Víctor Antonio García Reyes
Expediente 1380/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1380/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/08/2023
Partes del expediente
- Víctor Antonio García Reyes
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta y visto lo solicitado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Tercer Circuito, se ordena hacer disponible para consulta a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el expediente en el que se actúa para los efectos legales conducentes, de conformidad con el numeral 3 de la Ley de Amparo.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Aviso.- Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, al quejoso, el acuerdo autorizado el catorce de julio del dos mil veintitrés, mediante el cual, Se tiene por recibido el oficio signado por la responsable, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado. Pruebas. Téngasele ofreciendo como pruebas las constancias que allega, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Delegados. Por otra parte, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, se le tiene designando como delegados a las personas que menciona. Medio alternativo de comunicación. Finalmente, se tiene a la responsable proporcionando número telefónico, como medio de comunicación para ser contactada en caso de resultar necesario. El cual, se toma únicamente con la finalidad de entablar cualquier clase de comunicación no procesal con este juzgado de Distrito Se sobresee fuera de audiencia. Recibidas las constancias en el párrafo anterior, toda vez que del informe justificado se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, el cual dispone que el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos de los actos reclamados hayan cesado. En este orden, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que se entiende por cesación de efectos cuando éstos se destruyan de manera total, incondicional e inmediata, esto es, aunque en algún momento entraron a la esfera jurídica del gobernado, desaparecen de tal manera como si nunca lo hubieran hecho, y con ello, se vuelve al estado que tenían antes de dicha violación, originándose un resultado similar al de la sentencia protectora conforme al artículo 77 de la ley de la materia. En el caso concreto, el acto reclamado consiste en la omisión de señalar día y hora para el desahogo de las pruebas ofertadas en el juicio laboral 390/2022/15-B y fijar fecha para el desahogo de la audiencia confesional en día inhábil (domingo). Luego, de las constancias que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que han cesado los efectos de tal acto reclamado dado que el pasado diez de julio regularizó el procedimiento, fijó día y hora para el desahogo de las pruebas ofrecidas así como para el desahogo de la confesional cuya fecha se había señalado en día inhábil, por lo cual debe decirse que el acto reclamado, cesó sus efectos y, por ende, desapareció totalmente, lo cual implica que no se puede estudiar su constitucionalidad por haber dejado de surtir efectos en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues fue sustituido procesalmente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve para justificar lo anterior, los criterios siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos" "ACTOS RECLAMADOS. CESACION DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACION QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente" Bajo ese contexto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos.
- Principal
Téngase por recibido el escrito de ------, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de ------- parte tercera interesada mediante el cual, solicita se le fije monto para exhibir contragarantía para garantizar posibles daños y perjuicios a la parte quejosa; lo anterior, para que no surta efectos la suspensión definitiva concedida en auto de veintidós de mayo pasado; en ese sentido resulta importante establecer que la procedencia de la contrafianza en un juicio de garantías, se regula por los artículos 133 y 134 de la Ley de Amparo. Luego, para establecer si procede no la contragarantía solicitada por la parte tercero interesada, es oportuno señalar que el artículo 133 del mismo ordenamiento, señala en lo que aquí interesa en el párrafo segundo lo siguiente: "[.] No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación" Ahora bien, en el incidente de suspensión no puede hablarse de sentencia definitiva, puesto que el mismo se resuelve mediante una interlocutoria que puede ser modificable, tal como lo preceptúa el artículo 154, de la ley de la materia, ello tratándose de la suspensión definitiva. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado por esta vía consiste en el proveído de tres de enero de dos mil veintitrés, dictado en el toca de apelación ********************, del índice de la sala responsable, en el que se desechó el recurso de apelación interpuesto contra la determinación que negó al quejoso formular inventario y avalúo complementario, por tanto se considera que mediante el otorgamiento de una contragarantía, es evidente que se provocaría la ejecución de dicho acto, ya que traería como consecuencia la emisión de la resolución en la que ordene la partición y adjudicación de bienes sucesorios, en el juicio ********************y su acumulado, lo que se traduce en la consumación del acto reclamado, en términos del artículo 133 de la citada ley. Además, que de fijar la contragarantía para que deje de surtir efectos la suspensión concedida, ya no habría materia para conceder en la sentencia definitiva. En efecto, el vocablo "restituir" tiene dos connotaciones, una de carácter jurídico, y otra de carácter material. En el aspecto jurídico significa que el agraviado recobra el pleno goce de la garantía individual violada, obligando a la autoridad responsable a nulificar su acto. En la faceta material, implica que el estado de cosas que se hubiese alterado con la ejecución del acto materia del juicio, vuelva al que tenía antes de emitirse o ejecutarse dicho acto. Y en el caso, de concederse favorable la solicitud de la contrafianza, sería imposible restituir a la parte quejosa en goce de la violación que reclama con el dictado de la resolución en la que ordene la partición y adjudicación de bienes sucesorios, en el juicio ********************y su acumulado. Por ende resulta improcedente fijar la contragarantía solicitada por la parte tercera interesada para levantar la medida cautelar concedida, ello, habida cuenta que se contraviene el precepto legal mencionado. De ahí que, como se anticipó, no ha lugar a fijar contrafianza solicitada por la parte tercera interesada puesto que a consideración de este órgano jurisdiccional, estima que de otorgarse la contragarantía se le causaría un perjuicio a la parte quejosa, al no poderse restituírsele las cosas al estado que guardaban antes con la violación que se reclama. Tienen aplicación las tesis aisladas por analogía, que dicen: "CONTRAFIANZA IMPROCEDENTE. SUSPENSION. No es procedente admitir la contragarantía en el incidente de suspensión si tiene como consecuencia la ejecución de los actos reclamados dejando sin materia el juicio de garantías" "CONTRAFIANZA EN EL JUICIO DE AMPARO. CRITERIO PARA CONCEDERLA. La procedencia de la contrafianza en un juicio de garantías, se regula por los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo. Y para establecer si de ejecutarse el acto reclamado queda sin materia el amparo, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 80 de la ley en cita, cuando señala que el efecto de una sentencia estimatoria de amparo será restituir. Este último vocablo tiene dos connotaciones, una de carácter jurídico, y otra de carácter material. En el aspecto jurídico significa que el agraviado recobra el pleno goce de la garantía individual violada, obligando a la autoridad responsable a nulificar su acto. En la faceta material, el vocablo restituir, implica que el estado de cosas que se hubiese alterado con la ejecución del acto materia del juicio, vuelva al que tenía antes de emitirse o ejecutarse dicho acto. Ahora bien, si a virtud de la ejecución del acto reclamado por efecto de la contragarantía se crea una situación legal o física que coloque a la autoridad responsable en la imposibilidad de llevar a cabo la restitución y restablecimiento de que habla el artículo 80, sólo en este caso puede afirmarse válidamente que el amparo ha quedado sin materia y es en esa hipótesis donde no cabe admitir contragarantía con fundamento en el artículo 127 de la Ley de Amparo" "CONTRAFIANZA. NO PROCEDE PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Este Tribunal Colegiado, después de múltiples búsquedas, encontró como único antecedente referible a la materia que nos ocupa, la tesis de ejecutoria publicada en la página 959 del Tomo CVIII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que a la letra dice: "CONTRAFIANZA, QUEJA IMPROCEDENTE CONTRA LA QUE SE ADMITE PARA DEJAR SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL.-En tanto que no se resuelve en definitiva sobre la suspensión, no es posible que el acuerdo que admite y fija a la tercera perjudicada, contrafianza, para que quede sin efecto la suspensión provisional de los actos reclamados, que motivan la queja, cause daño o perjuicio a la promovente del amparo, no reparable en la sentencia definitiva que se dicte en el incidente de suspensión, ya que tanto la suspensión del acto reclamado, como el acuerdo que lo deja sin efecto, mediante contrafianza, tienen el carácter de provisionales y quedan, por tanto, supeditados a la resolución definitiva que se dicte en el incidente; por tanto, es manifiesto que no se está en el caso de la fracción VI del artículo 95, de la Ley de Amparo". La tesis transcrita puede sintetizarse, en el sentido de contener la explícita improcedencia de la queja y la implícita posibilidad de procedencia, a su vez, de la contrafianza para dejar sin efecto la suspensión provisional. Este Colegiado se permite diferir del ya antiguo antecedente mencionado, de acuerdo con la facultad que al efecto le otorga el sentido contrario del artículo 193 de la Ley de Amparo. En primer término, como el artículo 95, fracción VI, limita la procedencia de la queja a aquellas excepciones en que el daño o perjuicio resultantes, no sean reparables en la sentencia definitiva, es obvio que de acuerdo con los principios más elementales de la hermenéutica, el elemento relativo tiene que ser aplicado restrictivamente. De ahí que no puede hablarse de "sentencia definitiva que se dicte en el incidente de suspensión", puesto que es bien sabido que la pronunciada en el incidente, por sus características procesales, es claramente una interlocutoria; y, además, por su propia naturaleza, es eminentemente modificable, conforme lo determina el artículo 140 de la ley de la materia. Por otra parte, aun en el supuesto caso, no admitido, de que el elemento reseñado del artículo 95, fracción VI, pudiera aplicarse analógicamente, tampoco en este caso operaría la improcedencia de la queja: veamos, si legalmente se pudiera levantar los beneficios de la provisional, mediante el otorgamiento de una contragarantía, es indudable que se provocaría la ejecución del acto reclamado y consecuentemente se consumaría la ejecución del acto reclamado. Ya no habría materia para conceder en definitiva suspensión alguna, atentos a los términos de la jurisprudencia número 9, que se publica en la página 34 del Tomo "Común al Pleno y a la Salas" del Apéndice 1917-65. Desde otro ángulo, el beneficio que concede al tercero perjudicado el artículo 126 de la Ley de Amparo, expresamente se refiere a los casos de la suspensión otorgada conforme al artículo 125 del propio ordenamiento, que, a su vez, tiene íntima relación con el precepto que le antecede, el 124. El 126 se contrae a la definitiva. Lo anterior se afirma, porque la suspensión provisional tiene su propio régimen, conforme a la reglamentación que se contiene en el artículo 130 de la multicitada ley; y, si bien la mayor parte de los principios de la definitiva son aplicables a la provisional, entre ellos destacadamente los del 124, es innegable que serán aquellos que permitan armonizar ésta con aquélla, fundamentalmente los que dejen viva la materia de la suspensión; y los citados del 124, porque así lo determina particularmente el 130; y ya se vio que, de ejecutarse el acto reclamado, por el levantamiento de la provisional, sería tanto como convertir en definitivos, prácticamente, los resultados de la provisional, puesto que ya no habría oportunidad de conceder la definitiva y como consecuencia de lo anterior, al trocarse así los efectos de las suspensiones descritas, se permitiría de hecho fijar la definitiva sin audiencia de las autoridades responsables, lo que no es jurídicamente posible, más que en el caso de la suspensión oficiosa de que habla el artículo 123 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que no es el supuesto que ahora se analiza. La diferencia apuntada surge más palpable, si se observa que, mientras en el caso del supuesto del artículo 125 la "garantía" debe ser bastante para "reparar el daño e indemnizar los perjuicios", en la hipótesis del 130 se deben tomar "medidas" para que "no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados". Como se ve, aunque haya un gran parecido entre los extremos expuestos de las dos suspensiones, no son idénticos; y ello se debe a que "...la suspensión provisional es a la definitiva, lo mismo que ésta es al amparo: la suspensión definitiva es para conservar la materia del juicio y evitar perjuicios al agraviado; la provisional es para conservar la materia de la suspensión". (Ricardo Couto. Tratado Teórico-Práctico de la Suspensión en el Amparo. 2a. Edición. Porrúa. 1957). La transcripción que antecede revela una perfecta proporción o sea la existencia de la provisional, para conservar la materia de la suspensión; y de la definitiva, para conservar la materia del juicio de garantías. Entonces, si, como se concluyó, al ejecutarse el acto reclamado por el levantamiento de la provisional, mediante el otorgamiento de una contragarantía, sería ya imposible la concesión de una definitiva, es claro que se rompería la proporción mencionada, por la exclusión del segundo de sus términos, o sea la suspensión definitiva. Al propio tiempo, el análisis del artículo 126, revela que la caución ofrecida por el tercero es "para garantizar la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías y el pago de los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo". Esto nos muestra, sin duda alguna, que se está refiriendo a la definitiva, tomando en cuenta los términos narrados de la proporción mencionada, ya que si la contragarantía fuera referible al caso de la provisional, la caución debería ser bastante para volver las cosas al momento anterior a la ejecución del acto reclamado y para pagar los daños y perjuicios que con esa ejecución se causaran al quejoso, pero no por la concesión de amparo alguno, sino sólo en forma por demás precaria, por la concesión de la definitiva, que sólo conservaría la materia del amparo, para que, a su vez, esperara el resultado de la sentencia que se dictara en el principal. En síntesis, finalmente, si la provisional tiene por objeto conservar la materia de la definitiva, precisamente por ello la provisional es para "que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva" (artículo 130); lo que no se cumpliría de admitirse la contrafianza, pues violaría el citado 130. Como conclusión de todo lo expuesto, estima este colegiado que la contragarantía a que se contrae el artículo 126 de la Ley de Amparo, opera solamente para el levantamiento de la suspensión definitiva, mas no de la provisional" "CONTRAGARANTÍA EN LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ALCANCES DE LA EXPRESIÓN "EXTREMO DIFÍCIL" QUE SIRVE DE SUSTENTO PARA NEGAR SU FIJACIÓN, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 133, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto como tercera extraña a juicio, en el que reclamó todo lo actuado en el proceso y las consecuencias del remate del inmueble del cual dijo ser propietaria. El Juzgado de Distrito admitió la demanda, dio trámite al incidente de suspensión y concedió la medida cautelar para el efecto de que no se escriture, ni se hagan movimientos registrales sobre el bien y tampoco se pague a los acreedores con el producto del remate, sin paralizar el proceso. La empresa tercera interesada solicitó fijar la contragarantía para ejecutar los actos reclamados; sin embargo, el juzgado negó la petición porque consideró que resultaría en "extremo difícil" restituir a la quejosa en el goce del derecho violado, en caso de que dictara una sentencia protectora; inconforme, la empresa interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la expresión "extremo difícil", contenida en el artículo 133, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga al Juzgado de Distrito a analizar de manera prospectiva las implicaciones que conllevaría dictar una sentencia de amparo concesoria y, a partir de ello, sopesar si de sus consecuencias podrían sobrevenir obstáculos excesivos o exagerados de índole material o pragmático para concretar la restitución del derecho violado al estado que guardaba antes de la violación. Justificación: La contragarantía en materia de suspensión está regulada en los artículos 133 y 134 de la Ley de Amparo. El primer precepto establece dos limitaciones para fijarla cuando con la ejecución del acto reclamado: quede sin materia el juicio o si resulta en "extremo difícil" restituir la violación. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, el vocablo "extremo" significa excesivo, sumo o exagerado y la palabra "difícil" alude a que la circunstancia presenta obstáculos o inconvenientes. La unión de ambos conceptos permite traerla al entendimiento jurídico como aquel escenario que presenta obstáculos excesivos o exagerados. En materia de la contragarantía en la suspensión de los actos reclamados, si éstos se ejecutan, esa situación acarrearía obstáculos excesivos o exagerados al momento en que con motivo de una sentencia amparadora se intenten restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación
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