Victor Alfonso Flores Gómez

Expediente 583/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
583/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
20/04/2022

Partes del expediente

  • Victor Alfonso Flores Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    AUDIENCIA CELEBRADA.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que inmediatamente antecede y toda vez que hasta el día de hoy, el Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, Presidente Consejero del Consejo de Salubridad General, Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y Director General del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia, todas con sede en la Ciudad de México, no han rendido sus informes justificados, ni obran en autos los acuses de recibo de los oficios 24396/2021, 24397/2021, 24399/2021, 24401/2021 y 24405/2021, con los que se les solicitó el mismo; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las once horas con treinta minutos del dieciocho de abril de dos mil veintidós, a fin de dar oportunidad a las citadas autoridades responsables de rendir sus informes justificados, toda vez que tienen su domicilio fuera de la residencia de este juzgado. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las once horas con cincuenta minutos del ocho de marzo de dos mil veintidós, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 2450/2021-IV, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el secretario Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaría da cuenta con el escrito inicial de demanda, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y con las demás constancias que obran en autos. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, así como las documentales que anexaron las autoridades responsables a sus informes rendidos en los presentes autos. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo aplicable, se tienen por admitidas las probanzas de referencia, y desahogadas por su propia naturaleza cerrándose dicho periodo. Seguidamente, se abre el período de alegatos, en el cual la secretaría da cuenta con el alegato ministerial 68/2022 signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. A lo que el Juez acuerda: en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por hechas las manifestaciones que realiza la representación social, las cuales podrán ser tomadas en consideración en la presente audiencia constitucional, con lo cual concluye dicha etapa. Al no haber diligencias pendientes por desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente sentencia. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 2450/2021-IV, promovido por José Genaro Aguilar Hidalgo, representante de Ángel Román Millán Mata, parte quejosa contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 8, 14 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, José Genaro Aguilar Hidalgo, representante legal de Ángel Román Millán Mata, parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y otras autoridades. Segundo. Admisión de demanda. Mediante auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó dar a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito la intervención legal que le compete, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, los cuales en su oportunidad fueron puestos a la vista de las partes y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto con ejecución material dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable: El acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se señaló como nueva fecha para llevar acabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas para el cinco de abril de dos mil veintidós, en autos del juicio laboral 528/2020. Tercero. Actos existentes. El Auxiliar y Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación Arbitraje del Estado, por sí, y en representación de la propia Junta, al rendir sus respectivos informes justificados manifestaron que es cierto el acto que reclama el quejoso; por lo que se tiene por cierto el citado acto reclamado. Cuarto. Estudio de las causales de improcedencia advertidas de oficio. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este Órgano Jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo aplicable. El artículo 61, fracción XIV, de citado ordenamiento legal, dispone que el juicio de amparo es improcedente: "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por su parte, los numerales 17 y 18 de la legislación de la materia, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior, se advierte que el plazo para promover el juicio de amparo, es de quince días, teniendo como base tres oportunidades, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En caso contrario, el juicio de amparo promovido fuera de ese plazo será considerado extemporáneo y, por ende, el acto reclamado se entenderá consentido tácitamente actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Cobra aplicación por identidad de razón, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1931 del Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 165582, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". De lo expuesto se sigue que en el presente asunto, se actualiza esta causal de improcedencia, pues la parte quejosa omitió promover la demanda de amparo dentro del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo aplicable. Así es, de las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable en su informe justificado, a las cuales, por ser documentos públicos se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 2° parte final de la Ley de Amparo, se advierte que el nueve de noviembre de dos veintiuno compareció en el juicio 528/2020 el apoderado legal Sergio Martín Canul Uitz en representación del aquí quejoso, siendo que fue diferida la audiencia ofrecimiento y admisión de pruebas, y se señaló como nueva fecha el cinco de abril de dos mil veintidós, lo que desde esa fecha el quejoso tuvo conocimiento de la nueva fecha y hora. De ahí que se surta la causal de improcedencia establecida, pues si el término de quince días a que alude el numeral 17 de la Ley de Amparo, para promover la demanda de amparo, empezó a contarse al día siguiente en que tuvo conocimiento de la nueva fecha y hora reclamada, esto es, a partir del diez de noviembre de dos mil veintiuno, y concluyó el uno de diciembre de dos mil veintiuno, excluyéndose los trece, catorce, quince, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de noviembre de dos mil veintiuno por ser inhábiles; y si la demanda de amparo fue presentada hasta el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, pues así se advierte del reloj checador de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta Entidad, resulta dable concluir que fue presentada en forma extemporánea. Tiene aplicación al caso, por similitud de razón, la tesis visible en la página 202 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, enero de 1994, materia común, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Así como la diversa tesis de jurisprudencia, consultable en la página 235, Tomo XI-Junio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". En virtud de lo anterior, al resultar extemporánea la demanda de amparo y en consecuencia actualizarse la causal de improcedencia de referencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que no hayan sido emplazados a juicio los terceros interesados Operadora y Comercializadora The Jhonny Group, Sociedad Anónima de Capital Variable, Cafetería Johnny Rockets (american original), Juan Miguel Traconis Pech y Juan José Pacheco Arzacoya, toda vez que por el sentido en que se resuelve el presente asunto, es evidente que no se les vulnera derecho alguno. Es aplicable la tesis P. V/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, S e r e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Genaro Aguilar Hidalgo, representante legal de Ángel Román Millán Mata, parte quejosa, en contra de los actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y otras autoridades, por las razones expuestas en el cuerpo de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

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