Victor Bonifacio Valero Cruz
Expediente 847/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 847/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Victor Bonifacio Valero Cruz
Actuaciones
- Principal
Requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término concedido, remita copia certificada del acuerdo en el que tenga por rendido los informes solicitados al Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos y Cablemas Telecomunicaciones Sociedad Anónima de Capital Variable (Izzi), en el entendido que deberá realizar las gestiones necesarias a su alcance para tal fin, entre ellas, imponer las medidas de apremio a las referidas autoridades; con apercibimiento de multa.
- Principal
PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE CITA: Vista la razón de cuenta de la Secretaría, con fundamento en los artículos 8° y 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Víctor Bonifacio Valero Cruz, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 847/2017-A, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal. Además, con fundamento en los artículos 3, de la Ley de Amparo y 60, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo antes señalada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 de la Constitución, así como 112 y 113, en relación con el 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se desecha la misma, toda vez que de su estudio integral, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en virtud de que en el caso, se advierte de la demanda que se tiene a la vista no contiene firma autógrafa del quejoso Víctor Bonifacio Valero Cruz, pues se estampa una copia fotostática de la misma, por lo que no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. A efecto de sustentar el estudio del presente asunto, son de transcribirse los artículos conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: "107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ---I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;". "6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". "61. El juicio de amparo es improcedente: --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: --- El nombre y domicilio del quejoso...". Como se desprende del contenido de la anterior trascripción, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en relación con ella, el artículo 6° de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, esto es, seguirse siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, si la demanda de amparo no se suscribe en forma autógrafa o electrónica por quien aparece como promovente, es claro que no reúne el requisito previsto por el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que debe resolverse que no ha lugar a tener por promovido el juicio constitucional, toda vez que la Constitución Federal establece que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada y el artículo conducente de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, refiere que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por la agraviada, por su representante legal o por su defensor; por lo que al carecer de firma original la demanda, es claro que el promovente Víctor Bonifacio Valero Cruz no manifiesta su pretensión de acudir a la instancia constitucional. Ello, si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, por lo que las mismas deben ser suscritas por la parte interesada, pues es una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, ya que la signa al pie del documento o en su caso la firma electrónica, sirve para dar autenticidad al mismo; así, debe entenderse que conforme a lo dispuesto por los artículos citados, la falta de la firma autógrafa original de Víctor Bonifacio Valero Cruz o electrónica en el escrito correspondiente, tiene como consecuencia que no constituya demanda y que no pueda considerarse como parte agraviada a quienes no la firmaron, pues para que pueda hablarse de la existencia de una demanda de amparo, es preciso que conste la voluntad de los agraviados de solicitar la protección de la Justicia Federal, voluntad que se manifiesta por medio de la suscripción del documento respectivo. Es aplicable al presente caso, por analogía, la jurisprudencia trescientos noventa emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos treinta y cuatro del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Octava Época, la cual establece: "REVISIÓN. DEBE DESECHARSE ESE RECURSO CUANDO NO ES AUTÓGRAFA LA FIRMA QUE LO CALZA. Si el escrito de expresión de agravios mediante el cual se hace valer el recurso de revisión no contiene firma autógrafa, debe desecharse, en virtud de que la misma constituye el conjunto de signos manuscritos con los cuales las partes en un procedimiento judicial, expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, y con ella se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. El documento en que se hace valer el recurso de revisión constituye una promoción que debe hacerse por escrito de conformidad con lo que establece el artículo 88 de la Ley de Amparo, y es requisito indispensable que contenga la firma autógrafa del promovente, ya que de lo contrario debe estimarse que en dicho escrito no se incorporó expresión de voluntad alguna, al no reunir el requisito que establece el artículo 1834 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, aplicado por analogía, porque se trata de una formalidad que debe constar por escrito. En consecuencia, si el referido escrito de expresión de agravios es calzado por una firma facsimilar, cuya naturaleza de mera reproducción de su original no es suficiente para acreditar la manifestación de voluntad, el mismo debe desecharse.". Igualmente se cita la jurisprudencia ciento cincuenta y seis emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento veintiocho del mismo Tomo y Apéndice, Séptima Época, la cual refiere: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio.". De lo anterior, se verifica que no existiendo la firma autógrafas original de Víctor Bonifacio Valero Cruz o electrónica en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, por lo que tiene que concluirse que no se presupone el interés de los agraviados de motivar al órgano jurisdiccional, es decir, no hay instancia de parte, por lo que en el caso, queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Víctor Bonifacio Valero Cruz, en términos del artículo 113 de la legislación en cita. Tiene aplicación al caso, por identidad de razón, la tesis visible en la página 315, Tomo X, octubre de 1992, Octava Época, Instancia Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al Semanario Judicial de la Federación, que reza: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada.". Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta, y por autorizadas para los mismos efectos a las personas propuestas para tal fin. También, se tienen por autorizadas en términos del dispositivo 12 del cuerpo leyes antes invocado, esto es, con todas las facultades que el mismo confiere a las personas señaladas en su ocurso inicial, en atención a que se trata de un asunto en materia laboral donde el quejoso es el trabajador y no es necesario acreditar tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En otro orden de ideas, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de garantías, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de garantías se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Con fundamento en los artículos 1 al 9, 12 al 16, 18 al 23 y 61 al 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales con motivo de la tramitación de este procedimiento, en la inteligencia de que la falta de oposición hasta antes de la sentencia que dicte este juzgado federal, conlleva el consentimiento de dicha publicación; además, se les hace saber que en el caso de ofrecimiento de documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial, siempre que tal clasificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados, pues de lo contrario, no se considerarán con tales características.
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