Víctor Casanova y Casanova

Expediente 1689/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1689/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Víctor Casanova y Casanova

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el informe previo rendido por el Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Muna, Yucatán, autoridad señalada como responsable en este asunto y con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos para ser tomado en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio procesal que indica la responsable y como delegados a las personas que refiere, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que inmediatamente antecede, se tiene por recibido y se agrega a este expediente el informe justificado rendido por el Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Muna, Yucatán, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, el cual de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pone a la vista de las partes para el uso de sus derechos. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio procesal que indica la responsable y como delegados a las personas que refiere, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Ahora bien, a fin que las partes tengan debido conocimiento del contenido del citado informe, el cual se pone a la vista en esta propia fecha, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las once horas con cincuenta minutos del catorce de enero de dos mil veinte, para su celebración. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables de este asunto, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002576, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 612/2019-IV, promovido por Martín Novelo Carrillo, por conducto de su defensor particular, contra actos que reclama de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Resultando: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, Martín Novelo Carrillo, por conducto de su defensor particular solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Segundo. Desechamiento y admisión de la demanda. Mediante acuerdo de ocho de mayo de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo, por lo que inconforme la parte quejosa interpuso recurso de queja de la cual conoció el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, radicándola bajo el número de toca 133/2019, misma que fue resuelta en sesión de once de julio de dos mil diecinueve declarándola fundada y ordenando la admisión de la demanda, por lo que mediante acuerdo de nueve de agosto de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo presentada por José Luis Casanova González en representación del quejoso Martín Novelo Carrillo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se emplazó a la parte tercero interesada, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente, y, Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos a una autoridad, cuya ejecución se realizó dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo y de los informes rendidos por las autoridades responsables se advierte que la parte quejosa reclama: - La resolución de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, dictada en autos del toca penal 10/2019, mediante la cual la autoridad responsable resolvió declarar infundado el agravio de la defensa del aquí quejoso, y confirmó la determinación del Juez de Control de excluir el medio de prueba consistente en la declaración testimonial de Mauricio Alberto de Jesús Tappan y Repetto en la carpeta de investigación 167/2018. Tercero. Certeza del acto reclamado. La Magistrada Primera y Presidenta de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al rendir su informe justificado aceptó el acto que se le reclama; lo que se corrobora con las constancias que remitió las cuales cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; de ahí que deban considerarse como existentes. Cuarto. Análisis de los conceptos de violación. No existiendo causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse este resolutor obligado a transcribirlos. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 58/2010, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País. La parte quejosa aduce en esencia que es incorrecta la aplicación de los numerales que invocó la autoridad responsable para sustentar su determinación, afirma lo anterior ya que los argumentos tomados por la Sala responsable carecen de fundamentación y motivación, pues contrario a lo manifestado, la prueba ofrecida sí encuentra pertinencia al ser precisamente Mauricio Alberto de Jesús Tappan y Repetto quien dijo haber presenciado los hechos querellados por el denunciante, por lo que el hecho de señalar que dicha persona no puede ser considerada como testigo por haber realizado una fe de hechos en atención a la solicitud del querellante, bajo ninguna circunstancia lo exime de declarar todo y cuanto sabe de ellos, ya que es precisamente lo que percibió con sus sentidos, lo que lo convierte en la persona que tiene conocimiento pleno de los hechos. Sigue manifestando que tampoco le asiste la razón a la responsable al manifestar que no se viola el principio de contradicción al señalar que es precisamente en la audiencia de juicio oral en donde se llevará a cabo la confrontación del documento, y se podrán realizar precisiones, siendo que esta apreciación tampoco es correcta en virtud de que es claro que un documento no podrá contestar las preguntas que se le pudieran formular, por lo que es imposible que se lleve a cabo el principio de contradicción como refiere la responsable. Finalmente, el quejoso argumenta que también es incorrecta la apreciación de la responsable al manifestar que únicamente si se hubiera tildado de falso el documento podría llamarse a Mauricio Alberto de Jesús Tappan y Repetto para corroborar su autenticidad manifestando que la defensa no realizó dicha señalización, sin embargo, la defensa ofertó dicho documento como prueba, misma que difiere mucho de la prueba testimonial en donde una persona es precisamente la que tiene que declarar de viva voz lo que sabe y le consta por lo que se reitera que si el ciudadano Mauricio Alberto de Jesús Tappan y Repetto percibió con sus sentidos lo que señaló en su fe de hechos, es evidente que tiene conocimiento de los hechos, y por ende, debe declarar, por lo que es pertinente el desahogo de la prueba porque guarda relación directa con los hechos. Ahora bien, vistas las inconformidades de la parte quejosa, es de señalarse que el acto reclamado se analizará en suplencia de la queja respecto de los conceptos de violación que hace valer la quejosa, ya que el presente asunto se ubica en el supuesto previsto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, para suplir la deficiencia de la queja. Una vez precisado lo anterior, los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa se consideran fundados como a continuación se verificará. El artículo 20 apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Art. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: (.) IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; (.). Del anterior precepto constitucional podemos advertir que el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, asimismo, dentro de los derechos de la víctima está el de que se le reciban los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley. Por su parte, los artículos 356 y 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen lo siguiente: "Artículo 356. Libertad probatoria Todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio, podrán ser probados por cualquier medio pertinente producido e incorporado de conformidad con este Código." "Artículo 360. Deber de testificar Toda persona tendrá la obligación de concurrir al proceso cuando sea citado y de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado; asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante para la solución de la controversia, salvo disposición en contrario. El testigo no estará en la obligación de declarar sobre hechos por los que se le pueda fincar responsabilidad penal." De los anteriores preceptos legales se puede advertir en el primero de ellos, que todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio, podrán ser probados por cualquier medio pertinente producido e incorporado de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el segundo de los artículos dispone que toda persona tendrá la obligación de concurrir al proceso cuando sea citado y de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado; asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante para la solución de la controversia, salvo disposición en contrario. Ahora bien, no obstante lo anterior, existe una limitación respecto del desahogo de las pruebas que establece el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que prevé lo siguiente: "Artículo 346. Exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el Juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes supuestos: I. Cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios, en virtud de ser: a) Sobreabundante: por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimonial o documental, que acrediten lo mismo, ya superado, en reiteradas ocasiones; b) Impertinentes: por no referirse a los hechos controvertidos, o c) Innecesarias: por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos; II. Por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales; III. Por haber sido declaradas nulas, o IV. Por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este Código para su desahogo. En el caso de que el Juez estime que el medio de prueba sea sobreabundante, dispondrá que la parte que la ofrezca reduzca el número de testigos o de documentos, cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o circunstancias con la materia que se someterá a juicio. Asimismo, en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, el Juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima. La decisión del Juez de control de exclusión de medios de prueba es apelable." El citado artículo dispone que una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el Juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos que cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios, en virtud de ser sobreabundante: por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimonial o documental, que acrediten lo mismo, ya superado, en reiteradas ocasiones; Impertinentes: por no referirse a los hechos controvertidos, o Innecesarias: por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos; así como por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales; por haber sido declaradas nulas, o por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en ese Código para su desahogo. Visto lo anterior, se puede establecer que el ofrecimiento de las pruebas es un derecho del imputado y se le recibirán las que ofrezca siempre y cuando guarden relación con los hechos y no contravengan alguna disposición establecida en la ley. En el presente caso la Sala responsable al momento de emitir la resolución reclamada consideró confirmar lo resuelto en la audiencia intermedia celebrada el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, y finalizada el siete del mismo mes y año, por el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, en la carpeta administrativa 167/2018, en la que determinó excluir la testimonial de Mauricio Alberto de Jesús Tappan y Repetto, ofrecida por la defensa del aquí quejoso, basando su determinación en lo siguiente: Que la intervención que tuvo Mauricio Alberto de Jesús Tappan y Repetto dentro de la carpeta administrativa deriva de sus funciones de Notario Público, por lo que esa actividad no lo convierte en un testigo, pues esta calidad le reviste a aquella persona que puede aportar información acerca de los hechos constitutivos del delito o de la autoría del acusado de los cuales conoce directamente, condición que no se surte en el caso que nos ocupa, porque de los argumentos y contraargumentos vertidos por los intervinientes en la audiencia intermedia, quedó evidenciado que los hechos que Tappan y Repetto plasmó en el acta notarial denominada fe de hechos, derivó de sus funciones como fedatario público, lo que enseña que el conocimiento que adquirió no fue directo, pues no accedió casualmente a la red social denominada "Facebook", sino que esta intromisión obedeció a que la parte accionante le solicitó sus servicios como fedatario público. Circunstancia que torna impertinente dicha probanza, porque tal y como sostuvo el Juez, Tappan y Repetto no tiene conocimiento directo de los hechos, no obstante que no se encuentra dentro de las excepciones previstas en el artículo 365 de la legislación adjetiva como aduce el apelante, su presencia a la audiencia de juicio oral se traduciría en una dilación, en vista de que los hechos de los que dio fe con motivo de sus funciones se encuentran plasmados en el acta notarial, el cual fue ofrecido como prueba documental, por lo que si la intervención del Notario quedó documentado con el acta notarial que al efecto levantó con motivo de sus funciones, es incuestionable que estamos ante la presencia de una prueba documental que tuvo por objeto conservar la integridad e inalteración de determinada información, y no de la prueba testimonial. Por lo que no le asiste la razón al recurrente cuando afirma que la no admisión de la testimonial mencionada, conculca los derechos de defensa, y debido proceso, puesto que si bien es cierto, que los documentos públicos gozan de la presunción de autenticidad, también lo es que la ley, lo faculta a impugnar total o parcialmente su contenido; escenario ante el cual sí sería pertinente la presencia del fedatario público en la audiencia de juicio oral para el efecto de autentificar el mencionado documento. Pero de la revisión de la audiencia intermedia se aprecia que el apelante no tildó de falso el documento de mérito, ni su contenido, por lo tanto, deviene innecesario que comparezca el fedatario público a presentarla, ya que la presencia del aquel derivaría de la necesidad de constatar su autenticidad. Esto es así, porque si la finalidad del testigo de acreditación prevista en el artículo 346 de la codificación adjetiva nacional es demostrar la autenticidad del documento, no tiene sentido hacerlo cuando el mismo no fue objetado. Por otro lado la decisión asumida tampoco transgrede el derecho de la defensa de contradecir el contenido del mencionado documento, toda vez que el desahogo de la misma se dará a través de la lectura, en presencia de las partes, el tribunal de enjuiciamiento, así como del público asistente en la audiencia del juicio oral, por lo que se asegura la observancia de los principios procesales de intermediación, contradicción, publicidad. Tampoco le asiste la razón al recurrente cuando señala que se vulnera el derecho de su patrocinado a interrogar al ciudadano Tappan y Repetto, pues este derecho solo surge respecto de la prueba testimonial, calidad que como ya se explicó no reviste la intervención del nombrado fedatario público, pero eso no significa que la defensa no tenga el derecho de refutar y argumentar sobre el contenido de la prueba documental ofrecida por el asesor jurídico, pero ese derecho se da a través de una técnica de litigación diferente al interrogatorio empleado en la prueba testimonial, por lo que es evidente que la determinación del Juez de Control se encuentra ajustada a derecho y no vulnera el contenido del artículo 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hasta aquí los argumentos de la Sala responsable que tomó en consideración para confirmar lo resuelto en la audiencia intermedia celebrada el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, y finalizada el siete del mismo mes y año, por el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, en la carpeta administrativa 167/2018, en la que determinó excluir la testimonial de Mauricio Alberto de Jesús Tappan y Repetto, ofrecida por la defensa del aquí quejoso. Visto lo anterior, el que resuelve considera que la determinación adoptada por la Sala responsable no se encuentra ajustada a derecho. Se afirma lo anterior, debido a que a consideración del que resuelve la prueba testimonial a cargo de Mauricio Alberto de Jesús Tappan y Repetto ofrecida por la defensa del aquí quejoso, no se considera impertinente, debido a que aun y cuando fungió como fedatario público a petición de la parte accionante, sí dio fe de lo que apreció a través del sentido de la vista al efectuar la fe de hechos en la red social denominada "Facebook", de ahí que se le pueda considerar como testigo y tenga la obligación de presentarse ante el Juez a efecto de que pueda dar su testimonio únicamente de lo que apreció a través de lo que observó al momento de realizar la fe de hechos que levantó en el acta notarial un mil cuatrocientos treinta y nueve, inclusive ser interrogado al respecto. Se dice lo anterior, toda vez que el acta notarial en que sólo se consignan conversaciones presenciales por el notario, aunque en su forma sea un instrumento público, en su contenido es una prueba testimonial, y por lo mismo, para que tenga eficacia es necesario que se reciba de acuerdo con la ley la declaración del notario, concediendo a los interesados el derecho de repreguntarlo. Así lo estableció la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo CVII, de la Quinta Época, visible en la página 333, con número de registro 342990, del rubro y texto siguientes: "ACTAS NOTARIALES QUE SOLO TIENEN EL VALOR DE UNA PRUEBA TESTIMONIAL. El acta notarial en que sólo se consignan conversaciones presenciales por el notario, aunque en su forma sea un instrumento público, en su contenido es una prueba testimonial, y por lo mismo, para que tenga eficacia es necesario que se reciba de acuerdo con la ley la declaración del notario, concediendo a los interesados el derecho de repreguntarlo." De ahí que se estime que sí sería dable admitir el citado medio de prueba, pues no se considera una prueba impertinente ni contraria a derecho, pues el notario público no obstante de estar investido de fe pública, también es una persona que vio los hechos de los que dio fe y que están relacionados con el delito que se imputa al aquí quejoso como lo es el de difamación, por lo que el punto central del delito es verificar que efectivamente se hubieran hecho afirmaciones de circunstancias que afecten a una persona en su entorno social, y de las cuales el notario público dio fe de haber visto en la red social denominada "Facebook" por lo que lo asentado por el notario público en su acta notarial sí estaría íntimamente vinculado con los hechos con el delito imputado. En el entendido de que la prueba testimonial versará única y exclusivamente respecto de lo que el Notario Público percibió a través de su sentido de la vista al momento de realizar la inspección a la red social denominada "Facebook". Debido a lo anterior, es que se considera transgredido el artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la determinación de la Sala responsable conculca el derecho de adecuada defensa del aquí quejoso. Ante lo fundado de los conceptos de violación analizados en suplencia de la deficiencia en la queja, lo procedente es conceder el amparo y protección al quejoso Martín Novelo Carrillo, respecto del acto reclamado a la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Quinto. Efectos de la sentencia. El artículo 77, fracción I, de la ley de la materia establece que cuando el acto reclamado es de carácter positivo, la sentencia concesoria, tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En el presente caso, el amparo y protección de los derechos fundamentales, deberá restituir al impetrante en su derecho de seguridad jurídica y defensa adecuada, para lo cual, la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado, deberá: Dejar insubsistente la resolución de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, dictada en autos del toca penal 10/2019, mediante la cual la autoridad responsable resolvió declarar infundado el agravio de la defensa del aquí quejoso, y confirmó la determinación del Juez de Control de excluir el medio de prueba consistente en la declaración testimonial de Mauricio Alberto de Jesús Tappan y Repetto en la carpeta de investigación 167/2018. Emitir una diversa resolución en la que considere fundado el argumento plasmado por la defensa y ordene al Juez de Control se admita la prueba testimonial a cargo de Mauricio Alberto de Jesús Tappan y Repetto, en los términos señalados en la presente sentencia. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se Resuelve: Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a Martín Novelo Carrillo, en contra de los actos que reclamó de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por los motivos expuestos en el considerando cuarto y para los efectos precisados en el considerando quinto de este fallo. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  4. Incidental

    PRIMERO SE NIEGA LA SUSPENSION DEFINITIVA SEGUNDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · 9,211 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano