Victor Domingo Garcia Salas

Expediente 375/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
375/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
10/09/2018

Partes del expediente

  • Victor Domingo Garcia Salas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el diez de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veinte de agosto al siete de septiembre de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable agente del Ministerio público adscrita a la Unidad de Investigación de hechos de Corrupción del Sistema Tradicional Primera Mesa Investigadora, consistente en copia certificada de la averiguación previa ********************de su índice, con la que se formaron los anexos l a lII; devuélvasele dicha documental y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, diez de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de veintitrés de julio de dos mil dieciocho (foja 96), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada por el quejoso mediante escrito presentado el treinta de julio de la presente anualidad. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veinticinco de junio de dos mil dieciocho (fojas 37 a 62), se concedió el amparo y protección a Víctor Domingo García Salas, para que la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional Primera Mesa Investigadora, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y, en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a Víctor Domingo García Salas, para el efecto de que la 1. agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional Primera Mesa Investigadora, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo establecido, realice lo siguiente en la averiguación previa 131/2016/DMZS/DGSP/DGIHC-A-I de su índice: 1. Determine, de acuerdo a la naturaleza de los delitos denunciados, si procede o no continuar integrando la citada indagatoria, a efecto de recabar más elementos de convicción para decidir si ejerce la acción penal correspondiente. a) En caso de que decida continuar con la investigación, determine qué pruebas deben desahogarse o resultan necesarias y, ordene su preparación; todo ello de manera pronta y expedita. En relación con lo anterior, es necesario precisar que para el caso de que la responsable considere que existen pruebas pendientes por desahogar, no se puede conceder el amparo para que las desahogue y determine la averiguación previa, en virtud de que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de origen; considerar lo contrario, podría tener consecuencias como limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. (.) b) En el supuesto que decida, que no resulta necesario recabar más pruebas para continuar la integración de la averiguación previa, emitirá de inmediato la determinación que en derecho proceda, respecto del ejercicio o no ejercicio de la acción penal. 2. Hecho lo anterior, remita las constancias atinentes que lo justifiquen." En acuerdo de doce de julio de dos mil dieciocho (fojas 75 y 76), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, mediante oficio UIHCST-I/0653/2018 de diecinueve de julio de dos mil dieciocho (foja 90) la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional Primera Mesa Investigadora remitió copia certificada de los acuerdos de dieciséis y diecisiete de julio de dos mil dieciocho, emitidos en la averiguación previa 131/2016/DMZS/DGSP/UIHCST-I, de su índice (fojas 92 y 94), así como de los acuses de recibo de los oficios UIHCST-I/0636/2018 y UIHCST-I/0637/2018 (fojas 93 y 95). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de dicha sentencia, la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Determinó, conforme a la naturaleza del delito que se indaga en la averiguación previa 131/2016/DMZS/DGSP/UIHCST-I, continuar con la investigación de los hechos materia de esa indagatoria (foja 90). 2. Estableció qué pruebas resultan necesarias y ordenó su obtención, ya que para ello giró el oficio UIHCST-I/0636/2018 al Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla y le solicitó que, dentro del plazo de cuatro días, remita copia certificada de diversas constancias relacionadas con el inmueble identificado como casa en ruinas marcada con el número cuatrocientos tres de la calle dos Norte, del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, el que notificó a su destinatario el diecisiete de julio de la presente anualidad (foja 93). Así mismo, libró el diverso comunicado UIHCST-I/0637/2018 mediante el cual solicitó al Director General de la Agencia Estatal de Investigación realizar diversos actos de investigación relacionados con los hechos denunciados en la averiguación previa de origen, el que se notificó el dieciocho de julio del año que transcurre (foja 95). En ese sentido, como se estableció en la sentencia de amparo, en virtud de que la representante social responsable consideró procedente continuar con la integración de la averiguación previa y recabar más pruebas, no se puede requerir a la responsable para que las desahogue y determine la averiguación previa, en virtud de que los alcances por los que se otorgó la protección constitucional se delimitaron en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de origen; de lo contrario, podría tener consecuencias como limitar la facultad de investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. Por otra parte en relación con el escrito presentado por el quejoso ante este juzgado el treinta de julio de la presente anualidad, mediante el cual manifestó que la sentencia de amparo debía tenerse por cumplida hasta que, una vez allegadas las pruebas que ordenó recabar, el representante social responsable consigne la averiguación previa de origen. Tal afirmación deviene infundada, en virtud de que, en la sentencia de amparo se estableció con claridad que, para el caso de que el agente del Ministerio Público responsable considerara que existen pruebas pendientes por desahogar, los efectos de la concesión de amparo no podrían abarcar que se ordene al Ministerio Público para que desahogue aquellas pruebas y determine la averiguación previa, en virtud de que los alcances por los que se otorgó la protección constitucional se delimitaron en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del sumario de origen, pues considerar lo contrario, podría tener consecuencias como limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente, considerara necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo anterior, es evidente que, la sentencia de amparo no puede tener el alcance pretendido por el quejoso. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de veintitrés de julio de dos mil dieciocho (foja 96), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada por el quejoso mediante escrito presentado el treinta de julio de la presente anualidad. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veinticinco de junio de dos mil dieciocho (fojas 37 a 62), se concedió el amparo y protección a Víctor Domingo García Salas, para que la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional Primera Mesa Investigadora, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y, en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a Víctor Domingo García Salas, para el efecto de que la 1. agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional Primera Mesa Investigadora, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo establecido, realice lo siguiente en la averiguación previa 131/2016/DMZS/DGSP/DGIHC-A-I de su índice: 1. Determine, de acuerdo a la naturaleza de los delitos denunciados, si procede o no continuar integrando la citada indagatoria, a efecto de recabar más elementos de convicción para decidir si ejerce la acción penal correspondiente. a) En caso de que decida continuar con la investigación, determine qué pruebas deben desahogarse o resultan necesarias y, ordene su preparación; todo ello de manera pronta y expedita. En relación con lo anterior, es necesario precisar que para el caso de que la responsable considere que existen pruebas pendientes por desahogar, no se puede conceder el amparo para que las desahogue y determine la averiguación previa, en virtud de que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de origen; considerar lo contrario, podría tener consecuencias como limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. (.) b) En el supuesto que decida, que no resulta necesario recabar más pruebas para continuar la integración de la averiguación previa, emitirá de inmediato la determinación que en derecho proceda, respecto del ejercicio o no ejercicio de la acción penal. 2. Hecho lo anterior, remita las constancias atinentes que lo justifiquen." En acuerdo de doce de julio de dos mil dieciocho (fojas 75 y 76), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, mediante oficio UIHCST-I/0653/2018 de diecinueve de julio de dos mil dieciocho (foja 90) la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional Primera Mesa Investigadora remitió copia certificada de los acuerdos de dieciséis y diecisiete de julio de dos mil dieciocho, emitidos en la averiguación previa 131/2016/DMZS/DGSP/UIHCST-I, de su índice (fojas 92 y 94), así como de los acuses de recibo de los oficios UIHCST-I/0636/2018 y UIHCST-I/0637/2018 (fojas 93 y 95). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de dicha sentencia, la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Determinó, conforme a la naturaleza del delito que se indaga en la averiguación previa 131/2016/DMZS/DGSP/UIHCST-I, continuar con la investigación de los hechos materia de esa indagatoria (foja 90). 2. Estableció qué pruebas resultan necesarias y ordenó su obtención, ya que para ello giró el oficio UIHCST-I/0636/2018 al Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla y le solicitó que, dentro del plazo de cuatro días, remita copia certificada de diversas constancias relacionadas con el inmueble identificado como casa en ruinas marcada con el número cuatrocientos tres de la calle dos Norte, del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, el que notificó a su destinatario el diecisiete de julio de la presente anualidad (foja 93). Así mismo, libró el diverso comunicado UIHCST-I/0637/2018 mediante el cual solicitó al Director General de la Agencia Estatal de Investigación realizar diversos actos de investigación relacionados con los hechos denunciados en la averiguación previa de origen, el que se notificó el dieciocho de julio del año que transcurre (foja 95). En ese sentido, como se estableció en la sentencia de amparo, en virtud de que la representante social responsable consideró procedente continuar con la integración de la averiguación previa y recabar más pruebas, no se puede requerir a la responsable para que las desahogue y determine la averiguación previa, en virtud de que los alcances por los que se otorgó la protección constitucional se delimitaron en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de origen; de lo contrario, podría tener consecuencias como limitar la facultad de investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. Por otra parte en relación con el escrito presentado por el quejoso ante este juzgado el treinta de julio de la presente anualidad, mediante el cual manifestó que la sentencia de amparo debía tenerse por cumplida hasta que, una vez allegadas las pruebas que ordenó recabar, el representante social responsable consigne la averiguación previa de origen. Tal afirmación deviene infundada, en virtud de que, en la sentencia de amparo se estableció con claridad que, para el caso de que el agente del Ministerio Público responsable considerara que existen pruebas pendientes por desahogar, los efectos de la concesión de amparo no podrían abarcar que se ordene al Ministerio Público para que desahogue aquellas pruebas y determine la averiguación previa, en virtud de que los alcances por los que se otorgó la protección constitucional se delimitaron en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del sumario de origen, pues considerar lo contrario, podría tener consecuencias como limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente, considerara necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo anterior, es evidente que, la sentencia de amparo no puede tener el alcance pretendido por el quejoso. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Víctor Domingo García Salas, y atento a su contenido téngasele desahogando la vista otorgada por auto de veintitrés de julio pasado (foja 96), pues al efecto realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, las cuales serán consideradas en el momento oportuno.

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