Victor Arriaga Zuñiga

Expediente 1099/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1099/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
29/10/2018

Partes del expediente

  • Victor Arriaga Zuñiga

Actuaciones

  1. Principal

    - Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte . . . se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA . . . archívese el presente asunto como concluido . . .

  2. Principal

    - Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de San Juan del Río, Querétaro, a través de su Presidente; sin que haya lugar a dar vista a las partes con el mismo, en virtud que de su contenido se desprende una causa notoria e indudable de improcedencia, que hace necesario proveer al respecto. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de amparo citada, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales que acompaña la autoridad responsable a su informe justificado. Ahora bien, de la demanda de amparo y de las constancias remitidas por la autoridad responsable con su informe justificado, se desprende que el acto reclamado en el presente juicio de garantías, es decir: La omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral 06289/2017/4/1, por la autoridad responsable Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de San Juan del Río, Querétaro. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que en fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho, se dictó el laudo correspondiente dentro del expediente número 06289/2017/4/1, seguido por VÍCTOR ARRIAGA ZÚÑIGA y GUSTAVO ARRIAGA ZÚÑIGA en contra de AUTOTRANSPORTES ZÚÑIGA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ADMINISTRACIÓN SORIANA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y TIENDAS SORIANA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en el cual por una parte se condenó a la parte patronal demandada y por otra se absolvió del pago de descuentos y horas extras reclamadas; documentales que tienen el carácter de prueba plena, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Por la razón anterior, este Juzgado, considera se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dentro del presente juicio. En virtud que la procedencia del juicio de amparo debe analizarse oficiosamente, de conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo; se tiene, que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." La fracción transcrita estatuye que esta consecuencia jurídica, tendrá lugar cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; es decir, se actualiza cuando el juzgador de amparo advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no puede surtir efecto legal por haber dejado de existir la materia, por lo que, en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la peticionaria del amparo en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Resulta aplicable, la jurisprudencia 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, Materia Común, Novena Época, con registro 173858, cuyo rubro y texto establecen: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Así, como la tesis aislada 2a. XLVIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 241 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Novena Época, Materia Común, con registro 196442, cuyo epílogo y sinopsis se transcriben: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica de los gobernados y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, se han establecido diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. De acuerdo a la causa de improcedencia que nos atañe, se debe considerar que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, éste en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse su inconstitucionalidad, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquella o porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado y, por ende, no sea susceptible de reparación, o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto controvertido se concreten en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo. En este punto, resulta importante precisar que el acto reclamado en el presente juicio de amparo es la omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral 06289/2017/4/1, por la autoridad responsable Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de San Juan del Río, Querétaro. Entonces, la inconformidad del solicitante de amparo contra dicha omisión, estriba en que, a su decir, no obstante que el seis de agosto de dos mil dieciocho, se cerró instrucción dentro del juicio natural; a la fecha de presentación de la demanda de amparo no se había emitido el laudo que en derecho corresponda; por lo que, la responsable ha desacato el término que la Ley Federal del Trabajo establece para tal efecto. Sin embargo, es importante precisar que del informe justificado rendido por la autoridad laboral, así como de la constancia que se anexó al mismo, a la que como ya se dijo, tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 199 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral segundo; se advierte por una parte, que en la diligencia realizada dentro del controvertido de origen el cinco de octubre de la presente anualidad, dictó el laudo correspondiente al expediente laboral 06289/2017/4/1 de su índice, seguido por VÍCTOR ARRIAGA ZÚÑIGA y GUSTAVO ARRIAGA ZÚÑIGA en contra de AUTOTRANSPORTES ZÚÑIGA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ADMINISTRACIÓN SORIANA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y TIENDAS SORIANA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en el cual por una parte se condenó a la parte patronal demandada y por otra se absolvió del pago de descuentos y horas extras reclamadas; de ahí que es evidente que impacta de manera directa la omisión de que se duelen los quejosos en el presente juicio biinstancial, pues precisamente la finalidad era que se resolviera en definitiva el sumario natural; situación que no puede causar efectos materiales en su esfera jurídica, dada la situación de hecho en la que se encuentra el procedimiento de origen al día de hoy. En otras palabras, se estima incuestionable que los efectos del acto de autoridad impugnado en este controvertido dejaron de existir, en virtud de que a la fecha han cesado los efectos, al haberse dictado sentencia definitiva en el expediente laboral de origen; por lo que jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado, puesto que dejó de subsistir la omisión reclamada, lo cual impide analizar la omisión combatido por los peticionarios en el presente juicio. En mérito de lo expuesto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que la responsable, en fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho, emitió el laudo correspondiente, cuya omisión de dictado dio origen al presente juicio de amparo y a su vez constituía el acto reclamado; por lo cual, de conformidad en la fracción V, del artículo 63 de la citada Ley, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En consecuencia de dicho sobreseimiento, esta Juzgadora se encuentra impedida para realizar pronunciamiento alguno en torno a las violaciones de forma o fondo, que como conceptos de violación hizo valer el quejoso. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo tanto, se deja sin efectos el día y hora señalados en autos para la audiencia constitucional; hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado y notifíquese el presente proveído a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. . . .

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de San Juan del Río, Querétaro, a través de su Presidente; sin que haya lugar a dar vista a las partes con el mismo, en virtud que de su contenido se desprende una causa notoria e indudable de improcedencia, que hace necesario proveer al respecto. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de amparo citada, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales que acompaña la autoridad responsable a su informe justificado. Ahora bien, de la demanda de amparo y de las constancias remitidas por la autoridad responsable con su informe justificado, se desprende que el acto reclamado en el presente juicio de garantías, es decir: La omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral 06289/2017/4/1, por la autoridad responsable Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de San Juan del Río, Querétaro. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que en fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho, se dictó el laudo correspondiente dentro del expediente número 06289/2017/4/1, seguido por VÍCTOR ARRIAGA ZÚÑIGA y GUSTAVO ARRIAGA ZÚÑIGA en contra de AUTOTRANSPORTES ZÚÑIGA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ADMINISTRACIÓN SORIANA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y TIENDAS SORIANA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en el cual por una parte se condenó a la parte patronal demandada y por otra se absolvió del pago de descuentos y horas extras reclamadas; documentales que tienen el carácter de prueba plena, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Por la razón anterior, este Juzgado, considera se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dentro del presente juicio. En virtud que la procedencia del juicio de amparo debe analizarse oficiosamente, de conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo; se tiene, que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." La fracción transcrita estatuye que esta consecuencia jurídica, tendrá lugar cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; es decir, se actualiza cuando el juzgador de amparo advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no puede surtir efecto legal por haber dejado de existir la materia, por lo que, en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la peticionaria del amparo en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Resulta aplicable, la jurisprudencia 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, Materia Común, Novena Época, con registro 173858, cuyo rubro y texto establecen: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Así, como la tesis aislada 2a. XLVIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 241 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Novena Época, Materia Común, con registro 196442, cuyo epílogo y sinopsis se transcriben: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica de los gobernados y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, se han establecido diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. De acuerdo a la causa de improcedencia que nos atañe, se debe considerar que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, éste en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse su inconstitucionalidad, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquella o porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado y, por ende, no sea susceptible de reparación, o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto controvertido se concreten en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo. En este punto, resulta importante precisar que el acto reclamado en el presente juicio de amparo es la omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral 06289/2017/4/1, por la autoridad responsable Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de San Juan del Río, Querétaro. Entonces, la inconformidad del solicitante de amparo contra dicha omisión, estriba en que, a su decir, no obstante que el seis de agosto de dos mil dieciocho, se cerró instrucción dentro del juicio natural; a la fecha de presentación de la demanda de amparo no se había emitido el laudo que en derecho corresponda; por lo que, la responsable ha desacato el término que la Ley Federal del Trabajo establece para tal efecto. Sin embargo, es importante precisar que del informe justificado rendido por la autoridad laboral, así como de la constancia que se anexó al mismo, a la que como ya se dijo, tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 199 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral segundo; se advierte por una parte, que en la diligencia realizada dentro del controvertido de origen el cinco de octubre de la presente anualidad, dictó el laudo correspondiente al expediente laboral 06289/2017/4/1 de su índice, seguido por VÍCTOR ARRIAGA ZÚÑIGA y GUSTAVO ARRIAGA ZÚÑIGA en contra de AUTOTRANSPORTES ZÚÑIGA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ADMINISTRACIÓN SORIANA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y TIENDAS SORIANA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en el cual por una parte se condenó a la parte patronal demandada y por otra se absolvió del pago de descuentos y horas extras reclamadas; de ahí que es evidente que impacta de manera directa la omisión de que se duelen los quejosos en el presente juicio biinstancial, pues precisamente la finalidad era que se resolviera en definitiva el sumario natural; situación que no puede causar efectos materiales en su esfera jurídica, dada la situación de hecho en la que se encuentra el procedimiento de origen al día de hoy. En otras palabras, se estima incuestionable que los efectos del acto de autoridad impugnado en este controvertido dejaron de existir, en virtud de que a la fecha han cesado los efectos, al haberse dictado sentencia definitiva en el expediente laboral de origen; por lo que jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado, puesto que dejó de subsistir la omisión reclamada, lo cual impide analizar la omisión combatido por los peticionarios en el presente juicio. En mérito de lo expuesto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que la responsable, en fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho, emitió el laudo correspondiente, cuya omisión de dictado dio origen al presente juicio de amparo y a su vez constituía el acto reclamado; por lo cual, de conformidad en la fracción V, del artículo 63 de la citada Ley, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En consecuencia de dicho sobreseimiento, esta Juzgadora se encuentra impedida para realizar pronunciamiento alguno en torno a las violaciones de forma o fondo, que como conceptos de violación hizo valer el quejoso. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo tanto, se deja sin efectos el día y hora señalados en autos para la audiencia constitucional; hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado y notifíquese el presente proveído a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    - V I S T A la demanda de amparo promovida por . . . se admite la demanda . . . Sin tramitar incidente de suspensión alguno, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa . . . Pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de QUINCE DÍAS . . . se señalan las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional . . .

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