Víctor Ávila Toriz

Expediente 223/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
223/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • Víctor Ávila Toriz
  • Todas las Partes

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que el auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, se ha notificado a la parte quejosa y el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de queja, ha fenecido En ese tenor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por lo que se establece como fecha probable el ocho de junio de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 25/03/2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C... Boca del Río, Veracruz, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el escrito signado por la quejosa Lucia Guadalupe Martínez Escobar. Atenta su contenido, téngasele pretendiendo desahogar la vista que le fue concedida mediante proveído de veintitrés de marzo del año en curso, atinente al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo del Director del Centro Penitenciario Acayucan, Veracruz, al respecto hace diversas manifestaciones que no guardan relación con dicho cumplimiento, sino que éstas versas sobre las condiciones de internamiento que guarda en el Módulo de Prisión Preventiva de la Ciudad de Veracruz, Veracruz. Esto es, en lo medular solicita a este órgano jurisdicción se ordene la suspensión inmediata de los hechos que han motivado la restitución de sus derechos, así como también respecto de su seguridad personal e integridad física, por tener temor fundado de que se encuentren amenazadas a partir del momento en que ponga en conocimiento de este órgano e insta quedar bajo custodia y tutela de este Juzgado de Distrito; al respecto, dígasele que no ha lugar a acordar de confirmar con su petición, en razón de que, los hechos referidos no forman partes de la Litis constitucional. Lo anterior, en virtud de que, el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional solicitada por Lucía Guadalupe Martínez Escobar, contra el auto de formal prisión de tres de mayo de dos mil veintiuno dictado por el Juez Primero de Primera Instancia de Medellín de Bravo, Veracruz, en la causa penal 24/2017, de su índice. Así, el veintiuno de febrero de este año, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, por lo que, se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. Razón por la cual, el dieciséis y veintitrés de marzo del año en curso, se tuvieron por recibidos los oficios por parte de las autoridades responsables, con los cuales dieron cumplimiento a la sentencia amparadora, y se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho legal conviniera, quedando pendiente, declarar cumplida o no la referida sentencia. De lo anterior, resulta evidente que esta autoridad ejercía potestad sobre la libertad de la quejosa desde el momento en que fue presentada la demanda de amparo hasta que la sentencia dictada causó ejecutoria, lo cual como ya se dijo aconteció hasta el veintiuno de febrero de la presente anualidad, quedando nuevamente bajo el arbitrio del juez ante el cual se le instruye su proceso, por lo que, el suscrito se encuentra impedido para pronunciarse sobre su solicitud, ya que de ser así, se modificaría la litis constitucional desnaturalizando el fin último del juicio, afectando con ello los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, razón por la cual no podría suspender acto alguno. Sin embargo, tomando en consideración que manifestó que su seguridad se encuentra comprometida, en términos de lo que dispone la jurisprudencia 5/2016, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital: 2012228, bajo el rubro y texto siguientes: "DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Si bien del precepto constitucional referido deriva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que ese compromiso se limita a que se ejerza dentro de la competencia de cada autoridad en particular. Así, un órgano de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria. Por tanto, si durante el trámite o resolución de un juicio de amparo se advierte la posible violación de un derecho humano en perjuicio del quejoso, del tercero interesado o de cualquier otra persona, en relación con un acto distinto del señalado como reclamado y, en su caso, por parte de autoridades que no necesariamente hayan sido designadas como responsables, el órgano de amparo está impedido para pronunciarse al respecto pues, de lo contrario, modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Por tanto, cuando se advierta una violación a derechos humanos ajena a la controversia esencial que es materia del juicio, el órgano de amparo debe denunciar, dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar los hechos correspondientes, o que sea directamente responsable de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, teniendo especial cuidado de que, con ese actuar, no incluya pronunciamiento alguno sobre la determinación de existencia de aquella violación, que sólo debe tratarse como probable. A la vez, tampoco debe emitirse al respecto condena, recomendación o incluso sugerencia de carácter vinculatorio en relación con las consecuencias de la probable violación ni a la forma de restituir el derecho que se advierta posiblemente violado, sin que ello descarte la posibilidad de que a la denuncia, vista o puesta en conocimiento, se acompañen elementos técnicos que permitan a la autoridad competente apreciar objetivamente la posible violación a derechos humanos, las razones que lo sustenten e incluso, los aspectos que se considere habrían posiblemente evitado que se incurriera en la citada violación; lo anterior, precisamente porque las sentencias de amparo tienen un peso jurídico, e incluso moral que, de no tenerse el especial cuidado expresado, podrían hacer vinculatorios determinados pronunciamientos sin que se emitan en un juicio o procedimiento en el que las partes involucradas tengan la oportunidad de hacer valer los argumentos y pruebas y demás defensas que fuesen procedentes en cada caso. Así, aunque se advierta una evidente violación a los derechos humanos, lo correcto es que la autoridad competente la valore en su propia dimensión y en términos del procedimiento de ley que resulte aplicable. Con este proceder, los órganos de amparo, sin desnaturalizar el juicio, ni excederse en sus facultades, reafirman su compromiso en materia de derechos humanos". Se ordena dar vista con lo anterior al Encargado del Módulo de Prisión Preventiva Veracruz y Juez Primero de Primera Instancia de Medellín de Bravo, Veracruz, para que en ejercicio de sus atribuciones, protejan y garanticen los derechos de la parte quejosa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa...

  3. Principal

    Visto el oficio y anexo de cuenta, signado por la apoderada legal de Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele le informando que no pudo notificar al quejoso la contestación a la petición de veintidós de marzo de dos mil veintiuno; lo anterior, en cumplimiento a la sentencia amparadora. En ese sentido, agréguese a los autos sin mayor proveer, toda vez que dicha información se dejó a vista a la parte quejosa mediante auto de veinticinco de febrero pasado, y a través del diverso de diez de marzo siguiente, se le tuvo desahogando la vista.

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