Víctor Andrés Castañeda Guzmán

Expediente 235/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
235/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
24/08/2021

Partes del expediente

  • Víctor Andrés Castañeda Guzmán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Téngase al Jugado de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, acusando recibo del oficio 13480/2021, por el que se le devolvieron dos discos en formato DVD relativos al acto reclamado; de su contenido se toma conocimiento y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en este asunto. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se negó la protección constitucional. El original del incidente de suspensión es depurable de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo en virtud de que se negó y concedió la suspensión definitiva. El duplicado del incidente de suspensión es destruible con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a su destrucción conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además, de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VI. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las doce horas con treinta y ocho minutos del diecinueve de julio de dos mil veintiuno, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 235/2021-VI, promovido por ******************, por derecho propio, contra actos de la Juez de Control de Cuautitlán, Estado de México, ante la presencia de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario hace relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el presente expediente. Acto continuo se acuerda: téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendido el informe justificado que obra en autos. Período de pruebas. Abierto el período probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales ofrecidas por las partes. Período de alegatos. Abierto el período de alegatos, se hace constar que no fueron formulados. Se cierra este periodo. Sin diligencias pendientes por practicar, se da por concluida la presente audiencia constitucional, de la que se levanta el acta para constancia legal. A continuación se procede a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 235/2021-VI; y, R E S U L T A N D O I. El cinco de abril de dos mil veintiuno, se ingresó al buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el escrito de demanda de amparo signado por ******************, contra actos del Juez de Control de Cuautitlán, Estado de México, mismo que fue turnado a este Juzgado de Distrito el siete siguiente. II. En proveído del ocho de abril de dos mil veintiuno, se aceptó la competencia declinada y se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 235/2021-VI; se requirió el informe justificado a la responsable, dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional y se emplazó como tercero interesadas a ****************** y a ******************, Agente del Ministerio Público, que integró la carpeta administrativa 255/2021. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues en el caso el acto reclamado fue ejecutado y se atribuye a una autoridad que tienen su residencia en el lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en la demanda de amparo, se hacen consistir en: - El control de detención del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. - El auto de vinculación a proceso del veinte de marzo de dos mil veintiuno, en la carpeta administrativa 255/2021. TERCERO. El Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó los actos reclamados que se le atribuyen. Aunado a que así se advierte de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. CUARTO. Al no existir causal de improcedencia hecha valer por las partes o que se advierta de oficio, procede el estudio de fondo del asunto. El quejoso hace valer como conceptos de violación lo siguiente: La puesta a disposición de los acusados no cumplió con la expresión sin demora, o de manera inmediata, dado que transcurrieron más de cuatro horas para cumplir dicha actuación. La Agente del Ministerio Público no cumplió con lo establecido en el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que se la paso leyendo el contenido de su carpeta de investigación. En los datos de prueba no existe razonabilidad de que el quejoso participó, al menos de forma mínima en la comisión del hecho delictivo que se le reprocha. No se respetó el principio de presunción de inocencia, dado que con los datos de prueba no se acredita la probabilidad de que participó en la comisión del delito que se le reprocha. CALIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. En primer orden se analiza el acto reclamado consistente en la calificación legal de la detención del quejoso. El artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Por su parte, el artículo 146, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es del tenor literal siguiente: "Artículo 146. Supuestos de flagrancia. Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: (.) II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización.". El precepto legal transcrito refleja la disposición constitucional contenida en el artículo 16, párrafo quinto, Constitucional, en la que se permite a cualquier persona detener al posible infractor en caso de sorprenderlo en flagrancia, para ponerlo inmediatamente a disposición de la autoridad más cercana, la que a su vez deberá poner al presunto infractor a disposición del representante social. La norma legal en cita establece dos supuestos en los que puede entenderse que la detención se hizo en la comisión flagrante de un delito, a saber: La denominada como flagrancia en estricto sentido, que es aquélla que se realiza en el momento mismo de la comisión de la conducta ilícita; y, La cuasi flagrancia, que es la que se verifica en el momento de la huida u ocultamiento del sujeto, que se genera inmediatamente después de la comisión del ilícito. En la especie, como bien lo señaló el Juez de Control, es legal la detención del quejoso, al estimar que se encontraban satisfechas las exigencias constitucionales y legales, puesto que, de los datos de prueba que fueron referidos por la Agente del Ministerio Público, que en el momento, las denunciantes fueron coincidentes en señalar inmediatamente después de los hechos, a los inculpados, entre ellos al aquí quejosos; esto es, la segunda de las hipótesis precisadas. Lo anterior es así, dado que el juez consideró que el pasivo no presentaba lesiones al momento de ingresar al centro de rehabilitación, como lo refirieron las testigos ****************** y ******************, y que una vez que apreciaron sin vida al occiso este ya presentaba lesiones en la cara, mismas que fueron provocadas por los imputados ******************, ******************, y el menor de edad de iniciales ******, dado que fueron las personas que recibieron a la víctima a las veintitrés horas con treinta minutos del día de los hechos, mismos que se encontraban a cargo de ésto. Ahora, de las pruebas aportadas por la Agente del Ministerio Público, en específico de lo narrado por los denunciantes, así como del informe policial homologado y entrevista de los policías ********************* y *********************, mismos que se pusieron a disposición a los acusados, entre ellos al aquí quejoso, el juez responsable calificó de legal la detención aquí reclamada, dado que no advirtió actos de tortura respecto de los detenidos, o dato alguno de que los hubieran trasladado a otro lado, o en su caso, que en ese lapso les hubieran fabricado pruebas. Además, consideró que a dichos elementos se les solicitó el apoyo por parte de los denunciantes a las cuatro horas con treinta minutos del catorce de marzo de dos mil veintiuno, por lo que de inmediato acudieron al lugar solicitado, y las cinco horas de ese día detuvieron a los dichos acusados, mismos que pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público a las siete horas, por lo que no consideró que dentro de esas dos horas se le hubiera causado algún perjuicio o violado algún derecho al aquí quejoso. Motivos por los que se advierte que la calificación de legalidad de la detención se realizó en estricto acatamiento de la norma fundamental y del código adjetivo nacional de la materia. En ese sentido, resulta infundado el concepto de violación identificado con la letra a, relativo a que la puesta a disposición de los acusados no cumplió con la expresión sin demora, o de manera inmediata, dado que transcurrieron más de cuatro horas para cumplir dicha actuación. En ese sentido, la conclusión alcanzada por la responsable se estima ajustada a derecho, pues efectivamente, la detención del quejoso fue inmediatamente después de cometerse un hecho delictuoso; por lo que es posible advertir que dicha detención actualiza el supuesto de la flagrancia contemplado en el artículo 146, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin contravenir los derechos fundamentales del quejoso. Además, el Juez de Control responsable expuso con claridad los fundamentos legales, argumentos y razones a partir de los cuales construyó las consideraciones en que sustenta el sentido de la determinación reclamada, resolvió sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresó consideraciones contrarias entre sí, para concluir que resultaba procedente calificar de legal la detención del ahora quejoso. Asimismo, se advierte que al momento de la detención no existieron violaciones al procedimiento, pues se le hicieron saber sus derechos. Máxime que el Juez responsable verificó el cumplimiento del plazo constitucional de retención, dado que el quejoso fue puesto a su disposición dentro de las cuarenta y ocho horas con que cuenta el Ministerio Público para tal efecto y, por ende, correctamente ratificó la legalidad de la misma, al encontrarse ajustada a derecho. Por tanto, al ser infundado el concepto de violación relatado, la determinación en la que se calificó legal la detención del quejoso no vulnera sus derechos fundamentales. AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. Una vez acotado lo anterior, se procede al estudio del auto de vinculación a proceso. En primer lugar debe decirse que en el nuevo sistema acusatorio de justicia penal se establece como requisito para el análisis de los datos de prueba, únicamente que el juzgador los considere de manera libre y lógica, lo cual si bien no exime la obligación de ponderar su alcance demostrativo, ello resulta ser tarea del juzgador, al llevar a cabo un razonamiento silogístico de los elementos ya demostrados con elementos aislados que lo lleven a la convicción de ponderar un juicio de racionabilidad sobre la conducta atribuida a los quejosos. Ciertamente, los numerales 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen los requisitos a que deben ceñirse los juzgadores para la emisión de un auto de vinculación a proceso; preceptos que estatuyen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". "Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento". Como se ve, el artículo 16 constitucional, así como los diversos numerales 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen los requisitos formales y materiales que debe satisfacer el auto de vinculación a proceso, destacando los atinentes a que dicha resolución debe estar debidamente fundada y motivada, en la cual se precise el hecho delictuoso que se imputa. Resulta conveniente dejar establecido lo que debe entenderse por fundamentación y motivación, conforme al artículo 16 de la Constitución Federal, el cual impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar las resoluciones que emitan, como en la especie lo es la que emitió la Juez responsable que aquí se reclama. Así, fundar, en tratándose de actos provenientes de la autoridad, significa expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso; y, motivar, consiste en señalar con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto. Además, es indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren las hipótesis normativas. De lo anterior se obtiene que en el dictado del auto de vinculación a proceso, se advierte un cambio de paradigma sobre la comprobación del cuerpo del delito y la justificación de la probable responsabilidad, que difiere de la anterior redacción del texto constitucional, pues indica que debe justificarse únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo". Asimismo, el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala: "Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación". Del precepto trascrito se desprende que hecho delictuoso es la materialización física de la conducta realizada por el activo, considerada en la ley como ilícita por el legislador penal; asimismo, los datos de prueba son los medios de convicción aún no desahogados ante el juez, los cuales deben ser suficientes para que se evidencie la probabilidad de que los indiciados lo cometieron o participaron en su comisión. Así las cosas, el juzgador debe examinar el grado de razonabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando como normas rectoras, entre otras, la legalidad (la imputación de hechos tipificados como delitos e información que constituya datos de su comisión), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Hecha la anterior precisión, a juicio del que resuelve, en el caso los datos de prueba existentes al momento de la emisión del auto de vinculación a proceso, como lo señaló el Juez responsable, son suficientes para estimar la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que los indiciados, y en el caso el aquí quejoso, lo cometió o participaron en su comisión. Surte aplicación al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), registro 160330, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, página 1942, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación". Bajo ese orden de ideas, resultan infundados los conceptos de violación esgrimidos por los quejosos, identificados con los incisos b) y c), pues contrario a lo que señala, el Juez responsable fundó y motivó debidamente el auto de vinculación reclamado, toda vez que únicamente debía atenderse el hecho o los hechos delictivos y la probabilidad de que los indiciados los cometieron o participaron en su comisión, sin que del mismo se pueda advertir violación a sus derechos fundamentales, tal y como lo pretenden hacer valer los quejosos. En efecto, con los datos de prueba el Juez responsable concluyó que se desprendía la manera en que se desarrollaron los hechos denunciados, así como la posible intervención del aquí quejoso, siendo claro en establecer: "Que en trece de marzo de dos mil veintiuno, a las veintitrés horas con treinta minutos, las denunciantes ****************** y ****************** llevaron a la víctima Juan Manuel Hernández Mancilla, al centro de rehabilitación ***********************, ubicado en camino al ***********, sin número, colonia ***********************, municipio de ***************, Estado de México, ya que presentaba problemas de alcoholismo, y a las dos horas se le informó a su madre ****************** que su hijo ya no reaccionaba y al acudir al centro de rehabilitación se percató que su hijo ya no contaba con vida y presentaba lesiones en la cara, solicitando el apoyo de la policía y asegurándose a los responsables del lugar de nombres ******************, ****************** y *********************, y poniéndolos a disposición del Ministerio Público, y llevándose el levantamiento de cadáver," Lo cual, entre otros datos de prueba, lo justificó con: - Acuerdo de inicio de investigación. - Informe policial homologado del catorce de marzo de dos mil veintiuno. - Diligencia de levantamiento de cadáver, del catorce de marzo de dos mil veintiuno. - Entrevistas de los remitentes ********************* y *********************. - Entrevista de las denunciantes ****************** y ******************. - Entrevista de los testigos ********************* y *********************. - Certificados médicos de los imputados. - Inspección ministerial en el lugar de los hechos. - Acta de nacimiento del occiso. - Dictamen en materia de criminalística de campo, del catorce de marzo de dos mil veintiuno. - Dictámenes de Medicina legal. - Inspección de una carta responsiva. - Dictámenes en materia de química forense. - Entrevistas de los imputados. - Testimonio de los testigos. - Documentales consistentes en placas gráficas. Pruebas con las que el juez responsable concluyó que las entrevistas de los testigos e imputados, fuero idóneas y pertinentes para acreditar la circunstancia de que el occiso fue privado de la vida, esto es, al proporcionarle lesiones, entre otras, en la cara, guardando congruencia con los demás datos de prueba, ya que en los dictámenes de medicina legal se estableció que la víctima fue privada de la vida de manera violenta al producirle lesiones contusas en el cráneo y abdomen, por lo que el dicho de las testigos resultó lógico y creíble al guardar congruencia con los demás datos de prueba, aunado a que no se acreditó que los testigos de cargo se condujeran con falsedad o animadversión. Además, se cuenta con la diligencia de inspección ministerial y dictamen de criminalística practicados en el lugar señalado como el de los hechos en los que se estableció que en la habitación del segundo nivel donde fuera encontrado el cuerpo, a éste se le apreciaron lesiones en la cara, encontrándose manchas de sangre sobre la colchoneta en que se encontraba el cadáver así como un tozo de camisa con manchas de sangre, y que de acuerdo con el dictamen de química forense, corresponde a sangre humana, con las cuales estableció que fue el mismo lugar en que propiciaron los golpes al pasivo, una vez que fue subido a ese lugar por los imputados ******************, ******************, y el menor de edad de iniciales ******, entre las veintitrés horas con treinta minutos y veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos. Además, de que el pasivo no presentaba lesiones al momento de ingresar al centro de rehabilitación, como lo refirieron las testigos ****************** y ******************, y que una vez que apreciaron sin vida al occiso este ya presentaba lesiones en la cara, y que las mismas le fueron provocadas por los imputados ******************, ******************, y el menor de edad de iniciales ******, quienes recibieron al pasivo a las veintitrés horas con treinta minutos del día de los hechos, y se encontraba a cargo de estos. En ese sentido, es claro que contrario a lo argumentado por la parte quejosa, los datos de prueba antes señalados, adminiculados entre sí, demuestran, al menos en el estadio procesal de origen, aunado al estándar probatorio que rige al auto de vinculación a proceso, que existen elementos suficientes para estimar la existencia del hecho ilícito y la probabilidad de que los indiciados, y en el caso el aquí quejoso, lo cometió o participaron en su comisión. Por consiguiente, los conceptos de violación identificados con los incisos c) y d) son infundados, toda vez que si bien refiere que el Agente del ministerio Publico se la paso leyendo la carpeta de investigación y que no existe razonabilidad de que el quejoso participó, al menos de forma mínima en la comisión del hecho delictivo que se le reprocha; como ya se indicó, los datos de prueba antes señalados, adminiculados entre sí, demuestran, al menos en el estadio procesal de origen, aunado al estándar probatorio que rige al auto de vinculación a proceso, que existen elementos suficientes para estimar la existencia del hecho ilícito y la probabilidad de que los indiciados, y en el caso el aquí quejoso, lo cometió o participaron en su comisión. Lo así razonado encuentra sustento en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/5 (10a.), sentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2377, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III. Materia(s): Constitucional, Penal. Décima Época. Número de Registro: 2007811, del rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRA-ARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el Constituyente Permanente determinó, entre otras cuestiones, la no formalización de las pruebas en cualquiera de las fases del procedimiento penal acusatorio, salvo excepciones. Asimismo, que el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria fue con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igualdad y contradicción; lo anterior, dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso de los contendientes, por una parte, las del Ministerio Público, víctima u ofendido del delito y, por otra, del inculpado y su defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y cuando exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; de ahí que en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial del Estado de Chihuahua, el Juez de control, al resolver sobre la procedencia del auto de vinculación del imputado, no debe estudiar los datos de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por dicha representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor". De tal manera que la posible ilegalidad en la obtención de los datos de prueba que sustente la teoría del caso expuesta por el Fiscal que realiza la imputación, debe ser materia de prueba en la etapa oral, precisamente bajo el principio de contradicción que tiene aplicación en la materia probatoria, cuyo principal objetivo es permitir la refutación, ya que por medio de aquél se posibilita debatir sobre la prueba de la parte contraria, de manera que constituye un examen de veracidad al que son sometidos los medios de convicción, porque a través de este principio se establece que tiene razón o no una parte u otra, pero no las dos en el mismo tiempo y en el mismo proceso. De ahí que los argumentos relacionados con tales datos resulten infundados, dado que conforme al artículo 75 de la Ley de Amparo, este órgano únicamente puede pronunciarse sobre el acto reclamado como lo hayan conocido las responsables. Finalmente, por lo que hace al diverso concepto de violación identificado con el inciso d), en el que en esencia refiere que existe violación a su garantía de presunción de inocencia, debe decirse que con el acto reclamado, no se ve afectado o vulnerado dicho principio en razón de que las consideraciones que anteceden han mostrado que al quejoso se les sigue la investigación relativa por el hecho que se le imputa, apegándose estrictamente a las formalidades y reglas que para tal efecto, se prevén en los ordenamientos aplicables, es decir, tanto los preceptos constitucionales como los legales; lo que dejar ver incuestionablemente el respeto irrestricto al principio que se examina, pues sólo bajo esos supuestos se ve cumplido aquél, habiéndose garantizado que no se violaron los derechos consustanciales de legalidad y seguridad jurídica y, por adición, la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre de las personas. Además, con el dictado de la resolución de modo alguno constituye una verdad jurídica que evidencie la culpabilidad definitiva de los imputados, y en el caso del quejoso, pues se trata únicamente del dictado de un auto de vinculación a procesos, con base en los datos de pruebas que para el efecto la autoridad acusadora presentó ante el Juez de Control responsable, lo que no implica una resolución que suponga la anticipación de la pena que contraviniera el principio de presunción de inocencia de mérito. Lo que hace infundado el atinente concepto de violación; máxime que en su caso, con las pruebas que se aporten y desahoguen en juicio, son las que las partes aporten en la etapa de juicio, pues tal y como lo establece el artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiere que cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito; además de que las pruebas serán valoradas por el órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. De ahí que no se vulnere en perjuicio de los quejosos el principio de presunción de inocencia, pues el acto reclamado se dictó en su contra al encontrarlos, a manera probables responsables de la comisión del hecho imputado bajo los datos de prueba ofertados por la representación social, sin embargo, será con las pruebas que las partes aporten en juicio con las que se emitirá la sentencia que en derecho corresponda, de ahí lo infundado de su concepto de violación Sirve de apoyo la jurisprudencia número 1a./J. 24/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 497, Registro: 2006092, de rubro y texto siguiente: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena." En ese sentido, toda vez que resultan infundados los motivos de disenso, además de que, a criterio del que suscribe, el acto reclamado se encuentra apegado a derecho, pues con la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado, no se observa vulneración a algún derecho fundamental de los quejosos, se niega el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73 a 77, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe. Doy fe. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Visto que a la fecha no obra la constancia de notificación del oficio 9214/2021, girado a la autoridad responsable el dieciséis de los cursantes, en el que se comunica el cambio de titular de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las doce horas con treinta y ocho minutos del diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Sin que sea necesario notificar esta determinación a la autoridad responsable, toda vez que dicha circunstancia no le irroga perjuicio alguno. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se hace del conocimiento de las partes, que mediante oficio SEADS/365/2021, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó a este órgano federal que el Pleno del propio Consejo, en sesión del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, acordó la adscripción del Juez Juan Manuel Villanueva Gómez a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en sustitución del Juez José Álvaro Vargas Ornelas, con efectos a partir del dieciséis de junio de dos mil veintiuno, circunstancia que se informa para los efectos legales a que haya lugar. Al respecto se invoca la Jurisprudencia 2a./J.104/2010, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII (Julio de 2010), página 312, que a la letra indica: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Notifíquese mediante lista. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia del titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/1142/2021 del siete de junio de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · 9,679 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano