Víctor Antonio González Jiménez
Expediente 896/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 896/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Víctor Antonio González Jiménez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de dieciséis de agosto actual; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Víctor Antonio González Jiménez, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese el asunto como totalmente concluido. Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.
- Principal
Vista la certificación que antecede y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa, para que desahogara la prevención formulada en proveído de veintinueve de julio del año en curso, sin que lo haya hecho, no obstante de encontrarse notificada y requerida para ello, como se obtiene de la constancia de notificación que obra agregada en autos, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve Víctor Antonio González Jiménez, por derecho propio, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl Estado de México y otras autoridades; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 896/2021-I. En primer término, es pertinente precisar que el artículo 108, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: « Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación.» Prevención. A efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede, con fundamento en los artículos 114, fracción I, II y III, en relación con los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo; se requiere a la parte quejosa para que en el término de cinco días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio, realice lo siguiente: 1. Acredite la personalidad con que se ostenta Juan Carlos Payan Roacho, en representación de Víctor Antonio González Jiménez. Esto es así, porque no es suficiente para acreditar la personalidad para promover esta instancia constitucional el que esté firmada la demanda de amparo que se intenta, electrónicamente por Juan Carlos Payan Roacho conforme a la carta poder que se acompaña. En efecto, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, no se cumple con la debida acreditación de la personalidad, pues no se acredita la personalidad en términos de la ley de la materia.. Tampoco se acredita, en términos de la ley que rige el acto reclamado, pues del análisis del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que no hay disposición que autorice la representación del quejoso, en los términos que pretende. A su vez, en términos de los artículos, 1 y 2 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 2546, 2551 y 2556 del Código Civil Federal, se está en presencia de un asunto en donde el bien jurídico protegido es la libertad, no así cuestiones materiales para poder cuantificarlos en salarios mínimos. Por tanto, no ha lugar a tener por reconocida la representación del quejoso en términos de la carta poder que en vía electrónica se allega. Tiene aplicación la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LVII, página 1867, del rubro y texto: «CARTA PODER Y ESCRITO PRIVADO, DIFERENCIAS ENTRE. La enumeración que hace el artículo 2551 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, no debe estimarse como limitativa, sino como enunciativa, lo que obliga a interpretar y examinar cada forma de mandato establecida en dicho código, no en relación con el incompleto artículo 2551, sino en sí misma. Ahora bien, no puede decirse que el artículo 2556 del citado código, no es aplicable al caso de un mandato contenido en una "carta poder", porque se refiere a "escrito privado", fundándose en que el artículo 2551 distingue entre "escrito privado" y "cartas poder", pues en realidad los dos son documentos privados, sin que pueda influir en su naturaleza, la circunstancias de que la carta esté dirigida al mandatario confiriéndole el mandato, mientras que el escrito privado está dirigido a la autoridad haciéndole saber la designación del mandatario ya que lo que implica una diferencia sustancial, no es la diferencia que pueda haber entre ambos documentos, sino la circunstancia de que, en ciertos casos, se exige la ratificación de las firmas del otorgante y de los testigos de ambos, mientras que en otros no hay tal exigencia; por tanto, independientemente de que un mandato deba constar en carta poder o en escrito privado, para establecer si las firmas respectivas deben o no, ratificarse ante la autoridad a quien se presente el comprobante del mandato, debe aplicarse el artículo 2556 del Código Civil, que precisa el caso tomando en cuenta la cuantía del negocio.» De ahí, que el quejoso debe acreditar debidamente la personalidad con que se ostenta, en el presente asunto. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 1449, del título y texto: «PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa.» 2. Precise debidamente el acto reclamado, pues en el apartado de acto reclamado hace referencia a una orden de aprehensión, citación, comparecencia o medida de protección librada en contra del quejoso. Sin embargo, de los antecedentes refiere reclamar una orden de arresto. De ahí, que debe precisarse de manera concreta qué actos se señalan como reclamados y a qué autoridad se le reclame. Prevención que se estima necesaria en razón de que es obligación de la parte quejosa referirse con exactitud respecto de las autoridades responsables y de los actos que a ellas se les reclaman, lo que debe señalarse con claridad y precisión, toda vez que resulta indispensable para este Juzgado Federal conocer las autoridades y actos reclamados, para que, de ser procedente su libelo constitucional, las responsables en términos del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, estén en aptitud de rendir el informe justificado previsto por el numeral 117 del citado ordenamiento legal. Apoya a lo anterior, la tesis XX.57 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Marzo de 1996, página 871, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Se hace del conocimiento de la promovente que en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia dispone que, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización)1; numeral que a la letra establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de 1 Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, (.)" Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que, en caso de no cumplir con la prevención decretada en el término concedido, se procederá de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo.
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