólo de cumplirse todos los requisitos que anteceden, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la propia Ley. En el caso, respecto al requisito señalado en el inciso a), se colma pues de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa solicitó la suspensión para los siguientes efectos: ".se decrete la suspensión provisional y, en su momento definitiva, de la aplicación del DECRETO impugnado y la PROHIBICIÓN que contiene sobre la importación y exportación de las FRACCIONES ARANCELARIAS 3824.90.83 (Soluciones y mezclas, de las utilizadas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18); 8543.70.18 (sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares); y 8543.90.03 (De las reconocidas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18), para el efecto de que se me permita importar y exportar los productos que refieren las fracciones arancelarias citadas, ." Sin embargo, respecto al requisito señalado en el inciso b), no se colma, porque en relación con éste es dable precisar que la parte quejosa debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva (interés suspensional), en atención al principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción I de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que a continuación se cita: Época: Décima Época Registro: 2006854 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: IV.2o.A.65 K (10a.) Página: 1914 "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. ELEMENTOS NORMATIVOS Y DE CONTROL PARA EXAMINAR SU PROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 128, 138 Y 131, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. La Ley de Amparo, vigente desde el 3 de abril de 2013, además de los procesos legislativos que le son propios, tiene como antecedente los de la reforma constitucional en materia de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, en los cuales el Constituyente Permanente patentizó su voluntad de transformar al juicio de amparo en un instrumento de protección y restauración de derechos humanos y de orientar las instituciones propias de dicho procedimiento a ser congruentes con esa voluntad; asimismo, por lo que hace a la suspensión del acto reclamado, fijó como premisas orientadoras de la reforma, evitar el abuso de dicha institución y los efectos perjudiciales para el interés social, al ampliar, por un lado, la discrecionalidad de los Jueces en las decisiones al respecto y, por otro, establecer mecanismos de control y exclusión de la arbitrariedad en esa toma de decisiones, para que quede a cargo del Poder Legislativo, mediante la expedición de la ley mencionada, transformar al instituto suspensional, en función de las premisas señaladas. Algunas de las manifestaciones concretas de dichos propósitos se proyectaron en que, conforme a los artículos 128, 138 y 131, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la suspensión procede, siempre que la solicite el quejoso, no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; promovida la suspensión, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, como presupuesto para establecer si existe alguna contravención a dicho interés, con la finalidad de determinar sobre la procedencia de la medida; cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando éste acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; y, en ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Por tanto, las disposiciones referidas establecen los requisitos que deben actualizarse para que proceda conceder la suspensión de los actos reclamados solicitada por el quejoso, que también constituyen los elementos o parámetros normativos del control que tanto el Constituyente como el legislador ordinario previeron para decidir sobre medidas decretadas en cualquier instancia del incidente de suspensión, para evitar una lesión al interés social, al incluirlo como un elemento del juicio de ponderación, precisamente junto con la apariencia del buen derecho; consistentes en que: I. El quejoso solicite la suspensión; lo que a su vez, supone la demostración de su interés, aun en forma presuntiva, en atención al principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo; II. Se demuestre la apariencia del buen derecho, para efectuar el análisis ponderado con el interés social, y no se siga perjuicio a éste ni se contravengan disposiciones de orden público, en la inteligencia de que la presencia del concepto del "buen derecho", revela que esa ponderación se basa en una apreciación provisional o anticipada al fondo del asunto; III. El otorgamiento de la medida cautelar nunca podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda; y, IV. Se fijen los requisitos y efectos de la medida y la situación en que habrán de quedar las cosas, en caso de que sea concedida". En el caso, no se tiene por cumplido el segundo presupuesto jurídico para el otorgamiento de la medida cautelar, lo que conlleva a negar la suspensión provisional del acto reclamado, dado que la parte quejosa no acreditó el interés jurídico o legítimo para obtenerla. Por las razones que informa, es aplicable la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que a continuación se cita: Época: Octava Época Registro: 220917 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Enero de 1992 Materia(s): Común Tesis: Página: 262 "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR SU INTERÉS JURÍDICO. El promovente del amparo, al solicitar la suspensión provisional del acto reclamado, está obligado a demostrar aun en forma presuntiva su interés jurídico, cuando dada la naturaleza del acto en contra de la cual se pide, no pueda desprenderse del texto de la propia demanda tal presunción y así dejar satisfechos todos los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de amparo, por lo que no es el caso, de que a pesar de la falta de prueba, que demuestre siquiera en forma presuntiva el interés jurídico, debe concederse la suspensión provisional y dejar al quejoso expedito su derecho para que lo demuestre hasta la audiencia incidental, donde debe resolverse sobre la procedencia de la definitiva, pues esto solamente podría darse, cuando se hubiere concedido la provisional y dentro del trámite del incidente, se impugnará el derecho del peticionario de garantías, alegando que no tiene interés jurídico para pedir la medida cautelar". Ahora bien, el decreto reclamado va encaminado a las personas físicas o jurídicas con interés en el comercio exterior de (importadores y exportadores) de "Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares", puesto que tiene como objetivo la creación de las fracciones arancelarias 3824.90.83 (soluciones y mezclas, utilizadas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18); 8543.70.18 (sistemas electrónicos de administración de nicotina (SSAN), sistemas alternativo de consumo de nicotina (SACN) sistemas similares sin nicotina (SSSN), cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares) y 8543.90.03 (De las reconocidas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18); lo mismo se adiciona su correlativa nota explicativa de aplicación. Sin embargo la parte quejosa no justifica su interés presuntivo, pues el solicitante del amparo omitió exhibir alguna prueba que haga presumir, aún de manera indiciaria, que se dedica o tiene interés en el comercio exterior (importador de productos) y que con motivo de la aplicación de dicho decreto, pueda sufrir el decomiso, aseguramiento, destrucción, embargo o retención de vaporizadores, accesorios o suministros para estos. Ello es así, en virtud de que dicho decreto, no contiene una prohibición para el uso de dichos dispositivos electrónicos, sino que establece una prohibición a su legal importación al territorio nacional. En efecto, del contenido de la demanda de garantías no se aprecia dato alguno que haga presumir, aún de manera presuntiva, que el impetrante tiene interés jurídico o legítimo para poder obtener la suspensión del acto reclamado; es decir, que le cause una afectación de manera directa. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito que a continuación se cita: Época: Octava Época Registro: 227042 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: Página: 294 "INTERÉS JURÍDICO. DEBE PROBARSE PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO. Aunque la fracción I del artículo 124 de la Ley de Amparo en vigor prescribe como requisito que el quejoso solicite la suspensión del acto reclamado, éste no se llena con la sola manifestación en su libelo, ya que debe de probar su interés jurídico en el caso concreto; por lo que si la autoridad municipal impide al quejoso explotar el giro de máquinas de video electrónicas, tendrá que acreditar indiciariamente dicho interés mediante el documento expedido por el patrón de licencias municipales, para que proceda la concesión de la suspensión". En tales condiciones, para acceder a la suspensión del acto reclamado, es necesario que la parte quejosa acredite, aún presuntivamente, su interés, lo cual no hizo con medio de convicción alguno idóneo, de ahí que como se adelantó, procede negar la medida cautelar solicitada respecto de los actos reclamados. Sirve de apoyo el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del tenor: Época: Séptima Época Registro: 248208 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 205-216, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 520 "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. NO BASTA CON SOLICITARLA PARA QUE SU OTORGAMIENTO SEA OBLIGATORIO, SIN ACOMPAÑAR LA PROMOCIÓN CON NINGÚN MEDIO PROBATORIO QUE PERMITA APOYAR LA PRESUNCIÓN DE QUE SE LLENAN LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD (SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN CUYA POSESIÓN SE DICE TENER, SIN DEMOSTRAR LA MISMA CON NINGÚN MEDIO PROBATORIO). Si bien la naturaleza de la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los actos que se reclaman en el juicio de garantías, de conformidad con el artículo 130 de la Ley de Amparo, impide que para su otorgamiento el Juez realice un examen exhaustivo del cumplimiento de los requisitos que para su procedencia se desprenden del artículo 124 del propio ordenamiento, tales como: a) la certeza de la existencia del acto reclamado, b) su carácter suspendible, c) su inminente ejecución, d) que su concesión no contravenga disposiciones de orden público; y, e) que de no concederse se causarían al quejoso perjuicios de difícil o imposible reparación. Lo que sólo es factible en el trámite del incidente de la suspensión definitiva, pues ello implica generalmente el estudio de probanzas aportadas por las partes, en los términos del artículo 131 de la Ley de Amparo, lo que se repite no es posible para ordenar la suspensión provisional del acto reclamado, pues ésta ha de realizarse con la sola presentación de la demanda de amparo dada la inminencia de su ejecución, dejándose por tanto al prudente arbitrio del juzgador que ha de decidir sobre su concesión, la presunción de su cumplimiento. Sin embargo, ello no significa que basta con solicitar la medida cautelar de que se llenan los requisitos de procedibilidad que exige el mencionado artículo 124 de la Ley de Amparo, por supuesto cuando así lo exija la naturaleza del acto reclamado, pues de otra suerte podría suponerse no un actuar discrecional del Juez a quo, sino caprichoso. En estas condiciones, si la quejosa en el juicio de garantías demandó la suspensión provisional del acto reclamado consistente en el desposeimiento de un bien cuya posesión dice tener, sin demostrar la misma con ningún medio probatorio, es incuestionable que la Juez del conocimiento actuó correctamente al negar la medida cautelar de mérito. No es obstáculo a la consideración anterior, el que la posesión implique una situación de hecho que sólo sea factible demostrar con la testimonial, medio de defensa que, por otro lado, en términos generales, no está permitido para evidenciar la procedencia de la multicitada medida cautelar, ni sería posible su desahogo dado el principio de celeridad que rige en su proveimiento, pues el actuar de la Juez no ha de traducirse en un arbitrio caprichoso y en todo caso su decisión debe estar apoyada en constancias de autos, así sean meros indicios documentales, pero que permitan desprender la legalidad de su actuación evitando así que la medida cautelar sea utilizada para fines distintos a los de su creación". En tales condiciones, para acceder a la suspensión del acto reclamado, es necesario que la parte quejosa acredite su interés jurídico presuntivo, lo cual no hizo con medio de convicción eficaz alguno. Aunado a lo anterior, tampoco se acredita el requisito señalado en inciso e), porque de concederse la suspensión solicitada, se causaría perjuicios al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, pues de la parte expositiva del Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se aprecia que se emitió con el fin de salvaguardar la salud de cualquier persona, pues al efecto se indicó: (.) Que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (INER) emitió el 11 de septiembre de 2019 una alerta importante a la población en general, en la que se señala que el Centro de Control de Enfermedades y Prevención (CDC, por sus siglas en inglés) y la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), ambos de los Estados Unidos de América (EE. UU.), notificaron los más de 200 casos documentados de pacientes con lesión pulmonar grave, relacionados con el uso del cigarro electrónico, en su mayoría adolescentes y adultos jóvenes, en al menos 25 de sus estados; Que el 28 de septiembre de 2019 la Secretaría de Salud dio a conocer el aviso epidemiológico por el uso de cigarrillos electrónicos o vapeo, el cual tiene el propósito de identificar oportunamente la presencia de casos de enfermedad pulmonar grave posiblemente asociada con el uso de estos dispositivos, emitido por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica; Que existen diversos tipos de dispositivos entre los que se encuentran los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN) y los Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN), los dos primeros popularmente conocidos como "cigarros electrónicos" o "vapers", los cuales tienen cartuchos o tanques rellenables (claromizador) que contienen una mezcla líquida (denominada e-líquido) compuesta principalmente de propilenglicol o glicerol y nicotina, así como diferentes saborizantes y otros químicos, y los SACN "heat-not-burn", que son productos de tabaco que producen aerosoles que liberan nicotina (contenida en el tabaco) y otras sustancias químicas, contienen aditivos no tabáquicos y suelen estar aromatizados; Que es importante resaltar el inminente peligro que representan los citados dispositivos, toda vez que generan vapor o aerosol y compuestos químicos producidos por el calentamiento de los componentes del líquido, una mezcla de propilenglicol, glicerina y aromatizante o, en su caso, nicotina y tabaco, que al ser inhaladas ingresan directamente al sistema respiratorio con una afectación más amplia que otras sustancias, tanto en vías aéreas de conducción como en zonas alveolares, debido al pequeño tamaño de las partículas generadas (100-160 nm); Que se ha reportado que la utilización de estos dispositivos genera inflamación de las vías respiratorias, el incremento de glóbulos blancos en sangre, así como opacidades bilaterales pulmonares (manchas en el pulmón), baja oxigenación de la sangre o inclusive falla respiratoria, además de un aumento de la sensibilidad de las células de las vías respiratorias a infecciones virales. Se prevé que su uso a largo plazo aumente el riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón. Hasta el 4 de febrero de 2020 el CDC ha registrado 2,758 pacientes hospitalizados (de todos los estados de EE.UU) con enfermedad pulmonar grave, incluyendo 64 defunciones (provenientes de 27 estados de dicho país), asociados al uso de dispositivos de vapeo; Que al respecto la Secretaría del Convenio Marco para el Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), emitió la nota verbal CS/NV/19/14 CMCT-OMS, con la finalidad de que se aumente la vigilancia respecto de los productos de nicotina y tabaco novedosos y emergentes y se considere la posibilidad de prohibirlos (o mantener la prohibición). Asimismo, informó a los países que con el propósito de favorecer la notificación y registro de casos denominados "trastornos relacionados con el vapeo", la OMS introdujo un nuevo código U07.0 en la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10, para facilitar la notificación de estos casos de manera uniforme y su uso inmediato en los sistemas de registro de salud; Que los SEAN/SSSN han sido promovidos por los distribuidores como dispositivos de bajo riesgo, que pueden ayudar a fumadores de cigarrillos a abandonar el tabaquismo; sin embargo, su uso se ha extendido rápidamente en adolescentes que nunca han fumado y, como consecuencia, existe un incremento en riesgos a la salud, incluyendo la adicción a la nicotina; Que no se ha demostrado científicamente que los SEAN/SSSN ayudan a dejar de fumar como los medicamentos aprobados en la guía de práctica clinica GPC sobre Prevención, diagnóstico y tratamiento del consumo de tabaco y humo ajeno, en el primer nivel de atención, basada en evidencias científicas todavía válidas por lo que dichos dispositivos no se pueden recomendar con ese fin. De hecho, un grupo de fumadores permanecen como usuarios duales de tabaco y de SEAN/SSSN y no se han demostrado beneficios en su salud; Que la OMS concluyó que los riesgos sanitarios para las personas del entorno expuestas al aerosol exhalado por los usuarios de los SEAN/SSSN, resulta ser una nueva fuente de contaminación del aire por partículas, entre las que se incluyen las partículas finas y ultrafinas, así como el 1,2-propanediol, ciertos Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y metales pesados (como el níquel y el cromo), y la nicotina; por lo que el aumento de la concentración de sustancias tóxicas en el aerosol ajeno, en relación con los niveles del aire ambiente, representa un riesgo mayor para la salud de cualquier persona expuesta" En tales condiciones, se insiste que, en el caso en particular, no es procedente conceder la suspensión provisional que se solicita, porque además de que la parte quejosa no acreditó de ni aun de manera indiciaria la afectación a sus interés jurídico o legítimo, de concederse la citada medida cautelar también se causaría perjuicios al interés social y se contravienen disposiciones de orden público. De los autorizados. Se tiene (n) por autorizado (s) en amplios términos a las personas designadas como tales, porque se acreditó está (n) legalmente autorizado (s) para ejercer la profesión de licenciado (s) en derecho o abogado (s), al así haberse constatado en (con) el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Se tiene (n) por autorizado (s) en término (s) restringido (s) a las diversas personas indicadas, porque así lo solicitó la parte quejosa en su escrito de demanda. Lo anterior de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo. Domicilio para recibir notificaciones. Se tiene a la parte quejosa solicitando se le notifique por vía electrónica a través del (de los) usurario (s) que precisa (de manera indistinta) en su escrito de demanda. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley de Amparo, 34 a 36 el Acuerdo General 20/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 7. De las pruebas. Inspección. Se tiene por ofrecida, sin embargo, se reserva proveer hasta el momento procesal oportuno. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo. 8. Del acceso al expediente electrónico. El usuario "VHMAYA" queda autorizado para acceder vía electrónica (internet) al expediente en que se actúa y par promover siempre y cuando corresponda a alguna de las partes legitimadas para ello. Procédase a realizar el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior de conformidad con el artículo 24, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal. 9. Oposición a la publicación de datos. La parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales en el escrito de demanda. 10. Copias. En obvio de mayores dilaciones procesales, se ordena la expedición a las partes hasta de en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las que tengan el carácter de reservadas o confidenciales, sin que sea necesario medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues sólo a éstas le serán entregadas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Sin embargo, lo anterior acontecerá una vez que se reanuden actividades fuera del esquema contenido en el citado Acuerdo General 21/2020. Ello, sin perjuicio de que podrán descargarlas del expediente electrónico en sus equipos de cómputo, pues al contener la evidencia criptográfica se consideran copias certificadas electrónicamente, por lo que se les exhorta en términos del apartado señalado con el número 20 de este acuerdo. 11. De la reproducción digital de constancias. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos conforme a los lineamientos de seguridad que regulan el ingreso a la Ciudad Judicial Federal y de acuerdo con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Esta autorización es limitada, por lo que queda prohibido reproducir o tomar fotografías de las instalaciones de este juzgado, de su personal, del área correspondiente a esta Ciudad Judicial y de las actuaciones que tengan la calidad de confidencial o reservada conforme a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su caso, quedará bajo la más estricta responsabilidad de la parte que las obtenga, el uso y difusión que se dé a las mismas. Sin embargo, lo anterior deberá ajustarse al Capítulo II, denominado "Atención al público en general", del citado Acuerdo General 21/2020. 12. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, este Tribunal habilita los días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que se deriven de la tramitación del presente incidente. 13. Exhorto a las partes. De conformidad con el 5, fracción I, del citado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. 14. Transición a juicio en línea. El artículo 28 del referido Acuerdo General 21/2020, establece que aunque el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. De ahí que, de conformidad con el artículo 22 y último párrafo del numeral 28 del referido Acuerdo, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, las partes, sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este órgano jurisdiccional deberá haber autorizado. La actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea válido por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad que lo remite informa que se encuentra realizando las gestiones necesarias a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, asimismo solicita que se le conceda un plazo a efecto de dar cumplimiento en su totalidad con la ejecutoria emitida en el presente juicio. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, se advierte que al día de hoy ha transcurrido un término prudente para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por tanto, se requiere a la autoridad responsable para que en el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé el debido cumplimiento al fallo decretado el presente asunto, en el entendido que subsiste el apercibimiento señalado en proveído de dos de septiembre del año en curso, y en caso de incumplir en los términos ya indicados se harán efectivos los apercibimientos

  4. Principal

    Agréguese el escrito signado por el quejoso, a través del cual interpone recurso de inconformidad, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación, por tanto, remítase el expediente en que se actúa y el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Tercer Circuito en turno, para la substanciación del recurso interpuesto. Fórmese el cuaderno de antecedentes y solicítese la remisión del acuse de recibo correspondiente.

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