Víctor Alfonso Morales Vázquez

Expediente 1603/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1603/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
12/04/2018

Partes del expediente

  • Víctor Alfonso Morales Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1603/2017-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veinte de febrero de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto décimo primero, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos, apareciendo de los mismos que se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva fue concedida. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO. Finalmente, tomado en consideración que el impetrante de garantías se encuentra recluido en el CENTRO FEDERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL NÚMERO 5 ORIENTE, EN VERACRUZ, el cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado; en consecuencia con apoyo en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aras de procurar una pronta impartición de justicia y dar celeridad al procedimiento, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 28 de la Ley de Amparo y 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese vía electrónica, atento exhorto al JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA, QUE SE ENCUENTRE EN TURNO, a fin de que gire sus amables instrucciones y por conducto del Fedatario de su adscripción, notifiqué el presente acuerdo al quejoso Víctor Alfonso Morales Vázquez, entregándole copia simple del mismo; en el entendido de que deberá elaborar la razón correspondiente de su entrega, o en su caso, los motivos por los cuales no le sea posible realizar la notificación encomendada. Hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impenetraste únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desean hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio 1424, signado por la Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, Morelos, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 166/2018-V deducido del juicio de amparo 1603/2017-V promovido por Víctor Alfonso Morales Vázquez; librado para el efecto de notificar a la parte quejosa la sentencia dictada el veinte de febrero de dos mil dieciocho; dese de baja en el libro de gobierno correspondiente y agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. Ahora bien, de la comunicación oficial que antecede, se advierte la imposibilidad de notificar a la parte quejosa la sentencia dictada en el presente asunto, en virtud que Víctor Alfonso Morales Vázquez, fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social Número 5 Oriente, en Veracruz, mediante oficio SEGOB/CNS/AODPRS/1073/2018, firmado por el Coordinador General de Centros Federales. En atención a lo anterior, y tomado en consideración que el impetrante de garantías se encuentra recluido en el CENTRO FEDERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL NÚMERO 5 ORIENTE, EN VERACRUZ, el cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado; en consecuencia con apoyo en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aras de procurar una pronta impartición de justicia y dar celeridad al procedimiento, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 28 de la Ley de Amparo y 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese vía electrónica, atento exhorto al JUZGADO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES, CON RESIDENCIA EN VILLA ALDAMA, VERACRUZ, QUE SE ENCUENTRE EN TURNO, a fin de que gire sus amables instrucciones y por conducto del Fedatario de su adscripción, notifiqué al quejoso Víctor Alfonso Morales Vázquez, entregándole copia simple del mismo, así como de la sentencia dictada el veinte de febrero del año en curso; en el entendido de que deberá elaborar la razón correspondiente de su entrega, o en su caso, los motivos por los cuales no le sea posible realizar la notificación encomendada. Hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impenetraste únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desean hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1603/2017-V, promovido por VÍCTOR ALFONSO MORALES VÁZQUEZ, por propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos y otras autoridades; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. El seis de septiembre de dos mil diecisiete, se recibió por parte del Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, la demanda de amparo promovida por VÍCTOR ALFONSO MORALES VÁZQUEZ, y otras personas, por derecho propio, contra actos del DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS, COMITÉ TÉCNICO DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS; DIRECTORA TÉCNICA DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS; SUBDIRECTORA TÉCNICA DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS; ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES LABORALES DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS; JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS; DIRECTOR DE SEGURIDAD DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS; SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS; COMANDANTE DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA COMPAÑÍA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de siete de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 19 a 24), se previno a los quejosos para que aclararan qué acto reclamaba cada peticionario de amparo y se proporcionara el nombre completo de cada uno de ellos. Mediante escrito que se presentó el tres de octubre de dos mil diecisiete (fojas 29 a 31), el Asesor Jurídico de la Defensoría Pública Federal, exhibió escritos a través de los cuales los quejosos subsanaron la prevención que se les formuló, entre otros, los que VÍCTOR ALFONSO MORALES VÁZQUEZ suscribió (fojas 62 y 63). TERCERO. Por auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, decretó la separación en la tramitación de demandas, por lo que la promovida por VÍCTOR ALFONSO MORALES VÁZQUEZ, fue remitida a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, quien el nueve de octubre de ese año la turnó a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, registrándose con el número 1603/2017-V; por lo tanto, en esa fecha se admitió la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se notificó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, que inició en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; en virtud de que los actos que se reclaman tienen ejecución en el lugar en que se tramita este juicio. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Bajo ese contexto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo, al dictar una sentencia, debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Al respecto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, registro 181810, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, en el presente juicio es necesario fijar adecuadamente el acto reclamado por la parte quejosa. En ese orden de ideas, de la lectura íntegra de la demanda y atendiendo a los aspectos explicados en líneas precedentes, se aprecia que el quejoso atribuye a las autoridades, Comité Técnico del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos y del Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, y al resto de autoridades mencionadas en el resultando primero, que a través de los actos reclamados determinaron aplicarle medidas de vigilancia que la quejosa califica de especiales, permanentes, es decir, por tiempo indefinido; respecto a restricciones en el tránsito al interior del centro de reclusión, que para el quejoso se traducen en un aislamiento y en actos de tortura y malos tratos; también la determinación de reprogramar las actividades técnicas que venían realizando en las áreas designadas, para hacerlo en áreas distintas que, dice, no condiciones no apropiadas; y la restricción frecuente de las actividades, lo cual, para el quejoso, es con la finalidad de mantenerlos en un régimen de aislamiento. Así, se arriba a la conclusión de que los actos que se combaten en el presente juicio de garantías son: La orden de segregación y aislamiento; El régimen de vigilancia impuesto al quejoso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos; y La programación del régimen de actividades del quejoso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos; Por consiguiente, los calificativos que hace el quejoso de los actos descritos, tales como que es excesiva y permanente la vigilancia por lo que constituye un aislamiento, actos de tortura y malos tratos; así como que las áreas a que se reprogramaron las actividades son inapropiadas y que existe restricción de actividades que supone un régimen de aislamiento; son calificativos y argumentos que expresa el quejoso para destacar los aspectos circunstanciales de los actos que combate y que no participan de la naturaleza propia del acto, sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad; no obstante lo anterior, se analizará si como acto destacado, existe una orden de segregación o aislamiento. Al respecto es aplicable la jurisprudencia de la Octava Época, Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: VII, Enero de 1991, Tesis: I. 3o. A. J/26, Página: 69, que se cita enseguida: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia.". Ahora bien, debe considerarse inexistente el acto reclamado consistente en la específica orden de segregación y aislamiento; en virtud de que las autoridades responsables, así lo señalaron expresamente al rendir su informe justificado a través del Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos (fojas 91 a 93). Por cuanto a la programación de un régimen de vigilancia a que es sometido el quejoso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos; de acuerdo a la naturaleza del centro en que se encuentra ingresado, debe considerarse cierto. Y por cuanto a la programación de un régimen de actividades; debe considerarse igualmente un acto cierto, ya que se reconoció su existencia en el informe justificado a que se hace mención. TERCERO. Causales de improcedencia. Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferencial, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar, de oficio, si se actualiza alguna. A juicio de quien resuelve, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues se estima que los actos reclamados no son susceptibles de combatirse en la presente vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación. El referido artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley". El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad de los actos reclamados, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley y en la jurisprudencia. Ahora, como puede advertirse, la parte inconforme acude a reclamar en esta instancia constitucional, el régimen de vigilancia y de actividades en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en el que se encuentra recluido. Sin embargo, no observó el principio de definitividad, puesto que tales regímenes son susceptibles de ser examinados por el Juez de Ejecución Penal. En efecto, al quejoso como interno en dicho Centro de Reclusión, en primer término, está en aptitud de realizar una petición al Comité Técnico, quien es el órgano competente para satisfacer las necesidades de los reclusos, atendiendo los propios lineamientos de la institución. En caso de resolverse desfavorablemente o de ser omisa la autoridad penitenciaria, se debe acudir ante el Juez de Ejecución, quien deberá resolver en un plazo no mayor a setenta y dos horas sobre dicha cuestión. Así, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece los procedimientos a observar en tratándose de peticiones de los internos, así como las autoridades competentes para conocer de ellos. Al respecto, la referida Ley de Ejecución Penal establece los mecanismos para hacer tales peticiones, a saber: "Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento". "Artículo 108. Legitimación. Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva (.)". "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones. Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad.". "Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas.". "Artículo 111. Acuerdo de inicio. Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada.". "Artículo 112. Trámite del procedimiento. Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición". "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria". Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. "Artículo 116. Controversias. Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales: [.]". Así, de una interpretación literal de los citados preceptos legales, se evidencia que los actos reclamados en esta instancia constitucional -analizados en el presente apartado- pueden ser modificados, revocados o nulificados, mediante controversia ante el Juez de Ejecución que resulte competente, razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio, prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior se estima así, habida cuenta que, para que se surta la citada causa de improcedencia, es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En el caso, los referidos actos reclamados se imputan a autoridades penitenciarias federales. Por lo cual, el acto de molestia proviene de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, actualizándose la primera hipótesis contenida por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Que la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defensa por el cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a la misma ley se suspendan los efectos de dicho acto mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor para ello. En el caso, los artículos transcritos establecen un medio de control sobre las decisiones que tome el personal que labora en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial o, inclusive, sobre las determinaciones u omisiones del Comité Técnico de dicho centro, al poder ser revisados en controversia ante el Juez de Ejecución que resulte competente. En ese orden de ideas, si se toma en consideración que para que el justiciable se encuentre obligado a agotar el principio de definitividad, sólo se requiere la existencia de una ley que prevea un recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados, que con su interposición se suspendan sus efectos, sin exigirse mayores requisitos, ni plazos que los que consigna la Ley de Amparo, para su concesión y teniendo los mismos alcances que ésta, por lo que se tiene que en el caso en estudio se actualiza ese supuesto ya que la parte quejosa debió acudir previamente ante el Comité Técnico del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en el que se encuentra recluido y, en caso de que éste resuelva en sentido negativo o sea omiso en resolver, deberá acudir ante el Juez de Ejecución Penal, ante quien se puede reparar el acto que se impugna por esta vía. Por tanto, en el caso en estudio la parte quejosa se encuentra obligada a agotar los medios de impugnación de que se trata antes de acudir al juicio de garantías, pues no hay razón para pretender que no deba agotarse el expresado control judicial, cuya interposición priva de definitividad al acto reclamado, máxime que se trata de un acto que proviene de una autoridad formalmente administrativa, que no se sitúa en los casos de excepción al principio de definitividad. Con relación a ello, el transcrito precepto 116 de la invocada legislación, establece que la controversia ante el juez de ejecución es procedente, entre otros casos, respecto a las condiciones de internamiento así como al plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; por tanto, aún en el supuesto de que la restricción que refiere la parte quejosa tuviera afectación de derechos primarios, es procedente la controversia ante el referido funcionario judicial, pues la celeridad de su tramitación (setenta y dos horas) resulta más benéfica para la reclamante. Máxime que el artículo 115 de la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé que, cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. Caso en el cual el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Por lo tanto, al existir la posibilidad de acudir directamente ante el Juez de ejecución, a impugnar los actos a que se refiere el artículo 116 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que son precisamente los relativos a las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; entre las que se encuentra el régimen de disciplina y vigilancia, así como el plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que a juicio del interno impliquen violación de derechos fundamentales, es que se considera que el presente juicio de amparo es improcedente, ya que la parte quejosa ha estado en posibilidad de, primero, realizar petición al Comité Técnico del Centro de Rehabilitación Psicosocial, y en caso de que la respuesta sea desfavorable, impugnarla ante el propio Juez de Ejecución, quien puede suspender los actos de inmediato y sin exigir mayores requisitos que la propia Ley de Amparo, y mientras se resuelve en definitiva. Sin que tampoco se estime que opera alguna excepción derivada de la falta de fundamentación, ya que del plan de actividades del quejoso, VICTOR ALFONSO MORALES VÁZQUEZ, que obra en el expediente administrativo remitido por las autoridades responsables (fojas 13 a 18 del anexo I), se aprecia que sí se citan fundamentos. A las constancias de mérito, por ser documentos públicos, se les otorga eficacia probatoria, de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 130 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, es importante señalar que la condición de sentenciado o bien de persona sujeta a prisión preventiva, no marca ninguna diferencia para los efectos de la observancia del principio de definitividad, ya que las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, por así disponerlo el artículo 2 de dicho cuerpo normativo. Consecuentemente, se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se debe sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por VÍCTOR ALFONSO MORALES VÁZQUEZ, respecto de la orden de segregación y aislamiento; en términos del considerando SEGUNDO, y respecto a al régimen de vigilancia impuesto y la programación del régimen de actividades en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos, en los términos del considerando TERCERO; que se reclamaron a las autoridades identificadas en el resultando primero. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN...

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, catorce de noviembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por el Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, mediante el cual informa el cumplimiento a la suspensión definitiva, y para acreditar lo anterior remite copia certificada de diversas constancias; las cuales se ordena agregar a los autos para que obren como legamente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia y con las constancias anexas, dése vista a la parte quejosa, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas. Toda vez que el quejoso está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique al quejoso VÍCTOR ALFONSO MORALES VÁZQUEZ, el presente acuerdo y dentro de las veinticuatro horas siguientes remita las constancias que acrediten tal circunstancia, haciendo constar la recepción de los documentos que se anexan. Hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impenetraste únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desean hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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