Victor Daniel Medina Sánchez
Expediente 976/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 976/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Victor Daniel Medina Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, diez de noviembre de dos mil veintidós. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal para interponer recurso de queja contra el acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) así como en la carátula del expediente y archívese este expediente como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda que le dio origen y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinte de octubre de dos mil veintidós. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encontraban señaladas las nueve horas del diecinueve de octubre de dos mil veintidós, para que el quejoso compareciera ante este Juzgado a ratificar el escrito recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el diez de octubre del año en cita, registrado con el número de control interno 18239, sin embargo, no acudió a la cita, a pesar de estar debidamente notificado para ello, según se desprende de la constancia respectiva; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de once de octubre de dos mil veintidós, y SE TIENE POR NO PRESENTADO el ocurso de mérito. Por otra parte, del estado procesal que guarda el expediente en que se actúa, se advierte que transcurrió el término de cinco días concedido a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil veintidós, a fin que cumpliera con la prevención ahí formulada, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se tiene únicamente como acto reclamado en este juicio el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente ********** del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad. No se desatiende que por proveído de once de octubre del año en curso, se tuvo a la parte quejosa, presentado un escrito con el que pretendió desahogar la prevención decretada en autos; sin embargo, toda vez que no cumplió con el requerimiento que se le hiciera respecto de dicho ocurso, tal y como se precisó en el primer párrafo del este acuerdo, y al no haber desahogado de manera formal y en el término otorgado, la citada prevención, es por lo que se adopta la presente determinación y se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO PROPUESTA DEMOSTRATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. HIPÓTESIS NORMATIVAS Así, de la lectura integral al escrito de demanda, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de ese mismo ordenamiento, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". El artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece claramente que no pueden ser materia de estudio las normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Al respecto, el artículo 17 de la ley de la materia establece -como regla general- que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; sin embargo, en las cuatro fracciones que lo integran prevé diversas excepciones que operan de acuerdo con la naturaleza del acto que se reclame. Cabe señalar en este punto, que el acto reclamado no se ubica en alguno de esos supuestos de excepción, debido a que no se trata de una norma general autoaplicativa o del procedimiento de extradición; de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; de un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; o de un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por tanto, en este caso debe aplicarse el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo. En ese tenor, el artículo 18 de la Ley de Amparo contiene tres supuestos para computar el plazo de presentación de la demanda, a saber: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o, 2. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento; o, 3. A partir del día siguiente a aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. HECHOS De la lectura a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: -El acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente ********** del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad, en el que se determinó que previo a establecer un régimen de convivencia provisional, que tanto los menores como su progenitor (aquí quejoso) se sometieran a un proceso terapéutico, para que una vez que el especialista en psicología que al efecto designe, determine la factibilidad de la misma y se esté condiciones de establecer la forma y términos para llevar a cabo una convivencia. Ahora bien, de los antecedentes que narra bajo protesta de decir verdad la parte quejosa, manifiesta que el nueve de junio de la presente anualidad interpuso el recurso de revocación en contra del acto reclamado (el cual le fue desechado por extemporáneo el ocho de septiembre siguiente); de lo que se colige que al menos desde esa fecha ya tenía conocimiento del acto reclamado. CONCLUSIÓN Expuesto lo anterior, debe decirse que resulta extemporánea la presentación de la demanda de amparo respecto del acto reclamado anteriormente destacado. Lo anterior es así, toda vez que el peticionario del amparo tuvo conocimiento del auto reclamado al menos desde el nueve de junio de este año y la presente demanda se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el treinta de septiembre de dos mil veintidós; por lo que, entre ambas fechas (la del conocimiento del acto reclamado y la de presentación de la demanda) transcurrió en exceso el término de quince días que indica el numeral 17 de la Ley de Amparo, motivo por el cual el presente juicio de amparo promovido contra tal acto reclamado deviene extemporáneo. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XIV, y los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Tienen aplicación al caso las tesis y jurisprudencia siguientes: Registro: 171389 "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA." Registro: 166688 "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EQUIVALENCIA DE LAS EXPRESIONES "FECHA DE NOTIFICACIÓN" Y "OSTENTARSE SABEDOR" PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 166, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE SU PRESENTACIÓN." Registro: 226886 "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA, SI EL QUEJOSO SE OSTENTA SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO EN DETERMINADA FECHA." FIRMAS ELECTRÓNICAS En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022, 16/2022 y 21/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Debido a que la parte quejosa ************, no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, de la ley de amparo vigente, se publica el acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinte de octubre de dos mil veintidós. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encontraban señaladas las nueve horas del diecinueve de octubre de dos mil veintidós, para que el quejoso compareciera ante este Juzgado a ratificar el escrito recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el diez de octubre del año en cita, registrado con el número de control interno 18239, sin embargo, no acudió a la cita, a pesar de estar debidamente notificado para ello, según se desprende de la constancia respectiva; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de once de octubre de dos mil veintidós, y SE TIENE POR NO PRESENTADO el ocurso de mérito. Por otra parte, del estado procesal que guarda el expediente en que se actúa, se advierte que transcurrió el término de cinco días concedido a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil veintidós, a fin que cumpliera con la prevención ahí formulada, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se tiene únicamente como acto reclamado en este juicio el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente ********** del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad. No se desatiende que por proveído de once de octubre del año en curso, se tuvo a la parte quejosa, presentado un escrito con el que pretendió desahogar la prevención decretada en autos; sin embargo, toda vez que no cumplió con el requerimiento que se le hiciera respecto de dicho ocurso, tal y como se precisó en el primer párrafo del este acuerdo, y al no haber desahogado de manera formal y en el término otorgado, la citada prevención, es por lo que se adopta la presente determinación y se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO PROPUESTA DEMOSTRATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. HIPÓTESIS NORMATIVAS Así, de la lectura integral al escrito de demanda, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de ese mismo ordenamiento, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". El artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece claramente que no pueden ser materia de estudio las normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Al respecto, el artículo 17 de la ley de la materia establece -como regla general- que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; sin embargo, en las cuatro fracciones que lo integran prevé diversas excepciones que operan de acuerdo con la naturaleza del acto que se reclame. Cabe señalar en este punto, que el acto reclamado no se ubica en alguno de esos supuestos de excepción, debido a que no se trata de una norma general autoaplicativa o del procedimiento de extradición; de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; de un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; o de un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por tanto, en este caso debe aplicarse el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo. En ese tenor, el artículo 18 de la Ley de Amparo contiene tres supuestos para computar el plazo de presentación de la demanda, a saber: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o, 2. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento; o, 3. A partir del día siguiente a aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. HECHOS De la lectura a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: -El acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente ********** del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad, en el que se determinó que previo a establecer un régimen de convivencia provisional, que tanto los menores como su progenitor (aquí quejoso) se sometieran a un proceso terapéutico, para que una vez que el especialista en psicología que al efecto designe, determine la factibilidad de la misma y se esté condiciones de establecer la forma y términos para llevar a cabo una convivencia. Ahora bien, de los antecedentes que narra bajo protesta de decir verdad la parte quejosa, manifiesta que el nueve de junio de la presente anualidad interpuso el recurso de revocación en contra del acto reclamado (el cual le fue desechado por extemporáneo el ocho de septiembre siguiente); de lo que se colige que al menos desde esa fecha ya tenía conocimiento del acto reclamado. CONCLUSIÓN Expuesto lo anterior, debe decirse que resulta extemporánea la presentación de la demanda de amparo respecto del acto reclamado anteriormente destacado. Lo anterior es así, toda vez que el peticionario del amparo tuvo conocimiento del auto reclamado al menos desde el nueve de junio de este año y la presente demanda se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el treinta de septiembre de dos mil veintidós; por lo que, entre ambas fechas (la del conocimiento del acto reclamado y la de presentación de la demanda) transcurrió en exceso el término de quince días que indica el numeral 17 de la Ley de Amparo, motivo por el cual el presente juicio de amparo promovido contra tal acto reclamado deviene extemporáneo. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XIV, y los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Tienen aplicación al caso las tesis y jurisprudencia siguientes: Registro: 171389 "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA." Registro: 166688 "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EQUIVALENCIA DE LAS EXPRESIONES "FECHA DE NOTIFICACIÓN" Y "OSTENTARSE SABEDOR" PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 166, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE SU PRESENTACIÓN." Registro: 226886 "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA, SI EL QUEJOSO SE OSTENTA SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO EN DETERMINADA FECHA." FIRMAS ELECTRÓNICAS En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022, 16/2022 y 21/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
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