Victor Armando Moya Ramírez

Expediente 899/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
899/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
29/07/2021

Partes del expediente

  • Victor Armando Moya Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Téngase al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, acusando recibo de los cuatro tomos que le fueron devueltos mediante oficio 11443/2021. Se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Visto el estado procesal de autos, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se negó la protección constitucional. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que mediante oficio SEADS/365/2021, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó a este órgano federal que el Pleno del propio Consejo, en sesión del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, acordó la adscripción del Juez Juan Manuel Villanueva Gómez a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en sustitución del Juez José Álvaro Vargas Ornelas, con efectos a partir del dieciséis de junio de dos mil veintiuno, circunstancia que se informa para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y por lista electrónica. Así lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2031/2021 del cinco de julio de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos del que se advierte que a la fecha la autoridad responsable Magistrado Presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, no ha acusado recibo de las constancias que se le remitieron en proveído del siete de mayo de dos mil veintiuno, relativas al toca de apelación ********, constantes de cuatro tomos. Requiérase el acuse de recibo correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se hace del conocimiento de las partes, que mediante oficio SEADS/365/2021, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó a este órgano federal que el Pleno del propio Consejo, en sesión del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, acordó la adscripción del Juez Juan Manuel Villanueva Gómez a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en sustitución del Juez José Álvaro Vargas Ornelas, con efectos a partir del dieciséis de junio de dos mil veintiuno, circunstancia que se informa para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el catorce de junio del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión en este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas. Por otra parte, se advierte que el Magistrado Presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, remitió diversas constancias en apoyo a su informe justificado -tomos I a IV-; en consecuencia, en obvio de dilaciones procesales devuélvanse a su lugar de origen. Solicítese el acuse de recibo correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    V. VSTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 899/2020-V; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veinte en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, turnado al día siguiente a este Juzgado Federal, *******************************, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de los Magistrados del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. II. Por auto de uno de diciembre de dos mil veinte, se registró la demanda con el número 899/2020-V, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como al tercero interesado ****************************** y al Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Séptima con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, que radicó la carpeta administrativa **********, adscrito al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México y se señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero, de la Ley de Amparo; 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto reclamado tiene ejecución y fue emitido por una autoridad residente dentro de la demarcación territorial en la que decide este órgano federal. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: La resolución del veintinueve de noviembre de dos mil veinte dictada en el toca de apelación **********, por la cual se modifica el auto de vinculación a proceso del cuatro de julio de dos mil diecinueve, emitido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México dentro de la carpeta administrativa ********** en contra del quejoso ******************************, por el hecho delictuoso de fraude específico, cometido en agravio de ******************************. Sin embargo, es importante precisar que la fecha correcta de la determinación de la que se duele el quejoso es del veintinueve de octubre de dos mil veinte, ya que así se advierte de los antecedentes de la demanda y de las constancias que integran el toca de apelación. TERCERO. La autoridad responsable Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por conducto de su Presidente, al rendir su respectivo informe justificado, negó haber emitido la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil veinte. Sin embargo, aclaró que el veintinueve de octubre de dos mil veinte, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el juicio de amparo 1419/2019-VI, emitió una nueva resolución en el toca de apelación **********, en la que modificó el auto de vinculación a proceso emitido el cuatro de julio de dos mil diecinueve, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, dentro de la carpeta administrativa **********, en contra del quejoso ******************************. Lo cual se corrobora al tener a la vista los dos tomos de prueba consistentes en el toca de apelación **********, carpeta administrativa ********** y dos discos compactos en formato DVD que contienen las audiencias celebradas en dichos expedientes; a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley. Derivado de lo anterior, se tiene plenamente acreditada la existencia de la resolución reclamada. CUARTO. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. El tercero interesado ******************************, al apersonarse al juicio manifestó que el juicio de amparo es improcedente, en virtud de que el acto reclamado fue consentido por el aquí quejoso y previo a su presentación, debió agotar el principio de definitividad. Al efecto refiere que el juicio es improcedente dado que la medida cautelar es un hecho consentido tácitamente, ya que el quejoso no estuvo en desacuerdo con su imposición y omitió mencionar que en contra de ese acto promovió el juicio de amparo 900/2019, encontrándose pendientes de resolución los recursos de revisión que se promovieron en su contra. Asimismo, señala que al haberse modificado la resolución por el tribunal de revisión en el juicio de amparo 1419/2019-VI, ésta ya no admite recurso alguno, por lo que no se cumple con el principio de definitividad, por lo que al no recurrirlo en la vía idónea, se trata de un acto consentido. Sin embargo, las causas de improcedencia son infundadas. En primer lugar, es importante establecer que el acto reclamado en este juicio no lo es la medida cautelar económica que se impuso al quejoso dentro de la carpeta administrativa ***********, por lo que todos los argumentos que esgrime el tercero interesado con relación a la improcedencia de este sumario derivado de la medida cautelar, son inatendibles por no guardar relación con la resolución que constituye el acto reclamado. En segundo término, contrario a lo señalado por el referido tercero, el quejoso promovió el juicio de amparo dentro del plazo establecido en la ley de la materia para su presentación, ya que dicha determinación le fue notificada el tres de noviembre de dos mil veinte, mediante correo electrónico, y la demanda que nos ocupa la ingresó en el buzón judicial el veinticinco siguiente. Aunado a que contra la resolución del veintinueve de octubre de dos mil veinte, dictada en el toca *********, por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el amparo 1419/2019-VI, que modificó el auto de vinculación a proceso del cuatro de julio del mismo año, emitido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en la carpeta administrativa ************, contra ******************************, por el hecho delictuoso de fraude específico, cometido en agravio de ******************************, no procede medio de defensa en su contra. Siendo importante manifestar que el quejoso promovió el diverso juicio de amparo 1419/2019-VI, del índice de este juzgado de distrito, en el cual reclamó la resolución de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el toca de apelación *********, en la cual el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, modificó el auto de vinculación a proceso del **************** del mismo año, emitido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en la carpeta administrativa ***********. Dicho juicio se resolvió el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, negándose la protección constitucional, inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, bajo el recurso de revisión 31/2020, quien por resolución emitida en sesión del seis de agosto del año pasado, determinó revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la justicia federal a ******************************. Los efectos de la concesión del amparo lo fueron para que el Tribunal de Alzada dejara sin efecto la resolución de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, así como el registro correspondiente, se señalara nueva fecha para resolver el recurso de apelación, en la cual con libertad de jurisdicción debía ponderar sobre todos los datos de prueba existentes, ciñéndose a la litis que rige el recurso de apelación, exponiendo de manera oral, fundad y motivada, los argumentos que estimara pertinentes para llegar a una conclusión. Derivado de lo anterior, el Tribunal de Alzada responsable emitió una nueva resolución el veintinueve de octubre de dos mil veinte, que es la que constituye el acto reclamado en este juicio. Por lo que al haberse concedido libertad de jurisdicción para la emisión de esa determinación, el quejoso se encuentra en aptitud de impugnar a través de la presente vía constitucional, las consideraciones en que se sustentó la autoridad para la emisión de esa nueva determinación, ya que la concesión del amparo fue para efectos y no de forma lisa y llana. Motivos por los que devienen infundadas las causas de improcedencia planteadas. Al no haberse invocado diversa causa de improcedencia, ni de oficio advertirse la existencia de alguna, se procede al estudio del fondo del asunto, a la luz de los conceptos de violación. QUINTO. El quejoso expresó como conceptos de violación que la resolución de veintinueve de octubre de dos mil veinte, por la que se modifica el auto de vinculación a proceso, vulnera lo dispuesto en los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 291, párrafo cuarto y 293 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, aplicable al caso, al considerar que no se han respetado sus garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los ordinales citados, por los siguientes motivos: a) La resolución reclamada carece de una adecuada fundamentación y motivación. b) Se debieron ponderar todos los datos de prueba ciñéndose a la litis que rige el recurso de apelación. c) El Tribunal de Alzada debió revocar el auto apelado, ya que adverso a lo que resuelve, el juzgador de inferior grado aplicó inexactamente la ley y ponderó incorrectamente los datos de prueba sometidos a su consideración, incumpliendo los requisitos señalados en los artículos 19, del pacto federal y 293, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México abrogado y vigente en el presente asunto. d) No existen indicios razonables que permitan establecer que se ha cometido el hecho delictuoso de fraude ni la posibilidad de que el imputado ******************************, haya cometido el mismo en agravio de ******************************. e) Contrario a lo sostenido por la responsable, la defensa privada del quejoso atendió al principio de contradicción, debatiendo la exposición dada por la Fiscalía, ya que el representante social no motivó su petición de vinculación a proceso, ya que sólo se limitó a leer y anunciar los datos de prueba, lo cual debió ser considerado así por la responsable ordenadora, puesto que no era necesario que la representación social hiciera la reproducción de los datos de prueba al juez de control, sino que la representación social debía establecer con qué datos de prueba, acreditaba a su criterio jurídico, el hecho delictivo, y con cuáles se demostraba la comisión de ese hecho, con lo que incumple lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 291 del Código adjetivo aplicable. f) Contrario a lo afirmado por la responsable, el quejoso si tenía un derecho real sobre el inmueble que traspasó al señor ******************************, quien tuvo conocimiento del diverso contrato de compraventa celebrado entre ******************************, en unión de su esposa ******************************, como vendedores, y el impetrante ****************************** y su esposa ***************************, como compradores, respecto del inmueble ubicado en avenida de las *******, lote ******, casa ***, colonia Fraccionamiento ***********, en ********************, Estado de México, el cual fue celebrado en fecha treinta de agosto de dos mil seis, y que fue exhibido en copia simple en la carpeta de investigación, e incorporado como dato de prueba por el agente del Ministerio Público. g) La sola circunstancia de que el contrato de compraventa celebrado entre ****************************** y ******************************, obre en copia fotostática y no se haya exhibido su original para ser autentificado y explicado por quienes lo suscribieron, no es suficiente para negarle valor probatorio, dado que dicha documental se encuentra adminiculada con otros datos de prueba como lo son las entrevistas de ******************************, las testimoniales de ******************************, ******************************, ****************************** y ******************************, siendo que éste último el nueve de julio de dos mil diecisiete, al comparecer ante el Ministerio Público manifestó que celebró el contrato de compraventa con ******************************, por lo que éste sí tenía un derecho real para celebrar el traspaso con el señor ******************************. h) Que los datos de prueba indicados en el inciso que precede debieron ser valorados en lo individual y en su conjunto, para concluir que no son pertinentes ni idóneos para establecer el hecho que la ley señala como injusto penal, ya que es un asunto de índole civil, no penal. i) La autoridad responsable no tomó en consideración que, para la existencia del delito patrimonial de fraude, es necesario acreditar la presencia del elemento engaño o error, lo cual debe demostrarse de manera plena, ya que de lo contrario será considerado una cuestión de carácter civil, derivada del incumplimiento de un contrato, por lo que atendiendo a la parte final del artículo 17 Constitucional, nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil; y en el caso, no hubo ningún engaño o error por parte del quejoso, ya que la víctima ******************************, estuvo debidamente informado de la situación de la casa materia de compraventa y la forma en que fue adquirida por el imputado. j) La autoridad responsable al contestar el agravio formulado en torno a que no existió un engaño o error, no refiere cuales son los elementos diversos al engaño o error para la actualización del hecho ilícito que se le atribuye. k) Que la autoridad responsable aplicó inexactamente la ley y ponderó incorrectamente los datos de prueba sometidos a su consideración, ya que se está ante la presencia de la causa de excluyente del delito y de responsabilidad establecida en el artículo 15, fracción II, del Código Penal vigente para el Estado de México, el cual establece "cuando falte alguno de los elementos del hecho delictuoso de que se trate", lo cual se traduce en el elemento negativo del delito llamado atipicidad. l) No se realizó una valoración profunda de los datos de prueba aportados por la fiscalía, para acreditar el quebranto patrimonial, dado que existen errores en su operación aritmética, ya que las cantidades manifestadas en las entrevistas de ****************************** y ******************************, no corresponden a la cantidad que se determinó por ese concepto, ni son coincidentes entre ellas, por lo que existe insuficiencia de datos de prueba para acreditar la existencia de la conducta típica, antijurídica y culpable constitutiva del delito de fraude. m) La responsable no atendió el derecho fundamental a la presunción de inocencia. SEXTO. Los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso resultan infundados, aun supliendo la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; los cuales serán analizados de manera conjunta. Al efecto, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Además de lo anterior, el auto de vinculación a proceso también deberá cumplir con lo establecido por los artículos 14 y 16 constitucionales, que dicen: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)" "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.)" Por su parte, el artículo 293 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México abrogado (aplicable al caso, dado que se estableció que la carpeta administrativa de la cual emana el acto reclamado se inició con anterioridad a la aplicación en la entidad del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a su transitorio segundo), refiere: "Artículo 293. El juez de control, a petición del ministerio público, decretará auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación; II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; y III. Que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El auto de vinculación a proceso únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el juez podrá otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el ministerio público al formular la imputación." En primer lugar, es importante mencionar que el Tribunal de Alzada responsable al emitir la resolución reclamada de veintinueve de octubre de dos mil veinte, por la que modifica el auto de vinculación a proceso pronunciado en contra del quejoso, cumplió con las formalidades contenidas en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales consisten en: 1) Se le haya hecho saber las prerrogativas fundamentales a que tiene derecho en el proceso penal; 2) Pueda ofrecer los datos de prueba que estimara necesarios para su defensa; 3) Que sea escuchado ante el Juez de Control; 4) Que la resolución sea emitida por una autoridad competente, dentro del plazo previsto para ello; y 5) Se encuentre asistido por abogado defensor en todas las diligencias en que intervenga. Lo anterior se estima así, ya que de la reproducción del disco óptico que contiene la audiencia de formulación de imputación sin detenido celebrada el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se advierte que el Juez de Control reiteró al imputado sus derechos, quien estuvo asistido por su defensor particular ******************************, quien aceptó y protestó el cargo en la audiencia de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Asimismo, en la audiencia de imputación la defensa particular, no hizo aclaración alguna después de la formulación de la imputación por parte de la fiscalía, además, el quejoso indicó que no era su deseo rendir declaración ante la autoridad judicial, lo anterior, previa explicación del Juez del Control de lo que ello implicaba, y solicitó se resolviera su situación jurídica dentro de la duplicidad del plazo que prevé el artículo 19 Constitucional, sin que la defensa haya ofrecido datos de prueba. El cuatro de julio de dos mil diecinueve tuvo verificativo la audiencia de plazo constitucional, en la cual el imputado declaró ante el Juez de Control, quien emitió auto de vinculación a proceso en contra del quejoso por su probable intervención en la comisión del hecho ilícito de fraude, en agravio de ****************************** y ******************************. En contra de esa determinación el quejoso ******************************, interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, en audiencia de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, modificando el auto de vinculación únicamente en cuanto a la clasificación del ilícito, que cambió a fraude específico (hipótesis de enajenar un bien con conocimiento de que no se tiene derecho para disponer de él), y se tuvo únicamente como víctima a ******************************. Inconforme con esa determinación, el imputado promovió demanda de amparo indirecto, cuyo conocimiento correspondió a este Juzgado de Distrito, bajo el amparo 1419/2019-VI, el cual se resolvió el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, negándose el amparo solicitado; sin embargo, en contra de esa determinación el quejoso interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Material Penal del Segundo Circuito, bajo el número 31/2020, quien por sesión ordinaria virtual celebrada el seis de agosto de dos mil veinte, determinó revocar la sentencia recurrida, concediendo el amparo para el efecto de que con libertad de jurisdicción, el Tribunal de Alzada ponderara todos los datos de prueba existentes, ciñéndose a la litis que rige el recurso de apelación, exponiendo de manera oral, fundada y motivada, los argumentos que estime pertinentes. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable, el veintiséis de octubre de dos mil veinte, dejó insubsistente la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve en el toca de apelación **********, y se fijó fecha para la audiencia para la resolución del recurso de apelación, mediante los mecanismos electrónicos implementados con motivo de la pandemia generada por el virus SARS-Cov-2, previa notificación a las partes. Dicha audiencia tuvo verificativo el veintinueve de octubre de dos mil veinte, en la cual estuvo presente la representación social, así como la defensora pública asignada, haciéndose constar que el imputado no ingresó a la reunión al no poder establecer la conexión correspondiente, diligencia en la cual, se explicaron los motivos y fundamentos que condujeron al Tribunal de Alzada a modificar el auto de vinculación a proceso de cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en contra de ******************************, determinando que el hecho ilícito que se le atribuye es el de fraude específico en su hipótesis de enajenar un bien con conocimiento de que no se tiene derecho para disponer de él y reciba parte del precio, únicamente en agravio de ******************************. De lo anterior, se puede concluir que la emisión de la resolución por la que se modificó el auto de vinculación a proceso, no existió infracción alguna a las formalidades esenciales del procedimiento previas a la emisión del acto reclamado, ya que se advierte que al imputado desde que compareció ante el Juez de Control, se le hicieron saber los derechos que le asisten en el procedimiento penal, en todo momento estuvo asistido de un defensor, quien estuvo en aptitud de aportar los datos de prueba para desvirtuar la imputación en su contra, se hizo saber al imputado el derecho a declarar o guardar silencio, además de que fue escuchado ante el Juez de Control, resolviendo su situación jurídica dentro de la duplicidad del plazo constitucional. De igual forma, tanto el auto de vinculación a proceso, como la resolución del toca de apelación, fueron emitidos por autoridades competentes, por cuestión de grado y atendiendo al lugar en el que ocurrieron los hechos. Aunado a lo anterior, se respetó el derecho de contar con un recurso efectivo, ya que interpuso el recurso de apelación cuyo conocimiento correspondió a un Tribunal de Alzada responsable. De lo que se estima, que se cumplieron con las formalidades previas a la emisión del acto que se reclama por esta vía constitucional, lo cual así fue advertido por la responsable. Ahora, la autoridad responsable consideró que la decisión del a quo, al emitir auto de vinculación a proceso en contra del justiciable fue correcta, ya que de los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, al ser valorados de manera conjunta, libre, íntegra y armónica, bajo los principios rectores de la sana crítica, conllevan a considerar la existencia del hecho ilícito que se atribuye al imputado, así como su probable intervención en su comisión. El Tribunal de Alzada señaló que los datos de pruebas que se incorporaron por el Ministerio Público al momento de formular la imputación, los cuales solicitó se tuvieran por reproducidos en la solicitud de vinculación a proceso, se hicieron consistir en: 1) Entrevista de la víctima ******************************. 2) Entrevista de la víctima ******************************. 3) Entrevista del asesor jurídico ******************************. 4) Constancia de documentos, relativos a: a) Credencial de Elector a favor de ******************************. b) Cedula profesional a favor de ******************************. c) Copia fotostática de la carta responsiva de compraventa de vehículos automotores, del dieciséis de noviembre de dos mil quince. d) Original del escrito de contrato de traspaso de dominio, del dieciséis de noviembre de dos mil quince. e) Ticket de depósito por la cantidad de $************ (************ pesos 00/100 moneda nacional). f) Ticket de depósito por la cantidad de $************ (******************** pesos 00/100 moneda nacional). g) Ticket de depósito por la cantidad de $************ (************ pesos 00/100 moneda nacional). h) Ticket de depósito por la cantidad de $************ (********* pesos 00/100 moneda nacional). i) Ticket de depósito por la cantidad de $************ (********* pesos 00/100 moneda nacional). j) Original de tres recibos del servicio eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad, a nombre de Ivonne Gómez. k) Original de los estados de cuenta del crédito hipotecario a favor de *******************************. l) Original del contrato privado de compraventa del dos de octubre de dos mil dieciséis, firmando como vendedores ******************************* y ******************************* y como compradora *******************************. m) Testimonio notarial número *******, del veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, sobre actos de dominio y poder cambiario otorgado por ******************************* y *******************************, a favor de ************************. n) Avisos de recibo a favor de ******************, de fechas catorce de abril, nueve de junio y ocho de octubre de dos mil dieciséis. 5) Entrevista del abogado ************************. 6) Entrevista de *******************************. 7) Entrevista de la testigo *******************************. 8) Entrevista de la testigo ************************. 9) Informe del Instituto de la Función Registral del Estado de México, del Distrito Judicial de Cuautitlán, México. 10) Escrito firmado por el imputado *******************************, a través del cual rinde entrevista. 11) Constancia del diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, mediante la cual se agregan a la carpeta de investigación diversos documentos, entre ellos un contrato de traspaso de dominio celebrado entre ******************************* como vendedor y ******************************* como comprador, respecto del inmueble ubicado en avenida de las *******, lote ******, casa ***, colonia Fraccionamiento ***********, en ********************, Estado de México, y copias fotostáticas de la carta responsiva, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil quince. Así como copia fotostática del contrato privado de compraventa de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis (sic), celebrado entre ******************************* y *******************************, como vendedores y como compradores ******************************* e **************************, respecto del inmueble antes precisado. 12) Ampliación de entrevista de *******************************. 13) Comparecencia del testigo *******************************. 14) Informe rendido por parte del apoderado legal de INFONAVIT, de veintitrés de junio de dos mil diecisiete. 15) Constancias del trece de septiembre de dos mil diecisiete. 16) Informe de contestación a oficio de catastro. 17) Inspección ministerial. La autoridad responsable también relacionó como dato de prueba la declaración realizada por el quejoso *******************************, en la audiencia de cuatro de julio de dos mil diecinueve. El Tribunal de apelación determinó que, del examen de los datos de prueba mencionados se encontraban reunidos los requisitos previstos en la ley para el dictado de una auto de plazo constitucional, ya que hasta ese momento procesal, son idóneos, ya que atento a su naturaleza, corresponde al objeto del dato de prueba a que están referidos y revelan información de un hecho verificado en el mundo fáctico, pertinentes porque del contenido mismo se aprecia su relación con el hecho delictuoso y suficientes porque en su conjunto bastan para establecer racionalmente que se constata el hecho circunstanciado. Que se actualiza la descripción típica motivo de imputación por el hecho delictuoso de fraude específico (hipótesis de enajenar un bien con conocimiento de que no se tiene derecho para disponer de él y reciba parte del precio), cometido en agravio de *******************************, previsto por el artículo 306, fracción II, y sancionado por el artículo 307, fracción IV, del Código Penal del Estado de México, vigente al momento de los hechos. Aunado a que de los antecedentes de la investigación realizada se desprendían datos suficientes para estimar que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió participó en su comisión, lo cual la responsable también esto justificó. Asimismo, a efecto de otorgar mayor seguridad jurídica al imputado, procedió a realizar el análisis de los elementos objetivos y normativos que integran el hecho delictivo, en base a los datos de prueba referidos por la representación social. Así la responsable determinó que los datos de prueba referenciados por dicha representación son idóneos, su naturaleza corresponde al objeto del medio de prueba a que están referidos y pertinentes porque del contenido mismo se aprecia su relación con el hecho delictuoso, aunado a que en conjunto son suficientes para establecer razonadamente la existencia del hecho circunstanciado consistente en que: "Es el caso que existía una amistad entre la hija del señor ******************************* y una de las hijas de *******************************, es por eso que a ******************************* y ******************************* el señor ******************************* les ofrece la venta de una casa, siendo que las víctimas de referencia se interesan por la casa, por lo que pactan que le darían a ******************************* la cantidad de *************************** pesos lo cuales darían en facilidades y aparte tenían que seguir pagando mensualidades a favor del INFONAVIT por un costo de ******************************* mil pesos aproximadamente, que era el resto del valor total de la casa ************************ pesos. Es por lo que el día dieciséis de noviembre de dos mil quince siendo aproximadamente las dieciocho horas, ******************************* se reunió con las víctimas en el domicilio ubicado en poniente *** número *************, colonia **************, municipio de, ************************, Estado de México, en donde se le entregó un vehículo de la marca volkswagen, tipo pointer, modelo dos mil uno, a cuenta de ************************* pesos, mismo que tomara por la cantidad de ************ pesos, en ese mismo acto también le entrega la cantidad de *********** pesos en efectivo, firmando en ese momento una hoja donde expusieron: "que siendo las dieciocho horas se celebra el contrato de traspaso de dominio, como vendedor el señor ******************************* de una propiedad ubicada en avenida de las *******, lote ******, casa ***, colonia Fraccionamiento ***********, en ********************, Estado de México; por un valor de ************************* pesos al comprador *******************************, suscrito y da como pago inicial la cantidad de ************l pesos, habría un segundo pago de *************** pesos para Ilegar a un enganche de ************** pesos, quedaron cinco pagos semestrales de *************** pesos, se tomaría posesión de la casa el día dos de diciembre, firmando ambos de común acuerdo en la parte final de la hoja, y así quedaron. Posteriormente, ******************************* le dio la posesión del inmueble a las víctimas en diciembre de dos mil quince, y las víctimas le completaron el enganche de ********* pesos. Así las cosas, como iba pasando el tiempo le iban depositando en las cuentas personales marcada con el número ***************, a la cual le hicieron cuatro depósitos diversos, cantidades en diversas sucursales, las cuales en su conjunto suman la cantidad de *******************************, asimismo se le entregó a ******************************* en varias ocasiones productos de primera necesidad, los cuales recibió de las manos de las víctimas a cuenta como pago de los *******************************, productos que suman la cantidad de *******************************, dando un total de dinero que recibió el señor ******************************* de ******************************* pesos. Cabe mencionar que mientras pasaba el tiempo las víctimas habitaban dicha casa y por ello se pudieron percatar que llegaban recibos de luz a nombre de ***************** (sic), quien aparentemente se sabe es esposa de usted *******************************, hasta que llegó un estado de cuenta por parte de INFONAVIT por un crédito hipotecario a nombre de ******************************* quien tenía un adeudo respecto de un crédito hipotecario de la casa habitación, por lo cual el señor ******************************* le llamó a ******************************* vía telefónica para informarle dicha situación, a lo que éste último contestó que tenía los documentos a su nombre por parte de INFONAVIT y que se los entregaría después a la ahora víctima, siendo este el motivo por el cual le dejaron de pagar y se le dijo que hasta que mostrara los documentos de INFONAVIT es que se le seguiría pagando, sin embargo nunca pudo demostrar ningún documento que acreditara que usted era el propietario de dicho mueble, cuestión por la cual las víctimas se dan a la tarea de contratar servicios de abogados que se encargaran de investigar dicho inmueble, dando como resultado que dicho inmueble se encuentra a nombre del señor ******************************* y no figura para nada el señor *******************************; por lo cual las víctimas se percataron que usted les había vendido un bien inmueble del cual tenía conocimiento que no podía disponer de él ya que evidentemente no formaba parte de su propiedad y por tanto no formaba parte de su patrimonio, obteniéndose un lucro indebido ya que se le había pagado más del cincuenta por ciento del precio que se pidió; lo que se robustece después con los resultados de la investigación ministerial que se han obtenido de las autoridades puesto se cuenta con datos que acreditan que ******************************* no es propietario o acreditado de dicho inmueble y que aun así, teniendo conocimiento de ello, decidió hacer la venta de dicho inmueble el cual sabe que es propiedad de ******************************* (así lo dice) y que dicho inmueble se encuentra grabado puesto que existe una hipoteca sobre el mismo la cual garantiza el pago para el caso de incumplimiento de la obligación". En ese tenor el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al confirmar el auto de vinculación a proceso, consideró eficaces para tener por demostrado que el quejoso vendió el referido inmueble, ostentándose como propietario, no obstante de que sabía que no le asistía derecho de propiedad sobre el mismo, más aún, recibió por parte de la víctima parte del pago concertado como precio del inmueble. Asimismo, la responsable con relación a la documental consistente en copia fotostática del contrato privado de compraventa de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis (sic), celebrado entre ******************************* y *******************************, como vendedores y como compradores ******************************* e **********************, determinó que el mismo era insuficiente para generar convicción para validar ese acto jurídico, ya que no se encontraba apoyado con algún dato de prueba, además de ser copia simple. En ese contexto, la responsable concluyó que los datos de prueba ponderados, hasta el momento eran eficaces para crear convicción respecto de la existencia de la conducta típica atribuida al inculpado donde el sujeto pasivo es la víctima *******************************, al ser quien de manera directa y personal resintió la conducta desplegada por el inculpado; pues como consecuencia de la compraventa del inmueble, entregó al imputado parte del pago pactado por la operación, no obstante de que éste sabía que no le asistía derecho de propiedad sobre el mismo. Asimismo, estableció que no le asistía la calidad de víctima a *******************************, dado que de los datos de prueba incorporados se apreciaba que ella hubiese celebrado el contrato de compraventa, aunado a que no se justificaba el vínculo matrimonial con *******************************. En torno a la participación del implicado se dijo que conforme a los datos de prueba se tenía que ésta fue en calidad de autor material, en términos de lo dispuesto en la fracción I, inciso c), del artículo 11 del Código Penal del Estado de México, ya que *******************************, ofreció en venta la casa habitación ubicada en avenida de las *******, lote ******, casa ***, colonia Fraccionamiento ***********, en ********************, Estado de México, respecto del cual se ostentó como propietario, sabiendo que el mismo se encontraba a nombre de *******************************, quien ante el Ministerio Publico refirió ser el único dueño del inmueble, acreditando su dicho con justo título. Con base en lo anterior, es posible concluir que contrario a lo considerado por el quejoso, el Tribunal de Alzada ponderó todos y cada uno de los datos de prueba ciñéndose a la litis que rige el recurso de apelación, pues con los datos de prueba enunciados se determinó el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho considerado como delictuoso, así como sus consecuencias, dado que se analizaron de manera conjunta los datos de prueba derivados de la investigación, los cuales ciertamente resultan suficientes, pertinentes e idóneos para tener por demostrado el hecho delictivo de fraude especifico cometido en agravio de *******************************. Ello es así, porque de un examen de los datos de prueba que fueron valorados en el acto reclamado, conforme a un grado de razonabilidad, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad, la ponderación, la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario, permiten considerar que se trata de datos de prueba idóneos, pertinentes y, en su conjunto, útiles para justificar que en el mundo fáctico se realizó un hecho que la ley prevé como delito, se advierte que en su conjunto son suficientes para evidenciar, el hecho delictivo de fraude específico (hipótesis de enajenar un bien con conocimiento de que no se tiene derecho para disponer de él) cometido en agravio de *******************************. Precisamente porque el quejoso vendió la casa habitación ubicada en avenida de avenida de las *******, lote ******, casa ***, colonia Fraccionamiento ***********, en ********************, Estado de México, ostentándose como propietario del inmueble, tal y como se advierte de su declaración rendida ante la autoridad judicial, sin que en el caso demostrara que tenía algún derecho de propiedad sobre el mismo. Resultando infundado lo manifestado por el quejoso en el sentido de que el Tribunal de Alzada aplicó inexactamente la ley y que ponderó incorrectamente los datos de prueba sometidos a su consideración; pues del análisis de los registros de las audiencias de formulación de imputación y de vinculación a proceso, se aprecia que los datos de prueba que fueron relacionados por el órgano investigador, consistieron en los mismos que la responsable detalló en la resolución que se reclama, adicionando la declaración del impetrante ante la autoridad judicial, en la audiencia de cuatro de julio de dos mil diecinueve y que fueron listados en líneas precedentes. Sin que hasta el momento de la emisión del auto de vinculación a proceso, se hubiesen aportado datos de prueba por parte del imputado, para desvirtuar los hechos que se le atribuyen, tal y como lo consideró la responsable. Al efecto, es menester señalar que el peticionario de amparo refiere que el treinta de agosto de dos mil seis, celebró un contrato privado de compraventa con ******************************* y *******************************, como vendedores y el quejoso ******************************* y su esposa ******************, como compradores, el cual fue incorporado en copia simple a la carpeta de investigación, y que se encuentra adminiculado con diversos datos de prueba que obran en la misma, entre ellos, el testimonio de *******************************, quien el nueve de julio de dos mil diecisiete ante el agente del ministerio público investigador manifestó esencialmente que había celebrado un contrato de compraventa con el imputado, respecto del inmueble ubicado en avenida de las *******, lote ******, casa ***, colonia Fraccionamiento ***********, en ********************, Estado de México. Y que derivado de la titularidad que le confiere ese contrato de compraventa se demuestra su derecho real para disponer del inmueble, pues con motivo de ese acto jurídico procedió a realizar su traspaso al aquí tercero interesado. Sin embargo, contrario a lo aducido por el quejoso, dicho documento no se encuentra adminiculado con diverso dato de prueba, tal y como lo consideró la autoridad responsable. Al efecto, se debe precisar que en la audiencia de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, relativa a la formulación de imputación sin detenido, la representación social hizo mención de la copia fotostática del contrato privado de compraventa celebrado entre ******************************* y el aquí quejoso, refiriendo que es de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis; es decir, de fecha diversa a la citada por el quejoso en la demanda de amparo; sin embargo, aún y cuando se pudiera establecer que se trata de un posible error en la cita de la fecha, no existe dato de prueba que sustente su contenido. Lo anterior en virtud de que de la relación oral que realizó el órgano investigador de los datos de prueba en esa audiencia, con relación a las entrevistas de *******************************, *******************************, ***********************, ******************************* y *******************************, no se hizo mención de que ellos en sus respectivas declaraciones hayan reconocido la existencia del contrato de compraventa que refiere el quejoso. Aunado a que de la relación que se hizo de la entrevista de *******************************, el representante social manifestó que de la misma se advertía que él era el propietario del inmueble y acreditado ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, relacionando diversas documentales para justificar dicha titularidad. Siendo importante mencionar, que de la relación oral que realizó el representante social respecto a la declaración de *******************************, no se advierte que esa persona haya reconocido o aceptado haber vendido previamente el inmueble al aquí quejoso. Sin que el imputado, por conducto de su defensor privado, a pesar de encontrarse impuesto de la carpeta de investigación, haya ofrecido dato de prueba o realizado las aclaraciones pertinentes con relación al contenido de los datos de prueba, que fueron relatados por la representación social al formular la imputación y al solicitar la vinculación a proceso. Por lo que atendiendo a los principios de contradicción e inmediación que rigen en el juicio oral penal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 Constitucional apartado A), fracciones II, III, V y X, este juzgado de amparo o el Tribunal de Alzada, no puede tomar en consideración la cita que realiza el quejoso respecto de la entrevista de *******************************, para justificar la existencia del contrato de compraventa que obra en la carpeta de investigación en copia simple, dado que en los datos de prueba que fueron expuestos de manera oral ante el Juez de control, no se aprecia la existencia de la manifestación que refiere el quejoso. Ni tampoco, se advierte que se haya formulado debate ante el Juez de Control para solicitar u ofrecer como dato de prueba el contenido íntegro de la entrevista de *******************************, ya que no se debe pasar por alto que el Juez de Control no tiene conocimiento de las constancias que conforman la carpeta de investigación, sino únicamente forma discernimiento de los hechos a través de la narrativa que realicen las partes, correspondiendo a éstas a través del principio de contradicción, hacerle notar las omisiones en que incurra alguna de ellas, para que el juzgador se encuentre en aptitud de resolver los cuestionamientos ante él planteados. Lo anterior, dado que el principio de contradicción implica que las partes podrán debatir los hechos y argumentos jurídicos, normativos y jurisprudenciales de la contraparte y controvertir cualquier dato o medio de prueba. Mientras que a través del principio de inmediación, los jueces tendrán conocimiento personal del material probatorio introducido en la audiencia, escuchando directamente los argumentos de las partes, con la presencia ininterrumpida de los sujetos procesales que deban participar en ella. Siendo importante señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, la presente resolución debe emitirse con base a los mismos datos de prueba que fueron referidos al momento de emitirse el acto, sin que se pueda variar su contenido, ya que ello atentaría contra los principios del juicio oral penal aludidos. De ahí que se estime correcto el actuar de la responsable al considerar que la copia fotostática simple del contrato de compraventa en el que el quejoso sustenta un derecho real para disponer del inmueble, por si sólo es insuficiente para acreditar ese acto jurídico, dado que no fue autentificado ni explicado por quienes lo suscribieron, ya que no se ofreció dentro del plazo constitucional la declaración o interrogatorio de la parte vendedora, y que pese a que *******************************, rindió entrevista ante el Ministerio Público, nunca se refirió que éste haya vendido el inmueble relacionado con los hechos al imputado. Pues como se mencionó con antelación, de la relatoría de ese dato de prueba por parte de la representación social, no se advierte la referencia de la celebración de ese acto jurídico. De ahí que también sea infundado lo aducido por el quejoso en el sentido de que acreditó que contaba con el derecho real para disponer del inmueble, ya que hasta este momento, de la carpeta de investigación no aprecian datos suficientes para desvirtuar los hechos que se le atribuyen. Derivado de lo anterior, debe establecerse que al no haber aportado el aquí quejoso datos suficientes para demostrar la relación contractual que refiere existe con el señor *******************************, no se cuentan con los elementos suficientes para poder establecer que los hechos que se le atribuyen son de naturaleza puramente civil, de ahí que sean infundadas las manifestaciones que realiza sobre ese tópico. Aunado a que tampoco se acreditó con dato de prueba idóneo, pertinente y suficiente, que la víctima tenía conocimiento de esa relación contractual, previo a celebrar el contrato de traspaso de dominio con el aquí quejoso. Por otra parte, resultan infundados los argumentos que vierte el quejoso en el sentido de que el representante social no motivó su petición de vinculación a proceso, al considerar que sólo se limitó a leer y enunciar los datos de prueba, sin establecer con qué datos de prueba se acreditaba a su criterio jurídico el hecho delictivo y la comisión de ese hecho. Lo anterior, en virtud de que de la audiencia de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se aprecia que si bien el órgano investigador realizó un listado de los diversos datos de prueba que obraban en la carpeta de investigación al momento de formular la imputación, también lo es que refirió lo que quería acreditar con algunos de ellos, y al momento de solicitar la vinculación a proceso, peticionó que se tuviesen por reproducidos, procediendo a explicar los datos que servían para sustentar la comisión del hecho ilícito, así como la probable intervención del imputado en su comisión, con lo que dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 291, párrafo cuarto del Código adjetivo aplicable. En cuanto a lo aducido por el quejoso en el sentido de que la autoridad responsable no tomó en consideración que para la existencia del delito de fraude es necesario acreditar la presencia del engaño o error, lo cual debe ser acreditado de manera plena, ya que de lo contrario se estará ante la presencia de una cuestión civil derivada de un incumplimiento de contrato, es infundado. Ello es así, ya que el Tribunal de apelación, estableció que el hecho que se le imputa al aquí quejoso no es el de fraude genérico, sino el de fraude especifico, el cual requiere la acreditación de elementos diversos al engaño o error para su actualización, elementos que si bien no precisó en qué consistían al contestar el agravio correspondiente, lo cierto es que en la resolución que se reclama, se aprecia que la autoridad procedió a especificar pormenorizadamente cuáles eran los elementos objetivos y normativos que el hecho ilícito que se atribuye al quejoso, estableciendo los datos de prueba con los que tuvo por justificado cada uno, de ahí que sean infundados los argumentos vertidos sobre esos aspectos. De igual forma, tal y como lo estimó la autoridad responsable, de los datos de prueba que existen hasta este momento, quedan acreditados todos y cada uno de los elementos del hecho ilícito que se atribuye al quejoso, por lo que no se está ante la presencia de la causa excluyente del delito que refiere el quejoso, de ahí que sea infundado dicho argumento. Ahora, por lo que hace a que no se realizó una valoración profunda de los datos de prueba aportados por la fiscalía para acreditar el quebranto patrimonial, ya que existen errores en su operación aritmética, ya que las cantidades manifestadas por el tercero interesado y por quien refiere ser su esposa, no corresponden a la cantidad que se determinó, ni son coincidentes entre ellas. Al efecto debe decirse, que le asiste razón al peticionario de amparo, en relación a la discrepancia de las cantidades referidas; sin embargo, es importante precisar que lo manifestado por ******************************* y *******************************, en sus respectivas entrevistas, no constituyen el único dato de prueba en que se sustentó la autoridad responsable para tener por acreditado el detrimento patrimonial, ya que el contenido de dichas declaraciones se vincula con diversas documentales que fueron incorporadas por el representante social, aunado a que el propio quejoso al declarar ante la autoridad judicial, reconoció haber recibido diversos depósitos y pagos tanto en efectivo como en especie. Por lo que hasta este momento, los datos de prueba que fueron relacionados son suficientes para acreditar hasta este momento el quebranto patrimonial por la cantidad reclamada, sin que ello impida al impetrante que durante las subsecuentes etapas procesales pueda aportar los medios de prueba que estime conducentes para desvirtuar ese monto. De igual forma se consideran acertadas las consideraciones que expuso la autoridad responsable sobre la probable participación del quejoso, en la comisión del aludido hecho antijurídico, pues refirió que la intervención de éste encuadra en lo previsto por el artículo 11, fracción I, inciso d) del Código Penal del Estado de México, que establece: "Artículo 11. La responsabilidad penal en el hecho delictuoso se produce bajo las formas de autoría y participación: I. La autoría; y (.) c) Los que lo ejecuten materialmente; (.)"; En efecto, de la resolución reclamada se aprecia que se indicó la forma de intervención del quejoso en el hecho que se le reprocha, esto es, vendió la casa habitación ubicada en avenida de las *******, lote ******, casa ***, colonia Fraccionamiento ***********, en ********************, Estado de México, ostentándose como propietario del inmueble, no obstante de que sabía que no le asistía derecho de propiedad sobre el mismo, por lo que a partir de esa premisa, se parte para determinar que el inculpado es autor material en la ejecución del delito y así indicar cuál fue la actividad que realizó, en la comisión del evento delictivo. Además, la autoridad responsable citó los fundamentos legales aplicables al caso, así como los motivos por los cuales arribó a la determinación reclamada. Respecto del argumento en el sentido de que resolución reclamada, así como la emitida en primer grado presenta errores en su operación matemática realizadas en las cantidades señaladas; hasta este momento procesal, los datos de prueba mencionados son idóneos, pertinentes y, en su conjunto, útiles para justificar que se realizó una conducta que la ley prevé como delito, y en el caso, que Víctor **************************, cometió el hecho delictivo de fraude específico (hipótesis de enajenar un bien con conocimiento de que no se tiene derecho para disponer de él) en agravio de *******************************. Con base en lo expuesto, es posible concluir que el auto de vinculación reclamado cumple con los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ello, este órgano de control constitucional estima que sí existen datos de prueba suficientes en contra del quejoso que acreditan su probable participación en el hecho que constituye el ilícito de fraude específico (hipótesis de enajenar un bien con conocimiento de que no se tiene derecho para disponer de él); ya que como se vio, para el dictado de un auto de vinculación únicamente se requieren datos que acrediten la probable participación y el hecho ilícito, lo cual acontece en el caso concreto. En ese sentido, también deviene infundado el concepto de violación relativo a que se violenta el derecho de presunción de inocencia, pues debe precisarse que el auto de vinculación no tiene seguro un proceso con pretensión punitiva, sino que ello está sujeto al resultado arrojado de la investigación, así como que el anterior auto tampoco cierra la investigación del Ministerio Público, sino únicamente tiene el efecto de fijar los hechos que serán materia de la investigación. De lo que se puede concluir que por el momento existen indicios razonables que permiten establecer que se ha cometido el hecho ilícito que se atribuye al peticionario del amparo, así como su probable intervención, tal y como lo consideró la autoridad responsable al exponer de manera fundada y motivada las circunstancias por las cuales arribó a modificar el auto de vinculación apelado. Así, este órgano jurisdiccional advierte que las consideraciones de la responsable contenidas en el acto reclamado, resultan lógicas y acordes a la exposición que formuló la representación social, pues conforme a su arbitrio judicial y en observancia a las reglas de la lógica y la experiencia; concluyó que la idoneidad y pertinencia de los datos ya relatados, contemplados en su conjunto permiten establecer hasta este momento la existencia de un hecho delictuoso y, además, la probabilidad de que el imputado intervino en su ejecución. En esas condiciones, ante lo infundado e inatendible de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 76, 79, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a *******************************, en contra del acto reclamado al Primer Tribunal de Alzada en Material Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica al quejoso y al tercero interesado ********************, por oficio a las autoridades responsables y tercero interesada y personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo resolvió y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso del propio Consejo, en unión de Rosario de América García Fuentes, Secretaria quien da fe, hoy catorce de junio de dos mil veintiuno. Doy fe.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · 9,679 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano