Víctor Daniel Raymundo García

Expediente 304/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 20 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
304/2015
Año
2015
Actuaciones
20
Última actuación
07/07/2015

Partes del expediente

  • Víctor Daniel Raymundo García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    MESA VI A Visto el cómputo secretarial, como del mismo se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que la parte quejosa hubiera hecho valer recurso alguno en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; consecuentemente, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable.

  2. Incidental

    MESA VI A Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por interlocutoria de diecisiete de marzo de dos mil quince (fojas 46 a 51), se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surtió efectos la notificación de la citada interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    MESA VI A Agréguense a los autos los oficios signados por el Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, por conducto de la Jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial de la Agencia Estatal de Investigaciones, Jefe del Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones, y Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, por el que, en atención a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, las dos primeras autoridades en su carácter de ejecutoras informan el acatamiento a la citada sentencia, y respecto a la última, remite copia certificada del auto de formal prisión dictado el veintiuno de abril de dos mil quince al quejoso Víctor Daniel Raymundo García, en la causa penal 223/2014 de su registro. Ahora bien, toda vez que mediante sentencia dictada el veintidós de abril del año en curso (fojas 94 a 100), se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a Víctor Daniel Raymundo García, para el efecto de que el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, dejara insubsistente la orden de aprehensión de ocho de diciembre de dos mil catorce, dictada en la causa penal 223/2014, y con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera, pero subsanando los vicios formales que la afectaban. En tales condiciones, toda vez que de las constancias de cuenta, se advierte que al haberse dictado auto de formal prisión contra el impetrante, operó un cambio de situación jurídica, lo que impide que se analice su cumplimiento; se declara que existe imposibilidad jurídica para la ejecución del fallo protector. Sirve de apoyo la tesis 1ª.III/2003, visible en la página 216, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Febrero de 2003, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración; máxime que conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera, y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA "MESA VI A Agréguense a los autos los oficios signados por el Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, por conducto de la Jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial de la Agencia Estatal de Investigaciones, Jefe del Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones, y Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, por el que, en atención a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, las dos primeras autoridades en su carácter de ejecutoras informan el acatamiento a la citada sentencia, y respecto a la última, remite copia certificada del auto de formal prisión dictado el veintiuno de abril de dos mil quince al quejoso Víctor Daniel Raymundo García, en la causa penal 223/2014 de su registro. Ahora bien, toda vez que mediante sentencia dictada el veintidós de abril del año en curso (fojas 94 a 100), se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a Víctor Daniel Raymundo García, para el efecto de que el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, dejara insubsistente la orden de aprehensión de ocho de diciembre de dos mil catorce, dictada en la causa penal 223/2014, y con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera, pero subsanando los vicios formales que la afectaban. En tales condiciones, toda vez que de las constancias de cuenta, se advierte que al haberse dictado auto de formal prisión contra el impetrante, operó un cambio de situación jurídica, lo que impide que se analice su cumplimiento; se declara que existe imposibilidad jurídica para la ejecución del fallo protector. Sirve de apoyo la tesis 1ª.III/2003, visible en la página 216, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Febrero de 2003, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración; máxime que conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera, y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente. Notifíquese personalmente.

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