Víctor Augusto Vivas Grijalva
Expediente 369/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 369/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Víctor Augusto Vivas Grijalva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ******************** para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Agréguense a los autos únicamente para que obren como correspondan los oficios de cuenta; en atención a su contenido, téngase al Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, devolviendo las constancias del despacho 107/2022 (orden 189/2022-4) del índice de este juzgado, así como participando la Secretaria General del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, la remisión del despacho de referencia; toda vez que mediante proveído de trece de mayo actual se proveyó al respecto. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo; atento a su contenido, se le tiene devolviendo diligenciado en sus términos el despacho 107/2022 (orden 189/2022-4) del índice de este juzgado, mediante la cual se solicitó notificar al quejoso *****, el contenido del proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós, diligencia que tuvo verificativo el diez de mayo siguiente. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de comunicaciones correspondiente y dese de baja en el libro de Gobierno y SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, mediante el cual da cumplimiento al proveído de siete de abril de dos mil veintidós, devuelve diligenciado el despacho 52/2022 (orden 153/2022-4); donde se advierte la notificación realizada al quejoso Víctor Augusto Vivas Grijalva. En tal virtud, dese de baja dicho despacho en el libro de gobierno respectivo y háganse las anotaciones correspondientes. De igual forma, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes el escrito signado por el quejoso Víctor Augusto Vivas Grijalva, por medio del cual da cumplimiento a la prevención formulada en auto de siete de abril de dos mil veintidós y, al efecto señala como acto reclamado: La resolución dictada el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, en el toca penal 64/2019 del índice de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, que ordenó la reposición del procedimiento en la causa penal 214/2022 y su acumulada 204/2013, del entonces Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Cabe apuntar, que por virtud del juicio de amparo, se obtiene que las autoridades respeten los derechos de los gobernados; de ahí la imprescindible necesidad de que haya un medio jurídico para hacer respetar la supremacía constitucional. En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que el promovente señala como acto reclamado: La resolución dictada el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, en el toca penal 64/2019 del índice de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, que ordenó la reposición del procedimiento en la causa penal 214/2022 y su acumulada 204/2013, del entonces Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa prevista en el artículo la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 del mismo ordenamiento, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los preceptos antes transcritos, se desprenden los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de tres momentos, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto o su ejecución. En el entendido que de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se reputará consentido el acto de que se trate, salvo que se actualice alguna de las hipótesis de excepción contenidas en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en tal virtud el término será de treinta días, siete u ocho años, según el caso, e incluso en cualquier tiempo. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, realizó diversas manifestaciones las cuales tienen pleno valor probatorio al constituir una confesión expresa en términos de los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entre las que destaca que fue notificado de la resolución reclamada dictada el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, el veintiocho de mayo siguiente; en tal virtud, el término de quince días para promover la demanda de amparo transcurrió del treinta de mayo al diecinueve de junio de dos mil diecinueve, sin que lo hubiera hecho así. En efecto, como se observa de la boleta de turno de la demanda de cuenta, ésta fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Hidalgo, el quince de marzo de dos mil veintidós; por tanto, es inconcuso que su presentación es extemporánea al término de quince días aludido. Consecuentemente, los actos reclamados revisten la naturaleza de consentidos, actualizándose de esa forma, de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia señalada en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo; debiéndose desechar de plano la demanda presentada por Víctor Augusto Vivas Grijalva. Cabe recordar que el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hizo consistir en la resolución dicada el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, en el toca 64/2019, del índice de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, que ordenó la reposición del procedimiento en la causa penal de origen 214/2012 y su acumulada 204/2013, del entonces Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, la cual en virtud de la extinción del citado órgano jurisdiccional fue transferida al Juzgado Primero de ese mismo Distrito Judicial, registrada bajo el número 354/2021. Ahora bien, al analizar el acto reclamado se aprecia que versa sobre situaciones diversas a las reglas de excepción que se ubican en el numeral 17 de la Ley de Amparo, puesto que no se combate una norma general, tampoco una sentencia definitiva dictada en un proceso que hubiese sido condenatoria y que imponga pena de prisión; además, de que tampoco se trata de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, ni que el peticionario de amparo combata actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Así también, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió criterio en el sentido de que el plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal es el genérico de quince días; en el caso, como se precisó el acto que en esta vía se reclama es la resolución dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el toca penal 64/2019 de su índice, que ordenó la reposición del procedimiento en la causa penal de origen el cual, es un acto restrictivo de la libertad personal; por ende, le es aplicable el criterio sustentado por el Máximo Tribunal, el cual es del tenor siguiente: Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Por otra parte, y toda vez que se advierte el aquí quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tula de Allende, Hidalgo; y señaló el mismo como domicilio para oír y recibir notificaciones el cual se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 27, fracción II, y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez Penal del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda se sirva notificar personalmente al quejoso Víctor Augusto Vivas Grijalva, en el domicilio del citado Centro de Reinserción Social, el contenido íntegro del presente proveído. Hágase saber al citado Juzgador, que queda facultado para aplicar las medidas pertinentes, habilitar días y horas inhábiles a fin de lograr la diligencia encomendada. Asimismo, hágase del conocimiento del Juez de Primera Instancia requerido, que el Actuario a quien corresponda llevar a cabo la notificación del quejoso, deberá ceñir sus actuaciones de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior deberá devolver el despacho con las constancias que acrediten su cumplimiento a la brevedad posible. Finalmente, a efecto de proveer a la brevedad respecto al escrito de demanda se requiere al Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, para que haga llegar de manera inmediata el despacho dirigido al Juez Penal del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo en turno, a efecto de que estén en posibilidad de desahogar los requerimientos formulados en los párrafos que anteceden. Remitiendo el acuse de las notificaciones de mérito a la brevedad posible para estar en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 259 de la Ley de la Materia, al omiso se le impondrá una multa de quinientos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al resolver el fondo del asunto (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización). Notifíquese personalmente vía despacho.
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