Víctor Bañuelos Romero
Expediente 568/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 568/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Víctor Bañuelos Romero
Actuaciones
- Principal
Dada la cuenta que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de queja, sin que hasta este momento se haya hecho valer en contra del proveído de diez de junio del año en curso, que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo; consecuentemente, se declara firme el referido auto. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; precepto que establece que aquéllos expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos, las demandas de amparo que se hayan tenido por no presentadas, las que se hayan desechado, los juicios en los que se haya decretado la incompetencia y en el presente asunto, se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo general referido. Así, una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del acuerdo general en cita. Notifíquese por lista a la parte promovente.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos las razones asentadas por la actuaria de este juzgado federal, por medio de la cual informa que acudió al domicilio procesal señalado por el quejoso **********-sito en el ubicado en ************** con el fin de notificarle los autos de tres y diez de junio del año en curso; sin embargo, la persona que le atendió ******* se negó a recibirla, pues le manifestó no conocer a los buscados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, pasen los presentes autos al fedatario judicial que corresponda, para que realice la notificación de las determinaciones indicadas por medio de lista, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal; hasta en tanto el citado quejoso señale nuevo domicilio para tal efecto. Notifíquese por lista y por ese mismo medio a **********, los autos de tres y diez de junio dos mil veintidós. AUTO DE 3 DE JUNIO DE 2022: Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo signada por **********, por derecho propio, contra actos del Juez Cuadragésimo Primero de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; por violación a los derechos contenidos en el artículo 16 constitucional, fórmese expediente -físico y electrónico1- regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 568/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y provéase lo que en derecho corresponda. En principio, debe decirse que el artículo 108 de la ley de la materia, establece los requisitos esenciales de la demanda. Asimismo, el diverso numeral 114 de la legislación en comento, determina la facultad conferida al órgano de control constitucional de requerir a la parte promovente que aclare su escrito inicial y le haga de su conocimiento de forma precisa las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, mismas que, dicho sea de paso, de no ser subsanadas dentro del plazo de cinco días, dará lugar a tenerla por no presentada. Ahora, impuesto este juzgador del contenido de la demanda de amparo de que se trata, de su estudio integral2, se advierte que el acto reclamado por el inconforme se hace consistir en el siguiente: El proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio oral mercantil, expediente ****, del índice del Juzgado Cuadragésimo Primero de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, seguido por ******************.... Cabe precisar que mediante dicho auto, el juez del proceso ordenó requerir al impetrante para que en el término de tres días, diera cumplimiento a la sentencia definitiva, apercibido que de no hacerlo, a petición de la parte actora, se procedería a su ejecución forzosa. Sin embargo, los antecedentes aportados por el peticionario no fueron expresados bajo protesta de decir verdad, y toda vez que dichos elementos son necesarios para pronunciarse sobre la probable admisión de la demanda o su desechamiento, con fundamento en los arábigos 108, fracción V, así como 114, fracción II de la Ley de Amparo, es decir, para el efecto siguiente: ? Deberá narrar, bajo protesta de decir verdad, en forma clara, completa y en orden cronológico los antecedentes del acto reclamado, para cuyo efecto reseñará las actuaciones más importantes que han tenido lugar en la controversia de origen, tales como presentación de la demanda, prestaciones reclamadas, tipo de procedimiento, sentencias, así como la totalidad de las condenas decretadas líquidas o no en todas las instancias. En el entendido de que tal declaratoria está reservada para la parte directamente agraviada, lo que implica además que el desahogo a esta prevención debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda, o bien, por su apoderado facultado para ello. Indicará el estado procesal exacto y actual del procedimiento natural. Se precisa que deberá presentar su escrito aclaratorio de acuerdo con el artículo 110 de la Ley de Amparo, esto es, con las copias correspondientes para cada una de las partes -toda vez que señaló una autoridad responsable, la respectiva para la tercera y una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita- así como las relativas al incidente de suspensión. Asimismo, se hace del conocimiento del promovente que de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten, podrá ser sujeto a lo dispuesto en el numeral 2614 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que pueden hacerse merecedores la parte quejosa, su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, incurren en las conductas anteriores. Y, es que la finalidad de una prevención es que se satisfagan los requisitos de ley -en amparos de estricto derecho como el de la especie- pues con independencia de la calidad que ostenten los agraviados -parte formal, tercero extraño en estricto sentido o en forma equiparada- no están eximidos de cumplirlos, sobre todo porque únicamente con base en su contenido preciso es factible verificar los presupuestos procesales de la acción constitucional y apreciar que no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este sentido, las exigencias contenidas en el artículo 108 de la legislación de la materia deben ser colmadas por quien se dice agraviado, por lo que este juzgado no puede soslayar que no se satisfagan las formalidades del numeral en comento. Se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento a la prevención, su demanda se tendrá por NO PRESENTADA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la ley de la materia. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio que indica el promovente, así como por autorizados para los mismos efectos, inclusive para recibir documentos, a las personas que señala. Se faculta en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************, toda vez que tienen inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de quienes no cuentan con dicho registro, por lo que sólo se les tiene por autorizados en los términos señalados en el párrafo que antecede, sin perjuicio de que una vez que cumplan con lo anterior, y previa designación que se haga en su favor por parte de la quejosa, se provea lo conducente. Sin que pase inadvertido que el impetrante formuló su solicitud de autorización en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo abrogada, pues ello no obsta para que se deje de proveer lo que en derecho corresponde. Por otra parte, se exhorta al promovente a que, de ser posible y al tomar en consideración el esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus "SARS-CoV-2", causante de la enfermedad conocida como coronavirus "COVID-19", de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, considere solicitar a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones personales de manera electrónica, en términos de lo establecido en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Circuito y Juzgados de Distrito5; no así a AUTO DE 10 DE JUNIO DE 2022: Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el ocurso presentado por el promovente del amparo, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en auto de tres de junio del año en curso. En ese sentido, vista la demanda presentada por ******* contra actos del Juez Cuadragésimo Primero de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a los derechos contenidos en el artículo 16 constitucional, la misma debe desecharse, ello en atención a las consideraciones que se vierten a continuación. En efecto, del estudio integral de la demanda de amparo y su ocurso aclaratorio1, se advierte que el acto reclamado por el promovente, se hace consistir en el proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio oral mercantil, expediente *****, del índice del Juzgado Cuadragésimo Primero de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México seguido por ******************** en contra de *************** -hoy quejoso-, a través del cual, el juez del proceso ordenó requerir al impetrante para que en el término de tres días, diera cumplimiento a la sentencia definitiva, apercibido que de no hacerlo, a petición de la parte actora, se procedería a su ejecución forzosa. Por otra parte, de lo expuesto en la demanda bajo protesta de decir verdad se deduce lo siguiente: El promovente es parte formal y material del juicio de donde derivan los actos reclamados, tan es así que tiene el carácter de demandado. Asimismo, no existe incertidumbre en cuanto a que el procedimiento de origen se encuentra en ejecución de sentencia. De lo anteriormente precisado, este juzgador considera que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: ********************************************************** El primer numeral transcrito precisa que el juicio de amparo es improcedente cuando de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la ley de la materia, se derive una causal que así lo prevea. Por su parte, el segundo dispositivo establece de manera general que la vía constitucional que se promueva en contra de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, resulta improcedente cuando no se trata de la última resolución dictada en esa fase, en donde se podrán reclamar todas las demás violaciones que se hubieren cometido durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Además, se puede advertir que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial en la fase de ejecución, establece un distingo entre: 1) Los actos que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución y que afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada y, 2) Los actos de ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, son aquellos que cuentan con autonomía propia y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por lo tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución del procedimiento respectivo -definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para hacerlo- por ser en ésta en la que se materializará el agravio respectivo. Sentado lo procedente, en la especie el acto reclamado -consistente en el proveído mediante el cual se requirió al aquí quejoso para que, en el término de tres días, diera cumplimiento a la sentencia definitiva, apercibido que de no hacerlo, a petición de la parte actora, se procedería a su ejecución forzosa- no encuadra en las hipótesis de procedencia del amparo contra actos dictados por la autoridad judicial después de concluido el juicio, pues las actuaciones reclamadas no constituyen la "última" de la fase de ejecución de sentencia -ya que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la misma, tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, menos aún ordena el archivo definitivo del expediente- no son de naturaleza autónoma, ni afectan derechos sustantivos diversos de la cosa juzgada establecida en el procedimiento de origen. Esto es, el promovente al ser parte formal y material del juicio que se encuentra en la fase de ejecución, debe acatar lo resuelto en la sentencia definitiva, por lo cual el acto reclamado constituye una cuestión que no puede analizarse en el amparo indirecto de forma inmediata, ya que estimarlo de otro modo, su reclamo implícitamente impediría el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural. De ahí que el juicio biinstancial sólo procederá si el acto reclamado goza de autonomía en relación con la ejecución de la condena decretada y afecte directamente???????????? derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada o contra la última resolución dictada en esa fase, esto es, contra la que reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo convenido o la que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En ese sentido, el inconforme debe sujetarse a las reglas que regulan el procedimiento y por ello las violaciones que aquí reclama deberá hacerlas valer hasta que se emita el acto conclusivo de dicho procedimiento, momento en el que podrán impugnarse las cuestiones adjetivas surgidas durante esa fase, pues no podría aceptarse la procedencia de la instancia constitucional cada vez que las partes manifestaran oposición en contra de alguna decisión que se tomara durante ese trámite. Además, cabe precisar que de la demanda de amparo, no se desprende otro concepto de violación dirigido a evidenciar la afectación de derechos sustantivos generados por una cuestión diversa a la cosa juzgada. No obstante, como ya se precisó, el amparo que se promueva en contra de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia resulta improcedente cuando no se trata de la última resolución dictada en esa fase, en donde se podrán reclamar todas las demás violaciones que se hubieren cometido durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso -previo acatamiento al principio de definitividad-, por lo que las violaciones que aquí reclama deberá hacerlas valer hasta que se dicte el acto conclusivo de dicho asunto. Consecuentemente, al haberse actualizado la causal de improcedencia anteriormente invocada, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la legislación de la materia, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Determinación a la que se arriba en total observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir la demanda de que se trata y darle el cauce legal correspondiente, ya que el inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a la aquí analizada, esto es, que la determinación aquí impugnada no constituye la última resolución emitida en la fase de ejecución del sumario natural -lo cual crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las??????????? determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las declaraciones respecto de su falsedad u omisión de datos-. Máxime que aún y cuando se llegaren a recabar los informes y constancias del juicio de origen, la conclusión a la que se arribaría luego de tenerlas a la vista, sería la misma, lo cual significaría un gasto tanto en recursos materiales como humanos innecesarios tanto para las partes como para el propio Estado.
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Notifíquese personalmente al inconforme.
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