Víctor Chavez Reséndiz

Expediente 25/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
25/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
02/02/2017

Partes del expediente

  • Víctor Chavez Reséndiz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; como de la certificación que antecede se desprende que ya transcurrió el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa********************, hubiese recurrido el acuerdo dictado el dieciocho de enero de dos mil diecisiete, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INTENTADA, por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; consecuentemente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos....IV

  2. Principal

    CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta suscrito por el quejoso, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de fecha diez de enero de dos mil dieciséis, en consecuencia se provee: DESECHAMIENTO Ahora, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso concreto, la parte quejosa impugna en vía de amparo esencialmente: La omisión de que las autoridades responsables, no han contestado con claridad, el número de semanas cotizadas y semanas reconocidas, no obstante el hecho de haberles elevado formal petición. De la transcripción del acto reclamado y de los antecedentes que señaló la parte quejosa este órgano jurisdiccional estima que en el caso es procedente desechar la demanda de amparo que nos ocupa, toda vez que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos que se reclaman no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, los artículos 5, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De la interpretación de los preceptos legales antes mencionados se advierte que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de la autoridad que violen derechos humanos y fundamentales; sin embargo, cabe precisar que no cualquier acto que provenga de autoridad es susceptible de ser reclamado en dicho medio de defensa extraordinario, sino sólo aquel acto positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley), que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto estricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Siendo estos últimos elementos los que determinan que el juicio de amparo sea procedente en contra de los actos que se atribuyen a las autoridades, por lo que se estima conveniente hacer las siguientes precisiones: De la lectura integral de la demanda, se advierte que el ahora quejoso, se encuentra en una relación jurídica de supra a subordinación en la que se manifiestan las garantías individuales, al colocarse el gobernado como titular de las mismas frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio. Así, tenemos que el derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Carta Magna anteriormente transcrito, cuyo titular es el gobernado en general, significa la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe serle dado a conocer en breve término. Por ende, el derecho de pedir surgió, por tanto, como la potestad de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstos intervengan para hacer cumplir la ley, con la correlativa obligación de las autoridades de dictar un acuerdo escrito a la solicitud o petición que el gobernado les eleve. Por lo tanto, la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y el servidor público es preponderante para la existencia del derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Carta Magna, en la medida en que es necesario que la relación jurídica entablada sea de supra a subordinación para que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que le formule el gobernado y proceda el juicio de amparo ante la omisión relativa de la autoridad, como medio de salvaguarda de las garantías individuales. A fin de advertir si en el caso se puede atribuir el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo al Instituto Mexicano del Seguro Social, conviene tener en cuenta lo siguiente: Los artículos 4o., párrafo tercero, y 123, apartado A, fracciones XX y XXIX, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son del siguiente tenor: "Artículo 4o.-...Toda persona tiene derecho a la protección a la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución." "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: ... XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos y uno del gobierno; ... XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares." Ahora bien, el servicio público de seguridad social lo lleva a cabo, entre otros, el Estado a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual forma parte de la administración pública federal, y aunque tiene el carácter de organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, se le confiere en algunos casos el carácter de organismo fiscal autónomo. Entonces, se advierte que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: 1. Como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación. 2. Como ente asegurador, y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y patrón, o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. Luego, es válido sostener que son dos funciones del Instituto Mexicano del Seguro Social con finalidades diversas, ya que una se dirige a los patrones y demás sujetos obligados como una institución fiscal autónoma que cuenta con el poder de hacer efectivas las obligaciones consignadas en la ley que lo rige, y otra, enfocada hacia los asegurados y sus beneficiarios como institución pública descentralizada, con el fin de brindar un servicio de seguridad social. En consecuencia, se concluye que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando omite responder una solicitud que se le formula con fundamento en el artículo 8o. constitucional, únicamente cuando actúa en su carácter de organismo fiscal autónomo, pues con dicha omisión se lesionan las garantías individuales del particular solicitante, específicamente la prevista en el artículo constitucional suprarreferido. Sin embargo, en contra de la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de asegurador NO procede el juicio de garantías, pues no se trata de un acto de autoridad para efectos del amparo, ya que el referido instituto actúa en sustitución del patrón porque el Instituto Mexicano del Seguro Social no está investido de imperio. Se estima así, ya que se trata de una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, ya que en la especie, tratándose de las prestaciones de seguridad social, el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia por contradicción número 2ª./J 211/2009, con registro 165782, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el a foja 303, del Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social, y que además de tener la función de autoridad fiscal autónoma tiene el carácter de ente asegurador. Ahora bien, contra la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de asegurador, no procede el juicio de garantías pues no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del amparo, pues la relación que existe entre el asegurado y el Instituto en comento en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que en esta hipótesis, el juicio de amparo será improcedente." En tales condiciones, el juicio de amparo es procedente únicamente cuando el gobernado es quien acude a esta vía por violación a sus derechos fundamentales por autoridades que en uso de sus facultades, emiten, promulguen, ejecuten, extinguen o modifiquen de forma unilateral actos lesivos de su esfera jurídica a través de la afectación de su interés jurídico o de su interés legítimo; empero, tales actos sólo ocurren en una relación de supra a subordinación, lo que en el caso concreto no acontece. Resulta aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1945 del Tomo XCVIII del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto se transcriben a continuación: "ACTOS DE AUTORIDAD. Por actos de autoridad sólo deben entenderse los que realiza un órgano del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones propias de orden público y que, por lo tanto, están revestidos de imperio y obligatoriedad; y no aquellos que derivan de una relación contractual, como sucede en el caso en que un servicio público está encomendado al Estado, pues tal relación contractual, de obligar al Estado, no deriva de una intervención del mismo en el ejercicio de sus atribuciones propias de orden público, sino de las que corresponden como persona moral de derecho privado, frente a los particulares". De igual forma, se indica que en el caso no se actualiza la hipótesis relativa a considerar al Instituto Mexicano del Seguro Social, como un particular en su calidad de autoridad responsable, en razón de que ello sólo ocurre cuando se realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es que por sí y ante sí creen, modifiquen o extingan una situación jurídica determinada en forma unilateral y obligatoria en ejercicio de la potestad administrativa, lo cual no sucede en el caso porque el número de semanas cotizadas será definitiva hasta que una autoridad laboral así lo determine, y no por virtud de una respuesta o no del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diversos 5, fracción II, del mismo ordenamiento jurídico en consulta, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la presente demanda de amparo, promovida por *****, en términos del diverso 113 de la propia ley. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Finalmente, se indica que la hipótesis de inejercitabilidad del presente juicio de amparo es insuperable, pues si se tramitara el asunto ello no cambiaría la naturaleza jurídica que rige entre el peticionario del amparo y el Instituto Mexicano del Seguro Social; de ahí que sea en este momento y no con posterioridad, en perjuicio del gobernador, que se hace la determinación de desechar la demanda promovida ...IV (Notifíquese personalmente)

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE CITATORIO DE 19/01/2017 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO VÍCTOR CHAVEZ RESÉNDIZ EL AUTO DE 18/01/2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta suscrito por el quejoso, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de fecha diez de enero de dos mil dieciséis, en consecuencia se provee: DESECHAMIENTO Ahora, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso concreto, la parte quejosa impugna en vía de amparo esencialmente: La omisión de que las autoridades responsables, no han contestado con claridad, el número de semanas cotizadas y semanas reconocidas, no obstante el hecho de haberles elevado formal petición. De la transcripción del acto reclamado y de los antecedentes que señaló la parte quejosa este órgano jurisdiccional estima que en el caso es procedente desechar la demanda de amparo que nos ocupa, toda vez que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos que se reclaman no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, los artículos 5, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De la interpretación de los preceptos legales antes mencionados se advierte que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de la autoridad que violen derechos humanos y fundamentales; sin embargo, cabe precisar que no cualquier acto que provenga de autoridad es susceptible de ser reclamado en dicho medio de defensa extraordinario, sino sólo aquel acto positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley), que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto estricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Siendo estos últimos elementos los que determinan que el juicio de amparo sea procedente en contra de los actos que se atribuyen a las autoridades, por lo que se estima conveniente hacer las siguientes precisiones: De la lectura integral de la demanda, se advierte que el ahora quejoso, se encuentra en una relación jurídica de supra a subordinación en la que se manifiestan las garantías individuales, al colocarse el gobernado como titular de las mismas frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio. Así, tenemos que el derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Carta Magna anteriormente transcrito, cuyo titular es el gobernado en general, significa la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe serle dado a conocer en breve término. Por ende, el derecho de pedir surgió, por tanto, como la potestad de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstos intervengan para hacer cumplir la ley, con la correlativa obligación de las autoridades de dictar un acuerdo escrito a la solicitud o petición que el gobernado les eleve. Por lo tanto, la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y el servidor público es preponderante para la existencia del derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Carta Magna, en la medida en que es necesario que la relación jurídica entablada sea de supra a subordinación para que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que le formule el gobernado y proceda el juicio de amparo ante la omisión relativa de la autoridad, como medio de salvaguarda de las garantías individuales. A fin de advertir si en el caso se puede atribuir el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo al Instituto Mexicano del Seguro Social, conviene tener en cuenta lo siguiente: Los artículos 4o., párrafo tercero, y 123, apartado A, fracciones XX y XXIX, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son del siguiente tenor: "Artículo 4o.-...Toda persona tiene derecho a la protección a la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución." "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: ... XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos y uno del gobierno; ... XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares." Ahora bien, el servicio público de seguridad social lo lleva a cabo, entre otros, el Estado a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual forma parte de la administración pública federal, y aunque tiene el carácter de organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, se le confiere en algunos casos el carácter de organismo fiscal autónomo. Entonces, se advierte que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: 1. Como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación. 2. Como ente asegurador, y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y patrón, o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. Luego, es válido sostener que son dos funciones del Instituto Mexicano del Seguro Social con finalidades diversas, ya que una se dirige a los patrones y demás sujetos obligados como una institución fiscal autónoma que cuenta con el poder de hacer efectivas las obligaciones consignadas en la ley que lo rige, y otra, enfocada hacia los asegurados y sus beneficiarios como institución pública descentralizada, con el fin de brindar un servicio de seguridad social. En consecuencia, se concluye que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando omite responder una solicitud que se le formula con fundamento en el artículo 8o. constitucional, únicamente cuando actúa en su carácter de organismo fiscal autónomo, pues con dicha omisión se lesionan las garantías individuales del particular solicitante, específicamente la prevista en el artículo constitucional suprarreferido. Sin embargo, en contra de la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de asegurador NO procede el juicio de garantías, pues no se trata de un acto de autoridad para efectos del amparo, ya que el referido instituto actúa en sustitución del patrón porque el Instituto Mexicano del Seguro Social no está investido de imperio. Se estima así, ya que se trata de una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, ya que en la especie, tratándose de las prestaciones de seguridad social, el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia por contradicción número 2ª./J 211/2009, con registro 165782, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el a foja 303, del Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social, y que además de tener la función de autoridad fiscal autónoma tiene el carácter de ente asegurador. Ahora bien, contra la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de asegurador, no procede el juicio de garantías pues no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del amparo, pues la relación que existe entre el asegurado y el Instituto en comento en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que en esta hipótesis, el juicio de amparo será improcedente." En tales condiciones, el juicio de amparo es procedente únicamente cuando el gobernado es quien acude a esta vía por violación a sus derechos fundamentales por autoridades que en uso de sus facultades, emiten, promulguen, ejecuten, extinguen o modifiquen de forma unilateral actos lesivos de su esfera jurídica a través de la afectación de su interés jurídico o de su interés legítimo; empero, tales actos sólo ocurren en una relación de supra a subordinación, lo que en el caso concreto no acontece. Resulta aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1945 del Tomo XCVIII del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto se transcriben a continuación: "ACTOS DE AUTORIDAD. Por actos de autoridad sólo deben entenderse los que realiza un órgano del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones propias de orden público y que, por lo tanto, están revestidos de imperio y obligatoriedad; y no aquellos que derivan de una relación contractual, como sucede en el caso en que un servicio público está encomendado al Estado, pues tal relación contractual, de obligar al Estado, no deriva de una intervención del mismo en el ejercicio de sus atribuciones propias de orden público, sino de las que corresponden como persona moral de derecho privado, frente a los particulares". De igual forma, se indica que en el caso no se actualiza la hipótesis relativa a considerar al Instituto Mexicano del Seguro Social, como un particular en su calidad de autoridad responsable, en razón de que ello sólo ocurre cuando se realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es que por sí y ante sí creen, modifiquen o extingan una situación jurídica determinada en forma unilateral y obligatoria en ejercicio de la potestad administrativa, lo cual no sucede en el caso porque el número de semanas cotizadas será definitiva hasta que una autoridad laboral así lo determine, y no por virtud de una respuesta o no del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diversos 5, fracción II, del mismo ordenamiento jurídico en consulta, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la presente demanda de amparo, promovida por *****, en términos del diverso 113 de la propia ley. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Finalmente, se indica que la hipótesis de inejercitabilidad del presente juicio de amparo es insuperable, pues si se tramitara el asunto ello no cambiaría la naturaleza jurídica que rige entre el peticionario del amparo y el Instituto Mexicano del Seguro Social; de ahí que sea en este momento y no con posterioridad, en perjuicio del gobernador, que se hace la determinación de desechar la demanda promovida ...IV

  4. Principal

    REGISTRO DEL EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; con fundamento en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese y regístrese la presente demanda bajo el número de registro 25/2017-IV y se ordena dar de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. PREVENCIÓN Con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente aquel en que surta efectos la legal notificación de este auto, cumpla con los siguientes requerimientos: 1.- A fin de cumplir el requisito previsto en la fracción IV del artículo 108 de la Ley de Amparo vigente, deberá precisar qué acto u omisión atribuye a cada una de las autoridades que señala con el carácter de responsables, ya que aun cuando, en los antecedentes de su demanda, refiere que a su petición de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, recayó el oficio firmado por quien se ostentó como encargado de la Subdelegación, lo cierto es que no existe certeza de que haya sido el Jefe del Departamento Subdelegación de Afiliación y Vigencia en Querétaro, a quien designa como responsable y asimismo, respecto del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, omite precisar qué acto en particular le reclama a éste. 2.- De igual forma, deberá cumplir el requisito que prevé la fracción VIII del artículo 108 de la Ley de Amparo, esto es, puntualizar los conceptos de violación, ya que de la lectura integral de su demanda, no se advierte capítulo alguno a ese respecto. 3.- Asimismo, deberá exhibir el oficio que aduce le fue notificado por correo certificado firmado por el contador ******************* 4.- En la inteligencia de que, deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes de este juicio, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." APERCIBIMIENTO Bajo apercibimiento, que de no dar cumplimiento a lo solicitado, en el término otorgado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo que nos ocupa en términos del artículo 114 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en los artículos 304 y 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y como autorizados de su parte, únicamente en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 73 fracción II en relación con el 120 ambos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Estas promociones exclusivamente son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. NOTIFICACIÓN PERSONAL Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifíquese de forma personal a la parte promovente, con copia del presente proveído. ....IV

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