Víctor Arauz Gómez

Expediente 995/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
995/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
19/10/2022

Partes del expediente

  • Víctor Arauz Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Se desecha de plano la demanda

  2. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, que establece: "Recepción de la demanda. Vista la demanda de cuenta presentada por **********, por propio derecho y en representación de su hija menor de edad, de iniciales A.A.H en contra de actos del Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 995/2022-III. Desechamiento. Del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia respecto del acto reclamado. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Tal norma impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. De la demanda de cuenta se desprende que el quejoso reclama la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente F347/2022 por el juez Civil de Partido, especializado en Materia Familiar de Apaseo el Grande, Guanajuato. Como antecedentes son: ? El ahora quejoso es demandado en dicho procedimiento, por la ahora aquí tercera interesada **********, respecto del pago de pensión alimenticia. ? Al contestar la demanda presentada en su contra, formuló reconvención sobre pensión alimenticia en favor de los menores hijos de ambos. ? En un momento posterior pretendió ampliar dicha reconvención "virtud a que me percato que pueden enderezarse otras acciones en contra de la actora". ? Mediante auto de treinta de agosto de dos mil veintidós, la autoridad señalada como responsable desechó la ampliación de reconvención. ? Inconforme con ello, el peticionario interpuso recurso de apelación, el cual no fue admitido por considerarse extemporáneo. ? En contra de esta última determinación interpuso recurso de denegada apelación. Ante esto se dictó auto el veintinueve de septiembre del dos mil veintidós en el que se negó la admisión de dicho medio de impugnación. Éste es el acto reclamado. Ante el contexto relatado, se advierte que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con el artículo 107, pero en su fracción V, del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu (no son actos de imposible reparación). Se explica: En lo que toca a la causal enunciada, se regula en los siguientes artículos: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De la disposición transcrita se desprende, como regla general, que los actos violatorios de derechos fundamentales suscitados dentro de juicio son impugnables en el amparo indirecto, siempre y cuando se trate de actos cuyos efectos sean de "imposible reparación". Ahora bien, el Pleno del Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J. 37/2014, sostenida al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó la porción normativa del artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, en el sentido de establecer dos condiciones para que los actos en juicio puedan ser calificados como irreparables, los cuales son, a saber, los siguientes: a) El primero, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y b) El segundo, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos" (verbigracia: vida, libertad, integridad personal, propiedad, etcétera), expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, el Máximo Tribunal de la República sostuvo que los actos de imposible reparación, bajo la concepción de la Ley de Amparo vigente, excluye aquéllos actos procesales cuya fuente proviene de las leyes adjetivas, sin importar si tales actos procesales causan una violación exorbitante o relevante, puesto que es claro, que no cumplen el primero de los requisitos precitados, consistente en la afectación material y "presente" de un derecho, ya que la violación a los derechos adjetivos solo se ve reflejada hasta el momento en que trascienda al resultado del fallo que se emita en el juicio natural. Los actos que han sido interpretados o catalogados como de imposible reparación, son aquellos por los que excepcionalmente procede el amparo casación o judicial, y que tienen origen en los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; también, se ha sostenido que la imposible reparación se traduce en consecuencias susceptibles de afectar de forma inmediata algún derecho fundamental, y sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por exclusión, los actos de ejecución reparable no tocan directamente los núcleos esenciales de los derechos fundamentales, sino que trasgreden normas secundarias de desarrollo normativo, como las del orden procesal que hacen efectivo el debido proceso bajo un segundo plano de desarrollo. Las afectaciones que producen el tipo de actos reparables son transitorios y desaparecen al resolverse la controversia judicial; y solo en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa, y afecten en forma trascendente la defensa son susceptibles de control constitucional bajo la vía del amparo directo. El criterio del Máximo Tribunal enunciado inclusive, es aplicable por analogía al asunto aquí atendido y es visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de dos mil catorce, tomo I, página 39, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Bajo esa perspectiva, y concretamente respecto del desechamiento de ampliación de acciones, que implica solamente una parcialidad de la pretensión, el Pleno del Décimosexto Circuito resolvió una contradicción de tesis, en la que hizo notar que esa clase de conductas no afecta derechos sustantivos y que, la categoría de derechos adjetivos en grado predominante o superior a que se refirió el Máximo Tribunal en la jurisprudencia 2a./J. 55/20021 ya resulta inaplicable, virtud a la actual configuración de la Ley de Amparo, como se vio en párrafos anteriores de este mismo proveído. El criterio obligatorio por identidad jurídica sustancial, es visible bajo el número de registro 2023042, identificado como PC.XVI.A. J/32 A (10a.), en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 85, abril de dos mil veintiuno, tomo II, página 1558, de rubro y texto: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA EL DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA, AL NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN [APLICACIÓN SISTEMÁTICA Y ANALÓGICA DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 37/2014 (10a.), 2a./J. 48/2016 (10a.) Y P./J. 7/2019 (10a.), E INAPLICABILIDAD DE LA DIVERSA 2a./J. 55/2002]. En la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dentro de juicio, siempre que se produzca una afectación material a derechos sustantivos, que sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no trascienda al sentido del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Con apoyo en esas directrices, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) la Segunda Sala sostuvo que, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste; además, en ese criterio también precisó una excepción a dicha regla, que se actualiza cuando el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, ya que en ese caso el juicio de amparo será procedente. En esa línea de pensamiento, en la jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a.), el Pleno del Máximo Tribunal determinó que el auto o resolución que niega la admisión de la denuncia del juicio a terceros carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, porque únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, postura que, dijo, es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar, dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza. Con base en lo anterior, contra el desechamiento parcial de la demanda no procede el juicio de amparo indirecto, por contravenir el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a una impartición de justicia pronta, pues si bien es cierto que la sentencia definitiva que se llegue a dictar, aun siendo favorable a los intereses del promovente, no se ocupará de lo desechado, también lo es que la tramitación del juicio continuará respecto de los elementos que integraron la litis y concluirá con una sentencia definitiva impugnable en amparo directo en el que puede cuestionarse esa actuación como violación procesal que, de prosperar, dará lugar a la reposición del procedimiento, subsanándose con ello la afectación resentida dentro del juicio ordinario. De ahí que resulta inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 55/2002, al sustentarse en la afectación exorbitante que, afirmó la Segunda Sala, causa el desechamiento parcial de la demanda; concepción que resulta incompatible con el texto legal vigente." No se soslaya el criterio del Máximo Tribunal visible con el registro digital 190661, identificado como P./J. 146/2000 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, diciembre de dos mil, página 20, de rubro y texto: ""RECONVENCIÓN. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU DESECHAMIENTO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como criterio general que para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, los actos dentro de juicio tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales previstas en la Constitución Federal, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. En congruencia con tal criterio, debe decirse que contra el auto que confirma la resolución que desecha la reconvención planteada procede el juicio de amparo indirecto conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ello es así, porque dicho acto procesal debe considerarse como de ejecución irreparable, toda vez que al impedir que mediante la reconvención se ejerza el derecho de acción, se comete una violación palmaria y sobresaliente que afecta de manera cierta e inmediata el derecho sustantivo de acceso a la jurisdicción, consagrado en el artículo 17 constitucional, pues la sentencia definitiva que se llegue a dictar, aun siendo favorable a los intereses del demandado inicial (actor en la reconvención), no lo restituye en el derecho que le otorga la propia Constitución, en virtud de que no resolverá sobre la procedencia de la acción ejercida a través de la reconvención, que no formó parte de la litis. Por otro lado, en virtud del carácter especial y sui generis de la resolución que confirma aquella que desechó la reconvención, este Máximo Tribunal advierte que también, por excepción, es susceptible de violar en forma relevante derechos adjetivos, esto es, de carácter procesal, como lo es el derecho que tiene el reconvencionista a que el procedimiento se siga ante el mismo Juez y no ante otro, así como el derecho que tiene de que un solo Juez sea competente para resolver ambas acciones y que a través de una sentencia se diriman de manera congruente y con criterio unificado, todas las pretensiones planteadas por las partes." Lo anterior pues, sin perjuicio de que se trata de una hipótesis fáctica distinta, en la medida en que éste último criterio alude al desechamiento integral de la reconvención, el cual es sustancialmente distinto al desechamiento parcial a que alude la jurisprudencia del Pleno de Circuito, lo que la exime de obligatoriedad en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo; lo cierto es que, de cualquier manera, bajo la dinámica de la Ley de Amparo actual, como ya se explicó, se pretende que el juicio constitucional sea procedente únicamente bajo la premisa de que se vulneran derechos sustantivos y la enunciación del acceso a la jurisdicción como tal, no es por sí una regla general, sino un principio que no trastoca la improcedencia en los términos vigentes. Por tanto, en el particular al reclamarse un acto que no es de imposible reparación dentro del procedimiento, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio. Se tiene al quejoso señalando para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Jadeíta número 102, Colonia San Juanico Primera Sección, de esta ciudad. Autorizados. Por otro lado, se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Sara Santillán Flores, quien como se advierte de la certificación de cuenta sí tiene inscrita su cédula profesional federal, en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del numeral en cita a Gerardo Hidalgo Bautista, ello en razón de que su cédula profesional no aparece como tal. inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Solicitud de copias. De conformidad con lo establecido por el artículo 278 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, dígasele que, desde este momento, queda a su disposición el presente juicio de amparo, para efectos de que reproduzca a través de los medios digitales de su elección las constancias que sean necesarias, previa razón que se levante en autos. En el entendido de que, para la consulta física de expedientes, la citada asesora federal o en su caso sus autorizados, deberán realizar una cita a través de la página correspondiente, ello en términos del Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia. Lo anterior, en atención a que con motivo de la pandemia generada por el virus COVID-19, el edificio donde este órgano jurisdiccional se encuentra ubicado no cuenta actualmente con servicio de fotocopiadora, aunado a que este juzgado no cuenta con los recursos materiales para proporcionar las copias solicitadas por la parte interesada. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.". Asimismo, queda a su disposición en la secretaría de este juzgado la copia autorizada del mismo.

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