Víctor Ángel Susvilla Ponce
Expediente 1156/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1156/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Víctor Ángel Susvilla Ponce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En esta fecha se notifica por lista de acuerdos a la parte tercero interesada el auto de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintidós, mismo que dice:"... Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de uno de febrero de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizara manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el cuatro de enero de dos mil veintidós, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Víctor Ángel Susvilla Ponce, para el efecto que: "[.] En consecuencia, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Víctor Ángel Susvilla Ponce contra el acto reclamado a 1. La Junta Especial Número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en Veracruz, Veracruz, 2. Presidente y 3. Actuario adscritos a dicha junta especial, para el efecto de que: 1. La Junta Especial Número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en Veracruz, Veracruz, y su 2. Presidente, observen en lo subsecuente los términos legales en el trámite del procedimiento y lo prosigan hasta el cierre de instrucción correspondiente con la celeridad requerida por la ley. Efecto que se establece tomando en cuenta el reclamo de la dilación en el procedimiento, más allá de la fijación de la ya mencionada fecha de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, esto dado a la fecha en que se resuelve el presente juicio, si se ordenara que la Junta responsable dejara insubsistente el acuerdo reclamado y dictara una nueva determinación en la que señalara una nueva fecha para la celebración de la audiencia en comento, dentro de los quince días siguientes a la fecha del acuerdo que para ello emitiera, y se lo notificara a las partes con diez días de anticipación a dicha audiencia cuando menos, en términos de lo dispuesto en el artículo 873, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo, se correría el riesgo de que la tutela constitucional causara a la parte quejosa mayores perjuicios que beneficios, de ahí que el efecto del presente fallo se hace consistir únicamente en que en lo subsecuente, la Junta responsable observe los términos legales en el trámite del procedimiento. En el entendido que este juzgado está consciente que en la tramitación del asunto correspondiente se puede incurrir en dilaciones justificadas por la preparación y desahogo de alguna prueba ofrecida por las partes o por alguna otra contingencia que escape del estricto control de la Junta responsable, las que por supuesto, en la medida que se comprueben debidamente no forman parte de los efectos señalados en los párrafo que anteceden. Asimismo se concede la protección constitucional para que el 3. Actuario Notificador adscrito a la Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en Veracruz, Veracruz, emplace inmediatamente a las partes al juicio natural 839/2021, o en su caso, acredite la imposibilidad que tuvo para ello. Dicha concesión se hace extensiva para que el 2. Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en Veracruz, Veracruz, en su carácter de superior jerárquico verifique el correcto desahogo de dicho emplazamiento y lo acredite ante este órgano jurisdiccional. [.]" En esas condiciones, mediante proveído de uno de febrero de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se ordenó dar vista a la parte quejosa, con las constancias remitidas por las responsables, con base en las cuales se pronuncia la presente resolución. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En cumplimiento al fallo amparador, mediante oficio de veintiocho de enero de dos mil veintidós, la Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en Veracruz, remitió copia certificada de la comparecencia del quejoso Víctor Ángel Susvilla Ponce, en la que se advierte la notificación del acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Asimismo, adjuntó los instructivos de notificación del auto de admisión de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, realizada a los demandados Terminal Marítima, Tecnología y Manufactura Sociedad Anónima de Capital Variable, Man Power Sociedad Anónima de Capital Variable y José Alfredo Arango Alpidez, por la Actuaria de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en Veracruz. En relatadas condiciones, de lo descrito con anterioridad se advierte que las autoridades responsables, dieron cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, la Actuaria de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, emplazó a las partes al juicio natural 839/2021 de su índice y, el Presidente en su carácter de superior jerárquico verificó el desahogo de dicho emplazamiento, acreditándolo ante este órgano jurisdiccional con los instructivos de notificación correspondientes. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley..."
- Principal
En esta fecha se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa el auto de fecha primero de febrero de dos mil veintidós, mismo que dice: "... En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia en la que se CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Por otro lado, agréguese el oficio y anexo signado por la Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en Veracruz, por medio del cual remita las constancias con las que considera haber dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés legal convenga, para lo cual se le deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibida las partes que de no hacer manifestación alguna al respecto, transcurrido el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese en términos de ley..."
- Principal
en esta fecha se notifica por listad e acuerdos a la parte quejosa la sentencia de cuatro de enero de dos mil veintidós, misma que en lo conducente dice: "...RESULTANDO PRIMERO. Mediante demanda presentada el once de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, turnada ese mismo día a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, Víctor Ángel Susvilla Ponce promovió juicio de amparo en contra de actos de la 1. Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Veracruz, Veracruz y otras autoridades, por actos que se precisarán más adelante (fojas 2 a 3). SEGUNDO. Por auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó admitir la demanda de amparo; iniciar el juicio 1156/2021 de su índice, solicitar a las autoridades responsables sus informes justificados; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en su carácter de tercero interesado en términos del artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 4 a 7). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 13 y 15) así como la constancia de notificación al Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado (foja 12) tuvo verificativo el tres de enero de dos mil veintidós, la audiencia constitucional (foja 19).CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama un acto de autoridad jurisdiccional de naturaleza laboral, que según el quejoso afecta sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, en tanto que los actos reclamados tiene efectos dentro de la circunscripción territorial dentro de la cual este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados son los siguientes: De la 1. Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz, así como del 2. Presidente de la citada Junta Especial: La dilación injustificada en el proceso laboral 839/2021 de la Junta responsable. Del 3. Actuario de la Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz: La falta de emplazamiento de la totalidad de las partes en el proceso laboral 839/2021 de la citada junta. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza del acto. Son ciertos los actos atribuidos a la 1. Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz, 2. Presidente y 3. Actuario ambos adscritos a la referida Junta Especial. Lo anterior es así puesto que aun cuando las dos autoridades señaladas en primer término negaron los actos que se les atribuyeron, de la copia certificada del auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno (foja 14) derivado del juicio laboral 839/2021 de su índice, la cual remitieron como sustento de su informe justificado, se advierte que la fecha señalada para que las partes acudieran ante el funcionario conciliador adscrito a la junta fue el veinte de enero de dos mil veintidós y la audiencia de conciliación, demanda y excepciones se fijó para las diez horas del cuatro de febrero del dos mil veintidós; documentales que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, ya que se trata de documentos que fueron expedidos por servidores públicos en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Asimismo, por lo que hace a la autoridad consistente en la 3. Actuario adscrita a la Junta Especial número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Veracruz, Veracruz, la misma al rendir su informe justificado (foja 15) reconoció que era cierto el acto reclamado y que al dos de diciembre de dos mil veintiuno (fecha del citado informe) no se había realizado la notificación y emplazamiento de las partes. De ahí que deben de tenerse por ciertos los actos reclamados a las autoridades ya señaladas. CUARTO. Procedencia. No se advierte causa de improcedencia del juicio de amparo hecha valer por las partes ni se advierte alguna de oficio, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su demanda de amparo, cuya transcripción se omite al ser innecesaria y no existir disposición que lo exija. QUINTO. Constitucionalidad del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo vigente, se concluye que el concepto de violación expresado por el quejoso es esencialmente fundado; aunque para ello se tenga que suplir la deficiencia de los mismos, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, ya que acude la parte trabajadora al presente juicio de amparo. MARCO NORMATIVO. El artículo 17 de la Constitución Federal contiene como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto, a saber, justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Por su parte, los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos contemplan mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de manera sistemática, para hacerlos valer por los ciudadanos, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia. Se cita como respaldo la jurisprudencia VI.1o.A. J/2 (10a.) que se lee: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia." En ese sentido, el citado numeral 17 de la Constitución, en correlación con el 1° de la propia Carta Suprema y de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, imponen la obligación al juzgador de hacer efectivo el derecho de acceso a la impartición de justicia, procurando no fijar obstáculos innecesarios a los justiciables, a fin de que éstos tengan la oportunidad de que sean escuchadas su pretensiones y que éstas se resuelvan mediante pronunciamiento completo por la autoridad judicial. Tratándose del primero de los principios que al caso importan, de los mencionados, esto es, "justicia pronta", la Primera Sala de la citada Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que ésta se garantiza cuando en la ley se establecen plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales y que se entienden de la siguiente forma: a). Generales, que sean comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma categoría de parte; b). Razonables, que sean plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes; y, c). Objetivos, que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales. Criterio anterior que se contiene en la tesis que es del contenido siguiente: "JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA. El mandato contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo hagan de manera pronta, completa e imparcial. Por lo que respecta a los actos legislativos, la justicia pronta se garantiza cuando ei legislador establece en las leyes plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales, entendiéndose por: a) generales, que sean comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma categoría de parte; b) razonables, que sean plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes, y c) objetivos, que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales." En relación con el "plazo razonable" conviene citar el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que deriva de la Queja 89/2012 de su índice, al resultar orientador en el dictado de la presente sentencia, pues en éste se interpretó lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y concluyó que, para determinar cuál es un "plazo razonable", no nada más en la resolución de los asuntos, sino también en su conclusión (a través de la ejecución que de la sentencia se lleve a cabo) debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad. Lo anterior a fin de emitir un juicio sobre, si en el caso concreto, se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales contenidas tanto en los aludidos artículos como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En términos de lo anterior, dicho Tribunal Colegiado concluyó, que el concepto de "plazo razonable" debe concebirse como uno de los derechos mínimos de los justiciables y, correlativamente, como uno de los deberes más intensos del juzgador. Lo cual, no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa, sino fundamentalmente a una cualitativa, de modo que el método para determinar el cumplimiento o no por parte del Estado, respecto al deber de resolver en un tiempo razonable, se traduce en un examen de sentido común y sensata apreciación en cada caso concreto. Lo anterior emana de la tesis que es del contenido siguiente: "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. En relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución de los asuntos, el articulo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coincidente en lo sustancial con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, establece que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable; como uno de los elementos del debido proceso; aspecto sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando lo expuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido cuatro elementos o parámetros para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Además de los elementos descritos, el último de los tribunales internacionales mencionados también ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo, el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha denominado como el "análisis global del procedimiento", y consiste en analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. Por tanto, para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos, debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por si misma, una violación a las garantías judiciales contenidas tanto en los aludidos artículos como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el concepto de "plazo razonable" debe concebirse como uno de los derechos mínimos de los justiciables y, correlativamente, como uno de los deberes más intensos del juzgador, y no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa, de modo que el método para determinar el cumplimiento o no por parte del Estado del deber de resolver el conflicto en su jurisdicción en un tiempo razonable, se traduce en un examen de sentido común y sensata apreciación en cada caso concreto." En lo que hace al diverso principio relativo a la "justicia completa", éste bajo la modalidad de ejecución plena de las resoluciones de los tribunales que hayan causado estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que también encuentra sustento en el artículo 17 constitucional, como un aspecto inherente a la autoridad de la cosa juzgada, en su aspecto material. Y es que del tercer párrafo del numeral citado se desprende, que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquella se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. Por su parte el principio de "Justicia imparcial", que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y Finalmente "Justicia gratuita" estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ante tales elementos, resulta inconcuso que en el artículo 17 constitucional se garantiza a favor de los gobernados, entre otros derechos fundamentales, el del acceso efectivo a la justicia, el que se concreta en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso, en el cual se cumplan los plazos y términos que fijen las leyes para tal efecto, pues como deriva del propio texto constitucional, no se trata de un derecho incondicionado y absoluto a la prestación de esa actividad, por lo que el mismo no puede ejercerse al margen de los cauces establecidos por el legislador. Aunado a lo anterior, para el caso concreto, los artículos 873, 893, 894 y 895 de la Ley Federal del Trabajo ponen en evidencia que después de presentada la demanda, la Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, pruebas y resolución, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes. Asimismo con relación a la diligencia de emplazamiento la ley en comento establece en sus numerales 742 fracción I, 743 y 750, que el emplazamiento a juicio deberá realizarse de manera personal, de acuerdo a las reglas señaladas en el referido numeral 743 y dentro de los cinco días siguientes a que fueran ordenados, salvo que exista disposición en contrario. SUBSUNCIÓN. Como se anticipó, es fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, suplido en su deficiencia, pues en efecto, reclama esencialmente la dilación del procedimiento lo que resulta evidente no sólo por el señalamiento de fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones que excede ampliamente los plazos previstos por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en los autos del juicio laboral 839/2021, sino además por la omisión del actuario de la junta responsable de realizar el emplazamiento correspondiente por un período superior a cinco meses posteriores a la fijación de dicha audiencia. Lo anterior es así, ya que en el caso concreto, quedó acreditado, por lo que hace a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones con la copia certificada remitida por la autoridad responsable (foja 14) que a pesar de que la correspondiente demanda fue presentada el quince de junio de dos mil veintiuno, y se admitió la misma al día siguiente, se fijó como fecha para la celebración de la mencionada audiencia de Conciliación Demanda y Excepciones el cuatro de febrero de dos mil veintidós. Del mismo modo, como se indicó, por propia admisión del notificador adscrito a la Junta responsable, a pesar que en el citado proveído de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento y notificación de las partes a efecto que acudan a la citada audiencia, para el dos de diciembre de dos mil veintiuno, en que dicho funcionario rindió su respectivo informe justificado dicha instrucción no había sido cumplida, alegando la existencia de una excesiva carga de trabajo y falta de recursos (sin que se adjuntara medio de convicción alguno para justificar lo anterior). De lo expuesto, se observa claramente que ha existido una dilación procesal de la junta responsable, pues desde el quince de junio de dos mil veintiuno (fecha de presentación de la demanda) hasta el día de que se rindió el correspondiente informe justificado el dos de diciembre de dos mil veintiuno, transcurrieron más de cinco meses quince días sin que se desahogue la citada audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, lo que rebasa ampliamente el plazo de quince días con que se contaba para ello. E incluso, a la fecha en comento ni siquiera se había notificado a las partes de la admisión de la citada demanda lo que de igual forma rebasa lo dispuesto en el numeral 750 de la Ley Federal del Trabajo. Circunstancias que vulneran en perjuicio de la parte quejosa, el derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, dispositivo relativo al derecho de acción dirigido a los órganos de naturaleza jurisdiccional de estar prontos a administrar justicia en los plazos y términos que la ley establece; conculcando de esa manera el derecho a que se le administre justicia de manera pronta y expedita, al desatender el principio de justicia pronta, por no ordenar la práctica de la continuación del procedimiento laboral dentro de los términos y plazos que para tal efecto establece la legislación aplicable. Por último, debe decirse que no pasa desapercibido para este Juzgador, que respecto a la falta de prosecución judicial en el juicio laboral, invocado por la parte quejosa, los alcances de la protección constitucional deben delimitarse al acto reclamado, y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, y por tanto, en el caso no sería viable conceder respecto de los actos futuros que se pudieran dar dentro del procedimiento de origen, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Guarda relación con lo antes señalado la tesis 2a. CV/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Finalmente, no es óbice que en el presente asunto no se haya ordenado emplazar al demandado "Terminal Marítima de Veracruz S.A. de C.V.", en su carácter de tercero interesado, pues como se advierte, tampoco lo ha sido en el juicio laboral de origen, y por lo tanto no se ha constituido la relación procesal, y dicha empresa no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender. Máxime que no se le causa perjuicio, sino por el contrario se ordena atender una cuestión de orden público, como es la prosecución de un procedimiento con apego a plazos legales, que beneficia a la resolución de controversias. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J.67/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender. CONCLUSIÓN En tales condiciones, la determinación emitida el auto que señaló la audiencia de cuatro de febrero de dos mil veintidós, incurrió en una dilación injustificada del proceso laboral 839/2021 de la Junta responsable al retrasar de tal forma la tramitación de dicho juicio y como consecuencia de ello la garantía de pronta y expedida impartición de justicia del quejoso, lo que se ve agravado por la falta de notificación a las partes de dicho proceso. EFECTOS DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONA En consecuencia, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Víctor Ángel Susvilla Ponce contra el acto reclamado a 1. La Junta Especial Número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en Veracruz, Veracruz, 2. Presidente y 3. Actuario adscritos a dicha junta especial, para el efecto de que: 1. La Junta Especial Número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en Veracruz, Veracruz, y su 2. Presidente, observen en lo subsecuente los términos legales en el trámite del procedimiento y lo prosigan hasta el cierre de instrucción correspondiente con la celeridad requerida por la ley. Efecto que se establece tomando en cuenta el reclamo de la dilación en el procedimiento, más allá de la fijación de la ya mencionada fecha de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, esto dado a la fecha en que se resuelve el presente juicio, si se ordenara que la Junta responsable dejara insubsistente el acuerdo reclamado y dictara una nueva determinación en la que señalara una nueva fecha para la celebración de la audiencia en comento, dentro de los quince días siguientes a la fecha del acuerdo que para ello emitiera, y se lo notificara a las partes con diez días de anticipación a dicha audiencia cuando menos, en términos de lo dispuesto en el artículo 873, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo, se correría el riesgo de que la tutela constitucional causara a la parte quejosa mayores perjuicios que beneficios, de ahí que el efecto del presente fallo se hace consistir únicamente en que en lo subsecuente, la Junta responsable observe los términos legales en el trámite del procedimiento. En el entendido que este juzgado está consciente que en la tramitación del asunto correspondiente se puede incurrir en dilaciones justificadas por la preparación y desahogo de alguna prueba ofrecida por las partes o por alguna otra contingencia que escape del estricto control de la Junta responsable, las que por supuesto, en la medida que se comprueben debidamente no forman parte de los efectos señalados en los párrafo que anteceden. Asimismo se concede la protección constitucional para que el 3. Actuario Notificador adscrito a la Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en Veracruz, Veracruz, emplace inmediatamente a las partes al juicio natural 839/2021, o en su caso, acredite la imposibilidad que tuvo para ello. Dicha concesión se hace extensiva para que el 2. Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en Veracruz, Veracruz, en su carácter de superior jerárquico verifique el correcto desahogo de dicho emplazamiento y lo acredite ante este órgano jurisdiccional. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del dos mil veinte. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Víctor Ángel Susvilla Ponce en contra de los actos reclamados y autoridades precisados en el considerando segundo de la presente resolución, por las razones expuestas y para los efectos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley..."
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los oficios signados por las autoridades responsables 1. y 2. Presidenta de la Junta Especial número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, y el 3. Actuario de la citada Junta Especial, residentes en Veracruz, Veracruz, mediante los cuales rinden informe justificado. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos sus INFORMES JUSTIFICADOS, y con los mismos, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que anexan a su informe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la referida ley. Notifíquese en términos de ley.
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