Víctor Cardona Mateo

Expediente 936/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
936/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
27/01/2021

Partes del expediente

  • Víctor Cardona Mateo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en vía de notificación personal notifico por lita al defensor público federal Virgilio Herrera Gastelum, el auto dictado el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, el cual dice: Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito electrónico signado por Virgilio Herrera Gástelum, defensor público federal adscrito al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, quien fue designado por el Jefe del Departamento en suplencia por periodo vacacional del Titular de la Delegación Sonora del Instituto Federal de Defensoría Pública, para que preste su servicio de asistencia legal al quejoso Víctor Córdova Mateo en el presente asunto, por el cual promueve incidente de nulidad de notificaciones, contra la notificación que dice el Actuario adscrito a este Juzgado no realizó personalmente de la resolución de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, por el cual se desechó la demanda de amparo. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 68 de La Ley de Amparo, en relación con el diverso 32 de dicho ordenamiento legal, cuando una notificación no se realice conforme a lo dispuesto por el Capítulo IV del Título Primero del ordenamiento legal en cita, las partes podrán pedir su nulidad. De igual forma el señalado artículo 68 dispone que las promociones de nulidad notoriamente improcedentes se desecharán de plano. En el caso concreto, de la lectura integral del escrito de cuenta, se advierte que el promovente del presente incidente de nulidad de notificaciones, estima que se debe declarar la nulidad del acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, por el cual causó estado la resolución de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, toda vez que dicha resolución no se le notificó de forma personal. En ese sentido, es notoriamente improcedente el incidente de nulidad planteado por el asesor legal del quejoso Víctor Córdova Mateo, lo que conduce de desechar de plano la presente incidencia en términos de lo expuesto en el artículo 68, último párrafo de la Ley de Amparo. Resulta relevante trascribir el contenido del artículo 68 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 68. Antes de la sentencia definitiva las partes podrán pedir la nulidad de notificaciones en el expediente que la hubiere motivado, en la siguiente actuación en que comparezcan. Dictada la sentencia definitiva, podrán pedir la nulidad de las notificaciones realizadas con posterioridad a ésta, en la siguiente actuación que comparezcan. Este incidente se tramitará en términos del artículo anterior y no suspenderá el procedimiento. Las promociones de nulidad notoriamente improcedentes se desecharan de plano". Del numeral transcrito, destaca que el incidente de nulidad puede promoverse en dos etapas procesales, la primera, contra las notificaciones realizadas antes del dictado de la sentencia, y la restante, para impugnar las efectuadas con posterioridad a ésta. En la especie, el aquí promovente pretende anular la determinación de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, en la que causó estado del desechamiento decretado el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, al referir que no se le notificó de manera personal el citado desechamiento. Ahora bien, de autos se advierte, que en proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se previno al quejoso Víctor Córdova Mateo, en los términos precisados en el citado acuerdo. Asimismo, en auto de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, a fin de salvaguardar el derecho de defensa adecuada del quejoso, se ordena girar oficio al Titular de la Delegación Sonora del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en esta ciudad, para la designación de un asesor jurídico a fin de brindarle asistenta legal al quejoso Víctor Córdova Mateo. Posteriormente, en veintinueve de diciembre de dos mil veinte, se notificó personalmente al referido quejoso el auto por el que se le previno para que aclarara su demanda de amparo, quien en el acto de dicha notificación desahogó la prevención impuesta. Así, mediante auto de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, se resolvió desechar la demanda de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo; de igual manera, en el citado auto se tuvo por recibido el oficio signado por el Jefe del Departamento en suplencia por periodo vacacional del Titular de la Delegación Sonora del Instituto Federal de Defensoría Pública, en el que informó la designación de Virgilio Herrera Gástelum, defensor público federal adscrito al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, para prestar su servicio de asistencia legal al quejoso Víctor Córdova Mateo. Determinación que fue notificada al quejoso el cuatro de enero del presente año en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número Once "CPS Sonora", con sede en esta ciudad, toda vez que fue el domicilio señalado por el mismo peticionario para oír y recibir notificaciones. Luego, el cinco de enero de dos mil veintiuno se tuvo por recibido el escrito presentado por Virgilio Herrera Gastélum Defensor Público Federal, quien funge como asesor jurídico de la parte quejosa, por el cual solicitó la autorización de su usuario FIREL "virgilioherreragastelum" únicamente para acceder al expediente electrónico, lo cual se le acordó de conformidad. Finalmente, en proveído de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, causó estado la resolución emitida el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, por la que se desechó la demanda de amparo. Relatado lo anterior, se tiene que el escrito por el que se promueve el incidente de nulidad fue presentado en línea el veinticinco de enero de dos mil veintiuno y recepcionado por este Juzgado el veintiséis siguiente, es decir, con posterioridad a la determinación que causó estado la resolución de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, lo cual puso fin al asunto, por ende, al haber concluido la etapa procesal en la que se realizó la notificación contra la que se planteó la incidencia, no existe posibilidad de analizar actuaciones practicadas con anterioridad, ya que las actuaciones de una fase sólo se pueden impugnar con dicho incidente mientras no concluya cada periodo procesal, toda vez que la forma de atacar la determinación que puso fin a este asunto es mediante el recurso que prevé la propia Ley de Amparo; esto es, el recurso de queja contra el desechamiento de la demanda, o bien, del acuerdo por el que causó estado el mismo. Ello en razón a que el invocado precepto 68 es claro al establecer la oportunidad para promover la incidencia que nos ocupa, esto es, antes de que el juicio concluya pueden ser impugnadas las actuaciones anteriores y una vez concluido pueden ser atacadas las posteriores a la resolución que lo concluyó. Luego, contra las actuaciones anteriores a la que le puso fin, el incidente deviene improcedente, puesto que contra la resolución que desechó la demanda la parte quejosa estuvo en aptitud de interponer el recurso de queja. En efecto, la procedencia del "incidente de nulidad" en contra de una notificación que se estima ilegal, depende del momento procesal en el cual el agraviado tuvo conocimiento de la violación de que se trata, en virtud de que pueden generarse dos supuestos: a) si la violación procesal que torna ilegal la aludida notificación ocurrió y se conoce antes de dictarse la sentencia definitiva o el auto que puso fin al juicio, el agraviado está en aptitud de interponer el "incidente de nulidad"; b) por el contrario, si la referida violación procesal se refiere a una notificación realizada durante la tramitación del juicio, pero se conoció después de emitida la sentencia definitiva o el auto que puso fin al juicio, el agraviado está en aptitud de impugnar esa determinación judicial, junto con la aludida violación procesal, a través de los recursos que establece la Ley de Amparo, pues al haber concluido el procedimiento en esa etapa, la discusión de cuestiones procesales no puede plantearse a través de incidentes. En el caso particular, se insiste, la parte quejosa fue enterada de manera personal de la resolución que desechó la demanda de amparo el cuatro de enero del presente año, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones en su escrito inicial de demanda; sin que dicho domicilio se hubiera revocado con anterioridad por el asesor jurídico o el propio quejoso; por ello, resulta inconcuso que la parte agraviada estuvo en posibilidad legal de impugnar el proveído con el que concluyó el juicio de amparo, y en tal impugnación plantear la violación procesal respecto de la notificación que estimó realizada en forma ilegal. En consecuencia, ante la notoria improcedencia del presente incidente de nulidad de notificaciones, lo procedente es desecharlo de plano. Por otra parte, respecto a la manifestación de la imposibilidad que presenta el ocursante al consultar el expediente electrónico específicamente el auto de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, se le hace de su conocimiento que dicha situación acontece toda vez que fue hasta el cinco de enero del presente año que solicitó el acceso para consultar del expediente electrónico, sin autorizar las notificaciones personales por dicho medio, de ahí que solo hubiera podido imponerse de las notificaciones realizadas por lista y con posterioridad al acuerdo por el que se le autorizó el acceso al expediente electrónico. Finalmente, se ordena notificar personalmente a Virgilio Herrera Gástelum, Defensor Público Federal adscrito al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, quien funge como asesor jurídico del quejoso Víctor Córdova Mateo, en las instalaciones que ocupa Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en esta ciudad, toda vez que no tiene señalado domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese personalmente. Así lo acordó el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, y firma ante Claudia Monzerrat Cevallos Morales, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ha causado estado auto que desecho la demanda y se ordena archivo...

  3. Principal

    se autoriza consulta por la via electrónica...

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en vía de notificación personal notifico por lista al defensor público federal Virgilio Herrera Gastelum, el auto dictado en treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, cuyo contenido es el siguiente: Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Constancia de notificación Vista la constancia de notificación practicada a la parte quejosa Víctor Córdova Mateo en veintinueve de diciembre de dos mil veinte, de la que se advierte que realizó manifestaciones con las que se tiene por cumplida la prevención impuesta en proveído de diecisiete de diciembre del presente año, al efecto bajo protesta de decir verdad expresamente refiere que en catorce de julio de dos mil once, tuvo conocimiento del auto de formal prisión de diecinueve de febrero de dos mil once, emitido por el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal, dentro de la causa penal 7/2011 y confirmado por el Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, ambos del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey. Desechamiento Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al advertirse un motivo indudable y manifiesto de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo, en lo conducente, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. (.)" De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en la inteligencia de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de modo tal que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible que se forme una convicción diversa, con independencia de los elementos que de manera eventual pudieran allegar las partes. Ilustra sobre el particular, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso, el promovente señaló como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: "Autoridades Responsables Ejecutora Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. Autoridad que confirmó el auto de formal prisión Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito de la ciudad de Nuevo León en toca penal 118/2011. Norma General, Acto u Omisión Reclamados Se reclama la resolución emitida 19 de febrero de dos mil once en la causa penal 7/2011 VII, donde se dictó el auto de formal prisión, donde muestra en autos la violación de detención prolongada 29 horas, y confirmado por el Magistrado Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito de la Ciudad de Monterrey Nuevo León." En efecto, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De las anteriores transcripciones se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, cuando el quejoso consienta tácitamente el acto reclamado, esto es, cuando no promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, siendo que el diverso numeral 18 del propio ordenamiento legal invocado establece tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo, las cuales son: 1. A partir del siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2. A partir del siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado, o de sus actos de ejecución; o; 3. A partir del siguiente al en que aquél se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el referido artículo 18 de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, es evidente que en el asunto que se examina, la parte quejosa tácitamente consintió el acto reclamado consistente en el auto de formal prisión de diecinueve de febrero de dos mil once, dictado en la causa penal 7/2011, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey; acto que no encuadra en alguno de los supuestos de excepción establecidos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, porque el quejoso señaló en su escrito inicial de demanda, así como en la notificación personal practicada en veintinueve de diciembre del año en curso, en la que bajo protesta de decir verdad refirió que el auto de formal prisión combatido le fue notificado en catorce de julio de dos mil once, confesión que adquiere valor probatorio en términos del artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2° del propio ordenamiento. Por tanto, si presentó su demanda de amparo hasta el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, es evidente que transcurrió en exceso el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo, por lo que dicha demanda debe considerarse extemporánea, pues debió ser presentada dentro del citado lapso de quince días hábiles, al en que le fue notificado de la resolución reclamada, comenzando a transcurrir su término para la interposición de la demanda al día hábil siguiente, en términos del artículo 75 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sonora, en relación con el artículo 18 de la Ley de Amparo, que establece que los plazos para la interposición de la demanda, se computarán a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, en este caso la legislación procesal penal del Estado, por lo tanto, el término para la interposición de la demanda inició el día hábil siguiente a la notificación de la resolución reclamada, es decir el dieciocho de julio de dos mil once y concluyó el cinco de agosto de dos mil once, excluyéndose los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de julio de dos mil once, por haber sido inhábiles. Por tanto, si la parte quejosa presentó su demanda hasta el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, tal como se aprecia del sello fechador, es evidente que su presentación fue extemporánea y en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 18, mayo de dos mil quince, página 38, Décima Época, registro 2009174, Materia Común, la cual es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Por tanto, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en cuestión, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Finalmente, se tienen por recibidos los oficios signados por el Jefe del Departamento en suplencia por periodo vacacional del Titular de la Delegación Sonora del Instituto Federal de Defensoría Pública, a través de los cuales cumple con lo solicitado en auto de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, al efecto informa que designó al licenciado Virgilio Herrera Gastelum, defensor público federal adscrito al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, para que preste su servicio de asistencia legal al quejoso en el presente asunto. Notifíquese personalmente al quejoso en el centro penitenciario donde se encuentra recluido. Así lo acordó el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, y firma ante Oliver Osvaldo Madueño Montes, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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