Víctor Antonio Vargas Martínez

Expediente 406/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
406/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
03/04/2018

Partes del expediente

  • Víctor Antonio Vargas Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el escrito de cuenta, enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por Octavio Figueroa Arana, en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa y anexo, consistente en la evidencia criptográfica del archivo magnético del ocurso en cuestión, mediante el cual solicita se autorice la devolución de los documentos que en su oportunidad exhibió la parte quejosa dentro de la presente incidencia, asimismo, faculta que los reciba cualquiera de los autorizados de dicha parte procesal; sin embargo, de autos se desprende que dentro de los cuadernos incidentales en que se actúa, no obran documentales ofrecidas por la peticionaria del amparo, de ahí que no ha lugar acordar de conformidad a su petición.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio y anexo, que remite el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de cinco de marzo del año actual (foja 136), adjunta copia certificada del cheque número 0000176 de la institución bancaria Santander, Sociedad Anónima, valioso por la cantidad de $7,464.14 (siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 14/100 moneda nacional), correspondiente a la cantidad condenada respecto de la erogación de los impuestos por parte de la moral quejosa y actualización de la misma; en consecuencia, agréguense a sus autos el comunicado oficial y anexo de cuenta para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de ser tomado en consideración en el momento procesal oportuno. Luego, del estado que guardan los presentes autos de los que se advierte, en lo que aquí interesa, que: La parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo. Mediante proveído de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho (foja 131), entre otras cuestiones, se requirió a la parte promovente del amparo, a efecto de que compareciera ante la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, a recoger el cheque expedido por la institución bancaria Santander, Sociedad Anónima, correspondiente al pago de la cantidad relativa al cumplimiento al fallo protector y su actualización fiscal; lo anterior, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, este Juzgado resolvería sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y las constancias aportadas por la autoridad responsable; sin embargo, del estado que guardan los presentes autos no se advierte que la peticionaria de amparo se hubiera constituido ante dicha Dirección a imponerse del referido documento mercantil. En consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Órgano Federal, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000, así como la diversa tesis de rubro "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y con número de registro III. 3o.A.52 A; este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El veintidós de junio de dos mil diecisiete (fojas 67 a 80), se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por Carlos Ramón Menchaca Díaz Del Guante, en su carácter de apoderado general judicial y extrajudicial para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio y suscripción de títulos de crédito de la persona jurídica "Inmobiliaria Claube", Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los actos atribuidos al Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y otras autoridades, para los efectos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito." (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $7,669.92 (siete mil seiscientos sesenta y nueve pesos con noventa y dos centavos), por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público "8,492" emitido por el Notario Público 18, con sede en esta ciudad (fojas 8 a 31), que se cubrió el cuatro de mayo de dos mil diecisiete. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.) Cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver no se encuentra el cobro de la suma de $144.00 (ciento cuarenta y cuatro pesos) por "CANCELACIÓN DE INSCRIPCION", según se aprecia de la impresión del formato de pago que exhibió la quejosa, toda vez que no reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto (foja 8) (.)". En auto de veinticinco de julio de dos mil diecisiete, causó ejecutoria dicho fallo protector y se requirió únicamente a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días lo acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento. Asimismo, el requerimiento precisado en el párrafo que antecede se hizo extensivo al Titular de la Secretaría en cita, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable citada (foja 86). En ese contexto, de la sentencia definitiva de mérito se advierte que la concesión de amparo fue para que la autoridad responsable referida, esencialmente, realizara lo siguiente: Se desincorporaran de la esfera jurídica de la quejosa lo previsto en el precepto 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, en relación con los artículos 12, 13 y 14 del mismo ordenamiento legal y se abstuvieran de aplicarlo en su contra, hasta en tanto fueran reformados. Le devolviera a la moral quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $7,669.92 (siete mil seiscientos sesenta y nueve pesos con noventa y dos centavos moneda nacional), por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit. En el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. Lo anterior, sin considerar el cobro de la suma de $144.00 (ciento cuarenta y cuatro pesos) por "CANCELACIÓN DE INSCRIPCION". En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho (fojas 129 y 130), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, con sede en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que se encontraba a disposición de la moral quejosa un cheque por la cantidad que en su momento erogó la solicitante del amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo más su actualización fiscal respectiva. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvieron la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de $7,669.92 (siete mil seiscientos sesenta y nueve pesos 92/100 moneda nacional), luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar la diversa suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde a la cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 12, 13 y 14 de la mencionada Ley de Ingresos, es la que debía de cubrir la parte promovente del amparo y no otra. Sin considerar el cobro de la suma de $144.00 (ciento cuarenta y cuatro pesos) por la cancelación de inscripción realizada mediante el instrumento público otorgado. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que el Recaudador responsable tenía que devolver el monto de $7,245.92 (siete mil doscientos cuarenta y cinco pesos 92/100 moneda nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el cuatro de mayo de dos mil diecisiete (foja 8) y el quince de enero de este año, la autoridad responsable puso a disposición de la aquí quejosa el cheque antes indicado, tal y como se aprecia del oficio y anexo de cuenta, por la cual la autoridad responsable citada pretendía devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de mayo del año próximo pasado a enero de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo entre el índice para el mes de diciembre, ambos de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil diecisiete fue de 126.087; y para el mes de diciembre de dicha anualidad fue de 130.813 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0374. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $7,516.91 (siete mil quinientos dieciséis pesos 91/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $270.99 (doscientos setenta pesos 99/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, por una parte, la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devolvió a la quejosa la cantidad de $7,464.14 (siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 14/100 moneda nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su actualización y, por otra, manifestó que se abstendría de aplicarle los normativos tildados de inconstitucionales en la sentencia emitida en autos. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. No pasa inadvertido que el monto que el Recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $7,516.91 (siete mil quinientos dieciséis pesos 91/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $7,464.14 (siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 14/100 moneda nacional), es decir, no entregó el faltante de $52.77 (cincuenta y dos pesos 77/100 centavos moneda nacional), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría requerir a la responsable, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto ésta para obtener dicho monto y la quejosa a fin de que se le devuelva serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

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