Víctor Alfonso Rivera Barrera
Expediente 159/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 159/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 19/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Víctor Alfonso Rivera Barrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dictado por este órgano jurisdiccional, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, promovido por -----------, por su propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y glósese a los autos únicamente el original del cuaderno incidental correspondiente. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este juzgado. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículos 18, fracción I, inciso a; 20, fracción II, inciso a, y 21, inciso a, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; . EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. ... Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;" Por lo acordado en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE EL EXPEDIENTE PRINCIPAL ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo; en tanto el original del incidente de suspensión es depurable, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, por tanto, se deben dejar únicamente la demanda y determinaciones en las que fue concedida la suspensión, de las que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. En tanto que, el duplicado del incidente de suspensión es destruible, en términos del acuerdo general previamente transcrito. Asimismo, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General Conjunto antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 159/2021-VI, promovido por ---------------, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otras autoridades. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y turnado a este órgano de control constitucional, el mismo día, ---------------, por propio derecho, demandó la protección constitucional, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otras autoridades. SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman vulnerados. En su demanda de amparo el quejoso estimó que los actos reclamados son violatorios de los derechos humanos que consagran los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio. Mediante proveído de doce de marzo dos mil veintiuno, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, admitió a trámite la demanda de amparo; requirió a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público adscrito, quien no formuló pedimento; y señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución General de la República, 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la fracción II de la Sección Cuarta del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación al Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que el acto reclamado trató de ser ejecutado dentro de la circunscripción territorial asignada a este juzgado federal (municipio de Tultitlán). SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de una lectura integral de la demanda de amparo,3 y de las demás constancias del expediente,4 se precisa que el quejoso reclama: La orden de aprehensión dictada en contra de ----------------, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El acto reclamado resulta inexistente, ya que al momento de rendir su respectivo informe justificado, las siguientes autoridades responsables negaron haber dictado o tratado de ejecutar la orden de aprehensión en contra del quejoso: 1. Fiscal General de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; 2. Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género con sede en Atizapán de Zaragoza, Estado de México; 3. Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Atizapán de Zaragoza, México; y, 4. Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. En mérito de lo anterior, si las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados, era preciso que la parte quejosa probara lo contrario dentro de la secuela del procedimiento o en la propia audiencia constitucional, sin que lo haya hecho, no obstante que oportunamente se le dio vista con el contenido de los informes justificados rendidos por las responsables, a efecto de que estuviera en aptitud de aportar los medios de prueba que considerara pertinentes para desvirtuar la negativa de la existencia de los actos reclamados. En consecuencia, si en la especie los actos reclamados son un hecho positivo, era obligación de la parte quejosa probarlo, y no así la negativa de hechos realizada por las responsables, porque evidentemente no existe materia qué comprobar. Por tanto, es claro que en el caso concreto se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, lo que obliga a sobreseer el presente juicio. Ahora bien, no pasa desapercibido que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Adscrito al Primer Turno del Centro de Justicia de Atizapán, Estado de México, fue omisa en rendir su informe justificado, sin embargo, en el caso no ha lugar a presumir cierto el acto que se le reclamó, ya que dicha autoridad no tiene la facultad de librar ordenes de aprehensión, pues de conformidad con el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello es una facultad exclusiva de la autoridad judicial. 3 Tesis III.1o.A.31 K, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la demanda de garantías es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que además de analizar éste, debe comprender igualmente la ampliación, aclaración y documentos que la acompañan, porque de hecho forman parte de ella y sólo así puede alcanzarse la interpretación completa de la voluntad del que demanda la protección de la Justicia Federal." 4 Tesis: II.3o.A.23 K (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III Materia(s): Común Página: 1554, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS EN EL AMPARO INDIRECTO. MÉTODO PARA SU FIJACIÓN Y ANÁLISIS POR EL JUEZ DE DISTRITO Y POR EL TRIBUNAL REVISOR, CUANDO EL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO ES CONFUSO. De los criterios jurisprudenciales y aislados sustentados por el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que, para fijar correctamente los actos reclamados que serán materia del análisis constitucional, debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, por virtud de su sentido de indivisibilidad, sin atender a los calificativos que, en su enunciación, se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pero si fuera el caso que, aun eso fuera insuficiente, entonces los juzgadores deberán armonizar -además de los datos que emanen del escrito inicial- la información que se desprenda de la totalidad del expediente del juicio, buscando lograr que su sentido sea congruente con todos esos elementos e identificando los reclamos con alguno de los supuestos de procedencia del amparo, lo que deberá hacerse con un sentido de liberalidad no restrictivo y atendiendo, preferentemente, al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión (es decir, debe preferirse lo que quiso decir el quejoso y no lo que en apariencia dijo, a partir de una valoración rígida o literal del capítulo respectivo) y, todo ello, con el objeto de lograr una congruencia entre las pretensiones, lo que será resuelto y lo que razonablemente puede ser materia del juicio constitucional en función de los supuestos de su procedencia, sin que pueda considerarse que esto implique una suplencia de queja, sino la recta precisión de un presupuesto que será la base de la litis del juicio constitucional. Esta valoración debe ser especialmente cuidadosa, cuando se trata de determinar si fueron varios los reclamos autónomos del quejoso o si se está ante una impugnación conexa de varios actos indisolublemente relacionados, respecto de los cuales sería indebido un juzgamiento aislado por cada reclamo aparente; por todo lo anterior, si dichos aspectos y método no fueron observados por el Juez de Distrito en la sentencia de amparo indirecto sujeta a revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito, como órgano revisor, de oficio y sin necesidad de agravio, deberá corregirlos para evitar que el proceso constitucional culmine con una sentencia incongruente que no corresponda a la realidad de lo impugnado por el quejoso." En consecuencia ya que tal responsable tiene el carácter de autoridad ejecutora, su participación en el acto reclamado depende de lo que en su caso determine un juez ordenador, y si en el caso, el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México negó el acto reclamado, es evidente que la autoridad ministerial, no podría materializarlo, de ahí que se tenga por inexistente. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto de las autoridades señaladas por la parte quejosa como: "Coordinador de la Dirección General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México" y "Subprocurador Regional de Justicia con Residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México" dado que en la audiencia constitucional se tuvieron por inexistentes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ------------, por propio derecho, respecto de los actos precisados en el considerando segundo y por los motivos expresados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista a las partes, en términos de lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a trece de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista otorgada a las partes en proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, respecto del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, a efecto de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. En consecuencia, a efecto de dar margen a lo anterior y no violar las reglas del procedimiento, lo conducente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo, día y hora disponibles en la agenda que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Al respecto, con apoyo en el numeral 25, del Acuerdo General 21/2020, para el efecto de que si las partes estiman conveniente estar presentes en la audiencia constitucional, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia; para lo cual, se les concede el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a fin de que manifiesten tal situación, y en caso de no hacerlo, se les tendrá por desinteresados y se llevará a cabo sin su asistencia. Ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la hora señalada para la celebración de la audiencia de Ley, de manera física o en línea. Para el caso de que las partes asistan al desahogo de la audiencia constitucional, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentra a su disposición en Apple store y google play. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Incidental
En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del ocho de abril de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 159/2021-VI, promovido por -------, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se procede a celebrarla ante la presencia de René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ante Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, Secretario que da fe, sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias de autos entre las que se encuentran: 1. Copia simple de la demanda de amparo suscrita por Víctor Alfonso Rivera Barrera. 2. Auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, por el que se formó por duplicado y separado la presente incidencia y se proveyó sobre la suspensión provisional del acto reclamado; Asimismo, el Secretario certifica que el término de tres días otorgado a la parte quejosa en autos de veinticuatro y veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, transcurrió del veintinueve al cinco y del cinco al siete, todos de marzo de dos mil veintiuno, sin que haya realizado manifestación alguna en cuanto a la denominación actual y correcta de las autoridades responsables: Subprocurador Regional de Justicia con Residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Coordinador de la Dirección General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Por otra parte, el Secretario hace constar que la siguiente autoridad responsable: Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno del Centro de Justicia de Atizapán, Estado de México. Fue omisa en rendir su informe previo; no obstante, de estar debidamente notificada para tal efecto, según se advierte de la constancia de notificación que obra agregada en autos. Acto seguido el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias para los efectos legales procedentes y con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes previos de las autoridades responsables que así lo hicieron. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista otorgada en auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, lo procedente es hacer efectivo el apercibimiento decretado en dichos proveídos y se deja de tener con el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo a la autoridad que señaló en su demanda como Subprocurador Regional de Justicia con Residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México y Coordinador de la Dirección General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Respecto de la autoridad que fue omisa en rendir su informe previo se resolverá lo conducente en la resolución que al efecto se dicte. Abierto el periodo de pruebas: El Secretario hace constar que las partes no ofrecieron prueba alguna. Acto seguido el Juez acuerda: Sin pruebas por acordar se culmina con la fase probatoria. Abierto el período de alegatos: El Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de este derecho. Acto seguido el Juez acuerda: Sin alegatos por reproducir se concluye con esta etapa. En los términos precedentes se tienen por desahogadas las etapas de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y alegatos de la audiencia incidental, por lo que se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la resolución que en derecho proceda, con la que concluirá dicha audiencia. VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 159/2021-VI, promovido por -------, por propio derecho, en contra de los actos y autoridades precisados en la copia de la demanda con que se formó este cuaderno los cuales en este acto se tienen por reproducidos como si se insertaran a la letra, en obvio de repeticiones innecesarias; y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y turnado a este Juzgado Federal, hasta el diez de marzo siguiente, Víctor -------, promovió juicio de amparo contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otras autoridades. SEGUNDO. Por auto de doce de marzo del año en curso, este Juzgado Federal ordenó formar por separado y duplicado el incidente de suspensión, solicitó a las autoridades responsables informes previos y fijó hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la cual inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver la presente resolución incidental, de conformidad con los artículos 103 y 107, Constitucionales; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 140 y 144, de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 artículo primero fracción II, segundo fracción II y cuarto fracción II, emitido por el Pleno del consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación al Acuerdo General 53/2018 del Pleno del consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que los actos reclamados por la parte quejosa, pudieran tener ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Ahora bien, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, procede hacer la fijación del acto que por esta vía se reclama, esto es: La orden de aprehensión y/o la privación de la libertad dictada en contra de Víctor Alfonso Rivera Barrera, así como su ejecución TERCERO. Las siguientes autoridades responsables al rendir su informe previo negaron la existencia de los actos reclamados: Fiscal General de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género con sede en Atizapán de Zaragoza, estado de México. Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Atizapán de Zaragoza, México. Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. Ahora bien, la autoridad responsable: Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno del Centro de Justicia de Atizapán, Estado de México. Fue omisa para rendir su informe previo, a pesar de estar debidamente notificada para tal efecto, según se advierte del acuse de recibo que obra glosado a la presente incidencia; sin embargo, en el presente caso, en cuanto hace al acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, no opera la presunción de certeza a que se refiere el artículo 142 de la Ley de Amparo, pues dentro de las facultades que tiene dicha autoridad no se encuentra la de emitir ese tipo de órdenes, de ahí que la negativa de ese acto reclamado emitida por el juez de control responsable, se haga extensiva a dicha autoridad. En mérito de lo anterior, si las autoridades responsables citadas negaron la existencia de los actos reclamados precisados, era preciso que el quejoso probara lo contrario dentro de la secuela del procedimiento o en la propia audiencia incidental, sin que lo hayan realizado. En consecuencia, si en la especie los actos reclamados son hechos positivos, era obligación del quejoso probarlo, no así la negativa de hechos realizada por las responsables, porque evidentemente no existe materia qué comprobar. En tal virtud, como el promovente no aportó prueba en contrario se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA por no existir materia sobre qué aplicarla. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/19, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, legible en la página 133 del Tomo II, julio 1995, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, del tenor literal siguiente: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." CUARTO. La autoridad responsable: Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno del Centro de Justicia de Atizapán, Estado de México. Fue omisa para rendir su informe previo, a pesar de estar debidamente notificada para tal efecto, según se advierte del acuse de recibo que obra glosado a la presente incidencia; de ahí que se actualice la presunción de certeza del acto reclamado consistente en la orden de privación de la libertad en contra del quejoso, ello de conformidad a lo previsto en el artículo 142 de la Ley de Amparo. QUINTO. Hecho lo anterior, se procede al estudio de la suspensión definitiva solicitada en autos, en los siguientes términos. Para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138, de la Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse, debiéndose realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. Establecido lo anterior, el acto consistente en la privación de la libertad del quejoso es de naturaleza positiva y de inminente ejecución, pues implica una conducta activa por parte de las autoridades responsables. Conducta que consiste tanto en la emisión de la citada orden como en su ejecución. Por lo tanto, de acuerdo a sus características es un acto susceptible de suspenderse, puesto que no agotan todos sus efectos con su dictado. Bajo ese contexto, haciendo un análisis provisional de la constitucionalidad del acto reclamado, a partir de la ponderación que se hace conforme al principio de la apariencia del buen derecho a que se refiere el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal; y 138 de la Ley de Amparo; se estima que existen elementos suficientes (su protesta de decir verdad, así como la presunción del acto reclamado precisada) que evidencian con cierto grado de certeza que el quejoso puede resentir una afectación en su libertad. Que exista la solicitud del quejoso; Cumplido el requisito natural para la procedencia de la medida cautelar, se continúa con el estudio de los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Este precepto establece en su fracción I, que la suspensión se decretará "cuando la solicite el quejoso", lo que implica que exista solicitud, pero también que la petición la realice la persona que vea afectado su interés por el acto reclamado. En el caso, existe petición de suspensión y además la solicita quien resulta directamente agraviado con los actos reclamados, pues según lo expuesto en la demanda de amparo, posiblemente existe orden que incida en su libertad personal; por tanto, se trata de la persona que resentirá la afectación en su derecho subjetivo público a la libertad. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La fracción II, del citado artículo 128, establece: "que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público", sobre el particular se entiende que se sigue perjuicio al interés social y que se contravienen disposiciones de orden público cuando se perjudica a la colectividad en un grado mayor, ya sea privándolo de un beneficio que le otorgan las leyes o causándole un daño. En la especie, dicho requisito se encuentra superado, dada la forma en que se concederá la suspensión, pues no imposibilita la investigación del delito y la impunidad del activo. Efectos de la suspensión definitiva Respecto de las consecuencias jurídicas que derivan del acto reclamado consistente en la privación de la libertad del quejoso, al encontrarse reunidas las exigencias previstas en el artículo 128 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, para el efecto de que no se ejecute la misma, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el expediente principal del cual deriva la presente incidencia. En el entendido que la medida cautelar decretada no tiene el efecto de paralizar la continuación del procedimiento penal en caso de existir, pues éste constituye una situación de orden público e interés social respecto del cual se encuentra vedada legalmente la medida cautelar solicitada, de conformidad con la jurisprudencia publicada con el número trescientos cuarenta y cinco visible en la página doscientos noventa y dos del Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyo rubro es: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL.". Además, la presente suspensión no tiene aplicación para actos y autoridades diversas a las señaladas como responsables, de tal suerte que no paraliza la detención por flagrante delito, caso urgente decretado por el Ministerio Público, arraigos, arrestos administrativos o derivados de medidas de apremio. SEXTO. Requisitos para que continúe surtiendo efectos la suspensión. La medida cautelar otorgada surte sus efectos desde el momento en que se pronuncia este proveído; sin embargo, para que continúen los efectos otorgados, en términos del artículo 168 de la Ley de Amparo, se impone como garantía, a saber: Garantía. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el órgano jurisdiccional de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de otras medidas de aseguramiento que estime convenientes tomando en cuenta lo siguiente: I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute; II. Las características personales y situación económica del quejoso; y, III. La posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia. Sin embargo, al momento en que se dicta la presente determinación este Juzgado Federal, no cuenta con datos suficientes para determinar los elementos señalados anteriormente, tampoco se proporcionan los datos correspondientes a su situación económica y no se cuenta con elementos que lleven a determinar la posibilidad de que el quejoso no evada la acción de la justicia. Por tanto, al carecer de aquellos elementos que se deben tomar en consideración para fijar la garantía correspondiente al agraviado, se determina fijar de manera discrecional el importe de la misma, entonces se establece que el quejoso, deberá exhibir dentro del término de cinco días legalmente computados, garantía por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional), en billete de depósito, expedido por Banco Nacional del Ahorro y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, o en cualquiera de las formas permitidas por la Ley En el supuesto de que la parte quejosa pretenda exhibir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores, de conformidad al artículo 877 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, los mismos se recibirán en el Órgano Jurisdiccional únicamente mediante billete de depósito certificado u otro instrumento análogo. En caso de presentar billete de depósito el mismo deberá ser expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en el rubro atinente a concepto deberá precisarse que es para garantizar la suspensión definitiva concedida dentro del incidente derivado del juicio de amparo 159/2021-VI, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. Y en el supuesto de que exhiba póliza de fianza, deberá ser a disposición de este Juzgado y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 5, tercer párrafo, fracción V y 45, de la Ley de Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado, conforme al precepto 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y la compañía respectiva deberá comprometerse, en caso de que sea necesario hacerla efectiva, a sujetarse al trámite previsto en el numeral 282 del citado ordenamiento. Se apercibe al quejoso, que en caso de no exhibir la garantía referida, la medida cautelar dejará de surtir sus efectos, de conformidad con el ordinal 136, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y perderá su eficacia en términos del artículo 167 de la Ley de Amparo. Finalmente, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento en cuanto a las autoridades responsables que la parte quejosa señaló en su demanda de amparo como: Coordinador de la Dirección General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Subprocurador Regional de Justicia con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Toda vez, que las mismas se tuvieron por inexistentes en la audiencia que precede a esta resolución. Por lo expuesto y fundado con apoyo además, en los artículos 130, 136, 140, 144, 146 y 153 de la ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por -------, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por -------, en términos del considerando quinto de esta interlocutoria. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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