Víctor Cervantes Buendía

Expediente 233/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
233/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • Víctor Cervantes Buendía

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, de los que se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido el auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, archívese el asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciocho de abril de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios firmados por la Presidenta de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán, Texcoco, por sí y en representación de sus miembros, así como el Actuario adscrito, mediante los cuales rinden su informe justificado, y en apoyo al mismo remiten copia certificada del expediente laboral J.7/633/2020, de su índice; en consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza la documental que anexan. En esas condiciones, del escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso señaló como acto reclamado es la omisión de emplazar a juicio a los demandados en el expediente laboral J.7/633/2020, del índice de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán, Texcoco. En tal sentido, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto omisivo reclamado, pues la autoridad responsable lo ha llevado a cabo. De dicho numeral se advierte que es causa de improcedencia del juicio de amparo el hecho de que los efectos del acto reclamado hayan cesado. Establecido lo anterior, se precisa que para que se actualice la citada causa de improcedencia, es necesario que la autoridad responsable deje sin efectos el acto reclamado, desapareciendo así la materia de la litis constitucional, porque la cesación implica que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales, como si el acto reclamado no hubiera trastocado la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, sus efectos quedaran destruidos como si nunca hubiesen existido. Desde esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que se debe entender que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, además la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En tal sentido, si la responsable mediante diligencias de veintidós de marzo del año en curso, emplazó al expediente laboral J.7/633/2020, a las demandadas Servicio Express Jusar, Sociedad Anónima de Capital Variable, Julio César Sánchez Rojas y Lucia Sánchez Rojas, lo que hace evidente que el acto reclamado omisivo cesó en sus efectos. En efecto, si lo reclamado en el juicio de amparo es la omisión de emplazar al juicio natural a la parte demandada, llamamiento a juicio que fue realizado el veintidós de marzo del año en curso, resulta indudable que el acto omisivo impugnado dejó de tener existencia jurídica. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, por lo que debe estimarse que los mismos cesaron y, por tanto, ya no agravian a la quejosa, pues las violaciones que en determinado momento se pudieron cometer contra sus derechos fundamentales, ya fueron reparadas, como si se le hubiere concedido el amparo solicitado. Por ende, al estar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Finalmente, en virtud de lo acordado en este proveído, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue fijada para las once horas con veinte minutos del nueve de mayo de dos mil veintidós.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cinco de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que aún no transcurre el término de quince días otorgado en el auto de admisión del presente asunto, a las autoridades responsables a fin de que rindan su informe justificado; por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, de fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración.

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