Víctor Alonso Nolasco Medrano

Expediente 198/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
198/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
29/06/2017

Partes del expediente

  • Víctor Alonso Nolasco Medrano
  • Víctor Alonso Nolasco Medrano y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por el quejoso VÍCTOR ALONSO NOLASCO MEDRANO; en atención a su contenido, devuélvasele el documento que anexó a su demanda de amparo, previa copia certificada que se deje en autos y acuse de recibo. Se le previene al citado quejoso a fin de que se presente en horas y días hábiles, dentro del término de noventa días ante este juzgado a recoger el documento ordenado devolver; apercibido que de no hacerlo dentro del citado plazo, la documental podrán ser destruida junto con el expediente; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero, último párrafo del multicitado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Notifíquese. IB-P

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio de garantías, el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete (fojas 34 a 35), en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por VÍCTOR ALONSO NOLASCO MEDRANO, quien promueve por propio derecho y en representación de la empresa denominada SANI MÓVIL DE MÉXICO, Sociedad Anónima de Capital Variable y de DAVID MANUEL VÁZQUEZ RUIZ; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, se hace saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. I-B PENAL

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que VÍCTOR ALONSO NOLASCO MEDRANO, quien promovió la demanda de amparo por propio derecho y en representación de la empresa denominada SANI MÓVIL DE MÉXICO, Sociedad Anónima de Capital Variable y de DAVID MANUEL VÁZQUEZ RUIZ, no cumplió con el requerimiento de ocho de mayo de dos mil diecisiete, dentro del plazo que para tal efecto se le concedió (foja 30 y 33); en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo. Para los efectos de la publicidad de esta determinación en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, como las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, empero aun cuando no haya manifestado dicha oposición, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberá suprimir los datos sensibles que puedan contener, procurando que dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que se ordena a la Secretaría de este juzgado que elabore la correspondiente versión pública, siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito a partir de la identificación y marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente, toda vez que en el mismo se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a las que alude el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, al no ser derogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente. Notifíquese. IB-P

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, ocho de mayo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, presentada por VÍCTOR ALONSO NOLASCO MEDRANO, quien promueve por propio derecho y en representación de la empresa denominada SANI MÓVIL DE MÉXICO, Sociedad Anónima de Capital Variable y de DAVID MANUEL VÁZQUEZ RUIZ, contra actos de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del municipio de Tehuantepec, Estado de Oaxaca, y del Actuario adscrito a dicha Junta Especial. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 198/2017. Ahora bien, como se advierte omisiones e irregularidades en la demanda de amparo de que se trata, a fin de que este Tribunal esté en condiciones de proveer lo que conforme a derecho proceda respecto de su admisión o no, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y III, con relación con los artículos 10, 108, fracciones I y V, y 110, primer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente de amparo para que dentro del plazo de cinco días, por escrito que formará parte integrante de su demanda de amparo, y bajo protesta de decir verdad, con el número de copias suficientes, una para cada una de las autoridades que señala como responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, una para cada uno de los terceros interesados y dos para integrar el incidente de suspensión respectivo, aclare su demanda en los siguientes términos: 1. Exhiba original o copia certificada por funcionario público o autoridad competente del documento con el cual acredite fehacientemente la representación legal que dice tener respecto de la persona física David Manuel Vázquez Ruiz; o bien, aclare si únicamente promueve la demanda de amparo en representación de la empresa SANI MÓVIL DE MÉXICO, Sociedad Anónima de Capital Variable. Lo anterior, constituye una obligación que le impone el artículo 10, en su vinculación con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que en la demanda de amparo indirecto se expresará el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número P./J. 43/96, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a fojas 48, correspondiente a la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 30/90, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Único en Materia Administrativa del Primero y Tercer Circuitos, intitulada: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. 2. Indique si también promueve la demanda de amparo por propio derecho o únicamente en representación de la persona moral y física que refiere en el proemio de su demanda. Lo anterior, en virtud de que de la lectura de la demanda de amparo, no se desprende que el promovente de amparo sea parte en el juicio laboral 105/2016, del índice de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del municipio de Tehuantepec, Estado de Oaxaca. 3. Precise si en el juicio laboral 105/2016, del índice de la Junta responsable, ya se dictó sentencia o laudo definitivo; o bien, señale el estado procesal que guarde dicho juicio. Se apercibe al promovente de amparo que de no cumplir con el requerimiento que en este auto se le formula, de no informar lo conducente, de contestar con evasivas, o de no exhibir las copias requeridas de su escrito aclaratorio, dentro del plazo que se le ha concedido, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Téngase al promovente, señalando como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que indica en su demanda. Por otra parte, no ha lugar a tenerle por señalado como domicilios para oír y recibir toda clase de notificaciones, los que señala en el proemio del escrito de demanda, dado que no se ajustan a las exigencias del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en la medida que se encuentran fuera del lugar de residencia de este Juzgado; por consiguiente, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, háganseles sus notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones. Tampoco ha lugar a tenerlo señalando la dirección de correo electrónico y los números telefónicos que indica para recibir notificaciones, toda vez que la Ley de Amparo no prevé esa forma de practicar notificaciones, pues únicamente se contempla en dicho ordenamiento legal, específicamente en el artículo 26, fracción IV, las realizadas por la vía electrónica a las partes que previamente hayan obtenido la Firma Electrónica, lo que en el caso no acontece. Notifíquese.

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