Víctor Delgadillo Rivera

Expediente 378/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
378/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
26/11/2020

Partes del expediente

  • Víctor Delgadillo Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil veinte (fojas 37-44), en la que se decretó sobreseer por un lado y negar el amparo de la justicia federal, en el presente juicio de garantías y se negó el amparo y protección de la justicia de la unión, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo. En háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se ordena archivo y depuración. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente, es depurable, por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 18 en virtud que se sobreseyó por un lado y por otro se negó la protección constitucional en el juicio; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Se establece que el incidente de suspensión es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo decimoctavo, fracción I, inciso a) del citado acuerdo, por haberse concedido la suspensión provisional. Resguárdese el juicio principal, como el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depúrese dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo veinte, fracción II, inciso a) del citado acuerdo. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el original del incidente de suspensión deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos originales, por no obrar estos en autos.

  2. Principal

    PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 378/2020-III, promovido por Víctor Delgadillo Rivera, contra del acto y autoridades responsables en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se niega el amparo y protección en el presente juicio de amparo 378/2020-III, promovido por Víctor Delgadillo Rivera, contra del acto y autoridades responsables en términos del considerando quinto de esta sentencia

  3. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL. En Apizaco, Tlaxcala, siendo las trece horas con cinco minutos del treinta de septiembre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia relativa al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 378/2020-III, promovido por Víctor Delgadillo Rivera, se procedió a celebrar la misma ante la presencia de Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, asistido por Christoper Rodríguez Escobar, Secretario que autoriza y da fe, declaró abierta la audiencia, sin la comparecencia de las partes. APERTURA DE AUDIENCIA. El Juez, declaró abierta la audiencia, sin la asistencia personal de las partes, ni de persona que legalmente las represente. RELACIÓN DE CONSTANCIAS. En cumplimiento a su inmediato acuerdo, el Secretario hace relación de las constancias de autos y da nueva cuenta con lo siguiente: Copia de la demanda de amparo (fojas 1 a 6) Auto de veinte de agosto de dos mil veinte, donde se proveyó respecto a la suspensión provisional (fojas 7 a 13). Audiencia incidental de veintisiete de agosto de dos mil veinte, en la cual se señaló fecha nueva para la celebración de la audiencia incidental respecto de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Mesa Especializada de Delitos de Género y Violencia Intrafamiliar de la Dependencia Estatal, Región Norte (fojas 35 a 38). Auto de ocho de septiembre del año en curso en el que se difirió la audiencia incidental de mérito. Todo lo anterior consta en autos.. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación precedente de constancias. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 166, de la Ley de Amparo SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por la parte quejosa, para el efecto de que no se ejecuten las órdenes que reclama, esto es, se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, quedando a disposición del Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal se refiere, o bien, a la de la autoridad administrativa responsable para la continuación del procedimiento penal correspondiente, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, siempre y cuando la aludida orden no se haya ejecutado. Cabe señalar que para el caso de que dicha orden sea dictada y ejecutada por dicha autoridad administrativa con motivo de la comisión de un delito, la parte quejosa deberá ser inmediatamente remitida a dicha Agencia del Ministerio Público; en caso contrario, deberá ser puesto en libertad sin dilación alguna. Lo que se informará en el término de veinticuatro horas con la precisión de la hora y fecha de la detención, de la libertad o puesta a disposición del representante social que corresponda. Si el acto reclamado emana de dicho Agente del Ministerio Público, la parte quejosa podrá ser retenida hasta por cuarenta y ocho horas, tratándose de urgencia o flagrancia o noventa y seis horas para el caso de delincuencia organizada, a partir del momento en que fuera puesta a su disposición, plazo en el que deberán ordenar su libertad o consignarlos ante el Juez Penal respectivo; en la inteligencia de que si se trata de una detención inconstitucional, al no ser ordenada por autoridad judicial, ni tratarse de urgencia, flagrancia o delincuencia organizada, el Agente del Ministerio Público dispondrá la libertad correspondiente. Con la prevención de que la autoridad responsable tiene la obligación de informar dentro del plazo de veinticuatro horas acerca del cumplimiento dado a esta suspensión y justificarlo con copias certificadas de las constancias respectivas, si de dicho informe y constancias no se acredita la flagrancia, urgencia, en su caso delincuencia organizada, o si aquél no se rinde en el término en cita, se pondrá al quejoso en inmediata libertad, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 136 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1059, del tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Novena Época, correspondiente a octubre de 2011, que dice: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. La comparecencia ante el agente del Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima conveniente, si bien es verdad no tiene como propósito lograr su detención, no menos cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado , se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada." Hágase del conocimiento de las partes que la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 261, fracción III de la Ley de Amparo, que de llegar a consumarse daría lugar al ejercicio de la acción penal en contra de las autoridades responsables. Limitantes La medida cautelar no surtirá efecto alguno si la orden reclamada se dictó por autoridad distinta a la aquí señalada, si se sorprende a la parte quejosa en la comisión de flagrante delito, o bien, si la orden reclamada se giró por su participación en un delito grave. Garantía. La suspensión surte sus efectos desde este momento y hasta en tanto se notifique que causó ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio principal, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa dentro del plazo de cinco días hábiles no exhibe una garantía por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas en la ley para el cumplimiento de las obligaciones (billete de depósito o póliza de fianza); cantidad que se fija atendiendo a que la misma se estima suficiente para garantizar esta medida cautelar, tomando en cuenta la naturaleza del acto reclamado y los antecedentes que bajo protesta de decir verdad formuló en su demanda de amparo, y el monto se considera asequible para éste. No pasa inadvertido para este Juzgado, que en términos de lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley de Amparo, la suspensión se debe decretar tomando en consideración: I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute. II. Las características personales y la situación económica del quejoso y; III. La posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia. Sin embargo, cabe señalar que no se cuenta con la información necesaria para hacer un pronunciamiento en el que se consideren en su totalidad dichos elementos. Tampoco es factible retardar el pronunciamiento sobre la suspensión solicitada, dado que existe peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, constitucional y 168, fracción III de la Ley de Amparo, el objeto de la suspensión es precisamente evitar que se les causen tales perjuicios. Así pues, para el otorgamiento de la suspensión definitiva que aquí se decreta, se toman en cuenta únicamente la naturaleza de la violación, el peligro en la demora y la dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir la parte agraviada con la ejecución y los datos que, bajo protesta de decir verdad proporcionó la parte quejosa en su demanda de amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA respecto de los actos atribuidos a la autoridad precisada en el considerando cuarto de esta interlocutoria, para los efectos expuestos en el considerando sexto. ...

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