Victor Avilez Pineda

Expediente 841/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
841/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
04/02/2021

Partes del expediente

  • Victor Avilez Pineda

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de la materia, para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en autos, sin que la impetrante de amparo lo haya interpuesto; por tal virtud, QUEDA FIRME la resolución de referencia. En consecuencia, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se desechó la demanda de amparo, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de octubre de dos mil veinte. Vista la razón actuarial elaborada por el fedatario judicial adscrito a este Órgano Constitucional, en la cual hace constar la imposibilidad para notificar al quejoso Víctor Ávilez Pineda el acuerdo de trece de octubre del año en curso, por las razones y motivos que ahí expone; al respecto, con fundamento en lo previsto por la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a dicha parte procesal, el auto aludido, el presente proveído, y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. ---- NOTIFICO LOS ACUERDOS DE FECHAS TRECE Y VEINTIDÓS, AMBOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, ELLO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO; LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN III Y 29 DE LA LEY DE AMPARO: "Cuernavaca, Morelos, a veintidós de octubre de dos mil veinte. Vista la razón actuarial elaborada por el fedatario judicial adscrito a este Órgano Constitucional, en la cual hace constar la imposibilidad para notificar al quejoso Víctor Ávilez Pineda el acuerdo de trece de octubre del año en curso, por las razones y motivos que ahí expone; al respecto, con fundamento en lo previsto por la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a dicha parte procesal, el auto aludido, el presente proveído, y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe." "Cuernavaca, Morelos, trece de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Víctor Avilez Pineda, por propio derecho, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Puente de Ixtla y otra autoridad. Registro de la demanda: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número que corresponda. Desechamiento de la demanda: Ahora, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo antes señalada, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este órgano de control constitucional advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 62 de la ley de la materia. Estudio sobre el desechamiento de la demanda Para el caso que nos ocupa, el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hace consistir en lo siguiente: "...Del C. JUEZ MIXTO DE PRIMERAINSTANCIA DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS CON RESIDENCIA EN PUENTE DE IXTLA, MORELOS, MEXICO, lo ordenado en auto de fecha veintiuno de septiembre del año corriente y sus consecuencias jurídicas... De la autoridad señalada como ejecutora: "...La ilegal e inconstitucional notificación de fecha ocho de octubre del año que corre actuando en el expediente 364/2017, así como sus consecuencias jurídicas. De la transcripción anterior, se desprende que el quejoso reclama medularmente, el auto de veintiuno de septiembre de este año, dictado por el Juez Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Puente de Ixtla, así como la notificación de ocho de octubre del año en curso, practicada por el fedatario adscrito al juzgado responsable. Ahora, acorde a los hechos que el propio justiciable expone, se advierte que en el expediente de donde emana el acto reclamado ya se dictó sentencia. Asimismo, precisó que dicha resolución ya causó ejecutoria. Con base en lo hasta aquí expuesto, este juzgador concluye que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo que dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (...)". Del artículo anterior se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria les conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Dicho ordenamiento es el aplicable al caso concreto, toda vez que con base en lo narrado en su demanda de amparo así como de lo manifestado por el propio quejoso en el diverso juicio de amparo 704/2020, se observa que la acción ejercitada fue la de prescripción positiva en contra de Daniel Fuentes Trejo, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a través de su Fondo de Vivienda y al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, lo que constituye un hecho notorio para este juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por tanto, el quejoso antes de acudir al juicio de amparo indirecto debió haber agotado el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 141 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. Esto es así acorde a la jurisprudencia ... número de registro 201620,... Asimismo, sirve de sustento la jurisprudencia...con número de registro 209210, ... Del análisis efectuado a los criterios citados en líneas precedentes, es posible advertir que diversos tribunales de la República sostuvieron que los incidentes de nulidad de actuaciones no pueden promoverse después de pronunciada sentencia que causó ejecutoria, cuando se impugnen las actuaciones anteriores a dicha sentencia, ya que, de esta manera, se destruiría la firmeza de la cosa juzgada. Pero cuando la nulidad solicitada sólo afecta a actuaciones practicadas con posterioridad al fallo y relativas a la ejecución del mismo, sí puede plantearse y resolverse el incidente de nulidad de estas últimas actuaciones. Entre estos actos posteriores al fallo se encuentra el de su propia notificación, de manera que válidamente, a través del incidente de nulidad de actuaciones puede revocarse, modificarse o nulificarse la notificación efectuada. Ademas de lo anterior debe decirse que no se actualiza la excepción al principio de definitividad previsto en el penúltimo párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que con la interposición del incidente de nulidad de notificaciones no se suspende el procedimiento de ejecución, acorde al numeral 142 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. Esto es así ya que lo que pretende el quejoso es suspender todos los actos de ejecución de la sentencia, mediante la interposición de este juicio, lo cual no es posible, atento a lo dispuesto en el artículo 107 fracción IV de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución...". Del precepto anterior se destaca que el juicio de amparo es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, fuera de juicio (antes de que inicie una contienda) o después de concluido (posterior al dictado de la sentencia). Sin embargo, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que puede ser:  La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado.  Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento.  Las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Por tanto, con el desechamiento de esta demanda de amparo no se deja en estado de indefensión al promovente, ya que de ser molestado en su esfera jurídica con motivo de un acto de ejecución de sentencia, podrá combatirlo mediante un diverso juicio de amparo, acorde a lo establecido en el numeral 107 fracción IV de la Ley de Amparo. Asimismo, no puede considerarse que el desechamiento decretado deje en estado de indefensión al justiciable, ya que la falta de promoción oportuna de tal medio de defensa le es imputable a dicha persona y su omisión no puede ser reparada en el presente juicio de amparo, en el que se deben acatar ciertos principios como lo es el de definitividad, cuya inobservancia lo hace improcedente. Esto, pues como ya se dijo, el quejoso no agotó los recursos o medios de defensa que la ley de la materia le concedía para revocar, modificar o nulificar el acto reclamado, ni tampoco se trata de la última resolución dictada en ejecución en el procedimiento de origen. Finalmente debe decirse al promovente, que lo anterior no es violatorio del derecho de acceso a la justicia, ya que el desechamiento de mérito obedeció al marco jurídico establecido para la procedencia y tramitación del juicio de amparo. El aserto de este Juzgador, se corrobora con lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual concluyó que la aplicación del principio pro persona no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. ... Domicilio procesal y autorizados. En términos del artículo 30 de la ley reglamentaria, se ordena que las notificaciones que se practiquen se realicen a través del usuario electrónico que menciona el quejoso y de manera indistinta el lugar físico precisa; asimismo, se tiene como autorizadas para tales efectos a las personas que propone. Por otro lado, se tiene por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los abogados que refiere, siempre y cuando acrediten que cuentan con cédula profesional debidamente registrada ante el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. Acceso al expediente electrónico Al respecto de conformidad con lo establecido por el "ACUERDO GENERAL 12/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO", se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, por medio del usuario que refiere, a través de la cuenta que se encuentre registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Habilitación de días y horas inhábiles En otro orden de ideas, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de garantías, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. ... En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos cotidianos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Finalmente se exhorta a las partes para que las futuras promociones relacionadas con el juicio de amparo en que se actúa se presenten a través de la modalidad de "juicio en línea" mediante el Portal de Servicios que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe."

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Víctor Avilez Pineda, por propio derecho, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Puente de Ixtla y otra autoridad. Registro de la demanda: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número que corresponda. Desechamiento de la demanda: Ahora, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo antes señalada, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este órgano de control constitucional advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 62 de la ley de la materia. Estudio sobre el desechamiento de la demanda Para el caso que nos ocupa, el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hace consistir en lo siguiente: "...Del C. JUEZ MIXTO DE PRIMERAINSTANCIA DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS CON RESIDENCIA EN PUENTE DE IXTLA, MORELOS, MEXICO, lo ordenado en auto de fecha veintiuno de septiembre del año corriente y sus consecuencias jurídicas... De la autoridad señalada como ejecutora: "...La ilegal e inconstitucional notificación de fecha ocho de octubre del año que corre actuando en el expediente 364/2017, así como sus consecuencias jurídicas. De la transcripción anterior, se desprende que el quejoso reclama medularmente, el auto de veintiuno de septiembre de este año, dictado por el Juez Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Puente de Ixtla, así como la notificación de ocho de octubre del año en curso, practicada por el fedatario adscrito al juzgado responsable. Ahora, acorde a los hechos que el propio justiciable expone, se advierte que en el expediente de donde emana el acto reclamado ya se dictó sentencia. Asimismo, precisó que dicha resolución ya causó ejecutoria. Con base en lo hasta aquí expuesto, este juzgador concluye que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo que dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (...)". Del artículo anterior se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria les conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Dicho ordenamiento es el aplicable al caso concreto, toda vez que con base en lo narrado en su demanda de amparo así como de lo manifestado por el propio quejoso en el diverso juicio de amparo 704/2020, se observa que la acción ejercitada fue la de prescripción positiva en contra de Daniel Fuentes Trejo, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a través de su Fondo de Vivienda y al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, lo que constituye un hecho notorio para este juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por tanto, el quejoso antes de acudir al juicio de amparo indirecto debió haber agotado el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 141 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. Esto es así acorde a la jurisprudencia número VI.3o. J/9, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, página 592, con número de registro 201620, que a la letra dice: "SENTENCIAS DEFINITIVAS. CONTRA SU FALTA DE NOTIFICACION, DEBE INTERPONERSE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, PREVIAMENTE A LA PROMOCION DEL JUICIO DE AMPARO. En cumplimiento a la jurisprudencia número 195, visible a foja 588 de la Cuarta Parte, Tercera Sala del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES PRACTICADAS CONCLUIDO EL JUICIO", el quejoso previamente a la promoción del juicio de garantías debe hacer valer contra la falta de notificación de la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, el incidente de nulidad de actuaciones. En caso de no hacerlo, el juicio de amparo debe declararse improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII de la Ley de Amparo". Asimismo, sirve de sustento la jurisprudencia VI.2o. J/351, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 86, Febrero de 1995, página 39, con número de registro 209210, que establece lo siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES PRACTICADAS CONCLUIDO EL JUICIO. Los incidentes de nulidad de actuaciones no pueden promoverse después de pronunciada sentencia que causó ejecutoria, cuando se impugnen las actuaciones anteriores a dicha sentencia, ya que, de esta manera, se destruiría la firmeza de la cosa juzgada; pero cuando la nulidad solicitada sólo afecta a actuaciones practicadas con posterioridad al fallo y relativas a la ejecución del mismo, sí puede plantearse y resolverse el incidente de nulidad de estas últimas actuaciones". Del mismo modo, apoya a lo anterior la jurisprudencia III.1o.C. J/34, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Noviembre de 2002, página 1041, con número de registro 185542, que establece lo siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere". Finalmente, se invoca como sustento la jurisprudencia V.2o. J/44, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Octubre de 1998, página 1014, con número de registro 195427, cuyo rubro y texto es el siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. PROCEDENCIA CONCLUIDO EL JUICIO. Resulta correcto el sobreseimiento del juicio de garantías con fundamento en el artículo 73, fracción XIII, en relación con el 74, fracción III, de la Ley de Amparo, pues previo a la interposición de la demanda de garantías el ahora recurrente debió haber agotado el medio de defensa respectivo en contra de la notificación de la sentencia, sin que sea óbice el hecho de que dicha sentencia haya causado ejecutoria, dado que el incidente de nulidad de notificación no se promovería en contra de actuaciones efectuadas dentro del juicio (como equivocadamente se pretende hacer valer), sino sobre un acto practicado con posterioridad al fallo, o sea, su incorrecta notificación, el cual obviamente sí es procedente interponer". Del análisis efectuado a los criterios citados en líneas precedentes, es posible advertir que diversos tribunales de la República sostuvieron que los incidentes de nulidad de actuaciones no pueden promoverse después de pronunciada sentencia que causó ejecutoria, cuando se impugnen las actuaciones anteriores a dicha sentencia, ya que, de esta manera, se destruiría la firmeza de la cosa juzgada. Pero cuando la nulidad solicitada sólo afecta a actuaciones practicadas con posterioridad al fallo y relativas a la ejecución del mismo, sí puede plantearse y resolverse el incidente de nulidad de estas últimas actuaciones. Entre estos actos posteriores al fallo se encuentra el de su propia notificación, de manera que válidamente, a través del incidente de nulidad de actuaciones puede revocarse, modificarse o nulificarse la notificación efectuada. Ademas de lo anterior debe decirse que no se actualiza la excepción al principio de definitividad previsto en el penúltimo párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que con la interposición del incidente de nulidad de notificaciones no se suspende el procedimiento de ejecución, acorde al numeral 142 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. Esto es así ya que lo que pretende el quejoso es suspender todos los actos de ejecución de la sentencia, mediante la interposición de este juicio, lo cual no es posible, atento a lo dispuesto en el artículo 107 fracción IV de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución...". Del precepto anterior se destaca que el juicio de amparo es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, fuera de juicio (antes de que inicie una contienda) o después de concluido (posterior al dictado de la sentencia). Sin embargo, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que puede ser:  La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado.  Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento.  Las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Por tanto, con el desechamiento de esta demanda de amparo no se deja en estado de indefensión al promovente, ya que de ser molestado en su esfera jurídica con motivo de un acto de ejecución de sentencia, podrá combatirlo mediante un diverso juicio de amparo, acorde a lo establecido en el numeral 107 fracción IV de la Ley de Amparo. Asimismo, no puede considerarse que el desechamiento decretado deje en estado de indefensión al justiciable, ya que la falta de promoción oportuna de tal medio de defensa le es imputable a dicha persona y su omisión no puede ser reparada en el presente juicio de amparo, en el que se deben acatar ciertos principios como lo es el de definitividad, cuya inobservancia lo hace improcedente. Esto, pues como ya se dijo, el quejoso no agotó los recursos o medios de defensa que la ley de la materia le concedía para revocar, modificar o nulificar el acto reclamado, ni tampoco se trata de la última resolución dictada en ejecución en el procedimiento de origen. Finalmente debe decirse al promovente, que lo anterior no es violatorio del derecho de acceso a la justicia, ya que el desechamiento de mérito obedeció al marco jurídico establecido para la procedencia y tramitación del juicio de amparo. El aserto de este Juzgador, se corrobora con lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual concluyó que la aplicación del principio pro persona no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Esto se desprende de la jurisprudencia de número 2a./J. 56/2014 (10a.), cuyos datos de identificación y rubro a continuación se transcriben: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales - legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Domicilio procesal y autorizados. En términos del artículo 30 de la ley reglamentaria, se ordena que las notificaciones que se practiquen se realicen a través del usuario electrónico que menciona el quejoso y de manera indistinta el lugar físico precisa; asimismo, se tiene como autorizadas para tales efectos a las personas que propone. Por otro lado, se tiene por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los abogados que refiere, siempre y cuando acrediten que cuentan con cédula profesional debidamente registrada ante el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. Acceso al expediente electrónico Al respecto de conformidad con lo establecido por el "ACUERDO GENERAL 12/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO", se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, por medio del usuario que refiere, a través de la cuenta que se encuentre registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Habilitación de días y horas inhábiles En otro orden de ideas, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de garantías, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. Lo anterior, en términos de la tesis I.6o.C.365 C, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 887, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL EN EL AMPARO. SI EL ACTUARIO JUDICIAL, NO OBSTANTE HABERSE PRESENTADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN DISTINTOS HORARIOS Y DÍAS HÁBILES, NO LOGRA LOCALIZAR AL INTERESADO PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO EL AUTO DE REQUERIMIENTO, PREVENCIÓN O ACTUACIONES QUE EL TRIBUNAL ESTIME CONVENIENTE, DEBEN HABILITARSE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR AQUELLA DILIGENCIA COMO LO PREVÉ EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SUPLETORIO DE LA LEY DE LA MATERIA. De los artículos 27, 28, fracciones II y III, y 29 de la Ley de Amparo, se advierte que en el juicio de garantías es obligación del juzgador, ordenar notificar personalmente a los interesados, aquellas providencias en las que se les formulen requerimientos o prevenciones, y sólo por exclusión, les serán notificadas por lista las demás resoluciones. Por su parte, el artículo 30 de la ley de la materia precisa ciertos casos en los cuales una notificación que deba hacerse en forma personal, ya sea por prescripción de la ley o por mandato judicial, finalmente se ordenará practicar por lista, cuando el quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio, con domicilio o casa señalados para oír y recibir notificaciones, no esperen al actuario judicial, una vez que, con anterioridad ha dejado citatorio previo, al no encontrárseles en la primera búsqueda y cuando no conste en autos domicilio, ni designación de casa o despacho para oír y recibir notificaciones. Finalmente, el artículo 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, señala que las actuaciones judiciales tienen lugar en días y horas hábiles, que comprenderán, entre las ocho y las diecinueve horas de días hábiles y el artículo 282 del mismo ordenamiento establece que el tribunal respectivo puede habilitar días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que así lo amerite, expresando ésta y la diligencia que deba practicarse. Ahora bien, si de autos se advierte que el actuario judicial, no obstante haberse presentado en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, en distintos horarios y días hábiles, no logra localizar a la parte interesada, a efecto de dar cumplimiento al artículo 28 citado, deben habilitarse días y horas inhábiles para realizar la diligencia de notificación personal a la quejosa, tercera perjudicada o persona extraña al juicio, en el domicilio designado para tal efecto y hacer de su conocimiento el auto de requerimiento, prevención o actuaciones que el tribunal estime pertinente, como cuando se requiere a la quejosa para que comparezca a reconocer como suya la firma que obra en la demanda de amparo, en la inteligencia que de no hacerlo se le tendrá por no interpuesta. Con esa actuación se crea en las partes la confianza de que en cualquiera de los casos mencionados, serán notificadas personalmente y no por lista, pues de hacerlo de esta manera, se les dejaría en total estado de indefensión". En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos cotidianos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Finalmente se exhorta a las partes para que las futuras promociones relacionadas con el juicio de amparo en que se actúa se presenten a través de la modalidad de "juicio en línea" mediante el Portal de Servicios que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

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