Victor Alfonso Flores Gomez
Expediente 1001/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1001/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Victor Alfonso Flores Gomez
- Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA V - Mérida, Yucatán, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO: Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo dictado el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por este Juzgado, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V -Mérida, Yucatán, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, agréguese a éstos autos únicamente para que obre como legalmente corresponda, el oficio del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, toda vez que en auto de veintinueve de septiembre del dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo indirecto. NOTIFÍQUESE.
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AVISO.- MESA V - CONTEXTO LEGAL En efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, párrafo primero, dice: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: I. . . "XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto" reclamado."...." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ANÁLISIS Reflexionando sobre los hechos y el contexto legal anotado, este Tribunal estima que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que han cesado los efectos del acto reclamado. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama en esencia la omisión de acordar el escrito presentado en fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno. Ahora, de las constancias antes relacionadas, se tiene que la responsable el nueve de julio de dos mil veintiuno, la responsable resolvió la solicitud del quejoso Víctor Alfonso Flores Gómez de veintidós de abril de dos mil veintiuno, presentada la misma fecha, y procedió a dar respuesta a su solicitud de causar ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de origen, y se publicó en Diario Oficial del Gobierno del el trece de julio de dos mil veintiuno dicha determinación; con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. De lo acabado de exponer, es inconcuso que la parte quejosa ha sido restituida en el goce de sus derechos violados, puesto que la abstención imputada a la responsable, dejó de existir, restableciéndose la situación que se tenía antes de los actos que dieron origen a la promoción del juicio constitucional, pues con ello se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada, se reitera, en razón de que se ha acordado el escrito presentado en fecha nueve de julio de dos mil veintiuno. Cabe agregar que el no sobreseer en este procedimiento, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la creación del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 9/98. Así como también la jurisprudencia de la citada Sala número 2a./J. 10/2003 En consecuencia con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XXI ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo indirecto, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional que fue fijada para el día ocho de noviembre del año en curso a las doce horas con cuarenta minutos; por tanto déjese sin efectos la misma. Lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes.
- Principal
MESA V - CONTEXTO LEGAL En efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, párrafo primero, dice: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: I. . . "XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto" reclamado."...." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ANÁLISIS Reflexionando sobre los hechos y el contexto legal anotado, este Tribunal estima que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que han cesado los efectos del acto reclamado. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama en esencia la omisión de acordar el escrito presentado en fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno. Ahora, de las constancias antes relacionadas, se tiene que la responsable el nueve de julio de dos mil veintiuno, la responsable resolvió la solicitud del quejoso Víctor Alfonso Flores Gómez de veintidós de abril de dos mil veintiuno, presentada la misma fecha, y procedió a dar respuesta a su solicitud de causar ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de origen, y se publicó en Diario Oficial del Gobierno del el trece de julio de dos mil veintiuno dicha determinación; con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. De lo acabado de exponer, es inconcuso que la parte quejosa ha sido restituida en el goce de sus derechos violados, puesto que la abstención imputada a la responsable, dejó de existir, restableciéndose la situación que se tenía antes de los actos que dieron origen a la promoción del juicio constitucional, pues con ello se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada, se reitera, en razón de que se ha acordado el escrito presentado en fecha nueve de julio de dos mil veintiuno. Cabe agregar que el no sobreseer en este procedimiento, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la creación del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 9/98. Así como también la jurisprudencia de la citada Sala número 2a./J. 10/2003 En consecuencia con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XXI ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo indirecto, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional que fue fijada para el día ocho de noviembre del año en curso a las doce horas con cuarenta minutos; por tanto déjese sin efectos la misma. Lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.
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