Víctor Cortés Villa

Expediente 567/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
567/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
08/10/2019

Partes del expediente

  • Víctor Cortés Villa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de once de julio de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el Juez de lo Civil de Chiautla de Tapia, Puebla: ".acuerde lo relativo a la apertura de la sucesión intestamentaria a bienes de MARÍA CRUZ VELÁZQUEZ OSORIO, dentro del juicio sucesorio identificado con el número 441/2018, en términos de lo dispuesto en el referido artículo 771 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, siempre que, por supuesto, se encuentren satisfechos los requisitos de ley, como lo refiere la misma disposición legal, y hecho ello, continúe con el trámite que corresponda." Asimismo, mediante oficio recibido el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, toda vez que remitió copia certificada del auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 441/2018, relativo al juicio sucesorio intestamentario, en el que acordó lo relativo a la apertura de la sucesión intestamentaria a bienes de María Cruz Velázquez Osorio o Cruz Velázquez de Cortés o Cruz Velázquez Osorio o Cruz Velázquez (fojas 42 a 45). Por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa con tales documentos, mismo que se le notificó el treinta del mes y año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Del examen de las documentales exhibidas por el Juez de lo Civil de Chiautla de Tapia, Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que remitió copia certificada del auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 441/2018, relativo al juicio sucesorio intestamentario, en el que acordó lo relativo a la apertura de la sucesión intestamentaria a bienes de María Cruz Velázquez Osorio o Cruz Velázquez de Cortés o Cruz Velázquez Osorio o Cruz Velázquez. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de depuración en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio del Juez de lo Civil de Chiautla Puebla, por medio del cual remite copia certificada del auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 441/2018, relativo al juicio sucesorio intestamentario, en el que acordó lo relativo a la apertura de la sucesión intestamentaria a bienes de María Cruz Velázquez Osorio o Cruz Velázquez de Cortés o Cruz Velázquez Osorio o Cruz Velázquez. En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio del Juez de lo Civil de Chiautla, Puebla, visto su contenido, no ha lugar a tener por recibido dicho oficio, toda vez que no se encuentra firmado; por lo tanto, devuélvase a la autoridad oficiante, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que concedió la protección constitucional, ha causado ejecutoria para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Chiautla de Tapia, Puebla [Víctor Abraham Silva Saviñon López], para que dentro del plazo de tres días de cabal cumplimiento a la parte final del considerando cuarto de la sentencia dictada el once de julio de dos mil diecinueve. Se apercibe a la autoridad requerida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 y 258, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 [ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos], atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Por lo anterior, en caso de incumplimiento, este Juzgado ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Ahora, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad citada que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se informa a la responsable que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se comunica a la autoridad citada con antelación que en términos del artículo 193, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo, la persona física que ostente la titularidad del cargo como autoridad responsable, seguirá teniendo responsabilidad aunque deje el cargo; por lo que el presente requerimiento se entenderá dirigido a dicho substituto, así como el apercibimiento decretado en el presente auto. Finalmente, en virtud de que se formó un Anexo I con motivo de las copias certificadas, remitidas por la Titular del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Chiautla de Tapia, Puebla; devuélvanse a su lugar de origen, por lo que se ordena glosar a los autos la carátula de citado anexo, como constancia de envío. NOTIFÍQUESE.

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