Victor Eduardo Alvarado Martinez
Expediente 757/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 757/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Victor Eduardo Alvarado Martinez
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta que remite el Titular de la Delegación Michoacán del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Morelia, mediante el cual informa que se designa a la licenciado Juventino Rosas Aceves, como defensor público del quejoso Víctor Eduardo Alvarado Martínez; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se tiene a la autoridad oficiante proporcionando número telefónico (452) 519 34 25 correo electrónico institucional juventino.rosas.aceves@cjf.gob.mx y domicilio en el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, Carretera Uruapan-Pátzcuaro número 1380, del Fraccionamiento Lomas del Valle, de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, del citado defensor público, a fin de establecer contacto que llegase a ser necesario. Por tanto, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se comisiona al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional a fin de que: Se constituya en legal y debida forma en el domicilio ubicado en el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, Carretera Uruapan-Pátzcuaro número 1380, del Fraccionamiento Lomas del Valle, de esta ciudad de Uruapan, Michoacán y notifique al Licenciado Juventino Rosas Aceves el presente proveído, así como el auto que desecha la demanda y la demanda de amparo que dio origen al presente. Conminándole para que, de estimarlo pertinente, prevea la posibilidad de solicitar a este juzgado el acceso al expediente electrónico, señalando su nombre de usuario autorizado y precise la autorización para recibir notificaciones en línea, con lo que podrá ser notificado personalmente en dicha plataforma, sin necesidad de un domicilio físico en la ciudad de residencia de este Juzgado. Con fundamento en los artículos 17 Constitucional y 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para el cumplimiento de la diligencia aquí ordenada. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL DEFENSOR PÚBLICO.
- Principal
Uruapan, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio Se tiene por recibido el oficio OCC/C11/JDM/373/2023 signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con Residencia en Uruapan, mediante el realiza compensación de cargas y hace del conocimiento de este juzgado la demanda de amparo presentada por Víctor Eduardo Alvarado Martínez, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación General Social número 17 CPS Michoacán, del que se provee lo conducente. DEMANDA RADICACIÓN Vista la demanda presentada por Víctor Eduardo Alvarado Martínez por propio derecho, contra actos que atribuye al Director General del Centro Federal de Readaptación General Social número 17 CPS Michoacán.; fórmese y regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 757/2023, la que hace consistir en: Acto reclamado Ahora bien, del contenido de la demanda, se advierte que el ocursante hace consistir el acto reclamado en "Negligencia médica". Autoridades responsables Director General del Centro Federal de Readaptación General Social número 17 CPS Michoacán. DESECHAMIENTO. Al respecto, resulta importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. *** Debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. **** Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". **** Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. *** Asentado lo anterior, procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. **** "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". En este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Así, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia: **** "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. ***** Principio de definitividad que el promovente debió observar frente a los actos reclamados consistentes en la negligencia médica que sufre, ya que contra ello procede el instrumento legal establecido en los artículos 24, 107 al 117, 122, 124, 125, 138 y 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigentes a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior se estima así, pues dicho sistema normativo en su artículo 109, tiene por objeto subsanar la afectación a las condiciones de vida digna y segura en reclusión, lo que se traduce en modificar, revocar o nulificar el acto u omisión de la autoridad penitenciara, que como en el caso trascienda a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, sea en prisión preventiva o en la ejecución de la sanción de prisión, pues así se desprende del ámbito de aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contenido en su artículo 1. En efecto, del contenido del artículo 24 de la referida ley de ejecución, en lo que interesa se desprende que el legislador habilitó al Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, para resolver las controversias con motivo de su aplicación, con los límites territoriales y jurisdicción expresamente ahí señalados. Además, de los diversos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se colige lo siguiente: 1. Que la personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciara contra los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento. 2. La peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciara resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanarla. 3. Si la determinación administrativa es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá controvertirla ante el Juez de Ejecución o de Control (en caso de que se encuentre sujeto al nuevo sistema de justicia penal), el Juez de su causa (si está siendo procesado) o el Juez de Ejecución a cuya disposición se encuentre interno (si ya está sentenciado). 4. Si la petición no es resuelta en el término de cinco días, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución. 5. En casos urgentes, el afectado podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que el órgano jurisdiccional suspenderá el hecho que motivó la petición hasta en tanto resuelva en definitiva, ordenando incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones necesarias a fin de los actos cesen o dejen de existir, con lo cual quedan tutelados los derechos de la persona privada de la libertad, aún en los casos de mayor gravedad, en que incidan en su esfera jurídica las condiciones de internamiento. 6. Que los Jueces de Ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y las relacionadas con ellas. 7. Que para la controversia ante el Juez de Ejecución, constituye un requisito indispensable que se haya agotado la petición administrativa. De lo anterior, se advierte que con la entrada en vigor del Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer los derechos atinentes a las condiciones de su internamiento, como lo son las condiciones de internamiento a que se encuentran sometidos en el lugar donde se encuentran recluidos, ya sean urgentes o no; adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Por tanto, si el ocursante acude en demanda de la protección constitucional a efecto de controvertir actos atribuidos a las autoridades directivas del centro de reclusión donde esta interno, mismos que se vinculan con las condiciones de su estancia, es claro que resulta aplicable el medio defensa establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, es preciso concluir que el promovente no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, pues previo a su interposición, de ser un caso urgente, debió acudir ante el juez de la causa o ejecución para plantear su petición; y de tratarse de condiciones de internamiento no urgentes, debió acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y en caso de no serle favorable o no se le responda, plantear la controversia ante el Juez de la causa o ejecución, lo que le permitiría acceder a una serie de medidas de protección y mecanismos legales de corrección en el ámbito de la justicia ordinaria; de modo que al no hacerlo así, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y ello, a su vez de conformidad con la fracción V, del diverso 63 del mismo ordenamiento, provoca desechar la demanda que originó el presente juicio de amparo; máxime que no existe la posibilidad de que el ofrecimiento y recepción de pruebas, pueda cambiar la presentación que antecede, pues la causal de improcedencia invocado no se apoya en aspectos fácticos, sino que deriva de la propia ley que regula el medio de impugnación ordinario. Tienen aplicación al caso, los criterios siguientes: **** "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. **** **** "PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. ES EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO PARA IMPUGNAR HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. **** No se soslaya que en el caso pudiera estimarse que se actualiza alguna de la excepción al principio rector en estudio, sin embargo, de los artículos 115 a 117, 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se estima que no es así, como enseguida se expondrá. Esto es, porque de la lectura de dichos preceptos se desprende que las personas privadas de su libertad, podrán acudir directamente al Juez de la causa o ejecución, cuando se trate de peticiones urgentes, quien oficiosamente suspenderá el hecho o acto de que se trate, junto con sus efectos, hasta en tanto resuelva en definitiva el planteamiento formulado, además, si se trata de omisiones será la autoridad jurisdiccional quien estará facultada para conocer de las cuestiones relacionadas con las condiciones de internamiento, para lo cual determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciara; asimismo, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte ordenara la suspensión del acto motivo de la controversia si lo considera pertinente; previsiones que se estiman en términos similares a los fija la Ley de Amparo para la suspensión. Asimismo, se destaca que lo expuesto tiene sustento, además, en la ejecutoria dictada el nueve de marzo de dos mil veintitrés, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, al resolver la queja penal 37/2023; además, en la ejecutoria dictada el seis septiembre de dos mil dieciocho, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, al resolver el amparo en revisión 146/2018. Bajo ese cúmulo de ideas, es inconcuso que se está en presencia de una causal de improcedencia del juicio de garantías que se actualiza de modo manifiesto e indudable, como lo es la prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo; y, por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE NOS OCUPA, de conformidad con lo dispuesto por el diverso numeral 113, de dicho ordenamiento legal. Se le designa defensor Solicítese mediante atento oficio al Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán, tenga a bien designar un defensor público que represente y asesore al quejoso. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." Notificación al quejoso Finalmente, toda vez que el propio quejoso señala el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", ubicado en el municipio de Buenavista, Tomatlán, Michoacán, como domicilio para oír y recibir notificaciones, se comisiona al Actuario de la adscripción para que realice lo siguiente: Se constituya en legal y debida forma en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", ubicado en el municipio de Buenavista, Tomatlán, Michoacán y notifique personalmente al quejoso Víctor Eduardo Alvarado Martínez el presente proveído. Se habilitan desde ahora días y horas inhábiles en términos delo dispuesto por el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo. Se hace la aclaración que este Juzgado de Distrito, en los casos de considerarlo necesario, practicará la notificación personal en el lugar donde se encuentra recluido. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Autorización de copias Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Datos personales De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Informa integración de expediente electrónico Finalmente, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. Anotaciones Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN.
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