VICTOR BRAIAN ROMERO SANCHEZ y Otros.

Expediente 1255/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1255/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
18/10/2016

Partes del expediente

  • VICTOR BRAIAN ROMERO SANCHEZ y Otros.
  • Victor Braian Romero Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, trece de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de veinte días que se le concedió al quejoso VÍCTOR BRAIAN ROMERO SÁNCHEZ, en auto de seis de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual se ordenó la publicación de los edictos a su costa para emplazar al tercero interesado ADRIÁN BONILLA DÍAZ, mismo que le fue notificado a la parte quejosa mediante lista el día de hoy (trece de octubre de dos mil dieciséis), por lo que, se DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el escrito signado por JOSÉ RUBEN ROMERO Y ROMERO, en su carácter de defensor particular de VÍCTOR BRAIAN ROMERO SÁNCHEZ, quien en cumplimiento a lo acordado el seis de octubre del actual, manifiesta su insolvencia económica para cubrir el gasto de la publicación de los edictos ordenados en autos, pues refiere que al momento de rendir su declaración preparatoria en autos del proceso 98/2016 ante el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, manifestó que su ingresó monetario es de $1,200.00 (un mil doscientos pesos, cero centavos, moneda nacional) semanales, que percibe como chofer de una pipa de gas; además, que a la fecha se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Puebla, por lo que no cuenta con recursos económicos para cubrir los edictos ordenados; al respecto, se acuerda: Dígase al ocursante que no ha lugar a acordar favorable su petición, en atención a que no justificó con medio de convicción fehaciente que se trata de una persona de "escasos recursos" y, por el contrario existen en autos de este sumario constitucional elementos de prueba que justifican que sí tiene posibilidades económicas para cubrir el costo de los edictos ordenados, atendiendo a que la sola circunstancia de que se encuentra privado de su libertad no es razón suficiente para determinar el pago de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. En primer término, habrá de establecer que por personas de "escasos recursos" se debe entender aquellas que se encuentran en situación de: a) pobreza extrema, b) pobreza moderada y c) pobreza multidimensional, esto es, en su acepción más amplia tal concepto no sólo está asociado a los ingresos del quejoso, sino también a sus condiciones de vida que vulneren su dignidad, limiten sus derechos y libertades fundamentales, impidan la satisfacción de sus necesidades básicas o imposibiliten su plena integración social. Luego, esta juzgadora Federal para ponderar la situación de pobreza en que se ubica el quejoso y considerarlo persona de "escasos recursos" solo cuenta con el hecho de que el quejoso se encuentra privado de su libertad, pero como dicho concepto no sólo está asociado con los ingresos del quejoso, se examinan las constancias que obran en este sumario constitucional, sin que de las mismas se advierta alguna prueba fehaciente que revele su condición de pobreza. Pero, por el contrario, existen elementos suficientes para considerarlo como una persona con capacidad económica para sufragar el costo de los edictos ordenados, atendiendo a que éste cuenta con: 1). Vivienda, ubicada en Avenida Venustiano Carranza, número cuatrocientos (409), de la colonia San Baltazar Campeche, en la ciudad de Puebla, la cual si bien es cierto que manifestó que la misma pertenece a sus abuelos, también es verdad, que dicho inmueble cuenta con los servicios básicos, tales como son agua, luz y drenaje, además cuenta con sala, comedor, cocina y demás muebles, pues manifestó que la vivienda cuenta con cuatro recámaras. 2) Que tiene capacidad económica para el consumo de diario de una cajetilla de cigarros. 3) Que ha sido asistido por abogados particulares durante su procedimiento y en la tramitación de este juicio de amparo. De ahí que, considerando que el quejoso no aportó medio de convicción fehaciente que justifique su condición de persona de "escasos recursos " y de autos del sumario constitucional no se advierte algún elemento que justifique ésta, debe estimarse que sí tiene la capacidad económica para sufragar el pago de los edictos ordenados. Cobran aplicación las siguientes tesis: PUBLICACIÓN DE EDICTOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo previsto por el citado precepto legal, cuando no sea posible llevar a cabo una notificación personal al tercero interesado con base en las reglas previstas en dicha disposición, se efectuará la notificación por edictos a costa del quejoso, con la excepción de que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación sin costo para el mismo en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, en primer lugar, debe entenderse que el término "escasos recursos" es un concepto dinámico que se interpreta ampliamente en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal. Dicho lo anterior, para efectos de su aplicabilidad, se estima que una vez que el juzgador no pueda llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado, tendrá que ordenar la notificación por edictos a cargo del quejoso o, dependiendo del asunto, si el juzgador lo considera factible, analizará desde ese momento los elementos que obren en autos y determinará, fundada y motivadamente, por qué no procede de plano la referida excepción a la erogación de los edictos por parte del quejoso, sin que ello conlleve la obligación de recabar nuevos elementos probatorios. Con la aclaración de que en el supuesto de que no se localice el domicilio del tercero, el quejoso tendrá la posibilidad de manifestar lo que a su interés convenga y, en dado caso, acreditar su condición de escasos recursos, gozando de la potestad para presentar medios de convicción que demuestren tal condición social. Sobre esto último, el juzgador estará en aptitud de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas, teniendo la facultad de admitirlas o desecharlas de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto y al ejercicio de sus facultades en el trámite del juicio de amparo, actualizándose consecuentemente el deber de justificar las razones que lo llevaron a aceptar o no la admisión de tales elementos de convicción. Lo anterior, sin que se demeriten las facultades de ejercicio potestativo que tiene la autoridad jurisdiccional para recabar nuevos medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para formarse un juicio sobre la condición económica del quejoso. EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SU COSTO NO TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL DEL JUSTICIABLE DE ACCESO A LA JUSTICIA EXPEDITA NI EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD, CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El derecho de acceso a la justicia se refleja en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, regulado en los artículos 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales consagran el derecho a un recurso efectivo, entendido éste como aquel que sea viable o posible para el fin que pretende enmendarse, así como el principio de igualdad ante la ley, esto es, el de ser oído con justicia por un tribunal, connotaciones que están inmersas en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al garantizar al gobernado el disfrute del derecho a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que imparten los tribunales, en donde el justiciable pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley, al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado; asimismo, contempla el principio relativo a la gratuidad, ya que señala que el servicio será gratuito y, por tanto, prohibidas las costas judiciales. Por otro lado, el emplazamiento al tercero interesado dentro de un juicio, encuentra su origen en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, en lo relativo a las formalidades esenciales del procedimiento, específicamente de la audiencia previa, que se traduce en un derecho de seguridad jurídica para los gobernados; que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa, al dictado de un acto de privación cumpla con una serie de formalidades esenciales necesarias para oír en defensa a los afectados. En ese sentido, cuando el emplazamiento no puede efectuarse de la manera habitual, es decir, con la notificación en el domicilio del tercero interesado, la ley secundaria prevé la necesidad de que, previa su investigación, se efectúe a través de edictos, no obstante, ello implica un costo, cuya erogación el legislador impuso, en el juicio de amparo, a quien insta el órgano jurisdiccional, en todos los casos, sin hacer distinción, según lo dispone el numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; sin embargo, existe una excepción cuando hay imposibilidad económica para sufragar el costo de la publicación de los edictos, la cual debe correlacionarse con los elementos que consten en los autos, es decir, que existan indicios que confirmen la situación de precariedad relevante. Lo anterior obedece a la circunstancia de que cuando no se tiene la capacidad económica para cubrir ese gasto, puede dispensarse, en aras de no hacer nugatorio el acceso efectivo a la justicia, de conformidad con el citado artículo 17 constitucional. De ahí que resulta inconcuso que la medida decretada en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que señala la imposición del costo de edictos a la parte quejosa es convencional, al existir previsión legal en la que se establece que quien acuda al tribunal a manifestar y acreditar indiciariamente su imposibilidad económica para cubrirlos, su costo será sufragado por el Consejo de la Judicatura Federal, lo que salvaguarda el principio de gratuidad, así como el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción. EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo. Finalmente, debe indicarse que el que no se le dispense del pago de la publicación de los edictos al aquí quejoso no le priva del derecho humano de acceso a la justicia, porque si bien manifestó que no tiene los recursos económicos para sufragar este gasto, no aportó pruebas suficientes para justificar dicho extremo, razón por la cual la suscrita juzgadora Federal analizó si en este sumario constitucional existen indicios suficientes para ubicarlo en una situación de pobreza, pero por el contrario encontró pruebas que no lo ubican como persona de "escasos recursos".

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 06 DE octubre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos la razón asentada por la Actuaria Judicial de la adscripción, por medio de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para dar cumplimiento a lo ordenado en auto de treinta de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 95 y 96), esto es, llevar a cabo el emplazamiento del tercero interesado ADRIÁN BONILLA DÍAZ, pues ocurrió lo siguiente: Al constituirse en el inmueble situado en Privada 27 A Sur número 13305, interior D, 131 Poniente, Colonia Hacienda de Santa Clara, en la ciudad de Puebla, previo cercioramiento del mismo, se percató de que se encuentra deshabitado. Mientras que, el inmueble identificado como Privada A Sur número 13305, interior D, Colonia Hacienda de Santa Clara, en la ciudad de Puebla, no existe. Ahora bien, toda vez que de autos se advierte que se ha agotado la investigación oficiosa a fin de emplazar al tercero interesado ADRIÁN BONILLA DÍAZ, ordenada en auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 31 y 32), sin que al efecto se hayan obtenido resultados favorables, consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento con el que se conminó a la parte quejosa JOSÉ RUBÉN ROMERO Y ROMERO y FELIPE ROMERO REYES, en su carácter de defensores particulares de VÍCTOR BRAIAN ROMERO SÁNCHEZ, en proveído de siete de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 19 a 21). En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo de la Ley de Amparo, se determina emplazar por edictos al tercero interesado ADRIÁN BONILLA DÍAZ, en los que se deberá señalar a la citada parte tercero interesada que debe presentarse ante este Juzgado dentro del término de treinta días contados a partir del siguiente al de la última publicación, en el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se efectuarán por medio de lista de acuerdos, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del precepto legal antes invocado. Debiéndose precisar que, dichos edictos deberán publicarse por tres veces de siete en siete días en el "Diario Oficial de la Federación" y en cualquiera de los periódicos siguientes: "Reforma", "Excelsior", "El Financiero" o "El Universal", los cuales quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este juzgado para que pase a recogerlos. Para dar margen a lo anterior, se concede a la parte quejosa el término de veinte días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que acredite haber entregado para su publicación los edictos en cuestión, es decir, en ese plazo la parte quejosa deberá: 1) Recogerlos; 2) Entregarlos para su publicación; y, 3) Acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo prevenido se sobreseerá en el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 63, fracción II y 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, ambos de la ley de la materia. Norma el criterio de la suscrita Juez Federal la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo) . Así mismo, en su oportunidad, fíjese un tanto de los edictos en el tablero de avisos de este Juzgado. En el mismo sentido, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la parte quejosa el derecho que tiene de manifestar alguna circunstancia que le impida cumplir con el requerimiento de pagar el costo de los edictos ordenados en líneas que preceden, lo cual deberá probar con un medio de convicción fehaciente. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis aislada: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. SI EL JUEZ DE DISTRITO SOBRESEYÓ EN EL JUICIO PORQUE EL QUEJOSO NO LLEVÓ A CABO LA PUBLICACIÓN RESPECTIVA, PERO EN EL AUTO POR EL QUE SE ORDENÓ AQUÉL OMITIÓ HACERLE SABER SU DERECHO A MANIFESTAR ALGUNA CIRCUNSTANCIA QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON ESE REQUERIMIENTO, ELLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN QUE AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 84/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 266, de rubro: "EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO.", consideró que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo impone la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de garantías, inclusive mediante edictos, ante el extremo de no obtener datos para localizarlo, empero, que en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso, que le impidan cumplir el requerimiento para que se realice el emplazamiento a través de ese medio (como podría ser la falta de recursos económicos para cubrir su costo, derivada de la privación de su libertad personal), basta con la expresión de esa insolvencia económica, a fin de que en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Juez ordene la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, si dicho juzgador sobreseyó en el juicio de garantías porque el quejoso no llevó a cabo la publicación respectiva, pero en el auto que ordenó que el emplazamiento se llevara a cabo por dicho medio, omitió hacerle saber el derecho que tenía de manifestar alguna circunstancia que le impidiera cumplir con ese requerimiento, ello se traduce en una violación que provocó indefensión al impetrante del amparo, la cual, en términos del artículo 91, fracción IV, de la invocada ley de la materia, hace procedente la reposición del procedimiento para el efecto de que el Juez Federal comunique al quejoso el derecho de referencia y con base en lo manifestado en torno al punto, y tomando en consideración los elementos que consten en autos, determine si procede o no que tal publicación se realice a costa del Consejo de la Judicatura Federal..."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos la razón asentada por la Actuaria Judicial de la adscripción, por medio de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para dar cumplimiento a lo ordenado en auto de treinta de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 95 y 96), esto es, llevar a cabo el emplazamiento del tercero interesado ADRIÁN BONILLA DÍAZ, pues ocurrió lo siguiente: Al constituirse en el inmueble situado en Privada 27 A Sur número 13305, interior D, 131 Poniente, Colonia Hacienda de Santa Clara, en la ciudad de Puebla, previo cercioramiento del mismo, se percató de que se encuentra deshabitado. Mientras que, el inmueble identificado como Privada A Sur número 13305, interior D, Colonia Hacienda de Santa Clara, en la ciudad de Puebla, no existe. Ahora bien, toda vez que de autos se advierte que se ha agotado la investigación oficiosa a fin de emplazar al tercero interesado ADRIÁN BONILLA DÍAZ, ordenada en auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 31 y 32), sin que al efecto se hayan obtenido resultados favorables, consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento con el que se conminó a la parte quejosa JOSÉ RUBÉN ROMERO Y ROMERO y FELIPE ROMERO REYES, en su carácter de defensores particulares de VÍCTOR BRAIAN ROMERO SÁNCHEZ, en proveído de siete de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 19 a 21). En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo de la Ley de Amparo, se determina emplazar por edictos al tercero interesado ADRIÁN BONILLA DÍAZ, en los que se deberá señalar a la citada parte tercero interesada que debe presentarse ante este Juzgado dentro del término de treinta días contados a partir del siguiente al de la última publicación, en el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se efectuarán por medio de lista de acuerdos, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del precepto legal antes invocado. Debiéndose precisar que, dichos edictos deberán publicarse por tres veces de siete en siete días en el "Diario Oficial de la Federación" y en cualquiera de los periódicos siguientes: "Reforma", "Excelsior", "El Financiero" o "El Universal", los cuales quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este juzgado para que pase a recogerlos. Para dar margen a lo anterior, se concede a la parte quejosa el término de veinte días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que acredite haber entregado para su publicación los edictos en cuestión, es decir, en ese plazo la parte quejosa deberá: 1) Recogerlos; 2) Entregarlos para su publicación; y, 3) Acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo prevenido se sobreseerá en el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 63, fracción II y 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, ambos de la ley de la materia. Norma el criterio de la suscrita Juez Federal la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo) . Así mismo, en su oportunidad, fíjese un tanto de los edictos en el tablero de avisos de este Juzgado. En el mismo sentido, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la parte quejosa el derecho que tiene de manifestar alguna circunstancia que le impida cumplir con el requerimiento de pagar el costo de los edictos ordenados en líneas que preceden, lo cual deberá probar con un medio de convicción fehaciente. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis aislada: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. SI EL JUEZ DE DISTRITO SOBRESEYÓ EN EL JUICIO PORQUE EL QUEJOSO NO LLEVÓ A CABO LA PUBLICACIÓN RESPECTIVA, PERO EN EL AUTO POR EL QUE SE ORDENÓ AQUÉL OMITIÓ HACERLE SABER SU DERECHO A MANIFESTAR ALGUNA CIRCUNSTANCIA QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON ESE REQUERIMIENTO, ELLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN QUE AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 84/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 266, de rubro: "EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO.", consideró que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo impone la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de garantías, inclusive mediante edictos, ante el extremo de no obtener datos para localizarlo, empero, que en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso, que le impidan cumplir el requerimiento para que se realice el emplazamiento a través de ese medio (como podría ser la falta de recursos económicos para cubrir su costo, derivada de la privación de su libertad personal), basta con la expresión de esa insolvencia económica, a fin de que en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Juez ordene la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, si dicho juzgador sobreseyó en el juicio de garantías porque el quejoso no llevó a cabo la publicación respectiva, pero en el auto que ordenó que el emplazamiento se llevara a cabo por dicho medio, omitió hacerle saber el derecho que tenía de manifestar alguna circunstancia que le impidiera cumplir con ese requerimiento, ello se traduce en una violación que provocó indefensión al impetrante del amparo, la cual, en términos del artículo 91, fracción IV, de la invocada ley de la materia, hace procedente la reposición del procedimiento para el efecto de que el Juez Federal comunique al quejoso el derecho de referencia y con base en lo manifestado en torno al punto, y tomando en consideración los elementos que consten en autos, determine si procede o no que tal publicación se realice a costa del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil dieciséis. Agréguense a sus autos los oficios signados por el Jefe de la Oficina de Juicios Civiles, Asuntos Especiales y Penales, Delegación Puebla, del Instituto Mexicano del Seguro Social y por la Jefa del Departamento de Atención a Clientes Divisional de la Comisión Federal de Electricidad, por medio de los cuales en cumplimiento al requerimiento que les fue formulado en proveído de trece de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 31 y 32), informan a este órgano jurisdiccional lo siguiente: El Jefe de la Oficina de Juicios Civiles, Asuntos Especiales y Penales, Delegación Puebla, del Instituto Mexicano del Seguro Social que ADRIÁN BONILLA DÍAZ, se encuentra adscrito a la Unidad de Medicina Familiar número 57, con número de seguridad Social 48-10-90-1113 9, desde el nueve de julio de dos mil catorce; sin embargo, no ha comparecido a proporcionar sus datos personales, motivo por el cual se encuentra imposibilitado para proporcionar el domicilio del citado tercero interesado. Por su parte, la Jefa del Departamento de Atención a Clientes Divisional de la Comisión Federal de Electricidad, manifiesta que después de una búsqueda no localizó la información solicitada. De lo anterior, queda enterada la suscrita Jueza de Distrito para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, sólo estése a la espera de la diligencia de emplazamiento ordenada en auto de treinta de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 95 y 96).

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