Víctor Ángeles Miranda

Expediente 187/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
187/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
06/04/2021

Partes del expediente

  • Víctor Ángeles Miranda

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguense a los autos el oficio procedente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, así como el diverso remitido por el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al que anexa idéntica comunicación, mediante el cual se acusa recibo del presente asunto y previo a aceptar o no la competencia planteada, se solicita se proporcione el dato de si la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, fue presentada de manera física o electrónica, así como si cuenta con firma autógrafa o evidencia criptográfica de quien la promueve. Al respecto, infórmese que la demanda fue turnada de manera aleatoria, como bien se indica, ya que el Juzgado Séptimo en la materia y jurisdicción no la consideró urgente, la cual fue recibida en línea, no de manera física, y si bien, obra en la papeleta de la Oficina de Correspondencia Común que sí cuenta con firma, lo cierto es que no es así, pues carece de firma autógrafa, digitalizada o evidencia criptográfica de quien la promueve, de ahí que se asentara tal cuestión en el sello fechador de la oficialía de partes este juzgado, desconociéndose las razones del porqué personal de la citada Oficina de Correspondencia Común asentó que sí, pero se infiere fue porque al calce de la demanda obran las iniciales "VAM" y una leyenda que dice "FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITA EL AMPARO". De ahí que se enviara el archivo electrónico de la citada demanda, habida cuenta que no se cuenta con un escrito recibido de manera física. Cúmplase.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo de cuenta, presentado por ... por propio derecho, contra actos de la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México; regístrese en el libro de gobierno con el número 187/2021. De la demanda de amparo de cuenta, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en la inobservancia de los lineamientos oficiales establecidos a efecto de realizar el trámite de sustitución de "unidad taxi", atribuido a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México. En ese sentido, primeramente es necesario establecer que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, razón por la que previo a decidir, en su caso, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados se debe resolver sobre esa situación en particular, pues de lo contrario se violarían las reglas que regulan al juicio de derechos fundamentales, lo que incluso podría llevar a la reposición del procedimiento, razón por la que antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, se debe fincar competencia para conocer del mismo. Así, conviene destacar que para el juicio de control constitucional, las reglas de competencia se sitúan en tres hipótesis, a saber: 1. La instancia o vía intentada por la parte quejosa que en el caso lo es el amparo indirecto, que de conformidad a lo que establece el artículo 107, de la Ley de Amparo, el órgano competente es un juzgado de distrito. 2. La materia: civil, penal, laboral y administrativa y que en el amparo indirecto, en materia penal está regulada en los artículos 51 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 3. El territorio. Regulado por el artículo 37 de la ley reglamentaria de los artículos 105 y 107 de la carta magna. Ahora bien, el artículo 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente" Del análisis del precepto transcrito se desprende que cuando ante un juez de distrito se promueva una demanda de amparo de la que otro deba conocer, se declarará incompetente de plano y comunicará su resolución al juez que en su concepto deba hacerlo, a fin de que decida si acepta o no la competencia declinada. Así, los artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponen respectivamente, los supuestos en que se surte la competencia especializada de los jueces de distrito de amparo en materia penal y los jueces de distrito en materia administrativa, para conocer de un determinado asunto, cuando señalan: "ARTICULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." ARTICULO 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". De los preceptos indicados, se obtiene que los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal conocerán de los juicios de derechos fundamentales promovidos contra actos del orden penal, de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna; cuando sea procedente, contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, así como de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. Mientras que los jueces de distrito en materia administrativa conocerán, entre otros asuntos, de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa; actos de autoridad distinta de la judicial; contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa. Ahora, como se ha puesto de manifiesto, la parte impetrante reclama la inobservancia de los lineamientos oficiales establecidos a efecto de realizar el trámite de sustitución de "unidad taxi", que atribuye a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México. Bajo ese contexto, es evidente que el acto reclamado en el presente sumario constitucional no es un acto de naturaleza penal, sino administrativa, pues emana de un trámite seguido ante autoridades del mismo orden, por lo que se considera, respetuosamente, que quien debe conocer del asunto es un Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en términos de los artículos 48 de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tal motivo, este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México carece de competencia legal para seguir conociendo y resolver este juicio de derechos fundamentales, porque la misma corresponde a un Juez de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad. En consecuencia, remítase vía interconexión tanto la demanda de amparo de cuenta, como este proveído al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que dentro del término de ley se pronuncie en torno a la competencia declinada, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia de envío que en automático genere el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DE LA PARTE QUEJOSA: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN Se exhorta a la parte quejosa que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberá solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, conforme con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General en cita, se le requiere para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 de la ley de la materia, en relación con el diverso 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial adscrito, para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al trámite del citado cuerpo de leyes, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la digitalización de las constancias de este expediente; se autoriza el uso de medios electrónicos para imponerse de las actuaciones procesales, no obstante lo anterior, se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; lo anterior con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, de las cuales, únicamente podrá tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. Desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos; para ello bastará: (i) que las soliciten al secretario del juzgado responsable de su expediente; y, (ii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Finalmente, con base en lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el artículo 6 último párrafo del ordenamiento citado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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