Víctor Alfonso Mar Bañales

Expediente 2013/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2013/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
08/02/2022

Partes del expediente

  • Víctor Alfonso Mar Bañales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, ocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la promoción de cuenta y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2, de este último ordenamiento, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara(n) lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa(s), este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó a la parte quejosa el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, fue omisa en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió para que: " Deje insubsistente las fechas señaladas en auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia de admisión y ofrecimiento de pruebas, así como para el desahogo de la audiencia de reinstalación, en el juicio de origen ***, y en consecuencia, fije día y hora para su celebración dentro del plazo que establecen los artículos 878, fracción VIII, y 735 de la Ley Federal del Trabajo, respectivamente, o bien, acredite la causa legal que le impida hacerlo". Al respecto, por oficio recibido en auto de diecinueve de enero pasado, la Presidente Auxiliar de la Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, remitió copia certificada de las actuaciones hechas dentro del juicio de origen 317/2021/3-B, de las cuales se advierte que, dejó insubsistente el proveído de catorce de octubre del dos mil veintiuno, y señaló nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, así también para el desahogo de la audiencia de reinstalación, dentro de los plazos previstos en la Ley Federal del Trabajo, con lo cual la responsable acreditó fehacientemente acatar el cumplimiento del fallo protector en el presente juicio. Constancias que, de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se concedió la protección constitucional, por lo que es susceptible de depuración una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general conjunto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Téngase por recibido el oficio de cuenta, firmado por la responsable, a través del cual remite copia certificada de las constancias con las que pretende dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector, así como con el oficio de cuenta, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto del cumplimiento que comunica la autoridad responsable. En el entendido de que con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay una imposibilidad para cumplirla. Por último, de considerarse que la ejecutoria no fue cumplida en su totalidad, de ser lo conducente, en términos del artículo 193 de la ley de la materia, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito competente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa con copia autorizada de las constancias referidas en el auto.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, diez de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, se acuerda: Téngase por recibido el escrito presentado por la parte quejosa y, en atención a su contenido, dígase que el tres de enero de dos mil veintidós, el actuario judicial adscrito notificó a la autoridad responsable el oficio 46483/2021. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en atención al requerimiento de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, sin embargo, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, tiene la obligación de realizar ajustes a las partidas presupuestales previamente autorizadas para cumplir con la obligación ordenada en esta litis, por lo que, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le requiere para que, dentro del término de tres días legalmente computado, acredite haber realizado los ajustes a la partida presupuestal previamente autorizada para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, para el pago del haber del retiro a nombre de **** en cumplimiento a la sentencia de amparo. Lo anterior, encuentra apoyo jurídico en la jurisprudencia P./J. 5/2011, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra a página 10 del Tomo XXXIII, de marzo de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, dice lo siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento" De igual forma, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Congreso del Estado de Jalisco, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, para que, en el plazo de tres días legamente computado a partir de que se le comunique el presente proveído, se pronuncien en torno a las manifestaciones realizadas por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco en el oficio de cuenta, en cuanto a que no se incluyó el pago del haber del retiro a nombre de ****, en la partida presupuestal para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, se les remite copia autorizada del mismo para mayor claridad. Apercibidos que de no hacerlo, sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la omisa multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, 1 en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Finalmente, no es óbice para llegar a la anterior determinación que las autoridades denominadas Congreso del Estado de Jalisco, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, no hayan sido señaladas como responsables en el presente juicio de garantías, ya que en razón de sus funciones, deben tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, las cuales están obligada a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro del fallo protector. Cobra aplicación a lo anterior la Jurisprudencia cuyo epígrafe es el siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO." Notifíquese.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO. EN VIRTUD DEL AVISO DEJADO A LA PARTE PROCESAL QUE SE INDICA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SINTESIS DICE: Zapopan, Jalisco, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, se acuerda: Se califica cumplimiento. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la(s) autoridad(es) responsable(s), para que, dentro del término de tres días manifestara(n) lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa(s), este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora, no obstante que el mencionado acuerdo se le notificó, a la última de ellas, el veintiocho de septiembre pasado, fue(ron) omisa(s) en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: "1) Deje insubsistente auto de tres de marzo de dos mil veinte, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa contra el diverso de seis de febrero del mismo año, mediante el cual se le requirió por la entrega de la posesión de los bienes hereditarios a favor de la única y universal heredera, por conducto de su albacea (aquí tercera interesada), dentro del juicio sucesorio 729/2017 (actualmente 319/2020), y 2) Con plenitud de jurisdicción emita otra, fundada y motivada, en la que analice íntegramente el escrito de recurso de revocación planteado por el quejoso, en concreto, el agravio en el que expone que, previamente a la entrega de la posesión de los bienes hereditarios a favor de la albacea de la única y universal heredera de la de cujus, debe formularse y aprobarse el inventario y avalúo, a efecto de conocer, con la mayor exactitud posible, el haber hereditario. 3) Concesión que se hace extensiva a la ejecución reclamada al Secretario Ejecutor del Juzgado Primero de lo Civil del Sexto Partido Judicial del Estado de Jalisco, porque no se combate por vicios propios, sino en vía de consecuencia de la determinación primigeniamente reclamada." Al respecto, mediante oficio 1343/2021, las autoridades responsables insertaron el contenido del auto dictado el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual informaron que el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, dejaron insubsistente el auto de tres de marzo de dos mil veinte y, en su lugar, dictaron una nueva determinación respecto al recurso de revocación interpuesto por la aquí parte quejosa contra el proveído de seis de febrero del mismo año, mediante el cual se le requirió por la entrega de la posesión de los bienes hereditarios a favor de la única y universal heredera, por conducto de su albacea dentro del juicio sucesorio 319/2020, de su índice, conforme los lineamientos dictados en la sentencia de amparo; comunicado que se atendió en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Constancias que, de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que la autoridad vinculada no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria; tampoco existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En consecuencia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Además, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se concedió el amparo solicitado y no existen documentos originales, por lo que es susceptible de depuración una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobiernorespectivo, esto con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general. Destino de los cuadernos incidentales. Por otra parte, por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, se considera que, conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo general, es susceptible de depuración una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en virtud de que, en parte, se concedió la medida cautelar. En tanto que, el duplicado es susceptible de destrucción, en términos del inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo general, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses, como lo indica el referido punto.

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