Víctor Cortes Fernández
Expediente 697/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Víctor Cortes Fernández
Actuaciones
- Incidental
PRIMERO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por ..., contra las autoridades responsables y respecto de los actos reclamados precisados en el resultando primero y considerando quinto. SEGUNDO. Se CONCEDE la suspensión definitiva solicitada por ..., contra las autoridades responsables y respecto de los actos reclamados precisados en el resultando primero, en términos del considerando sexto de la presente interlocutoria.
- Incidental
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el informe previo de las autoridades responsables Jueza y Secretario de Estudio y Cuenta ambos adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta ciudad; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendido; sin perjuicio de hacer relación de ello en la audiencia incidental. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Víctor Cortes Fernández y María del Carmen Santos Pacheco, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de esta ciudad y otra autoridad, por violación a los artículos 1°, 5°, 8°, 14, 16, 17, 20 y 123 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 697/2023, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común a Víctor Cortes Fernández, sin perjuicio de que los quejosos puedan designar uno diverso con posterioridad. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Toda vez que se encuentra ajustada a derecho, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 103, fracción I y 107 de la Constitución General de la República, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN De conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 de la ley de la materia y 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; con copia del escrito de demanda y por separado, tramítese el incidente de suspensión, sin necesidad de formar duplicado. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado que deberán rendir dentro del plazo de QUINCE DÍAS legalmente computado; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así o de hacerlo fuera del plazo que se concede o sin remitir las copias certificadas en forma completa, legibles y ordenadas de las constancias necesarias u originales en caso de asuntos concluidos, para apoyar su informe, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la ley de la materia. Además, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los numerales 260, fracción II y 238 de la legislación invocada. Cabe precisar que aun cuando existan días inhábiles que no se encuentren previstos en la Ley de Amparo, se debe rendir el informe justificado en el lapso concedido, debiendo tomar en cuenta que no puede justificarse en el plano constitucional que deban descontarse dentro del cómputo de los plazos en el juicio de amparo, días que no se encuentren previstos expresamente en las normas que lo rigen; pues el legislador, en ejercicio de sus facultades de configuración normativa, los estableció orgánicamente para darle funcionalidad al juicio de amparo como un medio de control constitucional idóneo, eficaz, accesible y breve para analizar violaciones a derechos humanos, y así salvaguardar otros, entre ellos el de seguridad jurídica. De igual forma, es importante destacar que los periodos vacacionales no serán motivo de justificación para la interrupción del plazo concedido para rendir el informe de ley; en razón de que no están contemplados como inhábiles en la Ley de Amparo; ni es atribuible a los particulares, aunado que las autoridades al contar con los recursos físicos y materiales pueden hacer frente a sus deberes procesales dentro de los juicios de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1/2022 (10ª), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, del Tomo I, Undécima Época, abril de 2022, registro digital 2024510, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE." AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la audiencia constitucional. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Se previene a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 64, de la Ley de Amparo; y, en caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa por el equivalente a treinta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en el diverso 251 de la propia legislación. VISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA Dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, para los efectos de su representación social, en términos de lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia. TERCERO INTERESADO Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley de Amparo, resérvese proveer lo conducente sobre el llamamiento de la parte tercera interesada, una vez que sea allegado el informe justificado de la autoridad responsable ordenadora de donde se pueda advertir a quienes les asiste tal carácter, así como su domicilio a fin de emplazarlos a la presente instancia judicial e integrar debidamente la litis. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por recibidas como pruebas de la parte quejosa, las documentales que anexa a su escrito de demanda; sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Por cuanto hace a las pruebas que ofrece la parte quejosa consistente en la instrumental de actuaciones en vía informe, se reserva a acordar lo conducente, hasta que obren en el expediente los informes justificados de las autoridades responsables ordenadoras. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por los promoventes en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Christian Rodrigo Ochoa Morales y Gilberto Vicente Torres Villanueva, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del citado numeral a Elizama Lizbeth España García, Luis Antonio Zúñiga Pérez, al no contar con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado de mérito. NOTIFICACIONES DE LOS POSIBLES DIFERIMIENTOS Por otro lado, se instruye a los actuarios judiciales para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen a las partes en el presente asunto, por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí que resulte suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2002576 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.) Página: 1253 NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Por tanto, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dicho acuerdo, se realizará únicamente a través de lista; lo anterior con independencia de que si dicho proveído contuviera algún aspecto que, por su trascendencia, deba ser plenamente conocido por las partes, se ordenará la notificación correspondiente. NOTIFICACIÓN Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, se indica a los actuarios que conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico, asimismo, que todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico, por lo cual, éste únicamente contendrá las promociones físicamente recibidas y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. RESERVA DE INFORMACIÓN Este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales y sensibles, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO EN LÍNEA De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
- Incidental
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés****************************************FORMACIÓN DEL INCIDENTEComo está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 128 de la Ley de Amparo y 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, con copia de la demanda de amparo, fórmese y tramítese por separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 697/2023, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de esta ciudad y otra autoridad, por violación a los artículos 1°, 5°, 8°, 14, 16, 17, 20 y 123 Constitucionales****************************************REQUERIMIENTO DE INFORMES PREVIOSCon apoyo en los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, por oficio, con copia simple de la demanda, pídase a las autoridades responsables sus informes previos que deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, con el apercibimiento que de omitir rendirlo dentro del término señalado, se presumirá cierto el acto reclamado y con fundamento en el artículo 260, fracción I y 238 de la ley de la materia, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)******************** ********************AUDIENCIA INCIDENTAL****************************************Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental****************************************PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS****************************************Del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, además atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de sus autores, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión se precisan como actos reclamados:********************1******************** La falta emplazamiento en el juicio ******************** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta ciudad;********************2******************** Todo lo actuado en el supracitado expediente; y********************3******************** El requerimiento de pago a los quejosos de la suerte principal y de los intereses moratorios que al doce de abril del presente año, suman la cantidad de ************************************************************INTERÉS SUSPENSIONAL ****************************************Ahora bien, antes de analizar los requisitos de procedencia y de efectividad de la medida cautelar, es menester precisar que para efectos del juicio de amparo existen dos tipos de terceros extraños a juicio, esto es, en estricto sentido y por equiparación****************************************Por tercero extraño a juicio en estricto sentido es la persona física o moral que no figura en el juicio o en el procedimiento (del que emana el acto reclamado) como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer totalmente las actuaciones relativas****************************************Por tercero extraño a juicio por equiparación es la persona que promueve juicio de amparo por no haber sido emplazada al juicio o por haber sido citada en forma distinta de la prevenida en la ley, lo que ocasiona el desconocimiento total del juicio******************** Así, dicho tercero es el sujeto que formando parte de la controversia de la que emana el acto reclamado, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo****************************************A lo anterior es aplicable la tesis siguiente:********************"Época: Octava Época ********************Registro: 231844 ********************Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito********************Tipo de Tesis: Aislada ********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación ********************Tomo I, Segunda Parte-2, Enero-Junio de ********************1988 ********************Materia(s): Común ********************Tesis: ********************Página: 720 ****************************************TERCERO EXTRAÑO, CONCEPTO DE******************** En opinión de este Tribunal Colegiado, si bien la persona extraña a juicio es aquélla que no es parte en ningún procedimiento judicial, también se equipara a ella, la que siendo demandada, alegue no haber sido emplazada legalmente********************"********************Así, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que los quejosos se ostenta como terceros extraños a juicio por equiparación, al ser parte demandada en el juicio ******************** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta ciudad y no haber sido llamados a dicho juicio, y por ende, se afecta su esfera jurídica, de ahí que sí posee interés suspensional****************************************Tiene aplicación al caso por analogía la jurisprudencia siguiente:********************"Época: Novena Época ********************Registro: 167346 ********************Instancia: Primera Sala ********************Tipo de Tesis: Jurisprudencia ********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta ********************Tomo XXIX, Abril de 2009 ********************Materia(s): Común ********************Tesis: 1a********************/J******************** 4/2009 ********************Página: 515 ****************************************SUSPENSIÓN PROVISIONAL******************** CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE******************** Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto******************** Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución******************** Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora******************** Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien********************"********************Cobra aplicación la tesis que sigue:********************"Época: Quinta Época ********************Registro: 343330 ********************Instancia: Tercera Sala ********************Tipo de Tesis: Aislada ********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación ********************Tomo CVI ********************Materia(s): Común ********************Tesis: ********************Página: 1091 ****************************************INTERÉS JURÍDICO, SUSPENSIÓN PEDIDA POR EXTRAÑOS A UN PROCEDIMIENTO******************** Por interés jurídico, debe entenderse el que resulta de la afectación de los derechos de propiedad y posesión que el quejoso dice tener en la finca que menciona, a consecuencia de las resoluciones dictadas por las autoridades responsables, que son materia de la demanda de garantías******************** Por tanto, para comprobar ese interés jurídico es indispensable que el quejoso compruebe aunque sea de una manera presuntiva, que es propietario o poseedor del citado inmueble, y si sobre este particular no rindió prueba alguna, precede negarle la suspensión********************"********************Asimismo, es aplicable la tesis siguiente:********************"Época: Quinta Época ********************Registro: 349754 ********************Instancia: Tercera Sala ********************Tipo de Tesis: Aislada ********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación ********************Tomo LXXXII ********************Materia(s): Común ********************Tesis: ********************Página: 1881 ****************************************INTERÉS JURÍDICO, PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN******************** Cuando se trata de acreditar el interés jurídico que al quejoso le asiste para solicitar la suspensión, la jurisprudencia relativa sólo exige que se acredite presuntivamente, con un principio de prueba ese interés, y si la autoridad responsable afirma que la copia simple del documento corresponde al original que presentó el interesado con su demanda de amparo, basta este elemento de convicción para presumir el interés que tiene el quejoso al solicitar la medida, sin que sea necesario presentar copia certificada del original********************"********************NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN POR ACTOS CONSUMADOS****************************************En relación a los actos reclamados consistentes en: ********************1******************** La falta emplazamiento en el juicio ******************** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta ciudad; y,********************2******************** Todo lo actuado en el supracitado expediente****************************************Se NIEGA la suspensión provisional, en virtud de que a dichos actos les reviste el carácter de consumados, en contra de los cuales es improcedente la medida cautelar solicitada, pues de concederse se daría efecto restitutorio a dicho acto, lo cual es propio de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio principal de donde deriva el presente incidente de suspensión, atento a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo******************** ********************Máxime que no se estima que, de acuerdo a la naturaleza de los citados actos que reclamados, pueda restituirse provisionalmente en el derecho que se dice violado en términos de lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley de Amparo, pues de hacerlo se dejaría sin materia el juicio de amparo en lo principal****************************************CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN****************************************Por cuanto hace al acto reclamado consistente en: ********************3******************** El requerimiento de pago a los quejosos de la suerte principal y de los intereses moratorios que al doce de abril del presente año, suman la cantidad de ************************************************************Se CONCEDE la suspensión provisional para que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan; medida suspensional que estará vigente hasta en tanto se resuelva lo conducente sobre la suspensión definitiva del acto reclamado; sin perjuicio de que con mayores elementos se pueda proveer en dicho momento de manera diferente****************************************En lo conducente, tiene aplicación la tesis siguiente:********************"Época: Quinta Época ********************Registro: 357705 ********************Instancia: Tercera Sala ********************Tipo de Tesis: Aislada ********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación ********************Tomo LIII ********************Materia(s): Común ********************Tesis: ********************Página: 3378 ****************************************SUSPENSIÓN, QUE DEBE ESTUDIARSE EN LA******************** Para los efectos de la suspensión, no deben tenerse en cuenta los derechos que comprueba el quejoso o el tercero perjudicado, porque esto constituye la materia de la sentencia del juicio constitucional; simplemente debe analizarse si se llenan los requisitos que exige la ley para que sea concedida la suspensión; de manera que si el interesado presenta una factura para demostrar su derecho a determinados bienes y un conocimiento del ferrocarril endosado a su nombre, no puede determinarse en la suspensión, si esos documentos comprueban el derecho que alega el interesado, y sólo ponen de manifiesto el interés que tiene en el asunto, y es evidente que el embargo y depósito de dichos bienes, le pueden causar un perjuicio de difícil reparación si se realiza la entrega de la misma al depositario y procede conceder la suspensión********************"********************Asimismo, es aplicable la jurisprudencia que sigue:********************"Época: Novena Época ********************Registro: 197239 ********************Instancia: Pleno ********************Tipo de Tesis: Jurisprudencia ********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta ********************Tomo VI, Diciembre de 1997 ********************Materia(s): Común ********************Tesis: P********************/J******************** 96/97 ********************Página: 23 ****************************************SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN******************** EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN******************** Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian******************** Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado********************"****************************************De igual forma, resulta aplicable, por analogía, la tesis siguiente:********************"Época: Novena Época ********************Registro: 169406 ********************Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito ********************Tipo de Tesis: Aislada ********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta ********************Tomo XXVII, Junio de 2008 ********************Materia(s): Común ********************Tesis: IV********************3o********************C********************20 K ********************Página: 1283 ****************************************SUSPENSIÓN PROVISIONAL******************** PROCEDE CONCEDERLA CUANDO SE RECLAMA UNA SENTENCIA DEFINITIVA Y SUS ACTOS INMINENTES DE EJECUCIÓN, SI EL AMPARO SE PROMUEVE POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL Y EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN******************** Cuando la protección constitucional se solicita por la persona que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta ser tercera extraña a juicio por equiparación, en razón de que en un procedimiento fue señalada como parte demandada, reclamando la sentencia definitiva y sus inminentes actos de ejecución, por no haber sido oída en el mencionado litigio por falta de emplazamiento legal, procede otorgar la suspensión provisional de los actos reclamados, dado que el interés público que existe en que se lleven adelante las sentencias que han causado ejecutoria, solamente puede concebirse cuando el quejoso ha sido escuchado en la contienda respectiva, por ser indispensable su intervención para la constitucionalidad del fallo correspondiente, mas no cuando se está en la hipótesis antes referida, es decir, cuando se reclama la falta de emplazamiento del demandado y que se equipara a un tercero extraño al juicio natural, por lo que si en la controversia de origen existen actos positivos que deben suspenderse para evitar la realización de actos que tiendan a ejecutarla, es indudable que existe materia para conceder la medida cautelar de que se habla, respecto de todas las consecuencias que pudieran emanar de la sentencia definitiva dictada en dicho asunto************************************************************También, por analogía al caso, ilustra lo antes determinado la tesis que sigue:********************"Época: Novena Época ********************Registro: 173267 ********************Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito ********************Tipo de Tesis: Aislada ********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta ********************Tomo XXV, Febrero de 2007 ********************Materia(s): Común ********************Tesis: VI********************2o********************C********************265 K ********************Página: 1800 ****************************************INTERÉS JURÍDICO EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN******************** EL QUEJOSO DEBE JUSTIFICARLO CON PRUEBAS IDÓNEAS CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO RECLAME LA AFECTACIÓN DE LA PROPIEDAD Y POSESIÓN DE UN BIEN CON MOTIVO DE SU EMBARGO PUES PARA ELLO NO BASTA QUE SEA PARTE EN EL PROCEDIMIENTO******************** Cuando en el juicio de amparo se reclaman, además de cuestiones vinculadas con un procedimiento jurisdiccional en el que el quejoso es parte, la afectación de la propiedad y posesión de un bien con motivo de su embargo, para efectos de que en el trámite del incidente de suspensión pueda otorgarse la medida cautelar solicitada, en relación con este último acto y sus consecuencias, el promovente debe justificar su interés jurídico con pruebas idóneas para tal efecto, pues el que deriva de su intervención como parte en el procedimiento del que emanan los actos reclamados, sólo lo legitima en relación con cuestiones que derivan de su posición procesal, pero en ella no queda comprendida la titularidad del dominio o posesión de los bienes que resultan afectados con motivo del secuestro judicial********************"********************Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que sigue:********************"Época: Novena Época ********************Registro: 185870 ********************Instancia: Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito********************Tipo de Tesis: Aislada ********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta ********************Tomo XVI, Septiembre de 2002 ********************Materia(s): Común ********************Tesis: I********************9o********************A********************8 K ********************Página: 1461 ****************************************SUSPENSIÓN PROVISIONAL******************** PARA SU OTORGAMIENTO DEBE DEMOSTRARSE, CUANDO MENOS EN FORMA INDICIARIA, QUE EL QUEJOSO ES TITULAR DEL DERECHO QUE ESTIMA VIOLADO******************** Cuando se tiene la certeza de que quien solicita la suspensión es agraviado; que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público; y que la ejecución de los actos reclamados le causaría daños y perjuicios de difícil reparación a la impetrante de garantías, debe concluirse que se surten los requisitos de procedencia de aquella medida que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo; sin embargo, para su otorgamiento, se requiere que el quejoso demuestre, cuando menos en forma indiciaria, que es titular del derecho que estima violado********************"********************Sin que pase inadvertido que la ejecución de las sentencias que han causado ejecutoria es de interés público, sin embargo, dicha hipótesis se da cuando la parte quejosa ha sido escuchada en la contienda respectiva, por ser indispensable su intervención para la constitucionalidad del fallo correspondiente, lo que en el caso no es aplicable ya que, como se indicó, los impetrantes reclaman como acto destacado la falta de emplazamiento al juicio ******************** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta ciudad****************************************REQUISITO DE EFECTIVIDAD****************************************En principio, resulta necesario dilucidar el contenido de los artículos 107 de la Constitución Federal y 132 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: ********************"Artículo 107******************** Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) X******************** Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social******************** Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado******************** La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes; (.)"******************** ********************"Artículo 132******************** En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo******************** Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía******************** La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos"******************** ********************De la correlación de ambos preceptos se advierte la obligación de la parte quejosa que obtiene la suspensión del acto reclamado, de otorgar garantía bastante para responder de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a la parte tercera interesada; el artículo 132 de la Ley de Amparo, es claro en establecer que cuando sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, la parte quejosa deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo******************** De igual forma, establece que cuando los derechos del tercero no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía****************************************Tal caución no tiene por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica de la parte tercera interesada como consecuencia de la validez del acto reclamado, ya que únicamente se dirige a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión de éste; es decir, los daños y perjuicios que se le pudieran causar a aquél por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión y hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas a que refiere el acto reclamado******************** Por tanto, el monto de la garantía no puede ser igual al valor de la condena en el juicio natural, sino que debe de ir en proporción a ésta******************** ********************Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia siguiente: ********************Época: Novena Época ********************Registro: 180238 ********************Instancia: Primera Sala ********************Tipo de Tesis: Jurisprudencia ********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta ********************Tomo XX, Octubre de 2004 ********************Materia(s): Común ********************Tesis: 1a********************/J******************** 61/2004 ********************Página: 315 ****************************************SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO******************** PARA QUE SURTA EFECTOS LA CAUCIÓN, SU MONTO DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO CON ESA MEDIDA******************** La suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo se constriñe a asegurar la efectividad de la justicia constitucional, mientras que la caución que se otorga para que surta efectos esa medida cautelar debe responder por los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado si no se otorga la protección constitucional******************** En ese contexto, la suspensión no es una figura jurídica que tenga un fin en sí misma, sino que depende del proceso principal y, por ende, sus efectos no inciden en la validez y existencia del acto reclamado; igualmente la caución tampoco puede jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica del tercero perjudicado como consecuencia de la validez del acto reclamado, ya que únicamente se dirige a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión de éste, es decir, los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión y hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado******************** Consiguientemente, la caución no debe atender a un monto que no se pierde o menoscaba por el acto judicial cuyos efectos se condicionan al otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, en virtud de que ésta obra sobre su ejecución y es ajena al acto reclamado, de manera que si únicamente debe responderse por los daños y perjuicios derivados de los efectos de la concesión de la medida cautelar, se concluye que éstos no pueden asimilarse al monto total a que asciende la condena en el juicio natural****************************************Así, para calcular el monto de dichos daños y perjuicios debe tenerse presente que el artículo 2108 del Código Civil Federal, define al daño como la pérdida o menoscabo en el patrimonio de una persona, por lo que, se entiende que es la pérdida o menoscabo que le acarrea a la parte tercera interesada, de no disponer desde el momento en que se concede la suspensión y mientras se resuelve el juicio de amparo, la prestación que le correspondería de ejecutarse el acto reclamado******************** ********************Por tanto, la indemnización por concepto de "daño" derivado de la suspensión en el amparo, sólo responde por la depreciación o pérdida del valor adquisitivo de la prestación que debió recibir el tercero por virtud de la condena, durante el lapso que duró el juicio de amparo, por no haber podido disponer de la misma******************** ********************Por su parte, el diverso 2109 del Código Civil Federal, refiere al perjuicio como la privación de una ganancia lícita que debió obtener una persona, en ese sentido, los "perjuicios" son la privación de las ganancias lícitas que obtendría la parte tercera interesada de tener bajo su dominio, durante el tiempo que dure el correspondiente juicio de amparo, la respectiva prestación pecuniaria cuya ejecución se encuentra paralizada por virtud de la suspensión, equivalente al rendimiento que en el mismo periodo produciría tal prestación, conforme a una tasa de interés que refleje las condiciones reales del mercado de dinero****************************************Al respecto, antes de proveer lo conducente sobre el tópico de la garantía, es necesario establecer lo siguiente:********************De una lectura integral al escrito de demanda, se advierte que en el expediente ******************** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta ciudad, se condenó a los aquí quejosos, entre otros conceptos, al pago de la cantidad de ********************, por concepto de suerte principal e intereses moratorios****************************************Por tanto, esa cantidad se tomará en cuenta para calcular la garantía que se fijará para suspender la ejecución del acto reclamado, misma que servirá de base para realizar el cálculo correspondiente a la garantía que debe cubrirse por la parte quejosa por concepto de daños y perjuicios; y para ello, debe atenderse a lo establecido en la siguiente jurisprudencia:********************Época: Décima Época ********************Registro: 2008219 ********************Instancia: Pleno ********************Tipo de Tesis: Jurisprudencia ********************Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la ********************Federación ********************Libro 14, Enero de 2015, Tomo I ********************Materia(s): Común ********************Tesis: P********************/J******************** 71/2014 (10a********************) ********************Página: 5****************************************DAÑOS Y PERJUICIOS******************** FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA******************** Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor******************** Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación******************** (Énfasis añadido)****************************************Criterio jurisprudencial que resulta obligatorio en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo****************************************Así, para determinar lo que corresponde a los daños que pudieran causarse a la parte tercera interesada con motivo de la medida suspensional, se advierte que no es la tasa de interés interbancaria de equilibrio, el factor económico que debe tenerse en cuenta para su cuantificación, sino el Índice Nacional de Precios al Consumidor que se publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación, por ser el que refleja la pérdida del valor del dinero en el mercado; por lo que, para calcular los posibles daños debe tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en tanto no es posible computar la variación porcentual que para el mes futuro llegue a obtenerse de tal factor****************************************Ahora, para fijar el monto de la caución, se pondera la duración de la tramitación de la suspensión provisional, que en el caso se estima de un mes el tiempo probable en que se resuelva sobre la suspensión definitiva, tomando en cuenta la fecha que se establece para la celebración de la audiencia incidental, el posible diferimiento de ésta y el trámite del recurso que se pudiera interponer, aunado a que la autoridad responsable tiene su residencia en esta ciudad, toda vez que la vigencia de la suspensión provisional, por su carácter perentorio, es de corta duración, en virtud de que, conforme a lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Amparo, ésta es decretada para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva; de igual forma, debe ponderarse que dicha suspensión es susceptible de modificarse****************************************Época: Décima Época ********************Registro: 2018983 ********************Instancia: Pleno ********************Tipo de Tesis: Jurisprudencia ********************Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación ********************Libro 62, Enero de 2019, Tomo I ********************Materia(s): Común ********************Tesis: P********************/J******************** 35/2018 (10a********************) ********************Página: 10 ****************************************SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO******************** FORMA DE CALCULAR EL PLAZO QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA A EFECTO DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO******************** Conforme al artículo 136 de la Ley de Amparo, la suspensión surte efectos desde el momento en que se pronuncia el acuerdo relativo y deja de surtirlos si dentro del plazo de 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional******************** Sin embargo, la ley citada no señala de manera específica el plazo para que se resuelva el juicio constitucional en la vía directa, a efecto de fijar el monto de la garantía respectiva; de ahí que, para determinarlo, debe atenderse al tiempo probable de su duración, pues precisamente durante ese lapso estará suspendida la ejecución del acto reclamado******************** Al respecto, la ley mencionada establece los siguientes plazos para tramitar y resolver el juicio de amparo directo: el artículo 178 prevé el de 5 días para que la autoridad responsable certifique las fechas de notificación y presentación, corra traslado al tercero interesado y rinda informe justificado; el artículo 179, el de 3 días para que el Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito provea sobre la admisión de la demanda; el artículo 181, el de 15 días para alegar o promover amparo adhesivo; el artículo 183, el de 3 días para turnar el expediente y el de 90 días posteriores para pronunciar la sentencia; y el artículo 184, el de 10 días siguientes a su aprobación para la firma del engrose******************** La suma de los plazos aludidos es de 126 días hábiles, que divididos entre los días hábiles del mes calendario (en general 22 por mes), dan un total de 5********************7 meses, plazo al que deben agregarse los días para realizar las notificaciones de cada una de las actuaciones necesarias, relevantes e indispensables para poder tramitarlo; de ahí que se considere que, por lo general, el juicio de amparo puede durar 6 meses, siendo este último parámetro el que debe observarse para fijar el monto de la garantía correspondiente cuando la suspensión se solicita al promover el juicio de amparo; no obstante, en atención a que la resolución de los juicios de amparo directo no siempre ocurre durante los plazos legales, pues en la práctica pueden existir distintas cuestiones que generarán un aumento en el lapso para su resolución, se considera válido que la autoridad facultada para decidir sobre la suspensión pueda, fundada y motivadamente, aumentarlo, siempre y cuando advierta razones que en el caso concreto justifiquen que la duración del juicio se prolongará más allá de la regla general apuntada, sin perjuicio de que el tercero interesado pueda solicitar por hecho superveniente el aumento de la garantía por la demora en la solución del juicio******************** Asimismo, el plazo precisado puede disminuirse cuando la suspensión se solicite con posterioridad a la presentación de la demanda, para lo cual, habrá de atenderse al momento en el cual se solicita, pues el plazo de duración del juicio será menor******************** Lo anterior, para que se restaure eficazmente el equilibrio perdido entre las partes ante la concesión de la suspensión del acto reclamado****************************************Además que, el recurso de queja en contra de la suspensión provisional no es factible de resolverse en un tiempo mayor al antes estimado (un mes) dado su urgencia y trámite inmediato, por lo que se estima que en el caso, el mes que se tomó en cuenta como duración de la suspensión provisional es suficiente****************************************En razón de lo anterior, cabe tener en cuenta que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado en el mes inmediato anterior a la fecha de la presente determinación en virtud de que aún no se actualiza a noviembre-, fue: 0********************38****************************************En octubre de dos mil veintitrés y representó una variación de 0********************38 por ciento, respecto del índice correspondiente al mes anterior****************************************Entonces, el 0********************68 % de porcentaje inflacionario (0********************0038), que multiplicado por el monto sujeto a suspensión ********************, arroja un resultado de $2,150********************97 (dos mil ciento cincuenta pesos, noventa y siete centavos, moneda nacional), por la temporalidad de un mes, que es el tiempo probable que se estima pertinente para la resolución sobre la suspensión definitiva, por concepto de daños****************************************En otro contexto, a efecto de determinar la garantía que debe exhibirse por la parte quejosa para garantizar los perjuicios, se atiende también al criterio jurisprudencial P********************J******************** 71/2014, antes invocado a fin de cuantificar aquellos que se pueden llegar a causar a quien le surja el carácter de parte tercera interesada con la suspensión de la ejecución correspondiente, se debe tomar en cuenta el monto considerado antes expuesto; esto es, la cantidad exigible de la resolución reclamada de ************************************************************De esta manera, los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría la tercera de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación, porque es un indicador que, en términos generales, refleja el rendimiento que pudo originar la cantidad dejada de percibir o lo que cualquier persona recibiría al depositar su dinero en alguna institución de banca múltiple****************************************Así pues, para la cuantificación de la garantía, en lo que corresponde a los perjuicios que pudieran causarse a la parte tercera interesada con la suspensión que se concede a la parte quejosa, por lo que, es necesario atender:********************1******************** La tasa TIIE a veintiocho días publicada en el Diario Oficial de la Federación al momento de la emisión de esta determinación, corresponde a 11********************5051% (es decir 0********************115051)****************************************2******************** Esa tasa, por ser anual, se multiplicará por la cantidad del monto sujeto a suspensión, esto es de ********************, resultando un importe de $65,124********************15 (sesenta y cinco mil ciento veinticuatro pesos, quince centavos moneda nacional)****************************************3******************** El resultado de la operación anterior, debe dividirse entre doce, que es el número de meses en que se divide un año calendario, dando un monto de $5,427********************01 (cinco mil cuatrocientos veintisiete pesos, un centavo moneda nacional)****************************************4******************** El cociente (o resultado) de esa división, se multiplicará por el número de meses que se estima durará la tramitación de la suspensión provisional, que, como se indicó, se considera de un mes el tiempo probable en que se resuelva sobre la suspensión definitiva****************************************5******************** El producto de esa multiplicación constituirá la cantidad que la parte quejosa deba constituir como garantía por concepto de perjuicios para que la suspensión surta efectos durante el tiempo en que se estima durará la tramitación de la suspensión provisional; que en el caso corresponde a $5,427********************01 (cinco mil cuatrocientos veintisiete pesos, un centavo moneda nacional)****************************************Cobra aplicación la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:********************Época: Décima Época ********************Registro: 2014801 ********************Instancia: Primera Sala ********************Tipo de Tesis: Jurisprudencia ********************Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la ********************Federación ********************Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I ********************Materia(s): Común, Civil ********************Tesis: 1a********************/J******************** 6/2017 (10a********************) ********************Página: 466 ****************************************PERJUICIOS******************** PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR LOS QUE PUEDAN OCASIONARSE AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL, DEBE CONSIDERARSE LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE) COMO UN INDICADOR DE BASE ANUAL******************** El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P********************/J******************** 71/2014 (10a********************), (1) de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS******************** FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA********************", estableció que para el cálculo de la garantía respecto de los perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión, es aplicable la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, porque es un indicador que, en términos generales, refleja el rendimiento que pudo originar la cantidad dejada de percibir o lo que cualquier persona recibiría al depositar su dinero en alguna institución de banca múltiple******************** En relación con el indicador señalado, cabe tener en cuenta que el Banco de México expidió la Circular 3/2012, dirigida a las Instituciones de Crédito y a la Financiera Rural, relativa a las Disposiciones Aplicables a las Operaciones de las Instituciones de Crédito y de la Financiera Rural, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2012, de cuyos artículos 38, 39, 150 y 163, se advierte que las instituciones bancarias expresarán las tasas de interés y los rendimientos en términos anuales; que en las operaciones pasivas con tasas de interés variable, únicamente podrán utilizar como tasa de referencia, entre otras, la TIIE; que para determinarla, el Banco de México recibe cotizaciones de instituciones de banca múltiple; y que las tasas de interés que se obtengan conforme a lo previsto en el capítulo 'Determinación de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio en Moneda Nacional', se expresarán en términos porcentuales anuales******************** Ahora bien, con base en las disposiciones citadas, es válido inferir que para efectos de fijar el monto de la garantía por los perjuicios que puedan ocasionarse al concederse la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo en materia civil, la expresión de la tasa TIIE debe considerarse un porcentaje establecido en términos anuales, aunque no se prevea así expresamente en las publicaciones respectivas****************************************Finamente, se precisa que el pago de la garantía otorgada, para la eficacia de la suspensión provisional, no constituye un doble pago respecto a los intereses que pudieran generarse, que comprende la cantidad por la que se concede dicha suspensión, en virtud a que dicha garantía no libera a la parte quejosa del cumplimiento al pago de los intereses a que pudiera estar condenada, como tampoco significa que durante el periodo o plazo de vigencia de la suspensión esté exenta sobre la generación de aquellos intereses****************************************Apoya lo expuesto la tesis sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente:********************Época: Décima Época ********************Registro: 2020103 ********************Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito ********************Tipo de Tesis: Aislada ********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación ********************Publicación: viernes 14 de junio de 2019 10:20 h ********************Materia(s): (Común) ********************Tesis: I********************12o********************C********************147 C (10a********************) ****************************************SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO******************** LA GARANTÍA OTORGADA PARA SU EFICACIA NO LIBERA A LA QUEJOSA DEL CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS A QUE FUE CONDENADA, COMO TAMPOCO SIGNIFICA QUE DURANTE EL PERIODO O PLAZO DE VIGENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR, AQUÉLLA ESTÉ EXENTA SOBRE LA GENERACIÓN DE LOS INTERESES Y MENOS IMPLICA UN DOBLE PAGO******************** La suspensión de los actos impugnados en el juicio de amparo no constituye, per se, un fin, pues su otorgamiento tiene lugar en función del proceso principal por lo que no afecta la validez ni la existencia del acto controvertido******************** El monto de la garantía para la suspensión del acto, en modo alguno puede tener injerencia sobre la obligación dineraria que, como condena, la parte quejosa deba solventar (pago o condena sobre intereses moratorios), pues el cumplimiento de esa obligación es totalmente diverso en cuanto a su naturaleza, contenido y alcance, al monto caucionado como requisito de efectividad sobre la medida suspensional concedida, en tanto que ésta sólo tiene por objeto proteger los eventuales daños y perjuicios que el tercero interesado pueda resentir con motivo de la suspensión sobre la ejecución del acto reclamado; lo anterior no significa, en modo alguno, que la garantía suspensional sustituya el pago que la quejosa deba sufragar, porque dicha garantía no se erige en una posibilidad sustitutiva para cumplir con la condena que en pesos la quejosa deba solventar, en tanto que se dirige a diverso objetivo, que justamente, no es garantizar, alternativamente, el cumplimiento de las condenas pronunciadas en la sentencia definitiva que aquélla deba sufragar; por tanto, la garantía otorgada para la eficacia de la suspensión del acto reclamado no libera a la quejosa del cumplimiento al pago de los intereses moratorios a que fue condenada, como tampoco significa que durante el periodo o plazo de vigencia de la suspensión esté exenta sobre la generación de aquellos intereses y menos implica un doble pago****************************************Así pues, la suspensión concedida surte sus efectos de inmediato, pero dejará de surtirlos si dentro del término de CINCO DÍAS, según lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no otorga una garantía a disposición de este Juzgado de Distrito por la cantidad de $7,577********************98 (SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS, NOVENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL); de los cuales, $2,150********************97 (dos mil ciento cincuenta pesos, noventa y siete centavos, moneda nacional), son por concepto de daños y $5,427********************01 (cinco mil cuatrocientos veintisiete pesos, un centavo moneda nacional), por concepto de perjuicios; la cual podrá exhibir en cualquiera de las formas que establece la ley******************** ********************Ahora bien, en caso de exhibir dicha garantía en billete de depósito o póliza de fianza, deberá ser a nombre del representante común de los quejosos, en la inteligencia de que esta última deberá ser exhibida en un horario que permita su validación ante la afianzadora que la expide, ya que se tendrá por constituida la garantía hasta que se valide la autenticidad de dicha póliza****************************************En el entendido que de no cumplir con el requisito exigido en su totalidad, la medida suspensional decretada, automáticamente dejará de surtir efectos y quedarán expeditas las facultades de la autoridad responsable para ejecutar el acto reclamado****************************************APERCIBIMIENTO EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA SUSPENSIÓN****************************************Esta suspensión debe ser acatada por las autoridades responsables, apercibidas que en caso de desobediencia se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo****************************************EXPEDICIÓN DE IMPRESIÓN ELECTRÓNICA****************************************Finalmente, dada la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal; en sustitución de las copias solicitadas por la parte quejosa, expídase a su favor una impresión electrónica con evidencias criptográficas de esta determinación y hágase entrega a los promoventes o a los autorizados para tal efecto, previo recibo que otorguen en autos para debida constancia****************************************Notifíquese****************************************Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe********************
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