Víctor Antonio Montes de Oca Cervantes

Expediente 820/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
820/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
11/12/2018

Partes del expediente

  • Víctor Antonio Montes de Oca Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, a once de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, provenientes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en el toca Q.P. 175/2018; háganse las anotaciones en el libro de gobierno e infórmese a las partes que ese órgano colegiado declaró infundada la queja interpuesta. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó de plano la demanda, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del que se advierte que se acusa recibo del diverso 26511 de quince del mes en curso, e informa a este órgano de control constitucional que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso, quedando registrado con el orden Q.P. 175/2018.

  3. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la constancia de cuenta, mediante la cual el quejoso ratifica el contenido y firma del escrito recibido en este juzgado el veintiocho de septiembre pasado. En ese sentido, téngase al justiciable manifestando la imposibilidad que tiene para proporcionar la información que le fue requerida en auto de diecisiete del citado mes. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que al realizar una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), respecto del quejoso, se advierte que promovió amparo directo contra la resolución de catorce de enero de dos mil catorce emitida por la Tercera Sala Penal -toca 1512/2013-, que recayó al recurso de apelación interpuesto contra la diversa sentencia de trece de junio de dos mil doce, emitida en la causa penal 15/2011 y su acumulada 18/2011, por el Juez Décimo Noveno Penal, ambos de esta ciudad, que resolvió mediante sesión de treinta de octubre de dos mil catorce, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito -juicio de amparo directo 225/2014- negando el amparo al peticionario. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional estima que la demanda de amparo debe desecharse, ya que se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De dicho dispositivo se deduce que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del peticionario de amparo, de modo que ya no puede producir efecto alguno. Ahora, conviene precisar que tal hipótesis puede actualizarse por dos circunstancias distintas: 1. Porque el acto reclamado sea sustituido procesalmente por otro. 2. Porque la responsable determinó revocarlo, anulando todos los efectos que producía. En el primer caso, se cancelan jurídicamente los efectos del acuerdo controvertido, aun cuando en la realidad objetiva se verifiquen consecuencias materiales semejantes a las que producía el acto originalmente reclamado, siempre y cuando éstas dependan directamente del nuevo pronunciamiento de la autoridad, esto es, cuando la afectación al gobernado derive invariablemente de la nueva determinación, de modo que aquéllas no puedan entenderse sin este y, por tanto, los efectos en concreto pierdan toda vinculación con el acto en principio combatido. Ese primer supuesto es característico de los actos jurisdiccionales, por la dinámica en la que se emiten, pues los procedimientos judiciales se conforman por una serie de actos concatenados de tal manera que la existencia de uno constituye la base de otro subsecuente con el que se encuentra íntimamente vinculado y, así, cada acto que se sustenta en otro precedente, lo sustituye de inmediato en los efectos que produce, siendo esta nota distintiva la que hace inaplicable a esa clase de actos la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". El criterio recién citado, que sustenta y define el segundo supuesto precisado previamente, derivó de asuntos en los cuales se analizaron exclusivamente actos administrativos que por regla general, no se emiten a partir de procedimientos con las formalidades que exige el actuar de una autoridad judicial, sino que generalmente constituyen determinaciones unilaterales del imperio estatal, que no exigen un acto posterior que sustituya o modifique el estatus generado por el acto reclamado, porque no son más que expresiones de las diversas atribuciones del Poder Ejecutivo cuya finalidad es regular el comportamiento de los gobernados o exigir el cumplimiento de determinadas obligaciones, a diferencia de la función jurisdiccional que tiene como finalidad otorgar seguridad jurídica a las partes que acuden a litigar ante los tribunales. En esa medida, la revocación unilateral del acto por parte de la autoridad administrativa debe ser tal, como establece el criterio mencionado, que no admita duda sobre la persistencia de los efectos del acto, esto es, que en ese caso no basta una anulación formal del acto jurídico pues para que la causal de improcedencia en estudio se verifique en ese supuesto, será necesario que la conducta hecha por parte de la responsable anule las consecuencias jurídicas y materiales del acto reclamado, esto es, que el desistimiento de la pretensión respecto del gobernado debe ser incondicional y efectivo. Atento a lo anterior, este órgano de control constitucional concluye que en el caso se actualiza el primero de los supuestos para que opere la cesación de efectos del acto reclamado -sentencia emitida el trece de junio de dos mil doce por el juez Décimo Noveno Penal de esta ciudad en la causa penal 15/2011 y acumulada 18/2011-, esto es, la sustitución procesal del acto reclamado por otro diverso y, por ese motivo, no es posible realizar el estudio de las posibles violaciones que se hubieran cometido en el referido acto, sin afectar el nuevo contexto generado por el posterior, primordialmente porque la afectación a la esfera jurídica del quejoso ya no se determina por dicho acto, sino por el nuevo consistente en la sentencia definitiva de catorce de enero de dos mil catorce dictada por la Tercera Sala Penal de esta ciudad en el toca 1512/2013 -y contra la que el defensor del justiciable promovió juicio de amparo directo que resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, D.P. 225/2014, en que se negó el amparo al quejoso-, que sin dejar insubsistente aquél, esto es, sin anularlo o revocarlo, rige la situación actual del gobernado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, publicada en la página 1579, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, cuya literalidad expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo". Dicho de otra forma, la determinación emitida por la Tercera Sala Penal de esta ciudad, sustituyó procesalmente al acto reclamado consistente en la sentencia dictada por el Juez Décimo Noveno Penal de esta ciudad en la causa penal 15/2011 y su acumulada 18/2011, cesando las consecuencias que producía, porque tal resolución ya no agravia al justiciable, puesto que es ahora la resolución definitiva de catorce de enero de dos mil catorce dictada por la Tercera Sala Penal esta ciudad -toca 1512/2013-. Sin que en el caso, se haga pronunciamiento en cuanto las manifestaciones relativas a la ".DILIGENCIA DE MI DECLARACIÓN MINISTERIAL, EL PLIEGO DE CONSIGNACIÓN Y EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN MI CONTRA; De la averiguación previa número FAS/T1/1144/10-12.", pues están inmersas en la sentencia dictada por el juez responsable. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por los motivos expuestos.

  4. Principal

    Ciudad de México, a dos de octubre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, provenientes del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 92/2018 (orden 93/2018) de este juzgado; por tanto, dese de baja en el libro de gobierno respectivo y acúsese el recibo de estilo. Sin que en el caso se haga pronunciamiento alguno en cuanto a la diligencia ordenada en la comunicación que se provee, ya que el veintiuno de septiembre pasado, se notificó personalmente al autorizado del quejoso, el proveído de diecisiete del mes en cita.

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