Victor Alfonso Sanchez Montoya
Expediente 697/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Victor Alfonso Sanchez Montoya
Actuaciones
- Principal
"... Agréguese el oficio procedente del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, mediante la cual devuelve diligenciado el exhorto 24/2021 del índice de este Juzgado, se encomendó notificar el auto de dieciséis de junio del año en curso, al quejoso *****. Dése de baja en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, vistos los autos y la certificación marcada con el inciso 1), se advierte, que en la especie, en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo promovida por *****, el cual se le notificó el treinta de junio de la presente anualidad; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98, de la Ley de Amparo; .... se declara que dicho auto ha causado estado. Asimismo, de la certificación marcada con el inciso 2), se advierte que el plazo de tres días otorgado al quejoso ******, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió del dos al seis de julio del año en curso, tomando en consideración que se le notificó el treinta de junio pasado. En consecuencia, .... practíquense las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal por lista de acuerdos. Archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que éste expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente, ello de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo..."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Vista la boleta de turno y el oficio del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, mediante el cual remite la demanda promovida por Víctor Alfonso Sánchez Montoya, contra actos del Juez de Control de San Francisco Tanivet, Oaxaca y otra autoridad. Ahora, de la comunicación de cuenta se advierte que el Juez oficiante declinó el conocimiento del juicio de amparo 190/2021-8 de su índice, al considerar que se actualiza el supuesto referido en el artículo 37 de la Ley de Amparo; por tanto, este Juzgado ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 697/2021. Improcedencia. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo se desprende que el quejoso reclama del Juez de Control San Francisco Tanivet, Oaxaca, la determinación emitida para que comparezca ante ese Juzgado. En ese sentido, se estima que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el precepto 107, fracción I, de la Constitución Federal y el diverso 5, fracción I, del primer ordenamiento citado, los cuales disponen: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (.)". Los preceptos transcritos, establecen que el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Del análisis del referido artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo solamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley que se reclame; esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial- siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida implica que tenga que ser real y no de carácter subjetivo. Para que se actualice un agravio, éste debe afectar algún derecho jurídicamente tutelado en favor del directo quejoso, es decir, de quien acude a la demanda de amparo, a efecto de salvaguardar aquel derecho; por lo que ese agravio debe concretarse en aquél y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. Para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere por una parte de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle, habida cuenta que si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal, o en caso de existir, no resientan perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados, no es viable tener por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia. Para que proceda la acción constitucional, no basta que se manifieste o en su caso se acredite algún interés cualquiera o simple sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. En ese contexto, únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica; de conformidad con lo expuesto en la fracción I, del numeral 107 de la Carta Magna. Por su parte, los numerales 21, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función." (...) "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. En el caso, la parte quejosa se duele de la determinación emitida por el Juez de Control de San Francisco Tanivet, Oaxaca,, para que comparezca ante ese juzgado. Ahora bien, la orden de citación reclamada está encaminada a la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos por parte de la autoridad ministerial ante quienes se haya realizado la denuncia con ese fin, lo cierto es, que dicho acto no ocasiona un perjuicio a la esfera jurídica del impetrante del amparo, porque no se ha ocasionado alguna afectación en sus derechos fundamentales, como el de gozar de libertad o algún otro. Lo anterior, no implica que el quejoso hubiere participado en la comisión de un hecho probablemente constitutivo de algún ilícito, ya que simplemente representa un aviso de que debe presentarse ante la autoridad jurisdiccional o ministerial a efecto continuar con la investigación. En efecto, para emitir el acto reclamado, la autoridad señalada como responsable únicamente está actuando en estricto apego a las facultades que les son conferidas en el precepto constitucional marcado con el numeral 21, de tal modo que a la parte quejosa no se le causa un perjuicio de índole jurídico, la investigación que se realice en relación a hechos que puedan determinar si un hecho es calificado como delito, o no. En ese orden de ideas, no puede considerarse que la citación reclamada está encaminado a la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos por parte de la autoridad responsable, sin que ocasionen un perjuicio a la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa, pues su emisión se trata de un acto futuro de realización incierta ya que la autoridad correspondiente podría determinar que, con motivo de la investigación que en su caso se realizara, el aquí quejoso no tendría responsabilidad alguna, caso en el cual, ninguna afectación resentirá en su esfera de derechos. Ante este panorama no existe un acto tendente de manera inmediata a privar de la libertad a la parte quejosa y que por ello lesione sus derechos humanos o las garantías que para su protección establece la norma fundamental, ya que en todo caso será hasta que la autoridad jurisdiccional determine que existe la posibilidad de que el indiciado lo cometió o participo en su comisión; y derivado de la petición que formule el representante social, se ordene entonces librar una orden de aprehensión, momento en el cual, de forma real y efectiva se afectará su esfera jurídica. Y si bien, el promovente debe comparecer ante la autoridad señalada como responsable, ello no es motivo para que su libertad se vea afectada, pues su presencia únicamente busca demostrar la verdad detrás de los probables hechos delictuosos para determinar si existe o no responsabilidad de su parte en la comisión de aquéllos, mas no así, privarlo de su libertad; además, se encuentra con libertad de acudir o no a la orden de citación; por tanto, dicho acto, no tiene como finalidad restringir su derecho de libertad, pues ésta sería, como ya se destacó, la diversa en la que se determine librar la orden de aprehensión por una autoridad judicial. Considerar que la orden de citación para que comparezca ante el Juzgado de Control de San Francisco Tanivet, transgrede su derecho de libertad, resulta improcedente, porque lejos de beneficiar la administración de justicia y garantizar los derechos de las partes en el procedimiento, concebiría un abuso en la promoción del juicio de amparo indirecto, que a su vez daría origen a la dilatación en la celebración de las etapas que integran el nuevo sistema penal. Lo anterior, en apego al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, en el que definió que de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar; por ende, ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Consideraciones que se encuentran contenidas en la jurisprudencia 78/2018, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Registro digital: 2018828, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materia(s): Común, Penal, Tesis: 1a./J. 78/2018 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación., Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 239, Tipo: Jurisprudencia. Desechamiento. En consecuencia, con fundamento en el diverso 113 del ordenamiento legal invocado, por notoriamente improcedente, de plano, se desecha, la demanda de amparo. Notificar al quejoso vía exhorto. Como la parte quejosa, señaló su domicilio fuera de la jurisdicción de éste órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese exhorto vía electrónica a través del Sistema de Seguimiento de expedientes (SISE), al Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisionen a quien corresponda realice lo siguiente: a) Notifique al quejoso Víctor Alfonso Sánchez Montoya, el presente proveído, en el domicilio ubicado en Avenida Lira y Ortega, Número 70, Colonia Centro, en la Ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala. b) Le requiera para que en el acto de la diligencia o en plazo de tres días, computado legalmente, señalen domicilio donde recibir sus notificaciones en esta localidad o municipio conurbado; apercibidos que de no hacerlo, las subsecuentes, se le harán por medio de lista de acuerdos, inclusive, las de carácter personal; tal como lo dispone el artículo 27, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley de Amparo. Autorizados. Téngase por autorizados únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que menciona por así solicitarlo expresamente. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de la materia, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. Lo provee y firma electrónicamente, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca Fidel Gallegos Figueroa, con el Secretario, Marcos Rodrigo Sánchez Díaz, quien autoriza y da fe.
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