Victor Daniel Peralta Julian

Expediente 601/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
601/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
28/08/2018

Partes del expediente

  • Victor Daniel Peralta Julian

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo, acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avoca al conocimiento del juicio de amparo *****. En ese orden de ideas, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: El presente cuaderno de antecedentes, formado con motivo de la incompetencia para conocer de la demanda de amparo, encuadra en la clasificación prevista en el punto Segundo, fracción XX, del citado acuerdo, que dispone que son expedientes auxiliares: aquellos tales como exhortos, despachos, requisitorias, cuadernos de antecedentes, expedientillos varios, entre otros; por tanto, de conformidad con el diverso punto Vigésimo, fracción I de dicho Acuerdo, una vez transcurridos seis meses contados a partir de la presente determinación, será DESTRUIDO. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este cuaderno de antecedentes no es de relevancia documental histórica ni jurídica, y no existen documentos originales que devolver a las partes.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexos signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual remite copias certificadas del testimonio pronunciado en el recurso de queja civil *******. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Del cual se aprecia que la superioridad por unanimidad de votos resolvió: ".ÚNICO. Es fundado el recurso de queja a que este toca se refiere." En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, en acatamiento a lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en el recurso de queja civil *********, este órgano jurisdiccional procede a proveer sobre la demanda de amparo promovida por ************* quien reclamó del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, el acuerdo dictado en la audiencia previa y de conciliación celebrada el ocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente familiar ***********, donde decretó tener por no presentada la demanda de divorcio incausado promovida por el aquí quejoso y ordenó el archivo definitivo. Atento a lo anterior, el que aquí juzga considera que este juzgado de distrito no es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo en estudio. Lo anterior es así, pues el artículo 170, de la Ley de Amparo dispone: "El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Por su parte, el artículo 47 de la Ley de Amparo, dispone: ".Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." Preceptos que en el caso concreto, nos permiten establecer los siguientes postulados: I. Por resoluciones que ponen fin al juicio, debe entenderse aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; y II. La competencia para conocer del amparo en contra de tales resoluciones que ponen fin al juicio, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, desde luego en la vía directa; debiendo incluso ser presentado ante la autoridad responsable, como lo dispone el artículo 47 de la Ley de Amparo. En tal contexto, se arriba a la convicción de que el acuerdo dictado en la audiencia previa y de conciliación celebrada el ocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente familiar **********, por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, donde decretó tener por no presentada la demanda de divorcio incausado promovida por el aquí quejoso y ordenó el archivo definitivo, constituye una resolución que puso fin al juicio en razón de que sin decidirlo en lo principal lo dio por concluido, como se advierte de los antecedentes que expuso la parte quejosa en su demanda, bajo protesta de decir verdad. Además, del precitado contenido del artículo 170 de la Ley de Amparo, se puede apreciar, por una parte, que en la Constitución General se establecieron las bases fundamentales que rigen el juicio de amparo, entre las cuales nos interesa ahora mencionar las siguientes: a) Tratándose del reclamo de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo es procedente, entre otros, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. b) Al impugnar sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se pueden plantear violaciones cometidas en ellos, o que cometidas durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. c) Para la procedencia del juicio de amparo, deberán agotarse previamente los recursos ordinarios respectivos, salvo que la ley permita la renuncia de recursos. d) Al reclamarse sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, deben hacerse valer las violaciones procesales, con la condición de que el quejoso las hubiere impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa ordinario, salvo las excepciones que allí se señalan. e) El amparo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, de conformidad con la ley, en los casos que allí mismo se detallan. Por otra parte, también se advierte que en el texto constitucional citado, se encomendó al legislador ordinario la tarea de establecer en la ley reglamentaria los procedimientos a los que se sujetarían las controversias de amparo, a partir de las bases fundamentales fijadas en la Constitución. Ahora bien, de las citadas normas de la Ley de Amparo, se aprecia que sobre el tópico, y en lo que interesa, rigen las siguientes normas: a) El juicio de amparo se tramitará en la vía directa o indirecta, en la forma que establezca la Ley de Amparo. b) Los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo en la vía de tramitación directa. c) La vía de tramitación directa del amparo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo (ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo). d) Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. e) Para la procedencia del juicio de amparo, deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. f) Cuando se reciba en un Tribunal Colegiado de Circuito una demanda de amparo que deba tramitarse en la vía indirecta, declarará de plano carecer de competencia y la remitirá con sus anexos al órgano que estime competente. Con base en lo anterior, es posible afirmar que las disposiciones citadas se ocupan de establecer, por un lado, la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los juicios de amparo en la vía directa. Por otro lado, la regla sobre procedencia de la vía de amparo directo cuando se impugnen sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio (casos en los que se pueden plantear violaciones cometidas en ellos, o que cometidas durante el procedimiento, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo). Y, por otro lado más, la regla sobre procedencia del juicio de amparo o principio de definitividad, consistente en que deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley, por virtud de los cuales, los actos reclamados consistentes en sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Disposición esta última que además, resulta congruente con el contenido del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, donde se dispone que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa por el que se pudieran modificar, revocar o nulificar. Sentado lo anterior, resulta necesario que, al examinar las disposiciones citadas en este estudio, sin desconocer la estrecha relación normativa que les une, se identifiquen con ánimo analítico, y de manera adecuada y coherente, las porciones normativas que se refieren a la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, las que se refieren a la procedencia de la tramitación en la vía directa del amparo, y las que se refieren a la procedencia del juicio de amparo. En primer lugar, se considera relevante señalar que, los artículos 107, fracción III, de la Constitución, y 170, fracción I, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, establecen criterios sobre la procedencia del juicio de amparo, en el sentido sustancial de que, en lo que interesa: cuando se reclamen actos de tribunales judiciales administrativos o del trabajo, el juicio de amparo solamente procede en contra de: sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, para cuya procedencia se exige además, que deban agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley; contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, para cuya procedencia también se exige que deban agotarse los recursos que en su caso procedan; y contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. Cabe añadir a lo anterior, por un lado, que el párrafo tercero de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo, expresamente precisa que "para la procedencia del juicio" (no para la procedencia de la vía de tramitación directa del amparo) deben agotarse los recursos ordinarios que establezca la ley de la materia. Y, por otro lado, que tal exigencia legal sobre el agotamiento de los recursos ordinarios, constituye una expresión normativa del principio de definitividad, que es regla general en materia de amparo (tanto directo como indirecto), la que además es sustancialmente coincidente con la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la nueva ley de la materia, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En segundo lugar, es útil advertir que los artículos 107, fracción VI, de la Constitución General, 2o., y 170, fracción I, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, establecen reglas sobre la procedencia de la vía directa en el amparo, en el sentido de que, en lo que interesa, existen dos vías de tramitación para el juicio de amparo: la directa y la indirecta; y que es procedente la vía de tramitación directa contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Especial atención amerita el párrafo segundo de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo, pues en el mismo se establece de manera explícita que: "se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal" y que se entenderá por "por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido"; sin que se establezca allí que el carácter de sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, involucre el agotamiento de los recursos ordinarios correspondientes. En tercer lugar, destaca que los artículos 107, fracción V, de la Constitución General, 34 y 45 de la Ley de Amparo, establecen reglas sobre la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en el sentido de que, en lo que interesa, se encuentran legalmente facultados para conocer del juicio de amparo cuya tramitación sea procedente en la vía directa, pero además, que carecen de competencia para conocer demandas de amparo que deban tramitarse en la vía indirecta. Ahora bien, la claridad en la apreciación de las indicadas figuras procesales en relación con la demanda de amparo dirigida a un Tribunal Colegiado de Circuito, adquiere particular importancia cuando tienden a divergir, unos hacia la validez y otros hacia la invalidez, casos en los que no sólo es necesario identificar con claridad cuál es el presupuesto procesal que tiende hacia la invalidez del proceso, sino además, verificar el orden lógico en el que deben ser examinados, a fin de resolver la eventual invalidez del proceso en estricta correspondencia con el elemento procesal que la detona. Para este último fin, resta señalar que como la normatividad analizada establece como criterio para fijar la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito en materia de amparo, la procedencia de la tramitación en la vía directa, entonces, el orden lógico para evaluar la satisfacción de los presupuestos procesales señalados debe transitar de la siguiente manera: primero, se debe analizar sobre la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; satisfecha la procedencia de la vía directa, se debe analizar la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito; y satisfecha la competencia del tribunal, entonces correspondería analizar la procedencia del juicio de amparo respectivo. Debe destacarse que la insatisfacción de los presupuestos primeros en su orden, impide que el tribunal pueda abordar válidamente la satisfacción de los siguientes o posteriores. Los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, aun cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley como procedente en su contra. Una vez que se han precisado los alcances normativos de las disposiciones constitucionales y legales señaladas, debe dilucidarse si es competente un Tribunal Colegiado de Circuito para conocer de una demanda de amparo promovida en contra de una sentencia que decide el juicio de origen en lo principal, cuando no se agotó el medio ordinario de defensa previsto en la ley. En primer lugar, ya se estableció que acorde con el contenido de los artículos 107, fracción V, de la Constitución General, 34 y 45 de la Ley de Amparo, en lo conducente, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo cuya tramitación sea procedente en la vía directa. Consideración, que exige retomar también la normatividad expuesta en los capítulos anteriores, relacionada con la procedencia de tramitación del amparo en la vía directa. Al respecto, se reitera, acorde con el contenido de los artículos 107, fracción VI, de la Constitución General, 2o., y 170, fracción I, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, la vía directa de tramitación del juicio de amparo es procedente contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, en el entendido de que se debe entender por sentencias definitivas o laudos, las que decidan el juicio en lo principal. Así las cosas, como la normatividad analizada establece como criterio para fijar la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito en materia de amparo, la procedencia de la tramitación en la vía directa; entonces, el orden lógico para evaluar la satisfacción de los presupuestos procesales señalados debe transitar de la siguiente manera: primero, análisis sobre la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; satisfecha la procedencia de la vía, se debe analizar la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito; y satisfecha la competencia del tribunal, entonces, correspondería analizar la procedencia del juicio de amparo. Consolidando lo anterior, si la vía directa de tramitación del juicio de amparo es procedente contra sentencias definitivas, que son las que deciden el juicio en lo principal; y si los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo, cuya tramitación sea procedente en la vía directa. Entonces, respecto de una demanda de amparo promovida en contra de un auto que decide el juicio de origen en lo principal, cuando no se agotó el medio ordinario de defensa previsto en la ley; es inconcuso que sí procede la vía directa de tramitación del juicio de amparo, y que, en consecuencia, sí es competente un Tribunal Colegiado de Circuito para conocer del juicio de amparo respectivo. Lo anterior, sobre la base de que, acorde con el marco constitucional y legal analizado en los capítulos precedentes, la circunstancia de que un auto que decide el juicio de origen en lo principal, no se haya impugnado a través del medio ordinario de defensa previsto en la ley; no tiene relevancia respecto de la determinación de la procedencia de la vía directa del amparo, ni sobre la determinación de la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito para conocer del juicio de amparo directo, sino solamente adquirirá importancia hasta el estadio procesal en el que se analice la procedencia del juicio de amparo, lo que debe ocurrir con posterioridad a la fijación de la competencia del Tribunal Colegiado respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P./J. 6/2015, registro 2008791, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 17, abril de 2015, tomo I, se rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J. 17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En tal virtud, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer de la presente demanda; por consiguiente, se determina remitir el presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que en derecho corresponda, con fundamento en el artículo 41 de la Ley de Amparo. Fórmese, cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias del expediente en que se actúa, para los efectos legales procedentes. Por otro lado, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales procedentes que el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, tomo posesión como titular de este Juzgado Federal, el licenciado Basilio Rojas Zimbrón. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Tesis 2a./.J. 104/2010, visible a página 312. "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto en el juicio de amparo en que se actúa, al que le fue asignado el número de recurso de queja laboral 87/2018; lo que comunica en vía de notificación y para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Visto el escrito firmado por Víctor Daniel Peralta Julián, quejoso en el presente juicio; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, párrafo primero, 100 y 101 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa interponiendo recurso de queja en contra del auto de siete de junio de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el original y copia del escrito de queja al Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, y ríndase informe justificado, para lo cual se manifiesta que es cierto el acto reclamado, toda vez que mediante proveído de siete de junio de dos mil dieciocho, dictado en autos del juicio de amparo al rubro indicado, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Para justificar lo anterior, se remiten copias certificadas de las constancias relativas.

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