Victor Ángel Villanueva Ayala

Expediente 996/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
996/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
19/12/2016

Partes del expediente

  • Victor Ángel Villanueva Ayala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad señalada como responsable no ha rendido su informe previo que le fue requerido, mediante proveído de doce de diciembre del año en curso, como tampoco el acuse de recibo del oficio mediante el cual se le solicitó. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia incidental señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL DOS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE para su desahogo.

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta suscrito por el quejoso *****, en representación de su menor hijo *****, por medio del cual se desiste del presente juicio de garantías; ahora bien, se evidencia que dicho quejoso compareció el trece de los corrientes ante este juzgado federal a ratificar la firma estampada en su escrito de cuenta; en tales condiciones se provee: El artículo 107, fracción I, de la Constitución General, señala que para la prosecución del juicio de garantías se requiere de instancia de parte agraviada, tal precepto, salvaguarda el principio de libertad del ejercicio de la acción que rige nuestro sistema jurídico, de donde resulta evidente que quien puede accionar, puede de igual manera desistirse de hacerlo en cualquier momento anterior a la resolución del procedimiento, máxime que, respecto de la acción de amparo, el único requisito que se exige, es que el mismo sea ratificado ante la presencia judicial o funcionario con fe pública por el quejoso o persona con facultades suficientes para ello debidamente acreditadas, conforme a la jurisprudencia de rubro: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.", visible en la página 247, del Tomo VII, abril de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Así, el desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso en el sentido de no proseguir o no continuar con el juicio de amparo que promovió, el cual debidamente ratificado origina una resolución con la que finaliza el amparo, sin que el órgano jurisdiccional entre a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ello en términos del artículo 63 fracción I de la ley de la materia vigente. Cierto, cuando el quejoso desiste de la acción de amparo, tiene como consecuencia el sobreseimiento del juicio en términos del precepto legal invocado. Luego, de la constancia de trece de diciembre de dos mil dieciséis, se advierte que el quejoso ratificó el escrito de desistimiento, por lo que es inconcuso que existe consentimiento de su parte de no continuar con el trámite del presente juicio de amparo; por ende, se tiene por desistido en su perjuicio de la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional del presente juicio de garantías, dejándose sin efecto alguno las providencias decretadas y la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del doce de enero de dos mil diecisiete. Funda la anterior consideración las razones que informan la tesis de jurisprudencia P./J. 3/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22 del Tomo: III, Febrero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquel del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento -que es la consecuencia del desistimiento del quejoso- no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejercitabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados."

  3. Principal

    CONSTANCIA: En cumplimiento al AVISO de quince de diciembre de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte QUEJOSA, la resolución dictada el quince de diciembre de dos mil dieciséis, en atención a que no compareció los días dieciséis o diecinueve de diciembre del presente año, para tal efecto, la cual en lo conducente dice: Téngase por recibido el escrito de cuenta suscrito por el quejoso *****, en representación de su menor hijo *****, por medio del cual se desiste del presente juicio de garantías; ahora bien, se evidencia que dicho quejoso compareció el trece de los corrientes ante este juzgado federal a ratificar la firma estampada en su escrito de cuenta; en tales condiciones se provee: El artículo 107, fracción I, de la Constitución General, señala que para la prosecución del juicio de garantías se requiere de instancia de parte agraviada, tal precepto, salvaguarda el principio de libertad del ejercicio de la acción que rige nuestro sistema jurídico, de donde resulta evidente que quien puede accionar, puede de igual manera desistirse de hacerlo en cualquier momento anterior a la resolución del procedimiento, máxime que, respecto de la acción de amparo, el único requisito que se exige, es que el mismo sea ratificado ante la presencia judicial o funcionario con fe pública por el quejoso o persona con facultades suficientes para ello debidamente acreditadas, conforme a la jurisprudencia de rubro: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.", visible en la página 247, del Tomo VII, abril de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Así, el desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso en el sentido de no proseguir o no continuar con el juicio de amparo que promovió, el cual debidamente ratificado origina una resolución con la que finaliza el amparo, sin que el órgano jurisdiccional entre a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ello en términos del artículo 63 fracción I de la ley de la materia vigente. Cierto, cuando el quejoso desiste de la acción de amparo, tiene como consecuencia el sobreseimiento del juicio en términos del precepto legal invocado. Luego, de la constancia de trece de diciembre de dos mil dieciséis, se advierte que el quejoso ratificó el escrito de desistimiento, por lo que es inconcuso que existe consentimiento de su parte de no continuar con el trámite del presente juicio de amparo; por ende, se tiene por desistido en su perjuicio de la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional del presente juicio de garantías, dejándose sin efecto alguno las providencias decretadas y la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del doce de enero de dos mil diecisiete. Funda la anterior consideración las razones que informan la tesis de jurisprudencia P./J. 3/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22 del Tomo: III, Febrero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquel del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento -que es la consecuencia del desistimiento del quejoso- no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejercitabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados."

  4. Incidental

    Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y en cuerda separada el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 996/2016-III, promovido por *****, en representación de su menor hijo *****, contra actos del Juez de Oralidad Familiar, con residencia en Salamanca, Guanajuato, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento en que reciba el oficio correspondiente, rinda por duplicado su informe previo, en el que manifieste si es cierto o no el acto reclamado por la parte quejosa y en su caso las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. En la inteligencia, que de no rendir su informe previo se presumirá cierto el acto que se le reclama y se le impondrá una multa de cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se integra; ello, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, Apartado B, de la Constitución Federal de este país, en términos de lo dispuesto en el artículo 260, fracción I, en relación con el diverso 238 de la misma ley. Para efecto de lo anterior, remítase a las responsables copia simple de la demanda de amparo. Para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se desprende que los actos reclamados, los constituyen esencialmente la medida decretada en la audiencia de seis de diciembre de dos mil dieciséis, en la que se decretó la convivencia supervisada entre el menor ***** con su madre *****, así como la orden de que ***** salga de la casa que actualmente habita. En ese sentido y por lo que atañe al primero de los actos que se reclaman, con apoyo en el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se niega la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, y cuyo efecto sería impedir la convivencia supervisada entre el menor ***** con su madre *****, por lo siguiente: El numeral en cita establece como requisito para el efecto de otorgar la suspensión provisional, que no se siga el perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, cabe precisar que el orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el Juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del Juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. En ese mismo tenor, tenemos, además, que el artículo 129 de la Ley de Amparo considera, en su fracción VIII, que se considera que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico. En efecto, a la luz del interés superior del menor, la sociedad y el Estado están interesados en que se proporcionen a los menores los cuidados y asistencia necesarios para su bienestar y lograr un crecimiento y desarrollo pleno, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, por lo que, las autoridades judiciales deben tomar las medidas necesarias a fin de proteger ese interés superior. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis I.4o.C.252 C emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2236, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA TRATÁNDOSE DE CUSTODIA DE MENORES. PARA CONCEDERLA O NEGARLA DEBE ATENDERSE AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. De lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con los párrafos sexto a noveno del artículo 4o. constitucional, se obtiene que para valorar si se satisfacen los requisitos para conceder la suspensión definitiva, consistentes en no seguir perjuicio al interés social ni contravenir disposiciones de orden público, o no causar daños y perjuicios de imposible reparación, en casos de custodia de menores de edad, el Juez de Distrito debe inclinarse por el mayor beneficio para el interés superior del menor. De esta manera, concederá la medida cautelar, si la situación de los menores sin la ejecución de los actos reclamados representa mayores garantías para sus intereses y, el surtimiento de los efectos del acto reclamado genera mayores riesgos para su bienestar y desarrollo; y debe negarla, si con el mantenimiento de las cosas en el estado en que se encuentran, se produce algún grado de riesgo para tal bienestar y desarrollo. Lo anterior, considerando que la sociedad ha manifestado su permanente interés en que se proporcionen a los niños los satisfactores, los cuidados y la asistencia necesarios para lograr su crecimiento y desarrollo pleno, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, el cual se ha erigido en interés superior de la Nación, en la legislación mexicana y en la normatividad del orden internacional, por lo que, si el interés superior tutelado por distintas normas jurídicas de orden público radica en dirigir todas las acciones, programas y decisiones de las autoridades, y de los gobernados inclusive, en pro del bienestar y mejor desarrollo familiar y social de la niñez, es inconcuso que los tribunales competentes para conocer y decidir sobre la suspensión de los actos reclamados en el juicio de garantías, deben obrar en igual sentido, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Es así, que el interés que debe privilegiarse es el de los menores, sobre la base de que se asegure su desarrollo y dignidad, pues el menor tiene derecho a crecer en un entorno de afecto junto a su familia, por lo que debe asegurarse el goce efectivo de lo anterior, pues constituye una costumbre ordinaria de la sociedad que el afecto hacia el menor atañe a valores de socialización y convivencia que forman un sentimiento de seguridad y confianza en el mundo que lo rodea, por lo que el juzgador no sólo debe asegurar, sino incentivar que esa situación se verifique, ya que es el menor quien resiente los efectos de la falta de convivencia con la familia, pues la etapa en la que se encuentra es de rápido y definitivo desenvolvimiento que no es factible rehacer o revivir, por lo que deben facilitarse los medios para que la convivencia ocurra de modo que el goce de sus derechos, como el de la convivencia, no se vea mermado, salvo que esté demostrado que resulta un peligro para el menor, situación que, con los datos con lo que este juzgador cuenta hasta el momento, no se ha comprobado. Lo anterior, encuentra su sustento en la tesis I.3o.C.927 C emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1300, Tomo XXXIII, Abril de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes "DERECHO DE CONVIVENCIA. EL INTERÉS QUE DEBE PRIVILEGIARSE ES EL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS, SOBRE LA BASE DE QUE SE ASEGURE SU DESARROLLO Y DIGNIDAD. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO QUE TIENE POR MATERIA LA LIMITACIÓN A ESE DERECHO. Cuando los padres de las niñas y niños pretenden ejercer el derecho de convivencia, el interés que debe privilegiarse es el de las niñas y niños, sobre la base de que se asegure su desarrollo y dignidad. Esto último es lo que justifica el sentido de la medida judicial cautelar que se dicta en el juicio de amparo indirecto para que su goce no sea ilusorio, insuficiente o ineficaz cuando se llegue a decidir la cuestión sustantiva en sentencia definitiva. Así, debe ponderarse que la medida provisional que llegue a dictar un Juez en un juicio determinado para que exista una convivencia entre los padres y las niñas y niños o no se ponga en peligro su goce, se encuentra justificada en atención al derecho de éstos a crecer en un entorno de afecto junto a su familia y a asegurar su goce efectivo. De ahí que, la circunstancia de que sean los padres de las niñas y niños quienes soliciten el reconocimiento de ese derecho de convivencia, no significa que sean estos últimos los titulares absolutos sobre el contenido y alcance de aquél, sino que en todo caso, está subordinado al interés superior del niño y a la etapa de desarrollo en que se encuentra; en relación con esto último, también debe destacarse que la regla establecida en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño es muy general, al comprender como tales a todo ser humano menor de dieciocho años de edad, a menos que bajo la ley aplicable al niño, haya alcanzado antes la mayoría. Existen diversas etapas en la infancia, que son además relevantes para decidir la forma de ejercicio de la convivencia y determinar la necesidad del menor, entre otras cosas, de vincularse afectivamente con los adultos y, en especial con sus padres y la familia a fin de que pueda relacionarse con seguridad con el mundo que le rodea. La convención de mérito como elemento integrante de nuestro orden jurídico faculta a las autoridades, como la judicial a respetar las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la convención. Y constituye una costumbre ordinaria de la sociedad que el afecto hacia el menor, desde su primera infancia, fluya no sólo de los padres, sino de los hermanos y aquellos que forman parte de la familia extensa si la hay, porque atañe a valores de socialización y convivencia que forman un sentimiento de seguridad y confianza en el mundo que lo rodea, por lo que salvo que esté demostrado que tal situación representa un peligro para el goce de los derechos de la niña o niño, el juzgador no sólo debe asegurar sino incentivar que esa situación se verifique antes del dictado de una sentencia que reconozca definitivamente los términos del ejercicio de una convivencia solicitada, como una vez resuelta en definitiva la controversia planteada. En ese contexto, se parte de la base de que, en condiciones de conflictos sujetos a la tutela judicial sobre convivencia, el niño es quien resiente, desde luego, los efectos de la falta de convivencia con la familia porque constituyendo una etapa de rápido y definitivo desenvolvimiento, que no es factible rehacer o revivir, deben facilitarse los medios para que la convivencia ocurra de modo que el goce de sus derechos como el de ésta no se vea mermado, salvo que esté demostrado que resulta un peligro para el menor." Ahora bien, por lo que hace a la restricción consistente en que ***** salga de la casa que actualmente habita con su menor hijo y que es el domicilio de la madre del solicitante del amparo, se niega la suspensión provisional; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 129, fracción VIII de la Ley de Amparo y atendiendo al precitado interés superior del menor, en virtud del cual, la sociedad y el Estado están interesados en que se proporcionen a los menores los cuidados y asistencia necesarios para su bienestar, y lograr un crecimiento y desarrollo pleno, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, por lo que, las autoridades judiciales deben tomar las medidas necesarias a fin de proteger ese interés superior. El numeral en cita establece como requisito para el efecto de otorgar la suspensión provisional, que no se siga el perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, se reitera que el orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el Juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del Juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Así, el propio artículo 129 de la Ley de Amparo considera, en su fracción VIII, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico. En efecto, a la luz del interés superior del menor, la sociedad y el Estado están interesados en que se proporcionen a los menores los cuidados y asistencia necesarios para su bienestar y lograr un crecimiento y desarrollo pleno, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, por lo que, las autoridades judiciales deben tomar las medidas necesarias a fin de proteger ese interés superior. En consecuencia, del examen preliminar de las pruebas documentales exhibidas por el peticionario del amparo y específicamente de la reproducción del disco óptico que contiene la audiencia de seis de diciembre del presente año, de revisión de medidas decretadas por el juzgador de origen en el juicio *****, que contiene además la diligencia de escucha del menor *****, en la que participó el juez del conocimiento, así como dos peritos en psicología, éstos últimos arribaron -entre otras conclusiones- a aquella en la que resultaba prudente -ante la ausencia de identificación del menor con su progenitor- que viviera únicamente con él en un domicilio distinto de aquél en el que actualmente residen, para propiciar el fortalecimiento de tales lazos de identidad. Decisión que desde la perspectiva de este juzgador federal, es acorde con los derechos de convivencia del menor, que se encuentran protegidos por el Estado, como lo dispone el artículo 4º de la Carta Magna, quien, como se dijo, se encuentra obligado a velar por el interés superior de éste; de ahí, que al no incidir en manera alguna la determinación que aquí se asume, con dicho derecho de convivencia, ni afectará el mismo derecho que tiene el menor de convivir con su abuela materna, aunque sea en un lugar diverso al en que actualmente reside, de ahí que debe negársele la suspensión provisional que solicita, respecto de la restricción atinente a que el quejoso debe procurarse a sí mismo y a su menor hijo un lugar distinto para residir, al en que actualmente habitan. Por otro lado, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la ley de Amparo, téngase como tercera interesada a *****, quien tiene su domicilio en *****, de Salamanca, Guanajuato. En tales condiciones, y toda vez que la tercera interesada, tiene su domicilio fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal; con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en relación con el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al Juez Civil de Partido con residencia en Salamanca, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este juzgado, y en el ámbito de su jurisdicción ordene al personal a su cargo, para que se constituya en el domicilio de la citada tercera interesada y le notifique el presente proveído. Asimismo, le requerirá a fin de que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; apercibida que, de no hacerlo en el término indicado, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados en este juzgado federal; lo anterior, con fundamento en el numeral 27 fracción II de la Ley de Amparo vigente. De igual forma, se les concede a los actuarios la facultad de investigación, a efecto de realizar todas aquellas gestiones tendentes a la localización del domicilio de dicho tercero interesado. Por otra parte, se le tiene ofreciendo como prueba documental, la constancia que anexa a su ocurso de cuenta, que de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia vigente, se admite y tiene por desahogada dada su naturaleza jurídica; relaciónese en la audiencia respectiva. Sin perjuicio de relacionar la documental aludida en el párrafo que antecede, de nueva cuenta en la audiencia respectiva; con su contenido, dese vista a las partes. Se ordena realizar la compulsa de los documentos que anexa a su escrito de cuenta, con las simples que de éstos exhibe, a efecto de que sean agregados a la presente incidencia. De conformidad con la Jurisprudencia número I.7°.C.67 K (9ª), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 3869, Tomo V, Diciembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, bajo el rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97)"; la cual se invoca por analogía. Téngase como domicilio de la parte quejosa, el que precisa en el ocurso de cuenta y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***** y ***** en virtud de que cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito y, en términos restringidos a las demás personas que menciona en su escrito, toda vez que no reúnen dicho requisito. Hágase saber al ocursante que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por los numerales 1 y 9, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, se hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Además, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Por último, con fundamento en el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso al Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes, que con el fin de respetar su derecho a la intimidad dentro del presente juicio, al hacerse pública la sentencia y demás resoluciones, en correlación a lo dispuesto en los artículos 110,113,117,118,119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se suprimirán sus datos personales por constituir información confidencial, procurando que la referida supresión no impida conocer el criterio. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 996/2016-III.

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