Victor Antonio Antonio
Expediente 1917/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1917/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Victor Antonio Antonio
- Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del proveído que tuvo por no presentada su demanda. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo causó estado para todos los efectos legales. ANOTACIONES Y ARCHIVO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente por tratarse de un asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se acuerda: El presente expediente será resguardado en el archivo de juzgado durante tres años, una vez cumplido dicho término, será transferido al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El expediente será susceptible de destrucción, transcurridos más de cinco años a partir de este acuerdo. El presente asunto no se considera de relevancia documental, jurídica e histórica, en virtud que el mismo no tiene especial trascendencia jurídica, política, social o económica. SE HACE CONSTAR QUE NO EXISTEN DOCUMENTOS PENDIENTES DE DEVOLVER Finalmente, se hace constar que en el expediente no obran documentos originales susceptibles de devolución.
- Principal
SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA...
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a cinco de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el juicio de amparo en que se actúa, y por cuanto en la certificación secretarial de cuenta, se hizo constar que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, para que diera cumplimiento a los requerimientos hechos en dicho auto, sin que haya hecho manifestación alguna respecto a su cumplimiento; por lo tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo que promovió Víctor Antonio Antonio, contra actos del Presidente de la República y otras autoridades. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, ante el licenciado Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciséis de julio de dos mil diecinueve. REGISTRO DE DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por Víctor Antonio Antonio, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, y de otras autoridades, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese bajo el número 1917/2019 III-A. PREVENCIÓN Con la finalidad de establecer la procedencia de la acción intentada en esta vía, con fundamento en lo previsto en los artículos 112 y 108 fracciones III, y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el acto de la notificación del presente proveído o dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación, por escrito, al que deberá acompañar las copias relativas necesarias para correr traslado a la totalidad de las partes en este asunto, bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda conforme a lo siguiente: 1.- Deberá precisar si ya le fue aplicado el acuerdo por el que se establecen los elementos de la Policía Federal, de la Policía Militar y de la Policía Naval que integrarán la Guardia Nacional. 2.- Asimismo, señale si ya le fue notificado su incorporación a la Guardia Nacional. Los anteriores requerimientos encuentran justificación en el hecho de que, de admitirse así la demanda de amparo, propiciaría una amplia gama de incertidumbre, expectativas y opiniones respecto de cuáles son las circunstancias objetivas bajo las cuales la parte quejosa acciona este medio de control constitucional, lo cual tiene fundamento en lo previsto en las fracciones I a V, del citado artículo 108, de la Ley de Amparo, esto es, que deberá exponer, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado y que puedan servir de fundamento a los conceptos de violación, así como los actos y autoridades responsables; además, de no hacerlo, redundaría en la imprecisa e interminable configuración de la litis constitucional, con la consecuente inseguridad jurídica para las partes en el debido proceso del sumario de amparo, de no demostrarse exactamente los precedentes, naturaleza y sus características del acto reclamado. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar respuesta de manera precisa y ordenada a esta prevención, se tendrá por no presentado el libelo que se trata, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que si con posterioridad en este juicio de amparo, de las constancias allegadas por las partes y autoridades responsables, este tribunal advierte que el promovente, sus representantes, abogados y/o autorizados afirmaron hechos falsos u omitieron los que le constaba con relación al acto reclamado, lo manifestado en su demanda y/o aclaración, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261, de la Ley de Amparo. Además debe precisarse a la parte quejosa que las copias del escrito por el que dará cumplimiento a esta prevención, será en cantidad igual a ocho, para ser distribuidas de la siguiente manera: una para cada autoridad responsable, que son cinco; una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, dos para formar los cuadernos incidentales. Cobra aplicación, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 106/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 170, que dice: COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar el promovente, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales la parte quejosa deba manifestar "bajo protesta de decir verdad". Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], háganse las notificaciones incluyendo las de carácter personal, por vía electrónica, mediante el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, bajo el nombre del usuario proporcionado en el escrito de cuenta, en términos del artículo 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia; gírese instrucciones a la encargada del SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expediente), para que proceda a la verificación y alta del usuario LicIvan, a efecto de que se autorice en el sistema la consulta del expediente electrónico, como lo establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federales, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficial y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Iván Emmanuel Chávez Espejel, y únicamente para oir y recibir notificaciones e imponerse de autos a los restantes nombrados, hasta en tanto acrediten que se encuentran facultadas para ejercer la profesión de abogado y que tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. Notifíquese personalmente Así lo proveyó y firma el licenciado Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho por vacaciones del Titular, por el periodo comprendido del ocho al veintidós de julio de dos mil diecinueve, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la autorización comunicada mediante oficio CCJ/ST/2161/2019, de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido del secretario con quien actúa y da fe, licenciado Héctor Pérez Fonseca.
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